Denuncian lobby para que José Morales llegue a la Fiscalía Nacional y proteja a políticos investigados por corrupción

Hace una semana, por decisión de la Corte Suprema, el persecutor jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte José Morales, envuelto en las pesquisas del caso Cascadas, Farmacias y Kodama, pasó a engrosar la lista de candidatos a dirigir la Fiscalía Nacional.

Mientras se acorta el tiempo para que La Moneda determine su carta favorita, un intenso lobby dirigido por sectores del oficialismo y la UDI ha empezado a preparar el escenario en el Congreso para que Morales logre llegar definitivamente a la cabeza del órgano de persecución penal. En los pasillos del parlamento se ha visto realizando estas gestiones al lobbista Eugenio González, aunque por teléfono descarta esa situación.

La pregunta que muchos plantean por fuera es cómo una persona con el perfil de Morales, tanto por sus aptitudes académicas como su desempeño al interior del Ministerio Público, podría estar a punto de tomar la batuta de las indagaciones del caso Penta, SQM y Corpesca – en lo que refiere al financiamiento ilegal de la política – centralizadas este año en manos del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien dejará el cargo en noviembre.

En esta línea de cuestionamientos afirman que el comportamiento de Morales habla por sí solo: se trata de la persona que ofreció un acuerdo reparatorio a los ejecutivos de farmacias y laboratorios imputados por delitos de colusión para detener el proceso y obligarlos, únicamente, a asistir a un programa de capacitación sobre “ética empresarial”, medida que fue considerada una burla por los litigantes.

Fueron también las pruebas que recolectó el fiscal de Alta Complejidad las que finalmente, presentadas en un juicio oral, determinaron la absolución de los acusados.

Este negligente actuar se habría repetido en el caso Kodama. Así lo dice el abogado Rafael Marambio, ex subdirector jurídico del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano, quien conversó con El Ciudadano. Marambio fue acusado de cohecho respecto a un supuesto beneficio económico a cambio de obtener resultados favorables para la empresa Kodama. Los resultados de esa investigación, sustanciada por la Fiscalía Centro Norte, fueron desestimados por el tribunal, dictaminándose así la absolución de él y otros dos juristas.

Ahora Marambio no tiene pelos en la lengua. Indica tajantemente que Morales es “una persona que asegura impunidad para los altos cargos de este país”, y que en su proceso se trató de cortar el hilo por lo más delgado.

“En las causas que ha llevado, Morales no ha investigado con la acuciosidad debida. Un hecho objetivo y claro es el caso Kodama, donde no investigó a la ministra Magdalena Matte (esposa del senador y presidente del gremialismo, Hernán Larraín). Por lo tanto es obvio que la UDI le debe un favor por eso. Larraín está cuadrando a sus huestes para que voten por Morales”, afirma.

Otro capítulo de incertezas en el historial funcionario del candidato a Fiscal Nacional – aseguran que ha perdido todas las causas de relevancia que ha tomado, como el proceso de disputa de los primos Yarur que involucró en calidad de querellante al abogado Juan Pablo Hermosilla – tiene que ver con su actuar en el caso Cascadas, considerado el mayor fraude en la historia de la ley de mercado de valores y el caso de corrupción que empezó a derribar los muros de protección que guarecían al ex yerno del dictador Augusto Pinochet.

A mediados de año, Moneda AGF, querellante en el caso Cascadas, solicitó al fiscal Sabas Chahuán la remoción de José Morales como investigador de la causa. Adujeron su “inexplicable inactividad y falta de diligencia” para encabezar la misma, junto a un “cúmulo de decisiones incomprensiblemente equivocadas (…) que sólo han resultado funcionales a los intereses de las defensas de los imputados”.

Chahuán determinó entonces el reemplazo de Morales por el superior de éste, Andrés Montes, aludiendo a una mejor distribución de la carga de trabajo de los fiscales. Fue un reconocimiento tácito de que alguien hacía mal su “pega”.

“Tengo la convicción de que José Morales nunca quiso investigar a Julio Ponce Lerou”, sentencia sobre este punto el abogado Mauricio Daza, también querellante en el caso. “Con su conducta sospechosamente negligente garantizó impunidad durante un largo tiempo. Tomó la insólita actitud de criticar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) señalando que la investigación de ésta no reunía los estándares suficientes para poder justificar una causa criminal ni que hubiera pruebas que permitiesen llevar a Ponce Lerou a juicio”.

Daza precisa que el integrante de la quina confeccionada por la Suprema “solamente formalizó a un gerente de menor categoría en las empresas SQM, adelantando que iba a pactar un juicio abreviado con él y que iba a lograr una pena remitida”. Asimismo enfatiza que su trabajo consistió en desacreditar el trabajo de la SVS y las multas que había cursado contra Ponce, Larraín Vial, Banchile Corredores, entre otros.

“Es cosa de revisar el expediente del caso Cascadas. La falta de asertividad en los interrogatorios que desarrolló Morales rozan el ridículo. Claramente se hacían ‘por encima’”, sostiene.

“Existen múltiples versiones de que Morales contaría con el apoyo de la UDI y de Guido Girardi para su nominación a Fiscal Nacional. Lo que llama la atención si se considera que Girardi es una persona históricamente cercana a Samuel Donoso, quien además es abogado de Patricio Contesse, gerente de SQM, el mismo que interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional con la finalidad de dilatar una incautación relevante en esa investigación”, puntualiza.

Por otro lado desde el estudio que representa al empresario minero Jorge Lopehandia, que inició acciones judiciales contra Barrick Gold Corporation, matriz de la compañía Minera Nevada que se habría adjudicado de manera ilícita las pertenencias mineras del proyecto Pascua Lama en el Valle del Huasco, critican la ineficiencia de José Morales para investigar un posible soborno de la multinacional a importantes autoridades políticas.

Los antecedentes están desde marzo de 2011 en la Fiscalía Centro Norte y se complementan con una investigación realizada por la Real Policía Montada de Canadá, que solicitó a Chile indagar al ex presidente Ricardo Lagos por supuestos actos de corrupción que también llegarían a la Casa Rosada, en Argentina.