El abogado Humberto Palamara presentó documentos a la Contraloría General de la República para que se investigue la supuesta apropiación indebida de 3 millones de pesos en fondos destinados a miembros de la Armada que fueron afectados por el incendio de Valparaíso de 2014 y que terminaron en manos de la Fundación Blanca Estela, administrada por la cónyuge del comandante en jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga.
Las platas involucradas son el resultado de una colecta voluntaria realizada por el personal de la institución en ayuda de seis funcionarios que perdieron sus casas en abril del año pasado con motivo de la catástrofe que impactó al sector alto de la ciudad portuaria.
De los $9.338.500 millones recaudados, $6.000.000 fueron a parar a cuatro de los seis marinos afectados, mientras que el resto fue derivado a la Fundación Blanca Estela de Viña del Mar, una organización privada sin fines de lucro que “apoya a los integrantes de la gran Familia Naval que por diversas razones, como enfermedades o siniestros, atraviesen circunstancias difíciles”, según afirma su sitio web.
Este desvío se produjo – de acuerdo a una respuesta entregada por el Departamento de Transparencia de la Armada de Chile – porque no todos los servidores que aparecían en el listado elaborado por la Dirección del Personal e informado mediante Mensaje Naval Nº 141815 ABR 2014 Reservado, cumplían con los criterios que habían sido definidos inicialmente: dos de ellos, aseguró la institución, no eran damnificados.
En su escrito a Contraloría, el abogado Humberto Palamara señala que la decisión de mandar los dineros a la organización benéfica presidida por la esposa del comandante en Jefe, Jeanette Silva, y no a las personas que originalmente debían recibirlos, fue tomada por la Junta Económica de Bienestar de Puerto Montt, la que en sesión del 29 de abril de 2014 autorizó una transferencia bancaria de $3.338.500 a una cuenta del Banco Edwards, cuyo titular es la Fundación Blanca Estela.
Miembros de dicha junta señalaron que la desviación fue concretada por el entonces Comandante en Jefe de la 5ª Zona Naval, contralmirante Felipe Bertolotto Honorato.
En este punto llama la atención que el oficial superior, una vez en retiro, fuese recontratado como asesor marítimo de la zona en circunstancias de que para dicha finalidad existe el Estado Mayor. Fuentes consultadas por El Ciudadano señalaron que la función real que Bertolotto desempeña actualmente no está del todo clara.
Contra Bertolotto en particular, los sargentos Hugo Almonacid Ávila y Cristian Caro Badilla, representados por Palamara, ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público por el posible delito de hurto en lo que respecta a los tres millones en controversia. Paralelamente, ambos están acusados de sustraer bales de petróleo y recurrieron a la Ley Nº 18.834 – que protege a funcionarios públicos que revelan corrupción – para que la situación que atraviesan sea reevaluada, considerando su denuncia sobre las platas de los damnificados.
El Ciudadano conversó con el jefe de Comunicaciones de la Armada, capitán de navío Manuel Pinochet, quien aseguró que los montos entregados a la Fundación Blanca Estela fueron destinados a un segundo fondo común que ayudó a “50 familias damnificadas”, por lo que habrían cumplido su objetivo por una vía distinta.
Ahora será la Contraloría la que deberá emitir un pronunciamiento sobre la materia.