La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos es «un centro de estudios y promoción de los derechos humanos en América». Recientemente, emitió un informe sobre las medidas coercitivas unilaterales -mal llamadas sanciones- impuestas por el régimen estadounidense contra Venezuela. Para WOLA, como se le conoce por su sigla, estás medidas deterioran profundamente la calidad de vida del pueblo venezolano.
WOLA, fundada en 1974, se define como una organización sin fines de lucro con sede en Washington. Publicó su trabajo sobre la situación en Venezuela el pasado 29 de octubre de 2020.
La plataforma de periodismo de datos La Tabla reseñó que el informe fue escrito por Luis Oliveros, economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Para ello, utilizó como fuentes «evaluaciones privadas, datos no oficiales y cifras disponibles públicamente».
Explica el portal que Oliveros «midió el impacto en la industria petrolera, en la importación de alimentos, medicinas, combustibles y otros bienes esenciales».
El estudio sostiene que la crisis en Venezuela comenzó en 2017, cuando ya el país era una «amenaza extraordinaria» para el gobierno de Barack Obama. Además, resalta que las medidas coercitivas «contribuyeron directamente al mayor deterioro de la calidad de vida de los venezolanos».
«Sanciones» afectan a los más vulnerables
«Es inexacto afirmar que las sanciones no tienen un impacto generalizado sino personal. Cobran un precio cada vez mayor en la población y afectan sobre todo a los más vulnerables. Las élites económicas, políticas y militares parecen estar aisladas de los efectos de las sanciones». Así lo explica el informa WOLA reseñado por La Tabla.
El texto agrega que actualmente «el caos económico es mucho peor que en 2017 y el país no parece estar cerca de una solución pacífica y democrática». Además, «las sanciones han dejado pérdidas entre 17.000 millones y 31.000 millones de dólares en ingresos para el Estado venezolano».
En una declaración, el ex asesor de seguridad estadounidense entre 2018 y 2019, John Bolton, estimó que las pérdidas en Venezuela en 2019 superaron los 11.000 millones de dólares.
«La disminución de la producción de petróleo en Venezuela tiene sus raíces en años de mala gestión y corrupción. Las importaciones públicas mensuales promedio cayeron 46 % en 2019, a 500 millones, y otro 50 % en 2020, a 250 millones», cita el informe difundido por La Tabla.
«Han lastimado al pueblo venezolano»
Además, dice la investigación que «grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias y empresas privadas han cerrado cuentas bancarias y han visto denegadas o congeladas transacciones legítimas».
El informe de Oliveros también concluye que «los políticos estadounidenses deben repensar las sanciones y limitar su impacto» en los venezolanos.
La Tabla agrega que el pasado 1 de septiembre, WOLA «se unió a 115 organizaciones e individuos venezolanos. El objetivo es instar a Estados Unidos a abstenerse de ampliar las sanciones y no restringir el flujo de diesel en el país». La petición está dirigida ahora al presidente electo, Joe Biden.
«Pensaron que eran medidas a corto plazo que conducirían rápidamente a una transición democrática. Pero, han lastimado al pueblo venezolano más que al gobierno. Es hora de reconsiderarlas”, dijo David Smilde, investigador principal de WOLA.
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