Centenares de mujeres junto a organizaciones sociales, colectivos feministas y movimientos defensores de los derechos humanos, tomaron este martes las principales calles y avenidas de Caracas, capital de Venezuela, para exigir —en forma masiva— la despenalización legal y social del aborto en el país suramericano y con una particular solicitud, que se abra un debate «libre de consideraciones morales y religiosas».
La convocatoria, realizada a través de la campaña Ruta Verde, comenzó a primeras horas de la mañana con una concentración realizada en la plaza Morelos de Bellas Artes, lugar que sirvió como punto de partida de una multitudinaria marcha que exige que deje de criminalizarse la interrupción voluntaria del embarazo, ya que en Venezuela se penaliza el aborto excepto cuando se considere que existen amenazas a la salud de la mujer.
Por ese motivo, las más de 50 organizaciones y movimientos sociales que participaron en la movilización suscribieron un comunicado contra la criminalización de la interrupción del embarazo y llevaron una solicitud hasta la sede del Parlamento venezolano para exigir a los legisladores que deroguen de forma inmediata los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal vigente, que penalizan el aborto.
En el documento que se entregó a la Asamblea Nacional también plantean a los parlamentarios redactar una nueva «legislación para garantizar el derecho de las mujeres al aborto seguro» y proponen que se discuta en la agenda legislativa 2021-2022.
Además, este frente amplio de mujeres y organizaciones sociales pide al Poder Legislativo que se abra un debate nacional sobre el aborto basado en el respeto a los derechos humanos, la ética y la evidencia científica, que además esté «libre de consideraciones morales y religiosas, como corresponde en un Estado laico».
¿Por qué despenalizar el aborto en Venezuela?
Los colectivos recalcan que Código Penal, un texto legal que no ha recibido modificaciones sobre el aborto desde hace más de 100 años, criminaliza y estigmatiza a casi todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
«Coincidimos y unimos nuestras voces para develar que no existen argumentos científicos ni jurídicos válidos que sustenten la criminalización del aborto, prácticamente sin excepción, aún vigente en Venezuela», dice parte del texto.
Además resaltan que «los delitos de aborto son solo causa de muerte y lesiones incapacitantes que sufren desproporcionadamente las más vulnerables», y agregan que su criminalización vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes a la integridad personal, a la salud y al desarrollo de su personalidad.
De igual forma, denuncian que el actual marco legal venezolano vulnera el derecho de la mujer a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y «a vivir una vida libre de violencia».
«Lo previsto en el Código Penal, sin modificaciones desde hace más de cien años, no supera una interpretación coherente del marco constitucional e internacional de los derechos humanos y mantiene la norma jurídica nacional sobre estos derechos, dentro de las más atrasadas en Sudamérica«, añaden.
¿Cómo se describen los delitos de aborto y por qué amenazan la vida de la mujer?
Los cuatro artículos cuestionados por los colectivos de mujeres y que exigen sean derogados de forma inmediata por el parlamento venezolano, plantean cuatro tipo de delitos relacionados al aborto.
El artículo 430 habla sobre el «aborto procurado»; el 431 sobre el «aborto consentido»; el 433 del «aborto agravado» y el 434 del «aborto de honor».
En todos los casos, los movimientos sociales consideran que los calificativos para criminalizar la interrupción del embarazo representan una amenaza contra la vida de la mujer y su libre desenvolvimiento, además de ser discriminatorias y representar una violación flagrante contra sus derechos humanos.
«Esta violación de los derechos humanos es doblemente discriminatoria. Por una parte, solo afecta a las mujeres, las niñas y las adolescentes dada su condición reproductiva específica, y por otra, golpea particularmente a aquellas que se encuentran en situación de pobreza, que quedan expuestas a ser privadas de su libertad, disminuidas en su integridad física o a morir en el intento de aspirar a un proyecto de vida viable», aseveran.
Además, resaltan que la criminalización del aborto «es un problema de salud pública, que ocasiona la muerte prevenible de mujeres, niñas y adolescentes», pues la interrupción del embarazo con métodos inseguros es «la tercera causa de la alta mortalidad materna» en Venezuela.
Esto, «sin contar el importante subregistro de abortos clandestinos», origina, además, una morbilidad que «incapacita a cientos de mujeres, adolescentes y niñas», que deben vivir y enfrentarse al estigma de la ilegalidad.
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