Desplazamientos forzados en Colombia: ¿Qué tiene que ver la construcción de una súper represa tras ese fenómeno masivo?

Más de 4000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, entre el 21 y 27 de julio reciente, en una ola de desplazamientos forzados ocurrida en el municipio Ituango, ubicado en el departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia.

La causa de estos nuevos desplazamientos —que también ocurrió en enero y febrero— fue un aviso que llegó a las comunidades sobre posibles enfrentamientos armados entre las disidencias de las FARC y grupos paramilitares del Clan del Golfo; así como la probable llegada de contingentes del Ejército colombiano y la Policía Nacional para enfrentarlos.

«La situación es aún más crítica con el confinamiento generado por los deslizamientos de tierra (producto de fuertes aguaceros en la zona), la inestabilidad de las vías y las inadecuadas intervenciones del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango en la zona», dice el Movimiento Ríos Vivos según reseña RT.

Hidroituango, al que se refiere Ríos Vivos, se ha convertido en los últimos años, además de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad, en una de las causas de los desplazamientos forzados de los habitantes de Ituango y de otros municipios de la región.

Población «revictimizada» por Hidroituango

Hidroituango es un proyecto hidroeléctrico que busca convertirse en el más grande de Colombia y se gestó desde la década de 1970. Sin embargo, su construcción inició en noviembre de 2010. La obra incluye una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen, con la que se crearía un embalse de 70 kilómetros de longitud y se pretende tener una capacidad instalada de 2.400 megavatios.

La presa, cuyos principales accionistas son la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM) —que a su vez es ejecutora—, está ubicada sobre el río Cauca, el segundo más importante del país después del Magdalena, entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia, pero su área de influencia abarca 12 municipios en total.

Desde antes de su construcción, esta megaobra, que pretendía estar lista en 2018, ha generado inconvenientes. «El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Hidroituango afirma que son más los impactos negativos (24) que positivos (3) EPM y las administraciones locales y departamental se empeñan en señalar lo contrario, tergiversando la realidad sobre la obra e impidiendo que se tengan en cuenta los daños ambientales que señalan los afectados […] y los impactos no previstos que se están ocasionando», denuncia el Movimiento Ríos Vivos.

Entre los impactos negativos que mencionan están los relacionados con la contaminación del aire y del agua, los cambios en la dinámica fluvial del río Cauca y otros más en el medioambiente; pero, además, incluyen el «desplazamiento involuntario (forzado) de la población y afectación de sus condiciones de vida«, así como la «generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto».

Uno de los ejemplos que Ríos Vivos pone en evidencia los impactos negativos de Hidroituango es que la construcción de la presa implica la obstaculización del río Cauca, lo que «afecta más de 26.000 hectáreas». Además, esta cifra no contempla a «varias poblaciones asentadas tradicionalmente aguas abajo de la obra que desde ya están siendo impactadas con el manejo artificial del cauce del río y la ruptura o alteración de las cadenas biológicas en la cuenca».

Con ello, mencionan que «cerca del 60 % de la población en esta zona es víctima del conflicto armado y está siendo revictimizada por Hidroituango».

• Desplazados en 2013

El 20 de marzo de 2013, un grupo de unos 400 campesinos de Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Sabanalarga, Peque, Yarumal, Ituango y Liborina, afectados por el megaproyecto, se trasladaron a pie hasta Medellín, capital de Antioquia, con el objetivo de sostener un diálogo con los responsables de la obra y las autoridades locales y nacionales.

La marcha se realizó luego de ser reprimidos por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) cuando manifestaban contra la hidroeléctrica en sus territorios. Denunciaban entonces daños a cultivos, viviendas y caminos tradicionales debido a las obras de la represa, así como la estigmatización, amenazas y agresiones de parte de la fuerza pública.

«Nuestro desplazamiento hacia Medellín no fue voluntario, hemos llegado caminando por los hostigamientos y amenazas que sufrimos de la Policía Nacional, el temor de ser capturados ilegal y masivamente, como nos sucedió el 16 de marzo, el miedo a ser judicializados para no permitirnos protestar, ni ejercer el derecho de reunión, esos hechos fueron los que nos presionaron para llegar a Medellín», dijo ese año el Movimiento Ríos Vivos.

Tras este éxodo, los reclamantes permanecieron siete meses refugiados en el coliseo de la Universidad de Antioquia. El 25 de octubre de ese año comenzaron el retorno a sus hogares.

• Desplazados en 2018

En abril y mayo de 2018 hubo serios problemas con la hidroeléctrica, debido a errores de planeación, que tuvieron serias consecuencias para la población aledaña a la megaobra, entre ellos, Ituango.

Para construir la presa, se desvió el cauce del río Cauca y se crearon tres túneles de desviación. Dos de ellos fueron tapados por los operarios antes del llenado de la presa; pero un derrumbe de la montaña tapó el tercero, obstruyendo por completo el paso del río y el agua comenzó a represarse, amenazando con desbordarse.

«Ocurrió cuando aún no habían terminado las obras necesarias para una operación de tal magnitud», dice un artículo publicado este año de Isabel Cristina Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos y habitante del municipio de Ituango.

Aguas abajo se generó una alerta, mientras que aguas arriba se inundaron dos pueblos: Ituango y Sabanalarga.

«La población aguas abajo del muro fue evacuada y aguas arriba rescatada, pero en ambos casos abandonada a su suerte, con escasas intervenciones por parte de la institucionalidad«, dice el texto de Zuleta.

Más adelante, el túnel que había colapsado se destapó por pocos minutos y produjo una avalancha que destruyó viviendas y otras infraestructuras, como puentes, hospitales, escuelas, iglesias, cementerios, dice el texto de Zuleta.

Hasta 113.000 personas fueron evacuadas —la mayoría retornó de a poco—, principalmente de las localidades de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios de Cáceres y Tarazá, situadas a orillas del Cauca, aguas abajo de la hidroeléctrica.

«Luego de estos daños a las comunidades y al medio ambiente, no se garantizó reparación para las personas desplazadas por el proyecto, quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad», precisa la activista.

Asesinatos de activistas y los desplazamientos

Otra de las cosas que denuncia el Movimiento Ríos Vivos es el aumento de la militarización en una zona de alta conflictividad armada.

«El proyecto está construyendo tres bases militares y proyecta construir más en la zona, tiene múltiples convenios de seguridad con la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Colombia […] y ha contratado dos empresas de vigilancia privada. La presencia de estos actores se ha traducido en agresiones, estigmatización, persecución y amenazas a los afectados y opositores que expresan sus quejas, inconformismo y rechazo a la obra», señala la agrupación.

Aparte de todo esto, según recoge la organización de derechos humanos Front Line Defenders, en un artículo publicado en octubre del año pasado, en 11 años de resistencia activa contra Hidroituango, seis integrantes del Movimiento Ríos Vivos y otros más de treinta lideres y lideresas y familiares han sido asesinados en la zona afectada por la obra.

«Estos asesinatos siguen en la impunidad, y reflejan la trágica tendencia en Colombia de un aumento de las violaciones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente aquellos/as que se atreven a defender la tierra y el ambiente en territorios de aguda violencia», dice la organización.

En diciembre pasado, además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que logró verificar que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de la central hidroeléctrica Hidroituango.

«En esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades», enfatiza la institución.

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