Discriminación, reto para el acceso a la justicia; Puebla «foco rojo»: RAI

La Red Nacional de Abogadas Indígenas afirmó que las afromexicanas en Puebla, como en el resto del país, continúan invisibilizadas

Kara Castillo

03/04/2022 10:31pm

La discriminación racial y clasista contra pueblos, comunidades indígenas y afrodescendientes en Puebla es un freno para el acceso a la justicia, agudizándose en mujeres que enfrentan serias violaciones en un sistema de procuración de justicia que no entiende ni su contexto ni sus lenguas.

Integrantes de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI), sostuvieron que, a pesar del tiempo y los avances que se tienen a la fecha, el principal reto que enfrentan es el racismo y resistencia a reconocer los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, que ejercen su libre determinación y autonomía.

Elizabeth Olvera Vázquez, coordinadora de la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI), explicó que las mujeres de pueblos originarios y afromexicanas concentran en sí mismas las razones de la discriminación en México, enfatizó que Puebla es un estado al que considera “foco rojo” en la práctica discriminatoria.

La RAI también alertó que las mujeres afromexicanas en Puebla, como en el resto del país, continúan invisibilizadas a pesar de que esta entidad se cuenta entre las 10 regiones a nivel nacional con mayor porcentaje de esa población: se calcula que habitan en el estado 113 mil 945 personas afrodescendientes, 51.1 por ciento son mujeres.

¿Y dónde están los indígenas?

Yuteita Valeria Hoyos Ramos, coordinadora de la RAI Puebla expuso que si bien se reconoce a nivel constitucional y convencional las formas de organización local a través del artículo 2 constitucional, en la práctica, éstas no son respetadas.

Aseguró que no sólo en instituciones y legislación se tiene sesgo racista, relató que en algunas comunidades hay rechazo a su propia identidad.

Como en San Pedro Cholula, que pese a que indicadores recientes del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) y otros peritajes del Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que confirman la presencia indígena en el municipio, autoridades municipales se niegan a reconocerlos.

Victoria Coatl Pájaro, integrante de la Red Nacional de la RAI Capítulo Puebla narró que en una reunión ocurrida a principios de marzo, el regidor de Grupos Vulnerables, la regidora de Derechos Humanos y la regidora de Equidad de Género negaron que el municipio estuviera habitado por indígenas.

“Sí, aquí se truenan cuetes, sí, hay usos y costumbres, tradiciones, pero ya no hay indígenas… tal vez señoras que vienen desde la Sierra a vender su mercancía. ¿Aquí, dónde están los indígenas?”
Se preguntaron, relató

Victoria Coalt narró que la negativa persistió aun después de la explicación ofrecida por las integrantes de la RIA.

Tanto para Coatl como para Elizabeth Olvera Vázquez, la reticencia de autoridades al reconocimiento de habitantes indígenas, así como la concepción de autoridades en general, influye e impacta a la población y en las decisiones y políticas aplicadas en la gobernanza pues su concepción ya no es un asunto privado sino público.

“No sorprende que con el término peyorativo indígena, nadie quiere identificarse. Es una identidad que no da accesos, por tanto, se niega la parte de “mi” asociado con tópicos de clase social y de color de piel que son motivo de exclusión”

Explicó que el sistema educativo y político sigue teniendo contenidos que colocan a indígenas en un grupo menor. “por eso vemos ese repudio, el reto de la RAI fortalecer las justicias, incluye a las autoridades, en ellos hay desconocimiento propio, no queremos que ellos se asuman a fuerza, sino en sistemas de pensamiento diseñados para todos.

Señaló que autoridades son parte de poderes fácticos, poderes y representación con los que las mujeres se topan “con pared”, pues ellos son los primeros a los que una mujer tiene que acceder cuando busca justicia y si estas autoridades desconocen a estos grupos y no les reivindican, se sigue perpetuando un sistema que excluye y discrimina.

La coordinadora de la RAI Puebla reconoció que en las comunidades hay un miedo a quebrantar el orden impuesto por autoridades municipales o estales para exigir el reconocimiento. “Con este miedo se pierde la oportunidad de ejercer la libre determinación, la organización de los pueblos, entre ellos el acceso a la justicia”, alertó.

La abogada precisó que cuando autoridades comunales finalmente logran un acuerdo o convenio, estos no cuentan con una perspectiva de género.

Afromexicanas en Puebla, invisibilizadas

El gobierno federal ha reconocido que los pueblos afromexicanos y en particular las mujeres afromexicanas han estado sin política pública con enfoque de derechos humanos, intercultural y de género desde hace más de 500 años. Un avance importante de su lucha fue que el Censo de Población y Vivienda 2020 incluyera al pueblo afromexicano.

No obstante, en la lucha de las mujeres afromexicanas se alerta la importancia de saber leer los datos, puesto que el panorama nacional que da el Censo 2020 pareciera indicar que la población afromexicana tiene condiciones similares al resto de la población.

Gloria Soancatl Mendoza, integrante de la Red Nacional de la RAI, Capítulo Puebla aseguró que en Puebla según el INEGI son 113 mil 945 personas afromexicanas que se ubican en la zona norte y en la zona de Tehuacán hasta Coxcatlán.

A esta particularidad, se suma que en Puebla están asentados al menos siete grupos indígenas lo que ubica al estado en el quinto lugar en población originaria, sin embargo, el avance hacia el pluralismo jurídico todavía es un camino cuesta arriba.

Enfatizó que en otros estados, como en Oaxaca ya existe algún avance hacia la coordinación “la norma estatal” y las normas indígenas, para garantizar un efectivo acceso a la justicia de los pueblos y comunidades, situación que parece no tener eco en Puebla a pesar de compartir características poblacionales con el estado vecino.

Una red nacional que lo cruza todo

La Red Nacional de Abogadas Indígenas está integrada por 30 mujeres abogadas que son parte de pueblos originarios y en comunidades que están presentes en luchas y resistencias en Oaxaca, Puebla, Michoacán, Morelos, Cdmx, Estado de México, B California, Yucatán, Chihuahua, Guerrero y Jalisco.

“Somos mujeres, indígenas y profesionales en Derecho, esta condición nos hace ver con dos miradas al derecho, trabajamos el acceso de justicia de forma ordinaria pero también el acceso a la justicia desde un sistema comunitario. Aunque vivimos en un país es un estado pluricultural reconocido culturalmente, la población desconoce que tenemos dos sistemas de legales. Nosotras nos referimos a Las dos Justicias”
Elizabeth Olvera Vázquez
Coordinadora de la RIA

Reconoció que “las dos justicias” son un universo desconocido, tanto para litigantes como para quienes ofrecen asesoría jurídica en las luchas por los derechos por las mujeres que no ocurren en espacios urbanos.

Este año, la RIA echó a andar el Proyecto Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Retos y Desafíos del Derecho a una Vida Libre de Violencia en contexto situados, gracias al Foro Internacional de Mujeres Indígenas, (FIMI)

Como parte del programa, este 30 de marzo, cerraron la convocatoria al curso “Mujeres indígenas y afromexicanas: herramientas para acceder a la justicia”. La invitación dirigida a mujeres indígenas que son autoridades comunitarias, defensoras o promotoras de derecho, desbordó las expectativas.

Originalmente pensado para 150 participantes de 11 estados, las solicitudes se saturaron, llegaron de otras entidades que no se habían contemplado como prioritarios e incluso de América Central.

La RIA asegura que es prioritario generar procesos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género hacia mujeres indígenas y afromexicanas e incidir para que se fortalezca su derecho de participar en espacios de toma de decisión, así como generar un proceso de análisis con mujeres indígenas y afromexicanas para el respeto y reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia y a la participación política tanto en el interior de la comunidad como fuera de ella.