El 7 de agosto de 2018 Iván Duque asumió la Presidencia de Colombia. Desde entonces, más de un centenar de líderes indígenas han sido asesinados por grupos paramilitares, el Ejército y otras bandas criminales vinculadas al negocio del narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato y la desaparición forzosa.
El pasado miércoles 4 de septiembre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que un total de 167 líderes indígenas de ese país han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), en La Habana, Cuba, en 2016.
De ese total, la ONIC precisó que durante el Gobierno uribista de Iván Duque, poco más de un año, se han perpetrado 102 asesinatos contra los líderes indígenas. Al respecto, el consejero mayor de la referida organización, Luis Fernando Arias, denunció que las cifras confirman que en Colombia hay un genocidio en marcha.
Esta misma organización había advertido semanas antes que Colombia está en medio de una emergencia humanitaria por el asesinato sistemático de indígenas desde que se firmó el Acuerdo entre el Estado y las FARC-EP, durante la gestión de Juan Manuel Santos (2010-2018).
«El Gobierno de Duque no puede pasar a la historia como el que recibió el país con un Acuerdo de Paz y lo entregará nuevamente envuelto en la guerra, la confrontación y la sangre, como lo hemos visto en los últimos días en el Norte del Cauca, Bajo Antioqueño y otras regiones”, aseveró Arias en un video difundido por la ONIC.
Arias también llamó al Gobierno a tomar medidas para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente, luego de que un sector de las FARC-EP retomara las armas producto de las continuadas violaciones hechas por Duque y su equipo contra lo establecido en el tratado de paz.
Para ello, el líder indígena reiteró la disposición de la ONIC de colaborar para que la paz en Colombia sea «definitiva» e instó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a esta labor.
¿Exterminio sistemático de los pueblos indígenas?
La ONIC también denunció el asesinato -la semana pasada- de tres lideresas sociales indígenas en los departamentos de Arauca y el Cauca. Por tal motivo, la organización llamó al Gobierno de Duque a que cumpla la «implementación del plan de salvaguarda» de los pueblos nativos.
Los casos de las tres mujeres indígenas asesinadas fueron con una lideresa del Pueblo Makaguan de Arauca y dos de Nasa en Suárez, Cauca. Los homicidios ocurrieron en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena.
En un comunicado, la asociación indígena colombiana señaló que Magdalena Cucubana, de 70 años, fue decapitada en la madrugada del domingo -1 de septiembre- en el municipio de Tame, en Arauca.
El asesinato, que «enluta a los pueblos indígenas» de esa región, es considerado por los nativos como una «muestra clara de una política de exterminio hacia nuestros líderes y pueblos ancestrales«, advirtió la ONIC.
En un documento, los indígenas indican: “Creemos que el conflicto, la violencia y la salida armada no tienen ningún futuro en nuestro país, nosotros apostamos por una salida política, por una salida negociada, estamos por una paz total y definitiva, y vamos a seguir trabajando y forjando la paz con justicia social desde los territorios de los Pueblos Indígenas y demás sectores sociales de país”.
Además, la ONIC exigió a la Fiscalía colombiana investigar y esclarecer el homicidio de la lideresa indígena y dé con los autores intelectuales y materiales para que sean procesados con todo el peso y rigor de la ley.
La organización también lamenta que durante el régimen de Duque el país esté “nuevamente envuelto en la guerra, en la confrontación, en la sangre, como lo hemos vivido en los últimos días en regiones como el Norte del Cauca, Chocó, Nariño, Bajo Cauca antioqueño y otras regiones del país”.
Genocidio de líderes sociales
Desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, Colombia registra más de 620 asesinatos de líderes sociales, según un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Los crímenes de líderes sociales han sido calificados como una situación de “genocidio”, sobre todo por el esquema sistemático con el que son ejecutados los asesinatos, una situación alarmante para la ya crítica sociedad colombiana.
Al respecto, Indepaz publicó en un informe que evalúa la guerra civil colombiana entre el 1 de enero de 2016 y el 8 de julio de 2019, que 734 personas entre líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes e indígenas han sido víctimas de homicidio.
La cifra detalla que en ese periodo se produjeron 21 homicidios en 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 hasta julio de 2019.
Los caídos también incluyen a excombatientes de las FARC-EP que se plegaron al Acuerdo de Paz. Incluso, desde que se firmó el acuerdo han sido asesinados 137 exinsurgentes: dos en 2016, al menos 38 en 2017, hasta 65 en 2018 y en el presente año se contabilizan 32.
Asimismo, 36 familiares de exrebeldes de las FARC en proceso de reincorporación han sido asesinados. Se contabilizan 17 en 2017, 10 en 2018 y nueve hasta julio de 2019.
El documento resalta también que en 28 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que significa que en el 87,5 % del territorio colombiano se ejecuta el sicariato contra líderes.
En 19 de los 32 departamentos, agrega el estudio, se presentaron homicidios en contra de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y familiares, lo que significa que en el 59,37 % de los departamentos ocurren casos de este tipo.
Detalla también el informe que en 521 casos, los líderes sociales asesinados formaban parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Además, sostiene que los conflictos agrarios por tierra, territorio y recursos naturales representan el 70,98 % de los homicidios.
Paramilitares y Ejército: principales victimarios de los indígenas
Sobre esta lamentable ola de asesinatos, que no se da sólo contra los pueblos indígenas, sino también en los campesinos y líderes sociales, el congresista Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativa Indígena y Social, denunció la presencia de grupos armados ilegales en los territorios donde ocurren los crímenes.
Valencia mencionó al respecto que debido a las violaciones que ha hecho el Estado al tratado de paz, la presencia de estos grupos paramiltares han generado también otros problemas que sufren las comunidades originarias: el confinamiento y el desplazamiento forzado.
Pero ese no es el único problema, el resurgimiento de los falsos positivos, política ejecutada por el expresidente Álvaro Uribe junto a Estados Unidos como principal potencia extranjera que ocupa el territorio colombiano, ha vuelto a sentirse en los poblados más lejanos a la capital y donde hay mayor presencia de comunidades indígenas, sobre todo desde que se conoció la orden de «tener resultados» favorables para el Ejército en la lucha armada, lo que significa más víctimas.
En días recientes también se registró otro asesinato, específicamente el jueves 5 de septiembre, cuando miembros de la Tercera Brigada del Ejército comenzaron a dispararles a jóvenes de la Guardia Indígena que se encontraban desarmados.
La operación del Ejército se produjo en la zona rural de Jamundí, en Valle del Cauca, y dejó a un joven indígena muerto y otro herido, hecho que los testimonios -a pesar del miedo- señalan como una ejecución extrajudicial.
Omar Gusaquillo y Diego Alexis Vega formaban parte de la Guardia Indígena que hacía vigilancia nocturna para evitar el continuo robo de ganado en la zona rural de Jamundí, al suroeste de Colombia, que históricamente ha tenido presencia de grupos paramilitares y narcotraficantes.
Según narró Diego -sobreviviente- cuando se preparaban para darse un aseo personal en una casa, fueron sorprendidos por elementos de la Tercera Brigada del Ejército, quienes les gritaron: «¡Quietos, manos arriba!».
Asustados, Omar les respondió: «No disparen, estamos desarmados. Somos de la Guardia Indígena». Inmediatamente después de que los jóvenes de la comunidad nativa Kiwe Nasa se identificaron, el Ejército comenzó a dispararles, pese a que tienen jurisdicción en esta zona rural. En el acto murió Omar y Diego logró salir con vida tras ser llevado a un centro hospitalario.
De inmediato los medios locales reportaron el hecho ejecutado por el Ejército, cuerpo que señaló a Omar como miembro de una organización criminal y aseguraron que en la vivienda donde murió se encontró un uniforme camuflado, un radio teléfono amarillo y un arma de fuego.
Sin embargo, algunos vecinos de la zona dijeron al medio colombiano Semana que el Ejército trató de montar un «falso positivo», como se le conoce a los casos, bajo los gobiernos de Uribe (2006-2010), en los que miembros del Ejército presentaban como guerrilleros ‘dados de baja en combate’ a jóvenes asesinados extrajudicialmente.
Lina Tabares, integrante de la organización de derechos humanos Tesa Paz, denunció que las manos de Omar tenían rastros de tierra, lo que según ella representa «una clara prueba de que el cadáver lo arrastraron». Los vecinos de la zona montaron un cordón humanitario para impedir que la escena fuera modificada.
De inmediato, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (Orivac) rechazó el «cruel asesinato» de Omar Guasaquillo.
«Vuelve la zozobra de muertes, amenazas, al territorio colombiano, en especial al Valle del Cauca», denunció Orivac en un comunicado, en el que también acusa al Gobierno de Iván Duque de su falta de compromiso con los acuerdos de paz firmados con las FARC-EP.
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