El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el 2020 se recordará como el año más exitoso en la lucha antidrogas. Incluso, intenta vender esa «idea» como un logro de su Gobierno. El problema es que Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de drogas en el mundo, específicamente de cocaína.
A finales de 2019, la jefa de investigación de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), Ángela Me, presentó un detallado informe sobre este asunto. El reporte reflejó un incremento en la producción mundial de drogas y en las muertes asociadas a su consumo.
En ese sentido, condenó al régimen uribista de Duque. El texto confirmó que Colombia produce y distribuye más del 70% de la cocaína que se consume en el mundo.
El informe sostiene que el Gobierno de Colombia no hace prácticamente nada para luchar contra las mafias del narcotráfico. Agrega que tampoco enfrenta con determinación a los grupos paramilitares que producen y distribuyen por toneladas la cocaína.
Para la ONU, el Estado colombiano está ausente en gran parte del territorio. Entonces, su negligencia permite a narcotraficantes y paramilitares elevar la producción y distribución de droga, de forma masiva y descontrolada.
El organismo calcula que cerca de 450.000 familias viven cerca de las zonas de producción de cocaína. Allí, son víctimas de constantes amenazas de grupos mafiosos y narcoparamilitares que producen y distribuyen la droga.
¿Permisividad del Estado o narcoestado?
La permisividad del Estado también se evidencia en cruentas masacres experimentadas por la población, sobre todo la rural y campesina. Durante el régimen de Duque se contabiliza más de 1.000 víctimas asesinadas. Esa estadística incluye líderes sociales, indígenas, políticos, exguerrilleros que firmaron los acuerdos de paz, entre otros.
El mismo informe revela que Estados Unidos sigue siendo el país que más consume la cocaína colombiana. Es una situación imcomprensible, ya que el país norteamericano tiene décadas «trabajando» directamente en la lucha antidrogas. Incluso, hasta tienen siete bases militares en esa nación.
La situación de Colombia se parece bastante a la de Afganistán. En la nación asiática aumentó la producción de heroína tras la llegada de tropas invasoras norteamericanas. Además, su presencia coincide con la epidemia de opiáceos estadounidense que suma más de 100.000 víctimas en los últimos años.
La realidad en el país suramericano es tan grave que hasta el presidente Donald Trump, se pronunció. Al conocer detalles del informe de la ONU, el magnate reclamó públicamente a Duque por su ineficiencia.
El mandatario amenazó con eliminar la certificación de Colombia como país comprometido en la lucha antidrogas. Asimismo, advirtió con incluirlo en la lista negra, donde figuran las naciones que incumplen sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.
Sin embargo, Trump no dijo ni una palabra sobre las políticas estadounidenses para evitar la entrada de la cocaína colombiana. Mucho menos se refirió al proceso de distribución interna de la droga.
2020: año de terror en Colombia
Duque ha dejado a su paso más de 1.000 víctimas mortales, entre dirigentes sociales, sindicales, políticos, campesinos y indígenas. Todo sucedió tras desechar los acuerdos de paz, a petición de su jefe y mentor, Álvaro Uribe.
Las continuas masacres perpetradas en Colombia no son exclusivas de la administración Duque, sino herencia del régimen de Uribe, famoso por implantar los llamados «falsos positivos». Estos crímenes de lesa humanidad hoy son condenados por la sociedad colombiana en pleno.
El 2020, que Duque califica como «exitoso» en materia antidrogas, está totalmente empañado por la crisis sanitaria. Esta es producto de la pésima administración de su Gobierno frente a la pandemia del COVID-19. Pero, aparte de todo, Colombia vive otra epidemia: la violencia generalizada y la ola de masacres sostenidas.
Duque pareciera querer ocultar que, de enero a septiembre de 2020 se ejecutaron al menos 74 masacres. Las víctimas letales sumaron al menos 291 dirigentes y defensores de derechos humanos. Sus autores fueron el Ejército, la Policía y grupos narcoparamilitares. Estas cifras pertenecen al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia.
Estos datos evidencian que Duque no se preocupa, ni por la lucha antidrogas ni por erradicar la violencia intrínseca en el país. El pueblo lo sabe y por eso las masivas protestas populares que se desarrollan en distintas ciudades. En Bogotá, por ejemplo, exigen la renuncia del mandatario uribista e, incluso, su encarcelamiento.
Los sectores que protestan pacíficamente son víctimas de reiteradas violaciones de derechos humanos. Entre sus demandas resaltan el derecho a la tierra, a vivir una vida digna y sustentable, a participar en política, a ser reconocidos como interlocutores válidos por el Gobierno y a promover los procesos de sustitución de las economías ilegales en sus territorios.
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