A la decaída popularidad del presidente de Colombia, Iván Duque, que en diciembre tenía apenas 23 % de aceptación y una percepción negativa superior al 69 %, ahora se suma un nuevo proceso que podría terminar de sepultarlo política y judicialmente.
Se trata de la investigación que comenzó este lunes el Congreso de su país tras las denuncias de la excongresista Aída Merlano, quien lo vinculó a la red de compra y venta de votos en la región del Caribe de la que habría sido beneficiado en las elecciones de 2018.
El proceso contra Duque es adelantado por la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, con base en dos denuncias. La primera, por los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio.
En tanto, la segunda es por denegación de funciones y presunto prevaricato, que tiene como fundamento la decisión de Duque de no pedir en extradición a Merlano -prófuga de la justicia colombiana capturada en Venezuela- al Gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con medios colombianos, la primera denuncia fue presentada el pasado 20 de febrero por el representante de la oposición David Racero, quien dio crédito a las palabras de Merlano, actualmente detenida en Venezuela, y señaló que Duque conoció de la compra de votos para que su campaña ganara en el Caribe.
“No solo conoció de la existencia de compra de votos a su favor, sino que se reunió con las personas que promovieron esta práctica en la costa”, declaró Racero en su denuncia, para la investigación de la cual fueron nombrados Edward Rodríguez, del Centro Democrático; Andrés Calle, del Partido Liberal; y Wilmar Leal, de Alianza Verde.
La segunda denuncia, que además de Duque acusa también al fiscal general Francisco Barbosa, fue presentada por Fabián Díaz, de Alianza Verde, según informó el titular de la Comisión de Acusación e Investigación, John Jairo Cárdenas, quien se encargará de este caso.
Asimismo, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar en relación a las denuncias de Merlano, quien aseguró que su fuga fue planeada por el empresario Julio Gerlein, quien habría financiado la red de compra de votos, y por miembros de la familia Char.
¿Duque puede perder la presidencia?
Si la investigación que adelanta el Congreso concluye que Duque es culpable, será acusado y se estudiará su destitución del cargo de Presidente de la República.
La Constitución colombiana establece en su artículo 178 que la Cámara de Representantes puede acusar ante el Senado a los altos funcionarios de Gobierno, incluido el Presidente.
Tras este proceso, el artículo 174 de la Constitución otorga al Senado el poder de destituir a los funcionarios acusados y el artículo 175 le da al Senado varios parámetros para el juicio.
Una vez enjuiciado, el alto funcionario quedará suspendido de su cargo, siempre y cuando la acusación sea públicamente admitida. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución o privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos.
El acusado será llevado a juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema.
El Senado también podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los senadores presentes.
En Colombia, el único antecedente de un juicio contra un Presidente fue el realizado contra Ernesto Samper cuando se investigaba si había tenido nexos con el narcotráfico, caso que no superó la Cámara de representantes, donde votaron por 111 votos contra 43 para que se archivaran los cargos.
En el caso de que Duque fuera efectivamente destituido, la Constitución especifica que el Vicepresidente deberá asumir las funciones del Presidente en caso de producirse una vacante en el puesto.
La vacante, detalla la máxima ley colombiana, se puede dar por muerte, dimisión, renuncia, inhabilitación, destitución o cualquier otra causa.
«Si tanto el puesto de Presidente como el de Vicepresidente están vacantes, o el vicepresidente ocupe la presidencia, deberá asumir la presidencia un Ministro en el orden que establezca la ley, hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República», cita el texto constitucional.
El orden para asumir la jefatura de Estado si no pudiese ser tomada por el vicepresidente, deberá encargarse en el siguiente orden de jerarquía en el Ejecutivo: ministros de Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público; de Justicia y Derecho; de Defensa Nacional y de Agricultura y Desarrollo Rural.
Siguen en la lista los ministros de Salud y Protección Social; de Trabajo, de Minas y Energía; de Comercio, Industria y Turismo; de Educación Nacional, de Ambiente y Desarrollo Sostenible; de Vivienda, Ciudad y Territorio; de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; de Transporte y de Cultura.
Merlano, la pesadilla de Duque
Aída Merlano, quien estaba condenada a 15 años de cárcel por la compra ilegal de votos para las elecciones parlamentarias de 2018, se fugó en octubre de 2019 cuando acudió a una cita de ortodoncia en un centro médico de Bogotá.
La excongresista fue capturada el pasado 28 de enero por las autoridades en Venezuela cuando se encontraba en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, fronteriza con Colombia.
Su retorno a Colombia no ha sido posible, debido a que Bogotá hizo la solicitud formal de extradición a Juan Guaidó, al que Duque reconoce como “presidente interino”, y no al Gobierno de Nicolás Maduro, quien había instado a las autoridades colombianas a reactivar las relaciones consulares para ejecutar el procedimiento de traslado.
Sobre esa solicitud hecha a Guaidó y no al Gobierno venezolano, Merlano dijo, en una entrevista con la revista Semana, que con ello, “el mensaje es contundente”: el Gobierno de Duque no desea hacer efectiva la extradición. Para la exsenadora, tal solicitud es “un absurdo político, diplomático y una vergüenza nacional”.
En esa entrevista, la exsenadora, quien se mantiene privada de libertad en Venezuela, acusó a Duque de querer asesinarla, razón por la cual decidió evadirse de Colombia e internarse en territorio venezolano pues temía por su seguridad y su vida.
Además, Merlano ofreció una serie de detalles de cómo el Centro Democrático, partido de Gobierno, es uno de los mayores responsables del fraude y la red de compra de votos, proceso del que resultan favorecidos la gran mayoría de los políticos que ocupan altos cargos dentro de la estructura del Estado.
Sobre estas acusaciones, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, asegura que lo deseable es que Merlano entregue sus declaraciones y pruebas ante la justicia de su país, para determinar responsables y avanzar en la investigación.
Merlano decidió entregar documentos firmados sobre sus denuncias a la revista Semana cuando fue entrevistada en Caracas, ante la imposibilidad de hacerlo ante la justicia colombiana, que le negó la posibilidad de declarar cuando se encontraba privada de libertad en ese país.
“Sabemos que tiene un solo propósito: dañar y deslegitimar la imagen del presidente Iván Duque, un hombre honesto, íntegro, con quien hicimos una campaña hablando de transformar la política, de acabar con malas prácticas, entre ellas la compra de votos”, argumenta Ramírez, quien afirma que «el país está en buenas manos» y que el Gobierno “es transparente y no tiene nada que ocultar”.
“Los colombianos pueden tener la certeza de que tienen en el presidente Iván Duque un hombre correcto, jugándole limpio a Colombia, trabajando sin descanso por el progreso del país”, agregó.
Prevaricato, el delito que Duque comete in fraganti
A todas luces, Duque comete un delito continuado y de manera flagrante, al impedir a Venezuela, sus autoridades y a la misma justicia colombiana ejecutar procedimientos para extraditar a criminales solicitados con alerta roja de Interpol.
Esta acción es calificada como prevaricación o prevaricato, delito que se da cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
Prevaricar es la manera más acertada para definir el accionar de Duque luego de asumir la Presidencia y reconocer como supuesta autoridad de Venezuela a Guaidó, además de cortar de raíz cualquier forma de comunicación con el Gobierno de Maduro.
Duque no sólo reconoce un falso «Gobierno», sino que también ha sido clave en el robo y secuestro de la petroquímica venezolana Monómeros, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
De igual forma, Duque ha sido cómplice en la entrada ilegal de Guaidó a territorio colombiano con apoyo del grupo paramilitar Los Rastrojos, así como también en el intento de invadir Venezuela desde Cúcuta, y el escándalo de prostitución, asesinato, abuso de drogas, robo de recursos y corrupción relacionado con el dinero enviado como ayuda humanitaria a Venezuela.
A todo esto, y sólo en el caso «Venezuela», Duque le añade su decisión -totalmente consciente- de impedir que Venezuela extradite a criminales relacionados con narcotráfico, paramilitarismo, secuestro, asesinato, extorsión, masacres, entre otras atrocidades, quienes están en manos de las autoridades venezolanas tras ser capturados en este país.
De igual forma, Duque y Uribe impiden hacer justicia en casos de delincuentes venezolanos que viven libremente en Colombia, a pesar de estar solicitados por Interpol y que terminan siendo protegidos por su Gobierno, a petición de Guaidó.
Al final, los mismos colombianos argumentan que Duque busca ocultar la crisis política, social y económica que vive su país, la represión armada y ajusticiamientos de estudiantes, lideres campesinos e indígenas, entre otros, que reclaman un cambio de Gobierno y del desgastado modelo político corrupto estructurado en un narcoestado paramilitar.
Fiscal Barbosa también será investigado
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes también extendió la indagación al fiscal general, Francisco Barbosa, por el caso de Aída Merlano.
El pasado 6 de febrero, la excongresista compareció en una diligencia ante las autoridades judiciales venezolanas, en la cual hizo varios señalamientos sobre hechos de corrupción que se habrían presentado en las pasadas elecciones en la Costa Caribe colombiana.
Tras esta declaración, el designado fiscal señaló que su declaración no iba a ser tenida en cuenta para el desarrollo de las investigaciones, hecho por el cual fue denunciado ante la Comisión de Acusación.
Ante esto, la corporación decidió abrirle esta indagación disciplinaria de carácter preliminar, para determinar si incurrió o no en una falta.
John Jairo Cárdenas, titular de la Comisión de Acusación, explicó que se busca determinar si hubo “incumplimiento de funciones, competencia y atribuciones constitucionales y legales respecto al tratamiento del escándalo de corrupción de Aida Merlano, especialmente lo referente a las declaraciones efectuadas por la excongresista el pasado 6 de febrero, ante autoridades judiciales venezolanas”.
“El denunciante lo que dice es que de oficio ellos deberían haber actuado para asegurarse que la señora Merlano pudiera tramitar y presentar todas las pruebas y que de no haberlo hecho estaría incumpliendo sus funciones constitucionales y legales”, añadió.
El representante Fabián Díaz Plata, quien interpuso esta denuncia, explicó que la acción judicial fue interpuesta porque, en su momento, el fiscal Barbosa señaló que el testimonio de Merlano no iba a ser tenido en cuenta, toda vez que el Gobierno de Maduro no era reconocido por Colombia.
“El Fiscal ha omitido este convenio, toda vez que no ha enviado una delegación para escuchar las declaraciones de Aída Merlano y tampoco ha querido hacer una videoconferencia como sí lo ha hecho la Corte. Este acuerdo obliga a los países a poder desarrollar las acciones concretas para adelantar e investigar los hechos de corrupción que tengan lugar”, añadió.
Se espera que Díaz sea citado en los próximos días ante la Comisión de Acusación para que amplíe su denuncia futura contra el fiscal general y el propio Iván Duque.
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