Mundialmente conocida como una de las principales cunas del narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, Colombia se retuerce además en el cúmulo de crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno de Iván Duque contra la población civil
Colombia es tierra de asesinatos selectivos de líderes sociales, políticos, indígenas y el recrudecimiento de una guerra armada que lleva más de medio siglo, en donde prevalecen grupos paramilitares y mafias vinculadas al Estado. Todo ellos se conjuga con el accionar de tropas extranjeras de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, que más allá de luchar contra las drogas y el terror parecieran resguardarlo y promoverlo.
La noticia de este lunes es, de nuevo, una lamentable masacre. Esta vez fueron seis las víctimas de un retorcido plan para asesinar a la candidata a la alcaldía de Suárez, un municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca, al suroccidente de la nación más productora y exportadora de cocaína del planeta.
Karina García era el nombre de la candidata a la alcadía. Con ella viajaba su madre, un candidato al concejo legislativo, el chofer y un grupo de escoltas que desde semanas atrás intentaban resguardar la vida de esta lidereza, quien ya cargaba varias amenazas de muerte en su contra.
El hecho, reseñado por la revista Semana, dejó el saldo de seis personas asesinadas luego que los sicarios interceptaran la camioneta en la que se trasladaban y que pertenecía a la Unidad Nacional de Protección.
La zona del suceso fue el área rural de Suárez. En el sitio, un grupo paramilitar fuertemente armado interceptó la camioneta el domingo 1 de septiembre y disparó sin compasión para posteriormente quemar la unidad.
La Defensoría del Pueblo confirmó la masacre y las imágenes de la camioneta quemada y baleada certifican la dantesca escena. Días antes, García había denunciado en un video las amenazas que había recibido contra su vida, al parecer el uribismo, el gobierno de Duque y grupos paramilitares vinculados a este sector de la extrema derecha, a su vez ligada al negocio de la minería de oro ilegal, cultivos de coca y laboratorios de cocaína que estarían detrás del hecho.
Cuando la candidata advirtió y dio a conocer las amenazas de muerte en su contra, la Defensoría del Pueblo alertó y pidió protección a los aspirantes a cargos de elección popular. Sin embargo, no pudo evitar la masacre de Suárez.
En este momento, las autoridades investigan la responsabilidad del crimen, donde el único sobreviviente fue un escolta que logró escapar en medio de la balacera y esconderse en la zona.
El excandidato presidencial Gustavo Petro tuiteó sobre el lamentable incidente y denunció que la masacre evidencia la presencia paramilitar y jefes del narcotráfico mexicano que se han instalado en Colombia para controlar sus negocios con la cocaína y marihuana, entre otros derivados de ambas drogas.
Duque bajo la sombra de Uribe: el ‘subpresidente’
Un trabajo de BBC Mundo titulado: «Un año de Iván Duque en el poder: «Subpresidente», la pesada carga del presidente de Colombia por ser el elegido de Álvaro Uribe» hace referencia al lastre que debe cargar a diario el considerado pupilo del expresidente Uribe y principal responsable de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en las masacres de los falsos positivos.
«Dígale a su jefe, y al jefe de su jefe», dijo el cineasta colombiano Rubén Mendoza a la vicepresidenta del país, Martha Lucía Ramírez, durante la inauguración del Festival de Cine de Cartagena en marzo pasado. Al primero al que se refería el documentalista era, por supuesto, a Iván Duque, y el segundo aludido, el «jefe de su jefe», era Álvaro Uribe Vélez.
Ese episodio fue apenas uno de varios que Duque ha tenido que soportar a lo largo de su primer año como supuesta máxima autoridad de Colombia, pues muchos son los que consideran que el verdadero gobernante es Uribe Vélez.
La carga de Duque obedece a que -según lo explican distintos analistas- nunca hubiese llegado a la Presidencia si Uribe no le diera el apoyo ni le levantara la mano para que fuera el candidato del «Centro Democrático».
Resalta BBC Mundo, que a principios de 2018, Duque iba bastante rezagado en las encuestas presidenciales y todavía se encontraba en plena disputa con otros miembros de su partido por ganar la candidatura.
Todo se disipó cuando Uribe lo escogió como su favorito y su salto fue de menos del 10 % de la preferencia electoral a casi 40 %. Finalmente Duque triunfó en las elecciones de mayo de 2017 sobre Gustavo Petro, víctima de una férrea campaña de desprestigio y noticias falsas.
Para la politóloga Marcela Prieto, a Duque lo perjudica el uribismo y su propio partido, pues son los encargados de sabotear su gestión presidencial.
Parte de ese fracaso ha sido la ruptura del acuerdo de paz de Colombia firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, Cuba, en 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Como se temía, la gestión de Duque incumplió con el acuerdo y logró lo que Álvaro Uribe se había trazado, sabotear toda la gestión de paz y llevar nuevamente el país a la guerra.
Al respecto, Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz durante el gobierno de Santos, negociador durante el proceso con las FARC y ampliamente reconocido como uno de los pilares de ese proceso, advirtió en marzo pasado a BBC Mundo que el objetivo del «Centro Democrático» era acabar con el pacto de paz.
«Creo que el Centro Democrático, en el gobierno, es un partido extremista con políticas comparables con los partidos extremistas que existen en Europa hoy (…) Creo que hay un deseo que ha expresado públicamente el expresidente Álvaro Uribe (…) que está dedicado a criticar todo lo que tenga que ver con el proceso de paz, electoralmente le sirve mucho (…) y con eso hacer campaña para las elecciones regionales de octubre y probablemente las presidenciales. Detrás de esto lo que hay es una estrategia electoral», explica Jaramillo.
Sobre el proceso de paz, advertía que la ultraderecha colombiana -delimitada en el uribismo- para entonces ya estaba «teniendo éxito parcial» en sepultar la paz de Colombia, «porque ha ido creciendo la disidencia de las FARC, por lo menos media docena de mandos importantes de las FARC se han ido a la clandestinidad, (por) que sienten que el gobierno no les está dando garantías jurídicas».
Uno de los países más corruptos: el de Iván Duque
Según U.S.News 2019, Colombia se ubica entre los peores países del ranking de transparencia administrativa que mide los niveles de corrupción de los gobiernos. El listado que encabeza Noruega, como el más transparente del mundo, y coloca a Colombia en la posición 77 del mundo.
Eso deja a la gestión de Duque muy mal parada con respecto a las «prácticas comerciales de su gobierno», la «distribución del poder político», los «niveles de confiabilidad» y «de corrupción percibida».
Además, el estudio analiza «la conexión entre la corrupción y la desigualdad», elementos que «se alimentan entre sí para crear un círculo vicioso entre la corrupción, la distribución desigual del poder en la sociedad y la distribución desigual de la riqueza«.
A este estudio, se unen los negativos reportes de desempleo, inflación, impuestos, criminalidad, hambre, pobreza, migración, asesinatos de líderes sociales, el cierre de medios de comunicación y las pocas garantías democráticas para la oposición política.
De hecho, el primer año de gobierno de Duque es considerado por los colombianos como catastrófico. Su popularidad descendió a 40% y el saldo de su gestión es calificado como negativo.
El semanario The Economist calificó el primer año de gestión de Duque como «improductivo», por su falta de gobernabilidad y las pocas iniciativas legislativas aprobadas.
«Lo que ha ocurrido en la práctica es que el Gobierno ha pretendido cambiar de manera unilateral el enfoque que tenía la Paz y el Acuerdo mismo. Es decir, para el Gobierno el Acuerdo que se firmó no es válido» (…) y también «se ha visto en los cambios que han pretendido hacerle a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP», explica Victoria Sandino, exguerrillera y senadora por el Partido FARC.
Como parte de esta persecución a la disidencia, este fin de semana se conoció el cierre de que hasta la fecha es considerado en Colombia como el noticiero «más serio» del país, premiado con distintos galardones y reconocimientos por su trabajo periodístico sin censura.
Asesinatos de líderes sociales, la justicia en el Gobierno de Duque
Recientemente, el portavoz de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, explicó la situación actual de vulneración a los derechos humanos que sufre Colombia, y la ineficacia de Iván Duque para garantizar sus responsabilidades como Jefe de Estado.
“Estamos preocupados por el alto número de defensores de derechos humanos asesinados y por el hecho que estos mismos asesinatos siguen aumentando. Llamamos a las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias en contra de la grave impunidad alrededor de esos casos”, dijo el portavoz de la ONU.
Las palabras de Colville hacen referencia a las más de 200 víctimas del paramilitarismo colombiano durante la gestión de Duque. Sólo en los primeros cuatros meses de 2019 se perpetraron 51 asesinatos de defensores de los derechos humanos, quienes realizaban labores políticas y sociales en sus regiones.
En 2018, el equipo de la ONU registró 115 asesinatos de defensores y activistas sociales. Para este año la cifra supera las 200.
De acuerdo con la ONU, los asesinatos son perpetrados especialmente en las zonas rurales y las víctimas son líderes de comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, activistas ambientalistas, feministas, periodistas, población de la comunidad sexodiversa, entre otros.
“Estamos preocupados que, con la llegada de las elecciones de octubre, el número de asesinados y de hechos violentos vaya aumentando”, expresó el portavoz de la ONU el pasado 10 de mayo, citado por el portal Colombia Informa.
Hablar de Colombia es pensar en narcotráfico, corrupción, paramilitarismo, desplazados, pobreza, persecución, tortura, genocidio, falsos positivos, uribismo, impunidad, desapariciones forzosas, poder, terrorismo, traición y muerte.
También hablar de Colombia es rebeldía, lucha campesina, líderes sociales, guerrillas, insurgencia, solidaridad, necesidad de justicia y sobre todo una suprema aspiración a la paz.
Por más de medio siglo, el país ha vivido inmerso en una cruenta guerra civil multiforme que ha trastocado a la sociedad colombiana entera, con mayor incidencia negativa sobre los estratos más pobres y con mejores resultados para la clase económica dominante.
El control por las tierras, la minería, los recursos naturales, el agua, la producción de cocaína, el narcotráfico, el paramilitarismo y la lucha guerrillera han sido partícipes y protagonistas de este conflicto.
Otros escándalos de Duque que sufren los colombianos
Además del narcotráfico, asesinatos masivos a líderes sociales, corrupción, entre otros delitos que vinculan al uribismo y la gestión de Duque, hay otra serie de escándalos de su gestión que han plagado de más violencia y miedo a los colombianos bajo la administración de Duque.
En el Ejército -por ejemplo- se bajaron nuevas directrices que piden incrementar las bajas en combate, una instrucción que hizo recordar al fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”, y provocaron cuestionamientos tanto a la cúpula militar nombrada por Duque como a su ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Las erráticas declaraciones del ministro sobre el asesinato de un exguerrillero a manos de un cabo de las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una moción para forzar su salida. Sin embargo, a diferencia del episodio de las objeciones a la JEP, el Ejecutivo consiguió que el Congreso cerrase filas alrededor del cuestionado Botero y de los propios uniformados.
Otro de los érrores de Duque está relacionado a su postura internacional con Venezuela y el apoyo a un falso Estado paralelo en torno a la figura de Juan Guaidó, quien ha estado inmerso en escándalos de drogas, prostitución y robo de dinero a recursos del Estado venezolano.
Duque se ha hecho partícipe de un plan para asfixiar a Venezuela y bloquearla totalmente al calificar al Gobierno legítimo como una dictadura y recibir con brazos abiertos a un pretendiente usurpador del Poder Político, apoyado por el Gobierno de Estados Unidos.
Además Duque retiró a Colombia de la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), denunció a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por supuestamente violar los derechos humanos y está plegado al plan de derrocamiento y asesinato del presidente Nicolás Maduro.
El Gobierno de Duque ha puesto el eje de su política exterior en Washington. De hecho volvió a las raíces del Plan Colombia, que sólo trajo desolación y muerte al país, cuando permitió que las tropas estadounidenses se instalaran en territorio colombiano. Sin embargo, desde entonces, en vez de erradicar el narcotráfico, Colombia ha repuntado sus cifras de producción y exportación de drogas, la minería ilegal, entre otras irregularidades.
Al mismo tiempo la economía colombiana viene en franco descenso. El desempleo ha aumentado para volver a ubicarse entorno a la cifra simbólica de dos dígitos, y ha pasado a ser la principal preocupación de los colombianos en las encuestas. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya ha enfrentado dos intentos de moción de censura, dijo recientemente que aún no sabe qué está empujando el desempleo ni cómo corregirlo.
Los tres problemas de Duque
Al respecto, Saúl Hernández, analista político y columnista habitual de importantes diarios de Colombia como El Tiempo, El Mundo y El Informador, escribió un artículo en el que explica el fracaso de la gestión de Duque:
El lío de Duque radica, básicamente, en que tiene tres problemas con los que no ha podido lidiar adecuadamente y que se han agrandado, para disfrute de la oposición. Ellos son inseguridad, corrupción y desempleo. Esos son los temas que más les preocupan a los colombianos hoy.
En cuanto a la inseguridad, tanto en el campo como en las ciudades, la sensación es que hemos retrocedido a la misma situación de hace 20 años. Es cierto que el índice de homicidios se mantiene bajo en comparación con esas épocas, pero también lo es que las calles son propiedad de los ladrones de celulares, relojes, bicicletas, repuestos automotrices o dinero en efectivo, además de las incontables mafias que se disputan el microtráfico de drogas, los préstamos gota a gota, la prostitución, el limosneo, las ventas ambulantes y la extorsión, entre otras actividades.
Por su parte, el país rural está en manos de grupos armados que se disputan toda clase de rentas ilícitas, como la producción de coca, la extracción ilegal de minerales como el oro y el usufructo de los presupuestos municipales y departamentales en contubernio con funcionarios públicos. Estos grupos armados protagonizan cinco conflictos internos -como lo ha dicho Christoph Harnisch, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja- y hacen que Colombia, a pesar de la firma de una supuesta paz, esté «en guerra», como lo afirmó recientemente José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Y no se puede olvidar un ingrediente perverso como es la presencia cada vez más activa en el país de los sanguinarios carteles mexicanos.
En cuanto a la corrupción, el problema puede ser más de percepción que de realidad, pero es algo que indigna cada vez más a los colombianos. No creemos que haya hoy mucha más corrupción de la que había, por ejemplo, en la época en la que Turbay hablaba de la necesidad de «reducirla a sus justas proporciones». Sin embargo, el tema es altamente sensible y el Estado no envía las señales correctas; la Justicia, en concreto, se muestra sumamente laxa, castigando con penas muy cortas, concediendo casi automáticamente el beneficio de la casa por cárcel y recuperando muy poco de los recursos hurtados.
En los colombianos crece la noción de que los corruptos quedan libres y millonarios -sin hablar de los que no son descubiertos-, y de que cualquier falencia en la educación, la atención en salud o los programas de vivienda es efecto de la corrupción. La gente reclama cada vez más subsidios y, al no obtenerlos, subyace el imaginario de que le están robando lo que por derecho le pertenece; tal vez de ahí la crisis de confianza en todas las instituciones, cuya credibilidad está por el piso.
Y, en cuanto al desempleo, no hay duda de que es el mayor factor de preocupación de los colombianos en la actualidad. No solo porque en las últimas mediciones se haya incrementado, sino por la baja calidad del empleo: la mitad de los colombianos está en la informalidad y los mayores empleadores son las micros, pequeñas y medianas empresas, donde los trabajos son precarios. Los que gozan de empleo estable y de las arandelas que ofrecían las empresas en el pasado, son una minoría».
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