Debilidad institucional, crisis política, decrecimiento económico, endeudamiento, corrupción y una emergencia sanitaria sin precedentes, ese es el oscuro escenario que afronta Ecuador gracias al régimen de Lenín Moreno.
Desde que Moreno asumió la Presidencia en 2017 y negoció con la derecha conservadora la traición contra la Revolución Ciudadana, emprendió una agenda neoliberal que incluyó un pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y otras instituciones financieras internacionales, que deja a Ecuador endeudado al menos por las próximas tres décadas.
De este modo puso en riesgo el futuro de los ecuatorianos al negociar un «programa económico» para recibir «ayuda» de estas instituciones, con el costo de aplicar paquetazos que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Un país endeudado
Actualmente, la deuda pública de Ecuador representa 52 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.
El Banco Central prevé que la caída del PIB este año sea de 9,6 %. El nivel del endeudamiento frente a este índice se ubica en 59,3 %. Además, las actuales condiciones económicas por las pérdidas millonarias causadas por la pandemia, la incertidumbre en el mercado petrolero y los 17.500 millones de dólares por pagar en bonos hasta 2030, hacen prever un panorama menos alentador.
Incluso, el FMI alertó que la economía de Ecuador «se ve más debilitada». El director del Hemisferio Occidental de la institución, Alejandro Werner, indicó que el Gobierno de Moreno inició una renegociación con los principales acreedores de bonos debido a las dificultades para cumplir con los pagos de la deuda.
En declaraciones a la prensa, Werner evitó comentar el monto del nuevo de financiamiento que podría alcanzar Ecuador con el FMI, después de que el proceso de negociación de la deuda fuera cancelado para dar pie a una línea de crédito de emergencia por unos 650 millones de dólares, para afrontar la crisis del coronavirus que hasta la fecha deja un saldo de 54.000 contagiados y 4.400 muertos.
Este crédito obtenido mediante el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) se suma al programa a tres años firmado por Moreno con el FMI en 2019.
Ese crédito inicial por 4.200 millones de dólares implicó un programa de recortes y ajustes fiscales que derivaron en una ola de protestas en octubre de 2019, cuando el Ejecutivo subió los precios del combustible.
Para el periodista y analista político, Patricio Mery Bell, el mal manejo económico y el servilismo al FMI de Lenín Moreno han profundizado aún más la crisis que atraviesa Ecuador
«Ecuador ya quebró una vez en 1999 y perdió casi 8.200 millones de dólares, llevando a 2,4 millones de personas a abandonar el país. Hoy se calcula que se han perdido 11.500 millones de dólares, de los cuales 4.500 fueron perdonados al gran empresariado y 2.800 millones pagados al FMI”, recordó en declaraciones a El Ciudadano.
Es más que probable que Moreno siga aplicando nuevos recortes e incremento de impuestos para complacer cada exigencia del FMI y demás acreedores, a pesar de que entre marzo y junio 180.000 ecuatorianos se quedaron sin empleo, según datos del Ministerio de Trabajo. Se trata de una cifra muy alta si se toma en cuenta que entre diciembre 2014 y junio de 2019 se registraron 400.000 plazas de trabajo destruidas.
En otras palabras, en solo cuatro meses siendo víctimas del coronavirus hubo un total de personas desempleadas equivalente a casi el 50 % de los últimos cinco años.
De hecho, el Gobierno calculó en abril pasado que debido a la pandemia del COVID-19 se perderían 508.000 empleos, una previsión muy alarmante, tomando en cuenta que la capacidad para cubrir el seguro de desempleo llega hasta 550.000 personas, algo que pone a los ecuatorianos al borde del abismo.
Persecución política
Desde que Moreno llegó al poder, la persecución política y judicial contra los líderes de la Revolución Ciudadana o el correismo no ha cesado.
El ensañamiento de Moreno contra los liderazgos políticos que dejó la gestión del expresidente Rafael Correa ha sido implacable. Muestra de ello es que se atrevió judicializar a su propio vicepresidente electo, Jorge Glas, quien actualmente se encuentra encarcelado sin motivos comprobados por la ley.
Patricio Mery Bell trabajó como consultor externo de Rafael Correa y estuvo presente en la transición a Lenín Moreno en Ecuador, por lo que conoce de cerca la manera cómo se ha gestado la persecución contra el correismo y los movimientos sociales.
«Esta dictadura criminal dentro de un estado fallido mantiene presos políticos como Jorge Glas, vicepresidente constitucional de Ecuador, y tres ciudadanos de la provincia de Sucumbíos que participaron en las protestas de octubre de 2019”, denunció.
Asimismo, Mery Bell señaló que el mundo es testigo de la manera en que Lenín Moreno lleva adelante una incansable persecución «contra el grupo político más importante del Ecuador, aquellos que integran el correismo, la Revolución Ciudadana y el movimiento político Fuerza Compromiso Social (FCS), que representan por lo menos el 40 % del país, siendo el grupo que tiene mayor adhesión popular».
Boicot a Correa
Para el analista, el temor de Moreno a perder el poder es tan grande que quiere impedir a toda costa que Rafael Correa vuelva a asumir un cargo político en Ecuador.
Precisamente, el expresidente (2007-2017) denunció este jueves que pretenden impedirle participar en las próximas elecciones, al intentar proscribir a su movimiento político, Fuerza Compromiso Social.
En declaraciones a la prensa, Correa confirmó que «si le dejan» será candidato a la Vicepresidencia de Ecuador en las elecciones presidenciales y de asambleístas previstas para 2021.
Sin embargo, el exmandatario cuestionó la recomendación de la Contraloría del Estado, que pide al Consejo Nacional Electoral (CNE) que deje sin efecto la inscripción de cuatro organizaciones políticas, entre ellas a la mencionada FCS.
En 2019, la Contraloría recomendó al CNE vigilar la situación legal del movimiento político de Correa, porque presuntamente no cumplía con el requisito de tener las firmas del 1,5 % del padrón electoral, y la semana pasada pidió su eliminación.
Al respecto, Mery Bell recordó que esta campaña es liderada por Pablo Celi, quien «usurpa el cargo de Contralor del Estado, ya que nunca fue posesionado en la Asamblea», con el propósito de de eliminar al FCS y dejar fuera de competencia a Rafael Correa”.
El boicot a la posible candidatura de Correa es tan visible que el propio líder progresista destacó que el exprefecto de la provincia del Azuay, Paúl Carrasco, denunció «que fue llamado por el consejero (del CNE) Luis Verdesoto para pedirle que apoye el retraso de las elecciones para dar tiempo al sistema judicial a que saque la sentencia definitiva» contra el ex Jefe de Estado, ya que se le impediría participar en las elecciones.
«Nosotros somos gente honrada, los corruptos son los que nos persiguen», señaló Correa, sentenciado en abril pasado por el delito de cohecho y en primera instancia a ocho años de cárcel, dentro del caso conocido como Sobornos 2012-2016.
Según los jueces, se trata de una trama de corrupción que involucraba a empresas nacionales e internacionales, como la brasileña Odebrecht, de las cuales supuestamente Correa y su equipo recibían pagos para financiar su entonces movimiento político, Alianza País (AP), a cambio de adjudicar contratos millonarios.
«La realidad es que los jueces corruptos están intentando sacar una sentencia firme en un juicio absolutamente ilegal y lleno de vicios en contra de Rafael Correa, para que no pueda competir por la Vicepresidencia de la República”, afirmó Mery Bell.
Corrupción de Moreno
Mery Bell recordó que Lenin Moreno enfrenta una serie de acusaciones por parte del diputado opositor, Ronny Aleaga, quien lo vincula con la empresa «offshore» INA Invesment.
Aleaga recibió de manera anónima un dossier “reservado” con documentos que implican a Moreno y a su familia en supuestos delitos de asociación y enriquecimiento ilícito, perjurio y lavado de activos.
Estos documentos, que mediáticamente se conocen como los “INA Papers”, demostrarían la vinculación de Moreno con la empresa china Sinohydro, que construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y que -afirma el diputado- entregó 18 millones de dólares a la empresa «offshore» Recorsa, relacionada con el empresario ecuatoriano Conto Patiño Martínez, quien transfirió dinero a más de 10 compañías fantasma en Panamá, entre ellas a INA Investment Corp.
Por ello, Mery Bell recordó que Raúl De la Torre, sobrino del contralor Celi, se declaró culpable de lavado de activos en Estados Unidos.
De la Torre, quien fungió como asesor de la estatal Petroecuador, fue detenido en junio de 2019 en Miami luego de haber entrado a EE. UU. con 250.000 dólares de los que no pudo explicar su procedencia.
“Bajo el régimen de Lenín Moreno, Ecuador se ha convertido en un libreto perfecto que puede usar Netflix para hacer la continuación de Narcos o una serie relacionada con la mafia”, condenó el periodista.
“Se dan todas las señales y todos los elementos para definir al Gobierno de Lenín Moreno como una dictadura con todas su letras, y como tal, debe ser rechazada en todo el mundo. Es lamentable que muchos que levantaban la voz para condenar situaciones similares en otros países hoy guarden silencio y sean cómplices de esta dictadura que todos los días mata gente de hambre, por el COVID-19 y por las negligencias de Moreno y su banda de corruptos”, concluyó Mery Bell.
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