Este lunes inició en Ecuador un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (CONAIE). El paro arrancó con cierre de vías en diferentes provincias de las tres regiones del país: Sierra, Costa y Amazonía.
Además, cuenta con el apoyo de organizaciones y movimientos que se sumaron a la CONAIE, como la Coordinadora Nacional Campesina (CNC), el Frente Nacional Antiminero, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), así como bananeros, arroceros, maiceros, floricultores, pescadores, asociaciones de médicos, jubilados, sindicatos públicos, estudiantes y transportistas.
En horas de la tarde, la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que la Policía había reprimido a los estudiantes del Instituto Nacional Mejía de Quito que se sumaron al paro nacional, reseña RT.
«Gas, golpes a mujeres y cárcel para estudiantes que reclaman acceso a la universidad, presupuesto y frenar su política neoliberal que encarece el costo de la vida», publicó la UNE sobre este hecho.
Del diálogo a las protestas
«Los pueblos y nacionalidades fuimos a diálogos por un año con propuestas, el gobierno no dio respuestas, peor resultados«, dijeron desde la CONAIE, y mencionaron que hubo conversaciones cerradas el 11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021 sin avances, lo que los llevó a este paro nacional.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, en un mensaje al país informó que con esta nueva jornada de protestas retoman las demandas que durante el último año le han hecho al Ejecutivo.
Agregó que el tiempo de duración de las acciones de protesta dependerá de las soluciones que ofrezca el Ejecutivo a sus peticiones. «Si es que el día de hoy el presidente de la República [Guillermo Lasso] da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos [el paro]; si el presidente no da respuestas a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida», señaló.
Los pedidos en Ecuador
La CONAIE ha presentado un pliego de 10 demandas que consideran urgentes para el país. La organización informó que este lunes las peticiones fueron entregadas, «de manera formal», a la Presidencia. El petitorio incluye:
- Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a 1,50 dólares y la gasolina extra y ecopaís a 2,10 dólares. Focalización en los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.
- Alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas).
- Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. El objetivo es que millones de campesinos pequeños y medianos productores puedan seguir produciendo en condiciones.
- Empleo y derechos laborales. Políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
- Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales.
- Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
- Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos: Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), carreteras, salud, entre otras.
- Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad.
- Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
- Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantienen en zozobra al Ecuador.
Respecto a los combustibles, los descontentos piden derogar los decretos 1158, 1183 y 1054, emitidos por el expresidente Lenín Moreno en 2020, que permitieron la liberalización de los precios de los carburantes y la variación —mayormente con incremento— de su valor todos los meses.
En cuanto a la actividad minera y petrolera, exigen la derogatoria de los decretos 95 y 151, emitidos por el presidente Lasso en 2021. Con el primero se expidió la política de hidrocarburos y un «Plan de Acción Inmediato» para el desarrollo del sector hidrocarburífero; mientras que con el segundo se publicó el «Plan de Acción para el Sector Minero». Varias organizaciones han denunciado que ambos decretos habilitan los canales institucionales para expandir el extractivismo en el país.
La respuesta del Gobierno de Ecuador
«No podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país», dijo el presidente Lasso en un mensaje al país, que fue publicado una hora antes de que comenzara el paro nacional.
De acuerdo con el mandatario, que calificó de «violenta» la protesta, parar es lo «peor» que pueden hacer en el país, cuando la economía está comenzando a reactivarse y la industria intenta salir de la crisis pospandemia.
«No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras. No vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público […] Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible», advirtió Lasso.
El mandatario pidió a la dirigencia de la CONAIE que «recapaciten» y respeten los derechos, como la libre movilidad, de la «gran mayoría».
«Una paralización nos divide, justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado», añadió Lasso en su mensaje.
Previamente, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, comentó que la movilización, «en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse«.
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por su parte, informó que trabajan de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el alto mando del Gobierno para establecer las estrategias que permitirán «defender» la ciudad.
«Nosotros defenderemos a Quito, no vamos a permitir que vengan a destruir nuestra ciudad», advirtió.
Denuncian «represión preparada»
Previo al inicio de las protestas, la CONAIE ya había emitido un comunicado en el que alertó de la «represión, violencia y masacre» que, según dice, «tiene preparada el Gobierno de Guillermo Lasso».
«Peligrosamente buscan crear un enemigo interno, implantar un cerco mediático, a su vez que utilizan el aparato de inteligencia del Estado para seguimiento a dirigentes sociales», señala la CONAIE.
En octubre de 2019, durante el gobierno de Moreno, hubo un estallido social en Ecuador que estuvo desde el 3 al 13 de ese mes y dejó 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
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