A través de un seguimiento de movimientos bancarios, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI logró dar con el paradero del prefecto (r) Daniel Valentín Cancino Varas, exagente de la DINA que se encontraba prófugo desde enero cuando la justicia dictó su arresto por el secuestro del militante del MIR, Carlos Guerrero.
Fue así como el otrora integrante de la Brigada Halcón, dirigida por el sanguinario brigadier Miguel Krassnoff, pudo ser finalmente recluido en Punta Peuco, pasando a engrosar la lista de represores del régimen militar que hoy cumplen condenas por delitos de lesa humanidad.
La prolongada persecución de Cancino generó fuertes críticas al Ministerio del Interior. Precisamente a inicios de julio, el titular de la cartera, Jorge Burgos, se reunió con representantes de Londres 38 a los que prometió agilizar la búsqueda del escurridizo fugitivo, un sujeto que dista de carecer de buenas conexiones con el mundo político incluso en el gobierno de la Nueva Mayoría.
Esto porque en su minuto, la Concertación necesitó de los servicios de Cancino para desarticular al MAPU-Lautaro, extendiendo así la lógica del enemigo interno a los primeros años de una sórdida democracia que inauguró Patricio Aylwin con “La Oficina”, el organismo estatal de inteligencia creado para combatir a grupos subversivos tras el crimen del senador de la UDI, Jaime Guzmán.
En la cúpula de “La Oficina” trabajaron personeros como Belisario Velasco, el diputado Marcelo Schilling y el ahora ministro Burgos. La oficialmente llamada Dirección de Seguridad Pública mantenía contacto con agentes de control de informantes que operaban al interior de la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) de Investigaciones, dirigida por el ex vasallo del “Mamo”, Daniel Cancino Varas.
Entre sus miembros figuraba el exinspector de la PDI, Juan Sarmiento Luarte, quien pasó por el despacho del ministro Mario Carroza en abril de 2013 para descartar que el ex frentista Enrique Villanueva hubiere sido informante de esa entidad en el marco del caso Guzmán.
«Enfrentamientos» y espionaje
Según relata el libro “Rebeldía, subversión y prisión política: crimen y castigo en la transición”, del profesor Pedro Rosas Aravena, una muerte emblemática que permite graficar el combate al margen de la ley realizado en los albores de la Concertación contra grupos de izquierda fue la de José Luis Oyarzún Pino, integrante del Lautaro.
Oyarzún, con apenas 23 años, fue “herido gravemente el 13 de octubre de 1992 en un enfrentamiento defensivo al resistir un arresto de la Brigada de Inteligencia Policial de Investigaciones en Dorsal con Neptuno, comuna de Lo Prado”. Según sus compañeros, ya en el suelo herido y desarmado “fue golpeado hasta la inconsciencia”. Permaneció tres meses en coma y falleció en enero de 1993.
Y es que Cancino, al mando de la BIP, no podía sino dar rienda suelta a sus viejas andanzas bajo la permisiva mirada del entonces director general de la PDI, Nelson Mery, un hombre que también gozaba de la extrema confianza concertacionista. La complicidad que los unía quedó patente en una providencia emitida con fecha 13 de febrero de 1993 por Cancino Varas, documento que pese a llevar su firma, no reproduce su nombre.
En éste se transmiten órdenes dictadas previamente a Mery por el agregado de defensa de la embajada de Israel en Chile – e informante del Mossad – Amir Oren, para conducir actividades ilegales de espionaje contra funcionarios diplomáticos de la República Islámica de Irán usando recursos de la PDI (ver documento 1 y 2).
Posible red de protección
¿Facilitó alguien el escape de Cancino cuando la justicia dispuso su traslado a Punta Peuco a inicios de este año? Esa es la pregunta que ahora plantean familiares de ejecutados políticos. En declaraciones reproducidas ayer por Radio Biobío, la presidenta de AFEP, Alicia Lira, solicitó al director de la PDI, Héctor Espinosa, investigar las fugas de Cancino y un carabinero en retiro que fue agente de la DINA: Ricardo Lawrence.
Lira planteó la posibilidad de que exista una red de apoyo al interior de la institución, aludiendo a familiares de Cancino Varas que integran las filas policiales.
Lo anterior teniendo en cuenta además – como publicó El Mostrador esta madrugada – que el hijo exprefecto de Investigaciones sentenciado por violaciones a los DD.HH., Daniel Cancino Cornejo, es pareja de Lucía Dammert, jefa de asesores de la Subsecretaría de Interior que dirige Mahmud Aleuy desde La Moneda, un poco más abajo del ministro Burgos. En el currículum de Dammert figura una especialización en «seguridad ciudadana» y «violencia urbana».
También resta señalar que un exsubalterno de Cancino Varas está posicionado en el Alto Mando de la PDI. Se trata del jefe regional de Antofagasta, Víctor Hernández, quien se mantiene activo pese a haber estado en el ojo del huracán hace algunos años por su responsabilidad de mando en hechos de colusión con asaltantes y narcotráfico que salpicaron a detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) en Santiago.
El pasado del prefecto inspector Hernández genera desconfianzas en su actual destinación, donde está encargado de supervisar la labor de los cuerpos policiales que investigan la extraña desaparición del guía turístico Kurt Martinson.
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