El «genocidio estadístico» que afectó a la comunidad afrodescendiente de Colombia

La Corte Constitucional de Colombia le ordenó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hacer un estudio exhaustivo para determinar cuáles fueron las causas del llamado «genocidio estadístico», un error que «borró» a 1,3 millones de personas afrodescendientes entre los censos de 2005 y 2018.

La Sala Primera de Revisión, con una ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, le dio un plazo de diez meses al DANE para que «evalúe de manera integral» la razón de los «errores en la identificación de la población negra del país».

Esta medida, según se afirma en la página web del alto tribunal, es la primera de un conjunto de órdenes que buscan «garantizar que las poblaciones afrocolombianas sean debidamente identificadas en el próximo censo nacional de población y vivienda».

Afros «invisibilizados» en Colombia

El Censo de 2018 arrojó que había 2.982.224 afrodescendientes en Colombia, lo que representa una reducción de 30,8 % con respecto al registro realizado en 2005, cuando la cifra fue de 4.311.757.

Con este error se vulneraron los derechos a la igualdad, al reconocimiento de la diversidad, a la información de calidad y a la materialización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones que sufrieron esa «invisibilización» estadística.

Fajardo Rivera explicó que las «falencias» y «diversos factores» en la ejecución del censo más reciente provocaron que hubiese una «disminución significativa» en el «autorreconocimiento» de la «población negra» en el país, lo que constituye un incumplimiento del rol estatal de garantizar el «derecho a la igualdad material».

Las organizaciones de defensa de los derechos de la población afrocolombiana habían manifestado previamente que era necesaria una «estrategia integral de sensibilización y acceso efectivo a los territorios«, acorde con los «desafíos del autorreconocimiento», en un país donde existe «estigmatización y marginalización de lo negro», según la sentencia.

La Corte también consideró que si hubo fallos en el censo, que es «la operación estadística más grande y completa que puede hacer un país», es difícil que puedan «superarse a través de ejercicios estadísticos de menor escala», por lo que resultan insuficientes los ajustes hechos posteriormente por el DANE para «revertir la amenaza a los derechos fundamentales de los accionantes y de la población afrocolombiana en general».

¿Qué debe hacer el DANE?

La Corte también le pidió al DANE que evalúe y discuta con los pueblos afrocolombianos la «viabilidad, riesgos y conveniencia» de incluir en la próxima Encuesta de Calidad de Vida un piloto con criterio de heterorreconocimiento complementario al autorreconocimiento usado en la estadística nacional.

Del mismo modo, se le solicita que continúe con la implementación del enfoque diferencial étnico-racial y que culmine el diseño de un Plan Integral de Preparación para el próximo Censo, que permita la identificación de los mencionados pueblos.

Antecedentes en Colombia

Este fallo fue consecuencia de la presentación de una tutela por parte de un grupo de ciudadanos y organizaciones sociales, entre las que se encuentran la Asociación Colombiana de Economistas Negras ‘Mano Cambiada’; la Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros-PCN; la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC); la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), entre otras.

Los demandantes afirmaron que las deficiencias del Censo 2018 causaron la «vulneración» de los derechos fundamentales de la población afrocolombiana, y que  dieron lugar a la «invisibilidad estadística» de una parte de esa población.

Para el alto tribunal, este tipo de «omisiones» también obstruyeron el «diseño de políticas públicas» para «superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrocolombianas».

Tras conocerse los resultados, en 2019, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) catalogó lo ocurrido como una «masacre estadística«, que dejaba en evidencia el «racismo estructural que ha caracterizado históricamente a las instituciones estatales en Colombia», recoge Renacientes. 

Por su parte, el Colectivo Justicia Racial, según el Diario Criterio, considera que hubo «malversación de fondos» destinados para el Censo, lo que «representaría un atentado contra la moralidad administrativa y el patrimonio público».

Las razones del DANE

Entre las razones que adujo el departamento estadístico se encontraron la falta de seguridad en los territorios donde debían acudir, la negativa de los ciudadanos a ser censados, errores de los censistas, la dificultades con el autorreconocimiento como población afrocolombiana, el desconocimiento de las comunidades de sus características étnicas, la desconfianza de la población ante el proceso de registro, entre otras.

Aunque el DANE propuso establecer una Mesa Técnica para solucionar los errores, la Comisión Legal Afrocolombiana, docentes y organizaciones sociales denunció «fallas en la planeación y ejecución» del Censo.

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