Durante la última década, el golpismo de Estados Unidos en Latinoamérica -región a la que consideran su «patio trasero»- ha sido reiterado y se ha gestado de diversas formas contra gobiernos que proclaman y defienden reivindicaciones históricas en favor de sus pueblos. Al no contar con el beneplácito de Washington reciben el castigo de la Casa Blanca, que a través de sus embajadas actúan para poner finiquito a dicha emancipación.
En ese sentido, es necesario rememorar, y al mismo tiempo, entender el rol de estas embajadas en la región, así como también su vinculación con los golpes de Estado como parte de operaciones encubiertas.
A través de un análisis geopolítico realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), institución dedicada al análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de los países en América Latina y el Caribe, se hace una descripción de los más recientes casos de injerencia estadounidense contra gobiernos legítimos en la región.
El más reciente es el golpe de Estado perpetrado en Bolivia a finales de 2019, que terminó con la renuncia -bajo amenaza de muerte- del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, y muchos otros miembros del Gobierno que aún se encuentran perseguidos por el régimen dictatorial que encabeza Jeanine Áñez.
El análisis del Celag describe que el golpe de Estado contra el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) «ha vuelto a poner en agenda el debate sobre el papel de las embajadas».
«Considerando el contexto histórico y político, estos hechos invitan también a revisar el rol de las embajadas de Estados Unidos en la región y su vinculación con los golpes de Estado como parte de operativos encubiertos».
En ese sentido, destaca el Celag que «a raíz de una visita de cortesía de diplomáticos españoles a la Embajada de México en La Paz se produjo la denuncia del Gobierno de facto sobre la supuesta injerencia y vulneración a las leyes bolivianas, ante la sospecha de una posible ayuda de las autoridades españolas para facilitar el traslado de los asilados a México, en un contexto de hostigamiento sistemático y de negación a otorgar el salvoconducto a los asilados».
«Entre los asilados está Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia y fuertemente implicado en el proceso de cambio en el país. Su labor de denuncia de la injerencia estadounidense en Bolivia lo ha puesto en la mira de EE. UU. desde hace años», agrega.
Embajadas operan como satélites del Pentágono
Las embajadas deberían funcionar como un espacio extraterritorial sin injerencia en los asuntos internos del país en el que están instaladas. Pero al menos para Estados Unidos así no es como funcionan y eso ha quedado claro en su amplio prontuario de acciones.
«En esencia», la embajada funciona con «una misión diplomática permanente que representa los intereses del Estado acreditante en el territorio de otro Estado receptor. No obstante, las sedes de las embajadas tienen un estatus extraterritorial al aplicar entre sus paredes las leyes del Estado de origen».
Legalmente, las embajadas son una especie de “enclave” territorial extranjero en territorio de la nación que alberga la embajada. A pesar de ello, su actividad y la de su personal diplomático en el Estado receptor está regulada por distintos convenios internacionales. El principal es el Convenio sobre Relaciones Diplomáticas, firmado en Viena el 18 de abril de 1961, también llamado Convención de Viena.
Uno de los derechos que reconoce la legislación internacional es la inviolabilidad de las embajadas. En este sentido, la Convención de Viena es claro en su artículo 22.1, el cual establece: “Los locales de la misión son inviolables. Los Agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del Jefe de la misión».
La inviolabilidad se extiende, asimismo, a los agentes diplomáticos en el artículo 29: “La persona del Agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”.
Pero, un dicho bastante conocido en América Latina y el Caribe (ALC) es que “en Estados Unidos no ha habido golpes de Estado porque allí no hay embajadas estadounidenses”. Es una frase que sintetiza el rol activo de embajadas estadounidenses en golpes de Estado (blandos, convencionales, etc.) en la región.
Los golpes de Estado y las embajadas gringas
Caso Paraguay: Uno de los casos paradigmáticos de desestabilización del Gobierno paraguayo y antesala del golpe que se procesaría dos años después contra Fernando Lugo, fue el juicio político contra el entonces ministro de Defensa general Luis Bareiro Spaini en 2010, en el que la Embajada estuvo directamente involucrada.
Rememora el Celag que el 19 de febrero de 2010 se realizó un almuerzo organizado por la embajadora Liliana Ayalde al que concurrieron altos funcionarios del Gobierno paraguayo y generales del Ejército estadounidense.
En la ocasión, se habló de “la pésima gestión administrativa del presidente Fernando Lugo, que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político”. A raíz de lo ocurrido, Bareiro Spaini envió una carta a la embajadora Ayalde (22 de febrero de 2010), con copia al Comando Sur y al Pentágono, pidiendo explicaciones.
La “osadía” del ministro fue motivo para que la Cámara de Diputados aprobara una “declaración de censura”. En agosto de 2010, tras la no aprobación del presupuesto militar, Bareiro Spaini puso su cargo a disposición.
«Es fundamental tener en cuenta que Bareiro Spaini defendía una alianza militar regional en el ámbito de la UNASUR como alternativa frente a los acuerdos de defensa y seguridad con EE. UU. y Colombia. Ejemplo de ello fue el rechazo en 2009 a la entrada de 500 militares estadounidenses para el operativo Nuevos Horizontes programado para el 2010», explica el Celag.
Caso Honduras: Antes del golpe de Estado en Honduras, el embajador Hugo Llorens tuvo reuniones con congresistas hondureños, miembros del sistema de justicia, empresarios y el entonces presidente Manuel Zalaya en torno al llamado a consulta popular -postulado por el Gobierno- para convocar una Asamblea Constituyente (dicha consulta había de hacerse en el marco de elecciones presidenciales en noviembre de 2009).
Fue este llamado a consulta lo que desencadenó el golpe de Estado. De hecho, el mismo embajador declaró ante la prensa: “…Uno no puede violar la Constitución para crear una Constitución, porque sería como vivir en la ley de la jungla”.
En un cable de Wikileaks se menciona una llamada entre Elvin Santos (quien fue vicepresidente y viejo conocido del embajador, pues estudiaron juntos) con Vilma Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien ve una “polarización en el país”.
El comentario del embajador posiciona a Roberto Micheletti por encima de Santos en el conocimiento del país y su vínculo con la élite política. Según el embajador, Micheletti comentó que Zelaya cumpliría su mandato, “ni un día menos, ni un día más”. Morales dejó claro que “ella era amiga de EE. UU. y que continuaría desempeñando ese papel”.
Ante la consulta para una Asamblea Constituyente, Llorens se reunió en la embajada con el presidente Zelaya, Roberto Micheletti, Elvin Santos y Porfirio Lobo Sosa. También asistió el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez.
En dicha reunión se le planteó a Zelaya la anulación de la consulta. En otro cable de Wikileaks se menciona una llamada entre el embajador Llorens y la fiscal general, Leonida Rosa Bautista, el 29 de septiembre de 2008. Se discutió el apoyo de EE. UU. al Ministerio Público hondureño, destacando su buen desempeño. La relación de la fiscal con el embajador era fluida.
Caso Brasil: Existen diversas fuentes que dan cuenta del vínculo del sector público-privado estadounidense con el impeachment a Dilma Rousseff y el desarrollo de la causa judicial del Lava Jato, que implicó el encarcelamiento de Lula da Silva y la imposibilidad de presentarse a elecciones.
En torno al rol de la Embajada de y acciones diplomáticas concretas de apoyo al golpe a Rousseff destaca, en primer lugar destaca la casual presencia de Liliana Ayalde como embajadora de EE. UU. en Brasil; pero también la figura de Michel Temer como informante de la embajada y el viaje del opositor Aloysio Nunes a suelo norteamericano el día siguiente después del golpe a Rousseff.
Liliana Ayalde fue embajadora en Paraguay durante la preparación del golpe de Estado a Fernando Lugo (2012), golpe que mantiene características similares al de Brasil, tras la fachada de juicios políticos.
Michel Temer (vicepresidente durante el Gobierno de Rousseff) fue uno de los protagonistas del impeachment y asumió como presidente, luego de que la mandataria fuese destituida de su cargo.
Este rol no es casual. Desde hacía años Temer se desempeñaba como uno de los informantes privilegiados de la Embajada de EE. UU. en el país, brindando información clave. En una de sus reuniones con miembros diplomáticos afirmó que el triunfo de Lula había generado una gran esperanza en el pueblo brasileño, pero que su gestión era decepcionante.
Advertía que Lula tenía una visión muy estrecha y que ponía demasiada atención en programas de seguridad social que no generarían desarrollo económico alguno; temía por este giro a la izquierda. También acusaba al PT de corrupción y fraude electoral –cargos similares a los que se utilizaron como pilar del golpe a Dilma–, además de sugerir quitar del poder al PT.
Al día siguiente del impeachment en la Cámara de Diputados, el senador Aloysio Nunes, del PSDB (principal partido opositor) y una de las figuras clave en el impeachment que se haría en el Senado, fue a EE. UU. por tres días.
Nunes apoyó con su presencia las primeras manifestaciones en Sao Paulo contra el resultado a favor de Dilma Rousseff en las urnas, acusando al PT de fraude. En su viaje, autorizado por Temer (una especie de “visita oficial” por entonces) se reunión con Bob Corker y Ben Cardin del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
También se hizo un tiempo para ver al exembajador de EE. UU. en Brasil, Thomas Shannon, y comer con el lobby del grupo empresarial Albright Stonebridge, dirigido por la exsecretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright y por Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de George Bush y ex CEO de Kellogg.
Los golpes en Venezuela
Las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Venezuela y de EE. UU. han sido conflictivas desde el triunfo de la Revolución Bolivariana. Esto ha provocado la ruptura de relaciones en varios momentos, con lo cual la respectiva representación diplomática se ha mantenido al mínimo y, desde 2010, no ha habido intercambio de embajadores.
Esto significa que los planes golpistas de EE. UU. se coordinaron y ejecutaron directamente desde Washington. Aun así, destacan algunos momentos de la injerencia in situ con participación de las embajadas:
Tras las denuncias de Hugo Chávez de los bombardeos estadounidenses sobre población civil afgana en octubre de 2001, la entonces embajadora estadounidense en Caracas, Donna Hrinak, fue llamada a consulta desde Washington y regresó con un mensaje desafiante y amenazador contra el presidente Chávez.
Se rompieron las relaciones hasta marzo de 2002, cuando llegó a Caracas el nuevo embajador, Charles Shapiro, con experiencia en el Chile de Allende y en la Centroamérica de los ’80.
En abril de 2002 Chávez sufrió un golpe de Estado respaldado por EE. UU. Casi dos décacas después, en el último intento de golpe iniciado en enero de 2019 contra Nicolás Maduro, liderado por Juan Guaidó, se produjo un episodio inaudito de injerencia y vulneración de la soberanía nacional que compete a las embajadas, aunque en territorio estadounidense.
La Embajada de Venezuela en Washington fue hostigada durante semanas y finalmente allanada por la policía estadounidense, para entregársela a los representantes de Guaidó.
El golpe que sigue activo en Bolivia
La Embajada ha sido históricamente activa (injerencista) en la vida política boliviana, siendo el momento culminante el intento de golpe cívico-prefectural en 2008, que derivó en expulsión del embajador Philip Goldberg.
Destacan, por ejemplo, vínculos de la embajada con miembros del Comité Pro Santa Cruz como Rubén Costas y Branko Marinkovic. En la coyuntura del 21F se han denunciado reuniones entre el entonces encargado de Negocios de la Embajada, Peter Brennan, y el director de Inteligencia durante el Gobierno del MIR, Carlos Valverde (detenido por narcotráfico y quien lanza por primera vez las denuncias que se articulan en el llamado “Caso Zapata”).
En noviembre de 2017, poco antes de concluir sus funciones en Bolivia, Brennan se reunió con Carlos Mesa. Según ambos, se trató de una visita de “cortesía”, para la presentación de nuevos funcionarios de la Embajada. El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, denunció que el encuentro rompía con los lineamientos de la Convención de Viena, que determina que la despedida o presentación de funcionarios debe hacerse en la Cancillería.
Consumado el golpe, Erick Foronda Prieto, periodista boliviano que trabajó durante más de 20 años en la oficina de prensa de la Embajada en La Paz, pasó a ocupar el cargo de secretario privado de la presidenta de facto, Jeanine Añez.
El tipo de actividades realizadas desde la Embajada coincide con los mecanismos e incluso los objetivos de los operativos encubiertos, comúnmente asociados al espionaje ejecutado durante la Guerra Fría. Como se lee en los primeros documentos que dieron forma a la institucionalización de la CIA, estos operativos implican embajadas y operativos encubiertos.
Las acciones enumeradas, realizadas en el marco de las embajadas estadounidenses no sólo pueden ser comprendidas como actos de espionaje, sino también como operativos encubiertos.
A inicios de la Guerra Fría, en el contexto de conformación del Estado de Seguridad Nacional en EE. UU. se organizó el aparato de inteligencia y se definió (entre otras cuestiones) el propósito y alcance de las operaciones encubiertas.
Actualmente, se advierten al menos cuatro tipos de acciones encubiertas: acciones políticas, acciones económicas, propaganda y acciones paramilitares.
El modo en que operan diplomáticos de la Embajada de EE. UU. en procesos de desestabilización política y económica que, en algunos casos, como los mencionados, terminan en golpes de Estado, podría ser considerada parte de operativos encubiertos, en particular en el tipo de operativo centrado en acciones políticas (que implica actividades variadas que van desde apoyo financiero a grupos opositores hasta la creación de grupos insurgentes).
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