Emblemática perito del caso Matute alega despido irregular de Gendarmería

El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción dio curso a una demanda laboral presentada en contra del Estado por la ex asesora en materia de ADN de Gendarmería, Shirley Villouta, quien fue desvinculada de la institución penitenciaria a mediados de 2015.

Villouta es conocida por el papel que jugó en investigaciones de connotación pública, como el caso de Luciano Pitronello, donde cuestionó la calificación “terrorista” del explosivo que manipuló el joven, y también el caso Matute, al hallar tres muestras de sangre en los cimientos de la discoteca “La Cucaracha”, perteneciente al médico y arquitecto Bruno Betanzo, en 2002.

La perito bioquímica especializada en materias de ADN, quien trabajaba como asesora a honorarios en Gendarmería, puso en conocimiento de un juez laboral su abrupta desvinculación del ente a pocos días de asumir en el cargo el actual director Tulio Arce.

En un libelo presentado a la justicia penquista, Villouta relata que en junio del año pasado la llamaron a la oficina del jefe de gabinete de Arce, José Maldonado, quien le informó que el Director Nacional se había percatado de la existencia de una “sobrecontratación” de cerca de 70 funcionarios, y que haciendo uso de sus facultades había empezado a desvincular a algunos profesionales.

“Se me señala que comenzará la tramitación en Contraloría de mi desvinculación, y que todavía tengo unos meses hasta que me notifiquen (…) me dicen además que me avisan con tiempo, para que pueda reinventarme”, afirma la perito.

Contrapuesta con la documentación acompañada por la ex funcionaria, la decisión de poner término a su relación con Gendarmería no sería coherente. Esto porque existirían sólo dos profesionales con los conocimientos necesarios en ADN al interior del servicio, tal como señala el abogado Claudio Sandoval Cárcamo, Jefe de Control Penitenciario del Biobío.

En un informe sobre el desempeño de Villouta, éste concluye que “por su personalidad disciplinada y perseverante por lograr los objetivos institucionales… (la funcionaria) resulta indispensable para el desarrollo institucional”.

Según la autoridad penitenciaria de Concepción, el aporte de Villouta deja “en un muy elevado nivel ante las otras instituciones a Gendarmería de Chile, por ello su ausencia en esta área (de ADN) significaría un estancamiento y retroceso en todo lo logrado”.

Más adelante, Villouta defiende la impecabilidad de su carrera en Gendarmería, citando su rol de programadora, coordinadora y expositora en una serie de capacitaciones a nivel nacional realizadas entre enero de 2011 y diciembre de 2013, que buscaban potenciar el Sistema Nacional de Registros de ADN del Ministerio de Justicia, creado por la Ley 19.970.

Es así como, cuando el proceso comenzó, existían sólo 120 registros en la base de datos y “al dejar mi trabajo como coordinadora nacional de ADN, ya se habían realizado 25 mil registros en la base de datos”, sostiene.

El tribunal estimó procedente el recurso de la ex funcionaria de Gendarmería, ya que en un fallo sin precedentes en la jurisprudencia chilena, la Corte Suprema, en abril de 2014, señaló que los trabajadores del sector público sí tienen derecho a recurrir vía procedimiento de tutela, contrario a lo que tradicionalmente se venía sosteniendo en materia de competencia.

Lo anterior dado que el Estatuto Administrativo no contempla normas o procedimientos especiales para la protección de los derechos fundamentales de los empleados públicos, y la Contraloría sólo se limita a analizar los vicios o defectos de los actos administrativos.

Ante una consulta realizada por este medio, el Departamento de Comunicaciones de Gendarmería insistió en que el término de contrato de Shirley Villouta se dispuso “en atención a que sus servicios ya no son necesarios para la Institución”.

El ente agregó que “la dirección nacional, haciendo uso de sus facultades y atribuciones, puede poner término (al contrato) en cualquier época precedente a su vencimiento, sin que para ello se requiera una especial fundamentación o la aceptación del funcionario de esta determinación”.

EL EPISODIO MATUTE

Cabe mencionar que en 2003, Shirley Villouta presentó otra demanda contra el Fisco por su irregular expulsión del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), ocurrida con posterioridad a entregar valiosas evidencias a la jueza Flora Sepúlveda, que indagaba la desaparición del estudiante sampedrino Jorge Matute Johns.

En esa ocasión, Villouta logró ganar la demanda y probar, con documento en mano, que un alto mando de Carabineros de Santiago había intercedido para obstaculizar su permanencia en la institución. Esto luego de que un peritaje del FBI sostuviera que era imposible encontrar ADN en las muestras de sangre que la perito levantó desde los escombros del local nocturno en el que Matute desapareció.

Ese peritaje en el extranjero – como reveló El Ciudadano de forma exclusiva en 2014 – fue realizado por la perito estadounidense Jacqueline Blake, quien reconoció haber falsificado más de cien informes de ADN durante su carrera, entre ellos el relativo al caso Matute.

Cuando este dato era desconocido, las cuestionables conclusiones de Blake sirvieron para desestimar la prueba aportada en tribunales por Villouta y desacreditar la hipótesis del equipo investigador del mayor Andrés Ovalle, que apuntaba a una golpiza contra “Coke” al interior de La Cucaracha.

El antecedente, que surgió a raíz de solicitud por la Ley de Transparencia norteamericana, fue entregado por este medio de comunicación a la ministra en visita Carola Rivas en noviembre de 2014.

Este fue uno de los motivos por los que la alta magistrado citó a declarar nuevamente a Shirley Villouta con el fin de recabar antecedentes sobre una posible obstrucción del Alto Mando de Carabineros para ocultar lo ocurrido con Jorge Matute.