Junto con los asesinatos de personas inocentes, una de las expresiones más perniciosas del actuar abusivo de los funcionarios policiales, básicamente de Carabineros, son las detenciones, acusaciones y encarcelamientos de ciudadanos inocentes cuyo único “delito” fue el haberse topado con los uniformados en el lugar y momento menos indicados. Acá las historias y reflexiones de cuatro de ellos sobre probablemente la pesadilla kafkiana más terrible de sus vidas.
PEDRO QUEZADA, EL DETENIDO DEL OVEROL
El 28 de marzo de 2012 funcionarios de Fuerzas Especiales (FFEE) de Carabineros sacan por el ingreso principal de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso a un sujeto con overol. Es Pedro Quezada Neculmán, estudiante de 23 años de cuarto año de Historia y Geografía en esa casa de estudios. Lo llevan ante la Justicia y lo acusan de ser el mismo manifestante que un rato antes había lanzado una bomba molotov hacia los uniformados. “Intento de homicidio” es uno de los cargos en su contra. Tienen videos de los dos momentos.
Pedro se pasará 73 días en prisión preventiva antes de que una jueza admita que existe un error evidente que la policía no ha querido reconocer: en los registros queda claro que ambas personas no visten el mismo traje.
“La detención comenzó con amenazas y manipulación de ‘pruebas’, las cuales ya tenían preparadas previamente. En la comisaría pude ver que tenían botellas y mochilas que no eran de ninguno de los detenidos, estaban aparte, ya listas. Trataron de amenazarme con ‘pasarme a Justicia Militar’ si les seguía insistiendo con ver el vídeo que habían grabado, donde según ellos salía claramente lanzando la molotov. En el proceso en todo momento intentaron que todo calzara a la medida de su relato y conveniencia y no a la de los hechos concretos y objetivos. Al final, ni con toda la parafernalia de la Gobernación, el Ministerio Público, las querellas y las declaraciones de los mismos funcionarios que participaron en mi detención, me pudieron inculpar; más aún, cuando fueron sus propias contradicciones las que terminaron por descartar los cargos en mi contra”, recuerda hoy Quezada.
Y es que fueron justamente los registros audiovisuales presentados por Carabineros los que Rodrigo Román, el abogado de la Defensoría Popular que representó al estudiante, exhibió en la audiencia en donde se logró su libertad con el objetivo de demostrar que los protagonistas de los dos videos tenían una contextura física distinta, calzaban zapatillas de colores diferentes, que había ausencia de guantes en las manos de Quezada al momento de su detención y que las huinchas de embalaje en su overol no las usaba el sujeto que lanzó la bomba a los funcionarios de FFEE.
“Asumí la prisión como parte del riesgo que se corre estando en la lucha, convencido de mis ideas, pensamientos y acciones, que son necesarios para crear y construir cambios. Estando preso vi y viví cosas que probablemente nunca vuelva a experimentar fuera de ésta. Es una experiencia que creo jamás olvidaré y estaré constantemente sacando lecciones de ella”, reflexiona Pedro sobre su privación de libertad. Y agrega: “Me sirvió para asumir y reafirmar mis convicciones de que esta sociedad, con muchos matices fascistas, se niega a morir y asumir su derrota generacional, y que por lo mismo todas, todos y todes, jugamos un papel fundamental al organizarnos y asumir las responsabilidades que significa combatirle”.
VÍCTOR HUGO MONTOYA, PERSEGUIDO POR SU ESTILO DE VIDA
Un total de 16 meses estuvo en prisión preventiva Víctor Hugo Montoya. Carabineros se querelló en su contra acusándolo de haber colocado un artefacto explosivo en el retén Las Vizcachas en febrero de 2013. Entonces tenía 23 años. “Una querella infundada, siempre en base al prejuicio -por mi ideas y posturas políticas, además de mi estilo de vida (N.del:R: vegano y straight edge) y el entorno en el cual me desenvuelvo- y con una total falta de seriedad a la hora de argumentar y sustentar su acusación en mi contra”, apunta el relacionador público respecto a dicha acción legal en su contra, a la cual se sumaría después el uniformado que resultó lesionado con el bombazo. “Probablemente lo hizo bajo la presión de la Fiscalía y de su misma institución”, cree Montoya.
Cabe recordar que tras su detención la policía llegó hasta el hogar en donde vivía con sus padres para allanarla, y luego de dar vuelta su pieza se llevan -entre varios otros artículos personales- el libro “La moral anarquista”, folletos de tocatas, documentos alusivos al Caso Bombas, una bufanda con un bordado que decía vegan straight edge y un disco de la banda punk Coche Bomba. “¡Su hijo es anarquista!”, le dijo uno de los agentes a Lidia, su madre. “Mi hijo es vegano”, le aclaró ella. “Pero es lo mismo po”, remató el hombre.
Cuatro años y ocho meses han pasado desde que fuera absuelto por segunda vez. “No he podido conseguir un trabajo estable, lo cual me ha dificultado poder llevar a cabo mi vida con normalidad. Tengo una hija de 3 años y claramente se hace pesado al no poder conseguir un sustento fijo, sólo manteniendo pegas informales”, advierte el joven relacionador público.
En ese sentido, plantea que aun habiendo sido absuelto de todo cargo, su “historial” en Internet se ha traducido en acciones en su contra que han coartado su libertad, impidiéndole por ejemplo salir del país.
Víctor Hugo sostiene que lo vivido no ha hecho más que reforzar su negativa visión de los funcionarios policiales y de “su institución basura”, así como su convicción de que “el Estado tiene la facultad de hacer lo que le plazca con la gente sin apellido y sin cargos importantes dentro de sus jerarquías impuestas”.
En este contexto, tal como sostuvo el también encarcelado Pedro Mendoza, Montoya cree que tras una experiencia como la que vivió “lo único que creo que se debe hacer es hacerse más fuerte, más frío y más determinado; de otro modo consiguen su cometido de intimidar y oprimir mediante el castigo traumático y su adoctrinamiento de shock”.
JORGE MATELUNA, UNA “INJUSTICIA ABERRANTE”
El caso de Jorge Mateluna (45) está definitivamente entre los más kafkianos del último tiempo. El 17 de junio de 2013 fue detenido por funcionarios de Carabineros y acusado de haber participado de un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel minutos antes. Tras un juicio plagado de escandalosas irregularidades y mentiras, en 2014 fue condenado a 16 años de prisión.
Entre los antecedentes que hacen de este proceso una verdadera pesadilla judicial, destaca por ejemplo que fue sentenciado aun cuando dos de los cuatro asaltantes detenidos que confesaron su participación en el atraco descartaron que Mateluna haya estado involucrado en el hecho. Uno de ellos, Alejandro Astorga, dijo expresamente que Jorge “no participó ni en las reuniones previas ni en la ejecución del robo”.
Por otra parte, durante el proceso en su contra tuvo lugar un hecho extremadamente grave cuando en medio de una ronda de reconocimiento de los supuestos asaltantes, un testigo -como quedó registrado en un video difundido profusamente- reconoció al aludido Astorga como uno de los participantes en el atraco, sin embargo, el mayor de Carabineros Juan Muñoz Gaete consignó en el informe entregado al tribunal que dicha persona había identificado a Jorge Mateluna.
“Llegamos a la conclusión de que acá había una injusticia aberrante”, señaló el abogado Davor Harasic, quien en su calidad de rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se integró a la defensa de Mateluna. La afirmación la realizó el día de los frustrados alegatos ante la Corte Suprema a fines de 2018, donde se buscaba que se revisara el proceso que lo condenó. El máximo tribunal no accedió a la petición, aun cuando se presentó un contundente informe pericial elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones que -apuntó el jurista- “dice que Jorge no participó en el robo, que no ingresó a la sucursal, que no estuvo en la sucursal, que no salió de la sucursal y que por lo tanto no participó”.
La razón de la condena contra Jorge no obstante todas las pruebas que lo exculpan, es a su juicio una sola: su calidad de ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Fue ese antecedente el que llevó a concluir a los carabineros que lo detuvieron que no había duda de que él era uno de los asaltantes del banco.
“Me condenaron por mi pasado y tienen a una persona inocente en prisión hace más de cuatro años. La única explicación que me queda es que ellos (los jueces) también se prejuiciaron con este tema y entendieron que yo siendo un ex frentista tenía participación sí o sí en el delito. De otra manera, no entiendo la cantidad de errores que tiene el fallo”, declaró el propio Mateluna en mayo de 2018 al programa Informe Especial de TVN desde la Cárcel de Alta Seguridad donde se encuentra recluido.
LUIS GONZÁLEZ, LA PESADILLA DE UN INOCENTE
El estudiante y trabajador Luis González Valdivia (20) pasó 19 días en prisión preventiva luego de ser acusado como uno de los manifestantes que el 31 de mayo pasado quemaron un bus del Transantiago. Quedó con firma mensual mientras dure la investigación en su contra. Tanto él como su familia alegan absoluta inocencia. Aseguran que existen las pruebas para demostrar que el joven no tuvo participación alguna en los hechos de los que se le acusa, entre ellas videos, mensajes de WhatsApp y el registro del uso de su tarjeta de movilización durante aquella jornada. Simplemente pasó por el sector donde se había realizado la protesta, a la altura de Metro Salvador, cuando venía de realizar algunas compras en el mall Costanera Center.
Por ser el estudiante todavía sujeto de un proceso en su contra, es su madre, Ivonne Valdivia, quien habla con El Ciudadano para este especial y afirma de forma rotunda que Luis “es inocente”. “Ha sido terrible. Mi hijo está con psicólogo, con psiquiatra, le da miedo salir a la calle -gustaba mucho de caminar y ahora ya no-, le tiene terror a los carabineros”, alcanza a decir la mujer antes de que se le quiebre la voz.
“Yo pasé 19 días sin dormir, sin comer. Fueron 7 días en los que no supe nada de él”, relata Ivonne, quien recuerda que en la primera visita que pudo tener con Luis lo encontró lleno de picadas.También se enteraría luego de que su hijo durmió 11 días en un suelo de cemento húmedo.
El padrino de Luis es suboficial retirado de Carabineros. El primo de su madre es carabinero y el hermano trabaja con la institución uniformada. “Yo tengo amigos carabineros. Confiaba totalmente en ellos, ahora no. Se me cayeron totalmente; yo sé que no todos son iguales, pero el procedimiento que hicieron con mi hijo estuvo mal. Ellos lo tomaron y lo acusaron de algo que no sabían si lo había hecho o no”, espeta la mujer.
Es tan categórico el convencimiento de la inocencia del joven por parte de su madre que sostiene que quieren llegar hasta el final del proceso. “Ellos (Carabineros y la Fiscalía) ya saben que mi hijo es inocente. Yo no voy a permitir que cierren el caso antes. Quiero que en el juicio muestren todas las supuestas pruebas que tienen en su contra”, señala.
En ese sentido, se muestra confiada y profundamente agradecida del trabajo realizado en favor de Luis por los abogados de la Defensoría Penal Pública, Rodrigo Barrera San Martín, Octavio Sufán y Andrea Lema.
Cabe recordar que el mismo día en que se arrestó a Luis González, también fue detenido el fotógrafo Claudio Zúñiga, acusado igualmente de la quema del bus del Transantiago. Luego de 35 días en prisión preventiva, fue liberado a la espera de la investigación en su contra. “También es inocente”, asegura Ivonne, quien en el marco de esta pesadilla judicial ha podido conocer a los padres del joven reportero.