Moscú adelantó ante la Asamblea General que tiene previsto presentar una propuesta oficial para plantear «qué hacer con la sede de la ONU», en la cual valora como opción la posibilidad de que se traslade a una ciudad rusa como Sochi
La 74° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se celebró esta semana en su sede ubicada en Nueva York. En medio del evento, el Gobierno del Donald Trump anunció varias medidas de prohibición de entrada a suelo estadounidense a funcionarios de Irán, Rusia y Venezuela, incluyendo algunas que se extienden también a familiares de los afectados.
Se trata de una nueva muestra de abuso de poder por parte de la administración estadounidense, que niega la concesión de visas a funcionarios y diplomáticos de países que considera “enemigos” de la Casa Blanca, aprovechándose del hecho de que la sede del organismo multilateral queda dentro de sus fronteras.
La decisión, por supuesto, causó malestar en los gobiernos de los tres países afectados, que aunque son grandes aliados políticos y económicos, cada uno reaccionó de distintas maneras.
En el caso de Moscú, propuso cambiar la sede del organismo mundial; Caracas advirtió que su delegación oficial sí asistiría para presentar “la verdad de Venezuela”, aunque otra parte no pudiera acudir; y Teherán comunicó que evaluaría algunas medidas como respuesta.
Chávez lo advirtió en 2005
El 15 de septiembre de 2005, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se presentó en Nueva York para participar en la 60° Asamblea General de la ONU. Su discurso, controvertido como su verbo, generó aplausos entre los presentes, aunque molestó al país anfitrión.
En aquella ocasión, Chávez exhortó a la refundación de las Naciones Unidas, un ente cuyo agotado modelo reclamaba cambios profundos y no una simple reforma, si se deseaba cumplir realmente con las metas del milenio establecidas en el año 2000.
Grosso modo, planteó cuatro reformas urgentes e irrenunciables: 1) la expansión del Consejo de Seguridad tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes; 2) la necesaria mejora de los métodos de trabajo para aumentar la transparencia y no para disminuirla; 3) la supresión inmediata del veto en las decisiones del Consejo de Seguridad; y 4) el fortalecimiento del papel del Secretario General, sus funciones políticas.
Sin embargo, la propuesta que incomodó a la Casa Blanca -George W. Bush se sentaba en la Oficina Oval para ese año- fue que la sede de la ONU saliera de Estados Unidos, especialmente si continuaban las violaciones a la legalidad internacional por parte de Washington.
“Hoy sabemos que nunca existieron armas de destrucción masiva en Iraq, el pueblo estadounidense siempre ha sido muy riguroso con la exigencia de la verdad a sus gobernantes, los pueblos del mundo también: nunca hubo armas de destrucción masiva y sin embargo, y por encima de Naciones Unidas, Iraq fue bombardeado, ocupado y continúa ocupado”, recordó Chávez.
Seguidamente, propuso que “Naciones Unidas salga de un país que no es respetuoso con las propias resoluciones de esta Asamblea General (…) Por eso, traemos aquí otra propuesta, anclada en la Carta de Jamaica, que escribió Simón Bolívar, el gran Libertador del Sur, en Jamaica, en 1815, hace 190 años. Ahí propuso Bolívar la creación de una ciudad internacional que sirviera de sede a la idea de unidad que planteaba”.
“Creemos que ya es hora de pensar en la creación de una ciudad internacional ajena a la soberanía de ningún Estado, con la fuerza propia de la moralidad de representar a las naciones del mundo, pero esa ciudad internacional tiene que reequilibrar cinco siglos de desequilibrio. La nueva sede de Naciones Unidas tiene que estar en el Sur, ‘¡El Sur también existe!’, dijo Mario Benedetti. Esa ciudad que puede existir ya, o podemos inventarla, puede estar donde se crucen varias fronteras o en un territorio que simbolice al mundo, nuestro Continente está en disposición de ofrecer ese suelo sobre el que edificar el equilibrio del universo del que habló Bolívar en 1825”, detalló Chávez.
De vuelta al presente
Hoy, 14 años después de aquel discurso tan apegado a la realidad que ofreció Hugo Chávez, se hace mucho más necesario el cambio de sede de un organismo que Estados Unidos pretende utilizar a su conveniencia cuando así lo beneficia, y que cuando no se alinea a sus intereses hegemónicos decide obviarlo, violarlo, irrespetarlo e invisibilizarlo.
Ya no es solo Irak, es la protección de un Estado genocida como Israel, son las invasiones militares a Siria, Yemen, Irak y Afganistan, las continúas sanciones unilaterales contra países libres, democráticos e independientes como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, México, China, Rusia, Irán y algunos europeos, las cuales terminan afectando seriamente a los pueblos; así como también las constantes violaciones al derecho internacionales y los crímenes de lesa humanidad que acomete alrededor del mundo.
Rusia retoma la propuesta
El Gobierno de Trump decidió no emitir visas a decenas de funcionarios y diplomáticos rusos que tenían previsto asistir a la Asamblea General de este año en Nueva York.
Entre los afectados destacaron el jefe de la agencia espacial Roscosmos, Dmitri Rogozin; el responsable del Comité de Relaciones Internaciones de la Duma Estatal, Leonid Slutski; el senador Konstantín Kosachov; varios intérpretes y otros participantes en la conferencia sobre el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares; según reseñó Actualidad RT.
Tras el anuncio, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, prometió que Moscú daría una “respuesta contundente” al comportamiento de Washington.
Así es como el Gobierno de Vladimir Putin informó que presentaría una propuesta oficial para plantear «qué hacer con la sede de la ONU» y, en seguida, ofreció la opción de que se traslade a una ciudad rusa como Sochi, que «se las habría arreglado sin asperezas» para oficiar la Asamblea General.
De acuerdo con Actualidad RT, Lavrov lamentó que la llamada «exclusividad» de EE. UU. derive en actitudes que no corresponden al derecho y las prácticas internacionales, porque los estadounidenses «creen que pueden hacer lo que les dé la gana, mientras el resto debería hacer solo lo que ellos les permiten».
En tanto, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, detalló que su país realizó los trámites requeridos para que la misión diplomática estadounidense revisara cada solicitud dos meses antes de la fecha prevista del viaje y la documentación presentada fue marcada como «de entrega temprana».
Según Actualidad RT, Zajárova recordó que Moscú emitió unas 200 visas para la delegación estadounidense que acompañó al secretario de Estado, Mike Pompeo, cuando visitó Sochi en mayo pasado, e insistió en que este «acto de negligencia» de Washington se convertirá en «el tema central» de futuros encuentros oficiales entre ambos gobiernos.
Venezuela no claudica
Las nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos están contenidas en dos declaraciones firmadas por Trump, y son simplemente un incremento de la presión contra el gobierno legítimo y constitucional de Nicolás Maduro, a quien Trump se ha empeñado en derrocar durante todo el 2019.
La medida veta la entrada a Estados Unidos a los «miembros del régimen de Nicolás Maduro a nivel de viceministro, o equivalente, y por encima»; y se anunció en vísperas de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez emprendiera un viaje a Nueva York para intervenir en nombre del país ante la Asamblea General.
Finalmente, la Vicepresidenta venezolana, el canciller Jorge Arreaza y otros diplomáticos sí asistieron al evento multilateral sin problema alguno, al punto que Rodríguez elevó su voz en nombre del país suramericano ante el pleno de la ONU.
La agencia EFE ya había informado que previamente había consultado a un alto funcionario estadounidense sobre el tema y la respuesta que recibió fue: «la proclamación no afecta a las obligaciones del Gobierno estadounidense bajo los tratados internacionales aplicables«.
Resulta que como país anfitrión de la ONU, Estados Unidos está obligado a facilitar a funcionarios extranjeros sus desplazamientos a la sede de la organización internacional.
Incluso, en febrero pasado, la misión de Venezuela denunció que las credenciales diplomáticas de EE. UU. otorgadas a Samuel Moncada, embajador de Caracas ante la ONU, habían sido retiradas.
Este cero impuesto al diplomático fue una medida unilateral y sancionatoria que llegó justo después de su participación en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, donde Moncada confirmó que Venezuela se retiraba de ese organismo en abril, de manera irreversible.
La medida contra Moncada establece que aunque puede permanecer en territorio estadounidense como embajador, su desplazamiento se limitó a 25 millas a la redonda de la dirección del edificio sede de la ONU, ubicado en Manhattan.
El caso iraní
Con respecto a la nación persa, el portal Telemundo reseñó -citando a EFE- que el veto se aplicó a «altos funcionarios del Gobierno de Irán» y a sus familiares inmediatos.
El presidente Hassan Rohaní ya se encontraba preparando su viaje a Nueva York cuando se dictó la medida. Incluso, días después intervino ante la Asamblea General, en compañía de su ministro de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif.
Antes de partir de Teherán, la delegación iraní había advertido de la posibilidad de cancelar su viaje, debido a que las autoridades estadounidenses estaban tardando en conceder los visados necesarios.
Las medidas firmadas por Trump dan al Departamento de Estado potestad para permitir la entrada de “algunos” de estos individuos, si considera que su viaje no dañará los intereses de Estados Unidos. Al final, se permitió la entrada de unos pocos de la delegación.
El mismo dilema con la CIDH
Esta situación con la ONU no se trata de un caso aislado. Ya, en marzo de 2013, el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, planteó una situación similar con la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia dependiente de la OEA.
Esa vez, tal como lo reseña El Universo, Guayaquil albergó la primera reunión de los estados parte del Pacto de San José. En su discurso de inauguración, Correa justificó el porqué de las propuestas de reformas para la CIDH que había mencionado previamente.
Entre esas reformas destacó la necesidad de cambiar la sede del organismo, su financiamiento y la restricción de su capacidad para emitir medidas cautelares.
Incluso, Correa fue más allá y propuso que Argentina fuera la nueva sede de la Comisión y que saliera de Estados Unidos, un país que “no es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no reconoce el Sistema Interamericano, ni es firmante del Pacto de San José”.
Así, la realidad estadounidense es que sus gobiernos -sin importar el nombre del presidente- son expertos en violar el derecho internacional y en manipular los entes multilaterales a su antojo, bajo la premisa de defender su “seguridad nacional” y por los grandes financiamientos que hacen a esos organismos.
Desde la llegada de Trump al poder, Washington se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) con Rusia, del Pacto Nuclear con Irán y hasta ha amenazado con abandonar la Organización Mundial del Comercio.
El objetivo de esas decisiones es uno solo: esas legislaciones le “impiden” legalmente comportarse como el “patán” del mundo.
Al final, nadie le pone el cascabel al gato y Trump buscará en 2020 su reelección en la Casa Blanca para en esos cuatro años poder concretar sus más grandes violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos: acabar con Irán, Rusia, China y, especialmente, Venezuela, la mayor reserva petrolera del mundo.
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