«No tengo acceso a Google Earth y necesito con urgencia descargar mis puntos de terreno que he levantado con Fieldmove. Necesito hacer mi trabajo», exige un funcionario del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin) contestando a una serie de correos electrónicos emitidos por colegas que, desde los primeros días de octubre, sufren lo que textualmente señalan es una «medida arbitraria y autoritaria», propia de «la dictadura de Pinochet»: el bloqueo de acceso a internet para el personal de todo el país.
Los mensajes, revelaron fuentes de El Ciudadano, comentan la consecuencia de una solicitud sin precedentes, realizada por la jefa del área de Gestión Ambiental y Cierre de Faenas, Ana Luisa Morales, profesional que cuenta con la plena confianza del director nacional Rodrigo Álvarez, al encargado de informática Gonzalo Palet, en orden a restringir el «acceso a los funcionarios de su departamento a los medios de comunicación y webs relacionadas con sus materias».
La decisión, que en las últimas horas empezó a afectar a todos los trabajadores del servicio – exceptuando a quienes integran el círculo inmediato de Álvarez – habría pasado también por las manos de Jaime Tobar, jefe de la Unidad de Contabilidad y Presupuestos que ganó mayor poder administrativo a partir del cuestionado desmembramiento de las Direcciones Zonales de Minería, y donde actualmente seguiría trabajando Malaki Sepúlveda, ex jefa del Departamento de Propiedad Minera, esposa de un ejecutivo de SQM y nuera del renunciado embajador de Chile en Paraguay, Luis Bahamondes, quien fue vinculado a las boletas truchas de la minera no metálica.
«Sería lamentable que las autoridades políticas progresistas lideradas por un militante del partido que fue creado para ganar mediante las urnas a la dictadura hoy esté aplicando los mismos métodos del terror», versa uno de los correos que El Ciudadano revisó y que refleja solo una de las quejas dirigidas al PPD Rodrigo Álvarez.
Otro funcionario manifiesta por la misma vía: «me parece impresentable e insostenible que, además, a esta hora, nos hayan bloqueado Google. Me pregunto ¿cuál es la idea? ¿Por qué tantas limitantes a nuestra libertad? ¿Qué sigue, nos bloquearán el correo institucional para que no podamos discutir sobre el tema que nos convoca desde ayer? Tengo muchas amistades en Ministerios y Servicios Públicos y les comenté esta medida y la respuesta fue solo una, ‘es una medida ridícula'».
Uno de ellos calificó de «contraditorio» que «a través de canales institucionales, como por ejemplo comunicaciones, se invite a ver algunos links, videos, entre otros, y uno entre a esto y se encuentre bloqueado».
Algunos, en tanto, mencionaron las dificultades para entrar a páginas web de sismología y metereología, entre otras elementales para desempeñar sus labores. «Estimad@s: Debido a que no podemos buscar en Google, ¿alguien tiene el link directo para poder ver el Artículo Nº18 del Decreto Nº40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente? Estoy revisando unos EIA y no puedo hacer mi trabajo», expresaron con molestia en el intranet.
Desde el norte reaccionaron: «tenemos bastantes inconvenientes organizando nuestra logística para no toparnos con traficantes en nuestra área. En este sentido, utilizamos información policial para conocer sobre el estado de las rutas… ¿cómo se supone que nos informemos de cualquier eventualidad al respecto? De más está decir sobre eventualidades geológicas (terremotos, aluviones, remociones en masa, etc.) en el área de estudio.»
«Internet y el acceso a la información ¡¡Es una herramienta de trabajo!! Nuestras labores por esencia se distribuyen a lo largo de todo el país, y es esencial que desde nuestras oficinas estemos al tanto de lo que allí ocurra. Nuestro trabajo como organismo público es al servicio de la gente, y finalmente es la opinión pública que rige las mareas de las políticas públicas. Estoy seguro que la ciudadanía prefiere que sus funcionarios sean personas informadas acerca del quehacer nacional», dijo el enésimo afectado.
«Solicitamos a nuestras autoridades actúen con responsabilidad y recapaciten ante esta campaña de censura. ¿Qué sigue? ¿Bloqueo del correo? ¿Relegaciones? ¿Quema de libros o mapas?», señaló otro.
Ana Luisa Morales, en carta a todos los funcionarios repartidos a nivel nacional, calificó de infundadas las recriminaciones en su contra, y explicó la medida con lo siguiente: «Aclaro que el acceso de internet, tiene como objetivo complementar el trabajo para el cual el funcionario es contratado. El problema radica cuando un grupo de funcionarios abusa de estos beneficios. En el equipo de nivel central de GA y CF existen funcionarios que navegaban todo el día en Facebook, LinkedIn, la bolsa de valores, diarios, etc. Como jefatura me corresponde velar por el trabajo del equipo, que los funcionarios a cargo realicen la labor por la cual se les contrata, y es justamente eso, lo que he hecho.»
Sin embargo, en Sernageomin provoca ruido que el bloqueo de las páginas web haya ocurrido justo después de que este medio informara sobre una «caza de brujas» en el organismo, término usado por fuentes que dieron a conocer la existencia de denuncias en curso ante la Contraloría General de la República por eventuales irregularidades en la fiscalización de proyectos de la gran minería, vinculados a Angloamerican y otras empresas.
Por mencionar un ejemplo, en la edición Nº 191, El Ciudadano contó detalles de una reunión secreta que enajenó de la revisión del Plan de Cierre 2014 de Pelambres al ingeniero Héctor Tapia, de la Dirección Zonal de Minería Centro/Sur. Ello permitió cambiar ciertos compromisos que se habían tomado para mitigar el impacto de las faenas del Grupo Luksic una vez concluida la explotación del metal rojo desde el punto de vista ambiental.
En la cita con representantes de la minera, llevada a cabo el 11 de febrero de 2015 en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente de Sernageomin, sin Ley de Lobby, participó Ana Luisa Morales, protagonista de la orden restrictiva que mantiene la oscuridad virtual de los funcionarios. La maniobra generó desconcierto, porque la salida de Tapia no pasó por las manos de Gabriel Barraza, superior del ingeniero, quien había requerido a la empresa una aclaración del plan al observar que entregó información incompleta.
Luego del reemplazo, la propuesta final de Pelambres, hecha llegar tras una prórroga de 40 días, no apuntó al retiro completo de la faena, sino al abandono de elementos en el mismo lugar, explicando ambiguamente su promesa de reforestación del área.
De Ripley, tal como informara este diario digital el 30 de septiembre, el director nacional Rodrigo Álvarez eliminó, a través de la Resolución Exenta Nº 2004 del día 23 de ese mes, las zonales de Minería Norte y Centro/Sur, bajando su categoría a la de una “Unidad de Evaluación de Grandes Proyectos”, supeditada al Departamento de Seguridad Minera y Fiscalización.
La decisión quitó el piso a un sector que ha rechazado – alegan – la permeabilidad de una labor estrictamente técnica a influencias externas, como la que asomaría al leer los intercambios electrónicos entre Morales, quien está facultada para subrogar en ausencia al subdirector de Minería, y Gustavo Possel, vicepresidente de Medioambiente de Antofagasta Minerals de Luksic, a quien pidió consejos para entender los resultados de un informe de SGS que descartaba contaminación del botadero Cerro Amarillo de Pelambres en Argentina, cuya justicia imputó delitos con pena de cárcel a tres gerentes de AMSA.
Los datos del documento en cuestión, pagado por Luksic, fueron exhibidos posteriormente en láminas oficiales del Ministerio de Minería como propios de Sernageomin. El asunto fue indagado en el contexto de un sumario administrativo en dicha cartera, abierto a raíz de la extensión de una carta de «buena fe» a Pelambres, para ser usada en la justicia argentina, por el jefe de gabinete de la ministra Aurora Williams, y terminado solo con una sanción a ese funcionario.
Rodrigo Álvarez, quien a fines de 2015 publicó un saludo de cumpleaños del empresario Andrónico Luksic a su persona en redes sociales, registro que luego borró, estaría buscando proyectar su carrera política llenando un cupo parlamentario del PPD en la Región de Aysén. Ello pese a las acusaciones de hostigamiento laboral que arrastra. La más última: una supuesta distribución discriminatoria de estacionamientos fiscales, ocupados mayormente por vehículos particulares de altos directivos.
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