España ha sido uno de los países más afectado por la pandemia de coronavirus, al registrar hasta este martes 12 de mayo más de 230 mil casos positivos y 27.000 muertes.
La profunda crisis ocasionada por el COVID-19 ha tenido repercusión social y económica en la nación europea, pero también un impacto político y judicial, ya que los juzgados comienzan a acumular cientos de demandas de ciudadanos que reclaman, tanto a la Administración central como a las autonómicas, que les indemnicen por los posibles daños causado por la gestión de la pandemia.
En las últimas semanas, el Tribunal Supremo ha recibido 16 querellas o denuncias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diversos ministros y otros altos cargos, por su posible responsabilidad penal en la gestión de la crisis sanitaria.
Sin embargo, este lunes más de 3.260 personas que han perdido a familiares por el coronavirus presentaron ante el máximo tribunal una demanda contra Sánchez, los 22 vicepresidentes y miembros del Consejo de Ministros, por el «presunto delito de homicidio por imprudencia grave» al “haber permitido por acción o por omisión” la extensión de la pandemia y el virus que ha acabado con la vida de sus allegados.
La querella, en la que están implicados once abogados de diferentes puntos de España, fue presentada la Sala Segunda del Supremo contra todos los integrantes del Consejo de Ministros como “presuntos responsables criminalmente de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave”.
En concreto, la querella representa a 3.268 personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del Sars-Cov-2, aunque hasta ahora solo se han presentado 116 familias, «dado que las restantes no han podido obtener» el Certificado Médico de Defunción necesario para poder acreditar la muerte de los familiares, y las causas del óbito, reseñó El Confidencial.
La demanda fue interpuesta ante la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, por ser “el órgano competente para la instrucción de la causa» de acuerdo con lo establecido la Constitución Española.
La acusación presentada plantea que las muertes se debieron al “vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados, en cuanto a integrantes del Consejo de Ministros y, por tanto, responsables de las obligaciones inherentes al Gobierno de la nación española”.
En el texto se hace referencia «la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta» por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus.
Respuesta tardía e ineficiente
La ofensiva judicial contra el Ejecutivo abarca no solo las actuaciones realizadas durante el estado de alarma, sino también aquellas actividades anteriores al confinamiento, cuando llegaron los primeros ecos de la propagación de la pandemia global.
Para promover la actuación judicial, los demandantes sostienen que el pasado 30 de enero la Organización Mundial de a Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus constituía una emergencia de salud pública de importancia Internacional, “pero el Gobierno de España hizo caso omiso, ocultando cualquier información a los ciudadanos sobre dicha emergencia”.
«El Gobierno conocía a finales de febrero el riesgo para los ciudadanos, pero decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas«, señala el documento.
El virus, según se refleja en la querella, “comenzó a propagarse exponencialmente por nuestro país y, a finales de febrero se habían detectado ya 32 casos de contagio, sin que el Gobierno hubiera adoptado medida alguna de prevención, durante más de un mes desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la OMS y, más bien al contrario, negando su propagación”.
Para los familiares de las víctimas del COVId-19, el Gobierno español no acordó la adopción de ninguna medida que «evitara o minimizara la propagación exponencial de la enfermedad y el riesgo de contagio» permitiendo que se «siguiera llevando una vida ‘normal’, sin recomendaciones de qué hacer ante la situación que se avecinaba y que otros países ya estaban sufriendo”.
Denunciaron, además, que fue el 12 de marzo cuando, «arrollados ya por los acontecimientos y sin duda con mucho retraso, que los integrantes del Gobierno decidieron adoptar las primeras medidas preventivas contra el coronavirus, como el cierre de los colegios y universidades a nivel nacional, que incluso habían aplicado con antelación diversas comunidades autónomas.
Según los demandantes, luego de decretar el estado de alarma el 14 de marzo, el Gobierno español “tampoco adoptó las necesarias medidas de protección del personal sanitario, fuerzas de seguridad del estado y otros agentes implicados en la protección y la sanación de las personas afectadas, hasta el punto de que se produjo una escalada brutal de contagios y fallecimientos».
Esto condujo a que España se situara»a la cabeza mundial del número de víctimas mortales y contagiados en proporción al número de habitantes, y también a la cabeza mundial en cuanto a número de profesionales sanitarios contagiados”.
Decisiones contradictorias y corrupción
En la querella, los denunciantes condenan que la respuesta tardía a la emergencia sanitaria ha estado continuamente «trufada de decisiones y ordenes verbales contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus», reseñó The World News.
También se hace referencia a que “aparentemente» se han gestionado adquisiciones fraudulentas de material sanitario de utilización en el diagnóstico de la enfermedad (test), material de prevención de contagio y protección de las personas implicadas (mascarillas), «favoreciendo presuntamente el enriquecimiento de entidades o personas relacionadas con el Gobierno«.
Además de los familiares de las víctimas, sindicatos empleados públicos, de trabajadores de la salud, abogados y de consumidores también han denunciado la mala gestión de la crisis y la falta de transparencia por parte del Gobierno y sus funcionarios.
Denuncias contra autoridades locales
Pedro Sánchez y su equipo no son los únicos demandados. Según medios españoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Escudero, así como diez directores de residencias de la región, han sido acusados de cometer «delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio».
En la capital española se han registrado más de 64.000 casos y 8.700 muertes.
Europa Press informó que la querella contra Díaz Ayuso plantea que la crisis provocada por el COVID-19, de la cual ya se tenía conocimiento «por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid«.
Por su parte, familiares de personas mayores recluidas en residencias, agrupadas en el movimiento Marea de Residencias, presentaron una querella criminal colectiva contra los dueños y responsables de estos centros ubicados en la capital española.
En otras provincias y comunidades, como Valencia y Galicia, también se han registrado denuncias contra autoridades locales y centros de residencias por presunta negligencia, homicidio imprudente y lesiones.
Demandas en Italia
Junto con España, Italia es el país más afectado por la pandemia de COVID-19 en Europa, por lo que los municipios y hospitales ubicados la región del norte están preparándose para una gran cantidad de demandas presentadas por familiares de víctimas que exigen compensación por presuntos errores de tratamiento, negligencia y desinformación.
Cientos de familiares de víctimas de coronavirus en Lombardía, la región más afectada, culpan a las autoridades de ofrecer una respuesta inadecuada y tardía a la crisis sanitaria que ha dejado al menos 30.000 muertos en la nación europea.
Asimismo, los negocios y comercios que debieron cerrar sus puertas por la cuarentena que fue impuesta por los gobiernos nacional y locales también están considerando presentar reclamos legales por presuntas fallas para evitar la propagación del virus mortal.
Entre las quejas de los comerciantes se encuentra que las restricciones no se aplicaron de manera uniforme, ya que algunos establecimientos pudieron permanecer abiertos y trabajando.
Los fiscales también estudian el caso de hogares de ancianos como el de Pio Albergo Trivulzio, en Milán que se ha convertido en el foco de una investigación de homicidio por su negligente manejo de la pandemia, que cobró la vida de más de 200 residentes.
En América Latina no se han registrado demandas de este tipo, pero el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acumula por lo menos 24 solicitudes de destitución.
Estas solicitudes podrían aumentar exponencialmente, ya que el Mandatario ultraderechista ha tenido sucesivos escándalos por el manejo de la crisis del coronavirus, entre ellos su constante apoyo a romper las medidas de aislamiento, la crisis política alrededor de su gobierno y que Brasil sea el país de la región con peores cifras durante la pandemia: más de 170 mil contagiados y 12 mil fallecidos.
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