El presidente Luiz Inácio Lula da Silva podría sufrir un duro revés político si no consigue antes de la medianoche del jueves que el conservador Congreso de Brasil, donde el bolsonarismo tiene mucho peso, apruebe convertir en ley su reforma ministerial.
Poco después de asumir su tercer mandato, Lula firmó vía decreto provisional una reforma que ampliaba el número de ministerios a 31 y 6 órganos con estatus de cartera.
Los decretos provisionales deben recibir la luz verde de Legislativo en un plazo de 120 días, que en este caso se vence este jueves a medianoche.
Bajo estas premisas, el escenario más temido para Lula es que la Cámara y el Senado no validen la estructura, y que su gobierno pierda 17 ministerios.
Si eso ocurre, sería el retorno de la estructura neoliberal que promovió el exmandatario Jair Bolsonaro, obedeciendo a la idea de «achicar el estado» al reducir el número de ministerios a 17, con varias fusiones polémicas de carteras.
De ocurrir ese supuesto, sería la mayor derrota sufrida por Lula en sus casi seis meses de gobierno. Dejarían de existir, por ejemplo, carteras como Planificación, Pueblos Indígenas, Igualdad Racial, Transportes o Industria.
Ante la gravedad del asunto, Lula convocó para la mañana de este miércoles a una reunión con sus asesores.
Una cesión previa
El oficialismo carece de fuerza suficiente en el Congreso, así que cualquier proyecto que quiera aprobar requiere de cintura negociadora y disposición a ceder.
En el trámite de esta llamada ‘MP (Medida provisional) de los Ministerios’, Lula ya recibió un primer revés: una primera cesión en la que una comisión mixta aprobó modificar el texto y quitarle competencias a las carteras de Medio Ambiente y Asuntos Indígenas.
A la primera cartera le quitó la gestión del catastro, donde deben registrarse todas las propiedades rurales y que sirve para mapear las invasiones de tierra y el control de las áreas deforestadas.
A la segunda, la despojó del poder de demarcar las tierras de los pueblos originarios para pasar la competencia a la cartera de Justicia.
Lula no tuvo más remedio que aceptar, para disgusto de las ministras Marina Silva y Sonia Guajajara, quienes arremetieron duramente contra esas modificaciones impuestas por la poderosa bancada del agronegocio, uno los grandes pilares del bolsonarismo.
Juego de intereses contra Lula
El caso es una muestra del juego de intereses y chantajes que se baten en la política brasileña. Hasta el martes por la noche, el presidente de la Cámara, Arthur Lira, estuvo negociando con los partidos si se votaba o no, hasta que decidió posponer el asunto para este miércoles.
Lira es uno de los líderes del ‘centrao’ (el gran centro), el grupo de partidos conservadores sin ideología definida que desde hace años dominan la política brasileña, apoyando o rechazando proyectos en función de sus intereses.
Según varios analistas, el presidente de la Cámara –un empresario ganadero que apoyó a Bolsonaro durante su mandato– quiere condicional la aprobación de la reforma ministerial a la luz verde del proyecto de ley para limitar la demarcación de las tierras indígenas.
El ‘marco temporal’ de las tierras indígenas
Este texto, llamado PL del ‘Marco Temporal’, prevé que los grupos autóctonos sean expulsados en caso de no poder demostrar que se encontraban en un determinado territorio antes de 1988.
La Cámara aprobó el proyecto, que ahora irá al Senado, lo que ha significado otra derrota para Lula, quien retomó las demarcaciones de reservas indígenas paralizadas durante los años de Bolsonaro
«Arthur Lira aguantó la MP del Desmonte de los Ministerios para obrigar al PT (el partido de Lula) a no obstruir el Marco Temporal. Funcionó. Lira es una chantajista de primera, oí decir a un parlamentario», escribió en Twitter el comentarista político Guga Noblat.
La ministra Guajajara calificó el proyecto de ley de «ataque a los pueblos indígenas y al medio ambiente» y dijo que espera «con esperanza» el juicio a la tesis del ‘marco temporal’ que retomará el próximo 7 de junio el Supremo Tribunal Federal (STF), cuyo fallo al respecto podría sentar jurisprudencia.
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