Estado crítico: La asfixia a la salud pública y el engorde del negocio privado

Por Daniel Labbé Yáñez y Camila Sierra Madrid
En la imagen central, dirigentes Gloria Pinto, Mauricio Navarro e Ingrid Neira

26 mil personas. Poco más de un Movistar Arena y medio llenos. Todas esas personas murieron en el año 2018 en las listas de espera para acceder a atenciones de salud, según cifras del propio Ministerio de Salud (Minsal). Uno de los síntomas más brutales de la crisis humanitaria que se vive en la salud pública chilena debido al innegable abandono del Estado.

Una enfermedad crónica que cada cierto tiempo, como ocurrió a fines de mayo pasado, se visibiliza porque los propios funcionarios se ven obligados a mostrarle a través de videos caseros al resto del país que en Chile los ciudadanos se mueren siendo reanimados en el suelo frío de un hospital como el San José.   

“La salud pública hace rato que está en crisis y lo está básicamente porque ha habido una falta de voluntad política para solucionarla”, sostiene Ingrid Neira, representante en el Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital San José en la Región Metropolitana.

Ingresar al servicio de Urgencia de ese recinto es simplemente estremecedor. Allí conseguir ser hospitalizado sentado en una silla se vuelve un lujo. Lo es también ser el destinatario de una colchoneta de unos 15 centímetros para permanecer acostado por unos 20 días. Allí para los funcionarios la linterna del celular se ha transformado por momentos en una herramienta más de trabajo. Como cuando han podido entubar a pacientes solo gracias a la iluminación de sus teléfonos, porque las luces de la sala de reanimación simplemente están malas. Y siguen así.

NEGOCIO REDONDO PARA LOS PRIVADOS

Ingrid Neira sostiene que el problema pasa porque “aparte del programa de vacunación y otros muy específicos, no hay una política de Estado en donde efectivamente se apunte a una mejora sustancial respecto de lo que hoy ocurre”. Eso comprendería, añade, un aumento de al menos un 2% o 3% más del PIB (Producto Interno Bruto) para gastos en salud. “Chile destina hoy el 3,1% a salud, lo que está muy por debajo de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a la que pertenecemos”, apunta. No está demás recordar que poco más del 80% de la población chilena se atiende en la salud pública.

Un abandono y precarización del ámbito más importante de cualquier organización social que viene siendo constatado por los trabajadores de la salud desde la dictadura, y que no solo tiene como víctimas a los usuarios del sistema público, sino que también a sus funcionarios. Estos muchas veces deben desarrollar sus labores sin los insumos materiales necesarios, en condiciones lisa y llanamente indignas, viendo afectada su propia salud mental y apareciendo además ante los pacientes como sus supuestos enemigos.

Mauricio Navarro es kinesiólogo y dirigente metropolitano de la Fedeprus (Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud). Su tesis es categórica: “Esta es una maniobra concertada, coludida, para asfixiar a la salud pública definitivamente”. Un accionar que, por ejemplo, hoy se manifiesta “en una restricción presupuestaria tremenda que se está viendo en los distintos hospitales”, debido a que los laboratorios o empresas que distribuyen insumos y medicamentos están terminando sus convenios con los hospitales porque lo cierto es que no están recibiendo sus pagos como corresponde.

Para muestra un botón: En un oficio del 5 de agosto pasado la Jefa de la Unidad de Farmacia del Hospital San José le informó a distintas otras autoridades del recinto que por el no pago a los laboratorios farmacéuticos Sanofi y Vitalis no se podrá tener a disposición de los pacientes al menos 9 medicamentos.

Una realidad a la que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, intentó recientemente quitarle el foco a través de una maniobra comunicacional que hoy lo tiene querellado en tribunales. Ocurre que el secretario de Estado presentó ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una querella por una eventual colusión al interior de los facilitadores de insumos de la salud pública. Sin embargo, como respuesta recibió la misma acción legal en su contra de parte de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS). “Tenemos que defender nuestra honra (…) aquí se ha tratado de desviar el foco. El foco nuestro es cobrar una deuda que viene del 2011”, aclaró ante la prensa el director ejecutivo de la organización, Eduardo del Solar.

Mauricio Navarro explica a través de otro ejemplo cómo se han ido reduciendo aún más y casi dramáticamente los recursos para la Urgencia del Hospital San José. Relata que se terminó un convenio con una empresa que permitía emitir alrededor de 650 informes de imagenología (scanners) al mes, lo que se ha traducido en que hoy solo haya disponibilidad de 15 a 20 cupos diarios en 24 horas. “Entenderás que por la cantidad de gente que se atiende acá esos cupos se acaban en el transcurso de las primeras 10, 12 horas, y quedan todavía otras 12 largas horas para llegar al otro día y que haya nuevamente disponibilidad”, enfatiza el dirigente.

Consuelo Villaseñor es psicóloga y presidenta de la Confedeprus (Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud). Desde la realidad que se vive en la Región de Ñuble sostiene que cuando hablamos de crisis en la salud pública “tiene que ver con que no tenemos guantes en los hospitales, no tenemos metronidazol, no tenemos para hacer exámenes. Nuestras demandas no tienen que ver con que nos suban los sueldos, sino que con entregar atención de calidad a nuestros usuarios y que nuestros trabajadores tengan buenas condiciones labores: hablamos de tener la infraestructura, los insumos y los recursos humanos suficientes”.

¿Pero a qué respondería la “asfixia” de la salud pública que menciona el dirigente de la Fedeprus o la inexistencia de una política de Estado para ese sector, como acusa Ingrid Neira? La conclusión parece gozar de unanimidad: El interés y la voluntad de fortalecer el ámbito privado.

“Lo único que se ha hecho es seguir traspasando millonarios recursos a los privados, aumentando el negocio en la salud, como ocurre con tantos otros derechos sociales hoy”, acusa la representante de los usuarios. Mauricio -quien lleva 22 años trabajando en el Hospital San José- adhiere a esa tesis: “Hemos visto con los demás compañeros cómo crecen clínicas privadas alrededor. Muchas veces se dice en broma que el segundo hospital público de la zona norte es la Clínica Dávila, porque la verdad es que ha crecido monstruosamente; muchos recursos de este hospital se han ido a ese recinto o al José Joaquín Aguirre (Hospital Clínico de la Universidad de Chile)”, apunta. 

Eso se traduce, explica, en que hoy el San José tenga una deuda hospitalarìa de 17 mil millones de pesos por ‘compra de servicios’, debido justamente a la necesidad de enviar pacientes al sistema privado ante la imposibilidad de hospitalizarlos en el público, de realizarles los exámenes y tratamientos correspondientes, y de contar con especialistas. “Estamos tocando fondo y esto está siendo evidenciado en todo el país”, advierte el dirigente.

Y Consuelo Villaseñor entrega un antecedente clave para entender por qué es tan jugosa para el mundo privado la ‘compra de servicios’ desde el Estado. Cuando se envía a una clínica a un paciente, dice, “FONASA a nosotros, al hospital, nos paga por ejemplo 100 por esta operación y a ellos 300 o 400, dependiendo de dónde esté”.

Frente a esta inequidad, esta ha sido la respuesta del Ministerio de Hacienda, como destaca la dirigenta: “Dicen que somos un ‘saco roto’, que gastamos mucha plata, que aunque nos inyecten lucas nunca hacemos lo que tenemos que hacer, y no es así. Nuestro sistema está absolutamente en crisis por varias razones, y una de ellas es justamente el financiamiento”.

Villaseñor postula además que lo que se busca finalmente, en términos comunicacionales, es hacer ver a la salud pública como algo prescindible. “Quieren instalar en el imaginario la idea de que la salud pública no sirve, así es que hay que buscar otra alternativa”, sostiene.

PACIENTES Y FUNCIONARIOS, VÍCTIMAS POR IGUAL

Un escenario dramático que tiene a su vez una afectación que se podría definir como de clase. “Lo que hay acá es derechamente el sufrimiento de nuestra población. Hay una violación de Derechos Humanos y un no respeto de la vida”, sostiene Gloria Pinto, vocera de los funcionarios de Urgencia del Hospital San José.

En ese sentido, la dirigenta grafica de una forma muy práctica de qué se trata el colapso que se vive permanentemente en ese recinto asistencial: Cuentan con 350 camas aproximadamente para atender a una población -la de la zona norte de la Región Metropolitana- de un millón de personas. 

Pero junto con el padecimiento de los usuarios del sistema, está también el que deben enfrentar -debido a la precariedad en la que realizan sus labores- los mismos funcionarios. “El deterioro de nuestras y nuestros compañeros es enorme. Si antes veíamos que algunos estaban teniendo problemas emocionales, hoy lisa y llanamente estamos teniendo enfermedades psiquiátricas dentro de nuestro personal. Yo he visto a compañeros y compañeras llorando porque no pueden atender a los pacientes como corresponde”, denuncia Pinto.  

A ello se debe sumar un efecto verdaderamente perverso, que tiene que ver con enfrentar -como si se tratara de adversarios- a funcionarios con los pacientes o sus familias. “Ellos asisten a un servicio de urgencia a recibir atención y no tienen cómo entender por qué no podemos proporcionársela; o que lo podemos hacer pero bajo determinadas condiciones. Se ponen muy agresivos cuando vienen muy mal y necesitan una camilla. Porque cuando a uno le duele la cabeza, el estómago, lo más básico, lo único que quiere es estar tendido en una cama, y acá tenemos pacientes con problemas cardíacos, con patologías muy complejas, sentados por horas, por días”, profundiza la vocera de los trabajadores.

En ese contexto, Gloria recuerda como una de las situaciones que más le ha afectado aquella que le ocurrió recientemente camino a buscar un medicamento. “De pronto una señora me dice: ‘señorita, este paciente está extraño’. Lo voy a ver y efectivamente estaba ‘extraño’; estaba muerto, en una silla de ruedas, y no de recién, a vista y paciencia de toda la gente que estaba hospitalizada en condiciones similares y de sus acompañantes”, relata. “Eso golpea a cualquiera que respete la vida”, enfatiza.

En otra ocasión, un paciente de menos de 60 años, que permanecía igualmente hospitalizado sentado, debido a la gravedad de su situación tuvo un paro cardiorespiratorio, debiendo ser trasladado al reanimador. “Tuvimos que reanimarlo en el suelo porque teníamos bloqueado el reanimador con un paciente hospitalizado, también había una fallecida; eran alrededor de cinco simultáneos. Lo tuvimos que reanimar en el suelo y finalmente falleció”, narra la representante de los funcionarios de Urgencia del San José. 

De ahí que para Pinto sea fundamental que la población “no siga guardando silencio” frente a lo que ocurre a nivel nacional con la salud pública. Para ello hace un llamado a participar del Bloque Territorial que junto a organizaciones sociales y políticas de la zona norte se levantó hace aproximadamente dos meses, y en donde el foco está en recuperar derechos arrebatados, entre ellos el de la salud. “Lo que nos ofrecen hoy es solo maquillaje y migajas, y no es lo que necesitamos y merecemos como clase”, concluye la dirigenta.    

LOS CUESTIONAMIENTOS AL HOSPITAL EN COLINA

El pasado 7 de agosto el Presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo hospital para la zona norte de la Región Metropolitana, como respuesta justamente a la intensa movilización que llevaron a cabo los funcionarios del San José, el que se ubicaría en la comuna de Colina.

Sin embargo, los dirigentes que participaron de este artículo advierten con preocupación que aún no hay claridad respecto a muchos antecedentes importantes sobre este nuevo proyecto.

Los principales cuestionamientos tienen que ver con que, por ejemplo, su construcción se llevará a cabo a través de una asociación público-privada (se concesionará la construcción y el equipamiento médico), cuando eso no fue lo acordado en las reuniones entre los dirigentes y el Ministerio de Salud, donde se estableció que se realizaría con recursos del Estado. Junto con ello se alerta que -de acuerdo a información obtenida- el nuevo recinto se emplazaría en un terreno con riesgo de inundación y con un entorno de uso industrial, donde preocupa la presencia de una fundición. Otra de las críticas que se apuntan es el desconocimiento respecto a las especialidades médicas con las que contará el nuevo hospital, considerando por ejemplo que se hace urgente para la zona norte una nueva Maternidad. 

Otro eventual nuevo foco de crisis está relacionado al número de camas anunciadas para el centro asistencial de Colina. Las autoridades han cifrado en 450 las que estarían faltando en la zona norte de la Región Metropolitana, pero Mauricio Navarro señala que “si este hospital se proyecta a 6 años más, esa cantidad va a ser entonces 600, 700 probablemente, pensando en cómo ha ido aumentando la población migrante y cómo se ha ido poblando esta zona hacia las comunas de Lampa, Colina, Batuco y Tiltil”.  

Por último, aparece una preocupación evidente y que tiene que ver con qué acciones concretas se llevarán a cabo de aquí al 2025 por parte de la autoridad para enfrentar los reiterativos colapsos que sufren los servicios de urgencia como el del Hospital San José.

Reportaje publicado en la edición nº 235 de la revista El Ciudadano, agosto de 2019.