Exclusivo: Gobierno omitió denunciar a presunta banda narco, afirma ex funcionario de Interior

El persecutor de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, indaga a altos directivos del Ministerio del Interior que habrían dispuesto no compartir con la Fiscalía antecedentes que vinculaban a una militante del Partido Socialista, funcionaria de esa misma cartera e hija de un ex gobernador de la primera administración de Michelle Bachelet, con una presunta red de microtráfico de drogas que operaba en el sur del país.

Según reveló – en exclusiva a El Ciudadano – el abogado y ex jefe del Programa «Denuncia Seguro» de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Rodrigo Rettig, el gobierno conoció en diciembre de 2015 un llamado anónimo recibido por el call center de esa unidad que advertía sobre «filtraciones» realizadas por una mujer, individualizada con nombre y apellido, que trabajaba en Interior y «enviaba registros fotográficos a través de WhatsApp sobre eventuales denuncias en contra de los presuntos involucrados» en la banda.

El incidente aludía a personas que en la ciudad de Castro, isla de Chiloé, se dedicaban, supuestamente, a comercializar «pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína», grupo que mucho antes, desde 2013 a lo menos, había sido implicado en asuntos de droga por la misma vía. En una de las llamadas, confirmó este diario, se mencionó incluso a un funcionario del Poder Judicial de la Región de Los Lagos como potencial partícipe de la red.

Tal como indica el sitio web de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Programa «Denuncia Seguro», creado en el gobierno de Sebastián Piñera y fortalecido en la última gestión de Bachelet, «pone a disposición de las personas un número telefónico (600 400 01 01), al cual la ciudadanía puede llamar para entregar información acerca de delitos de los que haya sido testigo, dando a conocer datos relevantes sobre lugares y/o personas involucradas en algún ilícito».

La herramienta, que de acuerdo a cifras oficiales permitió incautar 5 millones de dosis de droga en cuatro años, y lograr seis condenas en los primeros dos meses de 2016, protege «el anonimato de las personas que llaman para denunciar. Por lo tanto, nadie le preguntará cómo se llama o de dónde está llamando. No es requisito entregar ningún antecedente personal y no queda registro alguno del número desde el cual se genera la llamada. Las conversaciones no son grabadas».

Del total de advertencias telefónicas con información de carácter delictual, el 85% ingresa por infracción a la Ley de Drogas, la cual afecta, en su mayoría, a poblaciones vulnerables con altos índices de victimización. También ha habido casos de naturaleza distinta en que el Programa ha intervenido favorablemente, como en el esclarecimiento del atropello de la joven estudiante de Derecho, Constanza Lago Polo, en la comuna de Recoleta, o entregando las primeras pistas que ayudaron a desarmar la estafa piramidal de Alberto Chang en el caso Arcano.

«ME DIJERON: ‘NO HAGAMOS NADA'»

«En el gobierno anterior este programa estaba de capa caída y se logró levantar. Este gobierno mejoró el Programa, amplió el horario de funcionamiento a 24 horas de los siete días de la semana, incorporó en la parrilla de delitos a recibir, la violencia intrafamiliar, que ha tenido sumamente buenos resultados. El subsecretario Antonio Frey nos subió el sueldo al equipo y todo era bonito hasta que llegó esta llamada en el mes de diciembre, que nos puso en una encrucijada. Entre cumplir con la normativa y representar lo que desde el punto de vista de la probidad, la ética y la transparencia se debía hacer, y lo que me estaban diciendo que hiciera, que era no denunciar«, señala Rodrigo Rettig, el ex jefe del Programa «Denuncia Seguro» que abandonó su cargo este año, indica, en dudosas circunstancias, justo luego de reclamar por lo que pasaba en la Subsecretaría.

¿Cómo tomó noticia de esa llamada?

Estaba en mi oficina. El primero de diciembre de 2015 se recibe una llamada que entregaba antecedentes de una banda de microtráfico que se dedicaría a vender droga en el sur del país, y en el contexto de la conversación entre el informante y el operador, surge algo sumamente importante, que esta banda era supuestamente alertada por una funcionaria del Ministerio del Interior, específicamente del mismo Programa Denuncia Seguro, quien sacaba vía WhatsApp fotos a los incidentes, a la información que se recibía.

¿Se tenían denuncias previas de esta banda?

Había aproximadamente unas ocho o diez denuncias. No me consta el interés que tendría esta persona o cuál era el motivo que la llevaría a enviar esos pantallazos. Ya sea por pertenecer a la banda o quizás por un tema de amistad con alguna persona que haya sido denunciada. Lo que sí me consta es que el informante anónimo no llamaba para denunciar a la funcionaria de mi equipo directamente, lo cual tendería a pensar que el informante quiere perjudicar o levantar calumnias sobre ella, sino que una vez adentrada la entrevista, salió esta información de los pantallazos que la involucrarían en el asunto.

Rodrigo Rettig, abogado y ex director del Programa «Denuncia Seguro» hasta mayo de 2016.

¿Esta información fue puesta a disposición de quién?

Del jefe de área (del call center), que es un ex oficial de la Policía de Investigaciones, Manuel Contreras. Él decide qué es lo que va y lo que no se va al Ministerio Público como denuncia. Eso está enmarcado en un convenio firmado el 19 de noviembre de 2014 entre el ministro Rodrigo Peñailillo y el fiscal nacional Sabas Chahuán, ex ministro y ex fiscal. Ese convenio lo gestioné y redacté yo mismo, por lo tanto sé perfectamente qué es lo que contiene. Ambos (Contreras y el operador que recibió la llamada) van a mi oficina para alertarme y dicen «Rodrigo, llegó información de esta persona y nos parece sumamente grave», a lo cual obviamente asentí y compartí el criterio. Hay cláusulas en los contrarios a honorarios de todas las personas que trabajan en el Denuncia Seguro, de confidencialidad de la información.

¿Esta llamada cumplía con los requisitos para ser denunciada?

Sí, puesto que tenía personas involucradas que estaban identificadas, el lugar involucrado que estaba identificado, y una forma de operar bastante clara. Se cumple con el estándar cuando la información contiene personas involucradas, ya sea identificadas o identificables, lugares involucrados, ya sea identificados o identificables, y un modus operandi medianamente claro. Y en este caso se cumplía con el estándar para aprobar la llamada y ser enviada como denuncia.

¿Qué decide usted en ese momento?

Yo, apenas me comenta mi equipo que había llegado esta información, decido enviar un correo al jefe de informática de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Alejandro Yuretic, solicitándole que bloquee las cuentas de acceso de este operador denunciado, para, una vez bloqueado, poder definir junto con mi jefatura qué hacer. Era sumamente necesario poder accionar en forma inmediata, puesto que el operador estaba trabajando ese mismo día ahí y el sistema funciona con cascadas, es decir, cualquiera podía recibir cualquier llamada. Había que prever que este funcionario pudiera obtener o recibir un nuevo llamado sobre lo mismo, puesto que había presunciones fundadas de que podía utilizar esa información o descartarla de plano, por ser de esa presunta banda.

¿Esa solicitud para quitar las claves prosperó?

Sí, en forma inmediata. Acceden a mi solicitud, y a los cinco minutos voy a hablar con mi jefe directo, Marco Venegas, jefe de la División de Prevención y Gestión Territorial, de ese entonces, quien en conjunto con el jefe de jurídica, Rodrigo Asenjo, me señala que le vuelva a incorporar las claves y no denunciemos esa llamada, que no hagamos nada, pero nos pongamos alerta por si llega una segunda llamada más adelante. Yo ahí les planteé mi incomodidad, y más que eso, el no compartir con el criterio de mi jefatura, puesto que comprendía que mantener a la persona con las cuentas y claves de acceso era negativo, además que se estaban cometiendo delitos de omisión de denuncia y una serie de faltas a principios administrativos. Les planteé que una investigación, como todas las otras denuncias que hacíamos, era la que debía dilucidar si había ocurrido o no lo que se estaba denunciando anónimamente.

Es decir, si esta persona era culpable.

Efectivamente. Lo que no podíamos hacer era no hacer nada, ni denunciar ni cambiarla de funciones ni quitarle las claves. Y justamente eso se hizo: nada, se le mantuvo tal cual estaba. Ella siguió trabajando y recibiendo información delictual de todo tipo.

«USABAN EL NOMBRE DE ALEUY»

El abogado recuerda una instrucción que en el primer semestre de 2014 le habría dado José Pedro Silva, militante DC, en aquel entonces jefe de gabinete del subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y actual asesor del ministro Mario Fernández: incorporar como asesora del call center a la operadora PS que más tarde resultó denunciada.

«Fue la única funcionaria que me derivaron por temas políticos. Me dice (Silva) que debe ingresar, supuestamente porque así lo está ordenando el jefe de gabinete del ministro de ese entonces, Rodrigo Peñailillo», asegura Rettig, aludiendo así al actual jefe de Avanzada de la Presidencia, Felipe Barnechea, socialista de Nueva Izquierda que trabajó como encargado territorial de la campaña de la hoy presidenta Michelle Bachelet, cercano al ex senador de Los Lagos entre 2006 y 2014, Camilo Escalona, y a la también PS Ana Lya Uriarte, del segundo piso de La Moneda.

Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior.

Contactado telefónicamente por este medio, Barnechea dijo no saber detalles del caso que remeció al «Denuncia Seguro» y descartó haber intervenido para que se contratase a la involucrada en la Subsecretaría de Prevención del Delito. «No sé de qué me está hablando», contestó.

Por bajo cuerda, una fuente vinculada al círculo cercano de Antonio Frey dijo a este medio que el grupo de asesores de dicho subsecretario «usaba el nombre de Mahmud Aleuy», pero sin permiso de éste, para disponer que no se actuara frente a las denuncias, y que cuando Aleuy supo, se enfadó.

Según Rettig, «todo el equipo estaba contrariado con esto. Había preguntas que eran sumamente entendibles por parte del equipo. Me decían: «Rodrigo, ¿por qué hay un trato distinto con esta persona? Si hubiese sido yo, que no soy militante político de ningún partido, lo más probable es que me hayan expulsado ya y hayan mandado los antecedentes».

¿Llegó un segundo llamado que hablaba de la misma funcionaria?

Sí, en febrero de 2016. Yo estaba de vacaciones y la recibe el subrogante del Programa, Manuel Contreras, quien siempre manifestó también su voluntad de abordar este asunto en cuanto a principios, a lo que nos mandata la ley. Se entregaban más antecedentes sobre esta presunta banda y se reiteraba que el funcionario había mandado el pantallazo. Marco Venegas (antes jefe de Prevención y Gestión Territorial) se fue el 31 de diciembre. Llegó en su lugar Pablo Carvacho, militante DC, y Carvacho de muy buena forma decide denunciar, y así se hizo. Esa llamada se envió a la Fiscalía Local respectiva para que se investigara. El punto es que ese día el equipo entero se da cuenta de esta situación, y esta persona, que presuntamente mandaba los pantallazos, se desespera, y baja al hall de la Subsecretaría, y le menciona a dos compañeras que efectivamente había sacado las fotos, pero que no había tenido intención de mala fe. Obviamente no me consta, ni la buena ni la mala fe. Ese mismo día, esta persona se toma todas sus vacaciones y días administrativos.

¿Eso finalmente motiva la desvinculación de ella?

No. Yo vuelvo en marzo. Cuando tenía el cúmulo de antecedentes, dos llamadas con tres meses de diferencia, el testimonio de estas dos compañeras y un cambio de celular que, según me informaron, había hecho la denunciada, lo que coincidía con la información recibida en febrero de que toda la banda había cambiado de números telefónicos, yo decido llevar esto a mi jefatura y les digo que había tomado la decisión de echar a esta persona. Tramito la expulsión, se le envía una carta certificada por parte del jefe de Gestión de Personas, y se le notifica que se pone término al contrato, lo que efectivamente ocurrió. Sin embargo, la tramitación completa debe pasar por un paso final, que es la aprobación del gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y esa aprobación no se me otorgó. Se me informa desde mi jefatura directa que el gabinete, compuesto por Alejandro Vega Campos (PPD), concejal de Santiago, más un par de asesores, había manifestado que no podía poner término al contrato de esta persona, debiendo llamarla y comunicarle que tengo instrucciones de reincorporarla al mismo equipo y a las mismas funciones.

Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito.

¿Qué siente en ese momento?

Cuando me informan eso se me cae el mundo. Primero fue una falta de piso a mí particularmente, pero lo más importante era que yo no podía prever de que no se le cursara el término del contrato, que era lo mínimo que podíamos hacer junto con denunciar. No estaba en mis manos la decisión final. Esta persona vuelve nuevamente a sus labores habituales, a sentarse en el mismo lugar de trabajo, ante la estupefacción de todo el equipo.

¿Decide tomar otras acciones?

Cuando me notifican que gabinete no cursa esta desvinculación, yo decido ir más arriba. Y más arriba era el gabinete del ministro del Interior.

¿El gabinete del ministro Jorge Burgos?

Sí, de Burgos en ese entonces. Después de que hablo con un asesor del ex ministro, me llama al día siguiente mi jefe directo, Pablo Carvacho, y me dice que le prepare una carpeta con todos estos antecedentes porque va a hablar con Mahmud Aleuy, con todas sus letras. Yo le preparo esta carpeta a Pablo y hay una reunión en la cual obviamente no estuve, entre Mahmud Aleuy y Pablo Carvacho y quizás más personas, y ante los potentes argumentos que tenía para poder desvincular a esta persona, se decide efectivamente re-desvincularla.

«ES UNA INVESTIGACIÓN COMPLEJA»

El Ciudadano intentó conseguir una versión de la Subsecretaría de Interior de Aleuy, pero se nos derivó rápidamente a la encargada de comunicaciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Ximena Galleguillos. En una reunión que allí sostuvimos en agosto, el recientemente asumido jefe del Programa «Denuncia Seguro», César Valenzuela, ex dirigente pingüino del escalonismo, relativizó que la denuncia de diciembre de 2015, respecto a supuestos pantallazos por WhatsApp de la funcionaria acusada, cumpliera con los requisitos necesarios para ser puesta en conocimiento del Ministerio Público.

Camilo Escalona, senador PS por la Región de Los Lagos entre 2006 y 2014.

En la misma ocasión, se indicó que el abogado Rodrigo Rettig abandonó su cargo por «falta de confianza» del subsecretario Frey. El ex director del «Denuncia Seguro» manifiesta que los motivos que le fueron explicados formalmente se relacionan con la presunta molestia que causó la aparición de una nota en El Mercurio el sábado 9 de abril, informando sobre el papel del programa en el caso Arcano – una noticia, destaca Rettig, que se le atribuyó haber gestionado «sin preguntar a nadie».

«Uno, yo nunca gestioné esa nota, y dos, esa nota tenía tintes positivos para el gobierno, por lo tanto, malamente podría haber enojado a alguien, puesto que era positivo a los intereses de éste. No tengo antecedentes para poder definir quién tomó la decisión de desvincularme. Yo presumo que salió de la reunión donde Pablo Carvacho entregó los antecedentes (a Interior) o de la reunión de los días lunes de las jefaturas de División de la Subsecretaría de Prevención del Delito», asegura.

Insistimos para que la Subsecretaría de Frey nos respondiera un cuestionario por escrito, explicando por qué se prefirió mantener las claves a la funcionaria denunciada en diciembre, la negativa de informar el contenido de esa llamada al Ministerio Público y los motivos para anular su desvinculación previo a la cita con Aleuy. Sólo se limitaron a contestar, sin precisar cuándo, que «toda la información fue puesta oportunamente a disposición de la fiscalía local correspondiente, que es quien tiene a su cargo la investigación de los hechos y que ha contado con toda la colaboración de esta Subsecretaría».

«Lo que no puede ocurrir es que este tipo de actos quede en la impunidad y bajo un manto de silencio. Tengo la plena convicción de que se debe saber el pésimo manejo que se tuvo con el caso ya que a los funcionarios públicos nos pagan con recursos de todos los chilenos, y es a ellos a quienes nos debemos y son ellos quienes están hastiados de casos de padrinazgos políticos que limitan en la corrupción y con certeza son faltas a la probidad», señala el jurista en ambos escritos.

En relación a causas en curso vinculadas a la presunta banda de microtráfico de la Región de Los Lagos, el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, confirmó a El Ciudadano que la persecutora especializada en drogas de Chiloé, Karen Rosas, lleva a cabo una indagatoria por el presunto delito de obstrucción a la investigación, la cual podría repercutir sobre otra que se encuentra archivada: la RUC 1501199810-8 de la Fiscalía Local de dicha ciudad.

En las primeras y únicas diligencias contenidas en esa carpeta, realizadas por la unidad Microtráfico Cero de la PDI, «no se pudo acreditar ningún tipo de organización ni de movimiento que signifique un tráfico evidente», recordó Canales. «Ahora, que esté archivada no significa que la causa esté terminada. Si aparece algún antecedente nuevo, por cierto que se reactiva», agregó.

Es importante destacar que la segunda llamada del informante anónimo al DS, recibida en febrero, señaló que el «ilícito se dejó de efectuar por las alertas derivadas desde Interior, de que estaban siendo investigados».

Actualmente, la fiscal Rosas intenta comprobar si hubo intervención de funcionarios públicos para que la supuesta banda, en la primera investigación, lograra evadir la justicia. «Es una investigación compleja, eso es lo relevante… Vamos por esta otra línea, y por eso también con una policía más experta que se haga cargo de esto y que nos va a decir si eso devela la efectividad de acciones que puedan ser constitutivas de delito», precisó Canales.

En Santiago, el fiscal de Alta Complejidad, Jaime Retamal, dispone las primeras diligencias para aclarar qué ocurrió al interior de la Subsecretaría de Prevención del Delito según lo planteado por Rettig.

El Ciudadano trató de conversar con la ex operadora denunciada, pero antes del cierre de esta edición no fue posible concertar una entrevista.