Exclusivo: La declaración que complicaría al general Ricardo Yáñez en su formalización

Durante la mañana del jueves 4 de enero, se confirmó que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado junto los exgenerales Mario Rozas y Diego Olate, por sus presuntas responsabilidades en las violaciones a los DDHH cometidas durante el estallido social. Según el escrito del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en caso de no presentarse a la audiencia fijada para el próximo 7 de mayo, el tribunal podrá ordenar que el imputado sea detenido o sometidos a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva.

Sin embargo, El Ciudadano tuvo acceso a un documento que complicaría al general Yáñez en su próxima formalización: La declaración de su exedecán, Patricio Santos.

El 21 de febrero de 2022 y ante la Fiscalía Centro Norte, declaró en calidad de testigo el exjefe del Departamento de Análisis Criminalística (DAC) y exedecán del general director, Patricio Santos Poblete, quien lideró la DAC desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2020, para posteriormente desempeñar funciones como jefe de Gabinete de la Dirección General, y luego asumir el cargo edecán, quien es el que hace cumplir las órdenes del general director, además de ser su escolta.

Al iniciar su relato, Santos explica que Carabineros tiene un despliegue nacional, en donde cada una de sus unidades policiales están la red, y cada vez que ocurre un delito se informa al órgano jurisdiccional o al Ministerio Público a través de un parte policial, los que emergen al sistema y generan eventos y participantes (víctimas, victimarios, denunciado, testigo, etc).

«Cuando partió el 18 de octubre en adelante, cómo se diferencia una quema de un auto o un robo
en una casa con un robo en un supermercado. Esos eventos, dada la particularidad que se vivía, eran informados al OS1, y el Departamento de Operaciones nos informaba todos los días a las 6 am aproximadamente, y con eso podíamos generar un reporte cuantitativo de los hechos que se estaban registrando. La información da a un repositorio interno que nos permitía generar informes y rescatar
los antecedentes parametrizados en partes policiales», detalla el exedecán, quien aclara que las unidades policiales no alimentan los sistemas (sistematización de la información) de forma directa, sino que, a través del parte policial se informa, y con ello se pueden mapear los cuarteles, sus detenidos, etc.

Incluso, Santos menciona la existencia de «mapas de calor» asociados a eventos de orden público, en donde el Departamento de Análisis Criminal genera un reporte de eventos que están ocurriendo, y eso permite realizar «mapas de calor». No obstante, durante su declaración el exjefe de la DAC confirma que que la dependencia de dicho departamento es la Dirección de Orden y Seguridad, la que durante el estallido social era dirigida por el actual general director, Ricardo Yáñez. Es más, el 23 de octubre de 2019 se emitió un oficio de Andrés Chadwick a Mario Rozas, en donde se solicitó información sobre lo que estaba ocurriendo a nivel nacional y una actualización cada 24 horas.

«Hay una orden de responsabilidad al DAC en torno a los datos que salen. Lo que es delito a secas es del DAC y lo demás de las unidades respectivas que nos informan (…) (quienes trabajaban) todos los oficiales subalternos que trabajaban bajo mi dependencia. Siempre hay un oficial de servicio, y ese es el que hace la recolección diaria. Todos los días nos reportaba información (…) Mis oficiales subían alrededor de las 5:30 de la mañana para ayudar a consolidar la información que recibían en OS1. EI informe de OS1, en el caso de las personas fallecidas; uno puede hacerse cargo de las cosas que uno conoce, pero uno lo conoce a partir de partes policiales que anuncian por ejemplo el fallecimiento. Pero habían listados por ejemplo por internet, y de eso no teníamos antecedentes. Solo podíamos hacernos cargo de anunciar la información que llegaba por fuentes formales«, confirmando que Yáñez como director de Orden y Seguridad habría tenido conocimiento de los fallecidos.

Respecto a los informes (cuantificación), durante los dos primeros del estallido social fueron diarios en cuanto a lesionados y detenidos. Pero, Santos en su relato revela la existencia de un enlace entre el Ministerio del Interior y Carabineros: El abogado y exasesor Mijail Bonito, quien recibía la información diariamente, a través de correos electrónicos, lo que habría sido útil hasta el 15 de noviembre de 2019 (aprox).

Pero, otra arista que complicaría al general director, es que el exjefe de la DAC sostiene que midieron el consumo de municiones y disuasivos represivos, los que de acuerdo a la información que dieron las Zonas Operativas Territoriales, eran cerca de «175.000 disparos de cartuchos del 12», las que en un 80% se generaron durante las tres primeras semanas de iniciado el estallido social, en donde los informes policiales daban cuenta de 1.500 personas lesionadas, de las cuales 500 por trauma ocular y de esas 30 con pérdida de vista.

«Lo terrible que es eso, porque si a uno le disparan en un ojo, no aceptaría algo así. Además, si usted considera la cantidad de postas (un disparo tiene más de una posta), la probabilidad de que una persona resulte lesionada es aún menor del porcentaje que di. Pero imagínese que usted diga esto públicamente (…) que la persona que tiene un daño ocular sea efecto de la piedra tirada por otro manifestante, tampoco resultaba responsable asumir estas lesiones como propias», dice Santos.

El Ciudadano conversó con Daniel Soto, excoronel de Carabineros, abogado y consultor internacional en temas de seguridad, policías y DDHH, a quien se le planteó lo expuesto en la declaración de Patricio Santos, afirmando que el debate de fondo en el caso que afecta al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, consiste en determinar cuál era la responsabilidad de los mandos estratégicos en la planificación y supervisión de las operaciones, ya que, ni los gobiernos, ni el alto mando de Carabineros han rendido cuenta sobre las imputaciones de violaciones a los DDHH y considerando que la propia institución descartó la competencia de la Contraloría General de la República en esos asuntos.

-Este testimonio procesal plantea que quienes planificaron y tomaron decisiones sobre mantenimiento del orden público durante la crisis social habrían tenido conocimiento oportuno de los resultados dañinos de las intervenciones policiales: había entonces un departamento especializado en análisis de estadísticas (el DAC) que entregaba información diariamente a la jefatura de gabinete (General Silva Chamorro) y quien a su vez reportaba al encargado de las operaciones en todo el país (General Ricardo Yáñez). Esto plantea una serie de incógnitas: ¿Quién tomó la decisión de entregar este tipo de armamento lesivo a oficiales que no tenían entrenamiento adecuado para su uso como los estudiantes de la Academia de Ciencias Policiales? ¿Por qué quienes planificaron y supervisaron las operaciones no midieron el desempeño policial, asumieron sus responsabilidades de mando y rindieron cuentas sobre sus actuaciones?- comentó Soto.

Además, el excoronel y abogado fue enfático en precisar que en la práctica, el proceso penal actual es un cuestionamiento a la conducción de Carabineros, no es un reproche a los 60 mil carabineros que integran la institución. De este modo, se debe distinguir con nitidez que el cuestionamiento penal afecta las responsabilidades profesionales de la cúpula institucional, y no constituye una reconvención a toda la institución. Por esta razón, lo más prudente sería que el general Ricardo Yáñez hiciera su defensa fuera de la institución para evitar este tipo de confusiones que dañan a la institución y que perjudican notoriamente la seguridad pública.

Hasta el cierre de este reportaje, tanto parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio, el Partido Comunista e independientes -como la senadora Fabiola Campillai- han pedido la renuncia de Ricardo Yáñez.