Costa Rica se convirtió en eje de un nuevo movimiento popular surgido producto de la furia generada contra el Gobierno de Carlos Alvarado. Su origen responde a la decisión del presidente de implementar un paquetazo económico lleno de impuestos contra los ciudadanos. Desde entonces, se vive un estallido social por el descontento acumulado, y también para evitar que se concrete un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un reportaje del Semanario Universidad, firmado por Fabiola Pomareda, explica con detalles por qué los costarricenses decidieron tomar y trancar las calles de su país. Principalmente, para expresar su rotundo rechazo a un paquetazo económico que será un preámbulo a la entrada del FMI. ¿Cómo? Mediante un préstamo que endeudará a la nación a niveles insospechados.
«Las molestias ya sumaban. Pero, sin duda fue el anuncio de nuevos impuestos a salarios, bienes inmuebles y transacciones bancarias -ante un inminente préstamo del FMI- lo que hizo estallar días de manifestaciones y bloqueos (…) bajo el nombre del Movimiento Rescate Nacional», explica Pomareda.
Al respecto, agricultores, camioneros, comerciantes, estudiantes, finqueros y personas desempleadas aglutinan este nuevo y diverso movimiento de efervescencia social. Se da justo dos años después de las protestas contra el “combo fiscal”, aquellas leyes tributarias que crearon y ampliaron la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros gravámenes.
Las protestas corean “No más impuestos” ,y “No al FMI” y los bloqueos se mantienen desde el 30 de septiembre. Mientras, el presidente Alvarado se negó a recibir las peticiones del nuevo movimiento, de manos del obispo de San José, monseñor José Rafael Quirós.
La Iglesia Católica se ofrece como mediadora para el diálogo, en un país donde 52,5 % de la población es católica y 27,1 % evangélica. Estos datos son de un estudio de 2019 del Instituto de Estudios en Población de la UNA.
¿Por qué detonó el movimiento social?
La docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carmen Caamaño, sostiene que está claro que la agenda es diversa. Resulta que son muchos sectores que confluyen básicamente en la indignación, porque la gente “ya no soporta más”.
Para Caamaño, la base del movimiento es “un sentimiento de rabia, de desesperación, de impotencia. Todo ante un gobierno no inclusivo que simplemente ‘está con sus amigotes’, los mismos de siempre, pero con más descaro, apropiándose de todos los recursos”.
Por su parte, el investigador Rotsay Rosales, docente y coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la UCR, comentó que las manifestaciones son producto de un proceso de acumulación y no resolución de malestares de amplios sectores diversos de la sociedad. A su juicio, muchos de ellos tenían hasta hace poco posiciones contradictorias con respecto a algunos temas puntuales. «Pero, convergen en un detonante concreto: la presentación de la propuesta del Gobierno ante el FMI, sin activar un mecanismo de consulta popular».
En el puente sobre el río Térraba, en el cantón de Osa, un grupo de campesinos declaró: “Este gobierno de Carlos Alvarado ha venido a distorsionar la paz y el sustento de nuestras familias. Nos amenaza con más impuestos y pretende poner a luchar al pueblo contra el pueblo. Mientras hay confusión y desesperanza, ellos están en sus cúpulas disfrutando un rico desayuno, un buen sillón, una gran televisión, riéndose a carcajadas de lo que le hacen al pueblo”.
La respuesta del presidente
Por su parte, el mandatario envió un mensaje al país en cadena nacional el pasado domingo. Allí,en la noche dijo que sólo hablaría con “quienes respalden las vías institucionales”, en un claro desconocimiento de la nueva dirigencia.
Alvarado decidió convocar a reuniones con diferentes sectores: pescadores y agricultores de la zona sur; productores de la zona norte, cooperativas y solidaristas. Estos últimos se negaron a acudir a la cita en Casa Presidencial.
El rostro más visible del Movimiento Rescate Nacional es el abogado José Miguel Corrales Bolaños. Se trata del excandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (1998), firme opositor al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) y líder de la iniciativa de referéndum en 2007. También, Célimo Guido Cruz, exdiputado por el Partido Fuerza Democrática y vocero de un movimiento de protesta contra la empresa española Riteve y el TLC.
El movimiento defiende su articulación espontánea y sostiene que no existen liderazgos únicos, como lo resume la comerciante y activista Flora Fernández. Ella así lo explicó en una conferencia de prensa este lunes, antes de que el Movimiento entregara el pliego de 15 peticiones al Gobierno.
«Aquí todos somos líderes. La gente en los bloqueos, en las calles, los 600 mil desempleados son una bomba de tiempo… y el Gobierno no quiere escuchar«, señaló.
¿Endeudarse con el FMI?
Julio Fernández es dueño de una una relojería con 115 años de existencia. Al respecto, contó que desde que empezó la pandemia no habían despedido a un solo trabajador. Incluso, estaban al día con las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social y con los impuestos.
«¿Cuál es el secreto?», planteó Fernández. «Ni una sola deuda». «Ahora el Gobierno nos ofrece endeudarnos con el FMI de una manera imposible de pagar. No se vale, porque yo sé de negocios, yo sé lo que es trabajar, sé lo que es ahorrar. Así fue que logramos sobrevivir este año, reinventándonos, haciendo trabajo a domicilio. Pero, el gobierno quiere seguir adelante, haciendo las cosas de la misma manera mal hecha», declaró.
«Está la renta mundial pendiente… ah, pero ahí no, porque tocan grandes intereses. Están las falsas zonas francas, que hacen sociedades anónimas de mentirillas y vienen a acogerse a los mismos beneficios, con incentivos creando una competencia desleal contra el comercio establecido», denunció.
Coincide Guillermo Víquez, dueño de la empresa Portones de Acero, quien contó que la industria metálica del país se vino al suelo. “Nadie está trabajando, nadie está produciendo, la gente que fundía metal ya no lo está haciendo”. Todo cambió por la importación de productos de China y ahora eso mismo sucede en la agricultura.
“Todos encuentran mucho más fácil pedir plata prestada y eso tiene que acabarse. Creemos que la deuda nos maniata. Simpatizamos con los economistas que promueven arreglar la deuda interna primero», dijo
«Formo parte de un grupo Transparencia Internacional, que lucha para que se haga una auditoría de la deuda de este país. Lo que debemos hacer es valernos por nosotros mismos, hacer lo que sabemos hacer y no salir a pedir plata prestada», agregó Víquez.
«Acumulación de malestares»
En los últimos dos años, el proceso de acumulación de malestares que menciona Rotsay Rosales arranca con la discusión y aprobación del Combo Fiscal. Se trata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el 3 de diciembre de 2018, antecedida por una larga huelga de 90 días.
Luego, vino la casi inmediata aprobación de iniciativas de ley tendientes a penalizar los bloqueos callejeros por parte de la Asamblea. Esa vez acusaron al parlamento de promover la “venganza y criminalizar la protesta social”.
Rosales recordó que desde que apareció el primer caso de coronavirus, en marzo, hasta el 3 de mayo, el Gobierno gozó de un colchón de tolerancia, condescendencia y aprobación ciudadana, algo que no había tenido nunca.
Al respecto, Rosales afirma que ese tiempo de bonanza no le duró mucho a la administración Alvarado. ¿Por qué? Debido al aumento de los índices de desempleo, la pobreza y la caída en la producción. Todo eso provocó que el 4 de mayo el presidente hiciera un viraje para comprometerse con un “diálogo nacional, social, ampliado, incluyente”.
“Su gobierno de unidad tripartita (partido Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y el oficialismo) se iba a venir abajo en función de los intereses corporativos”, comentó.
«El 9 de agosto, el anuncio o amenaza de una propuesta ante el FMI motivó un supuesto diálogo nacional«. Pero ese «proceso nació muerto, porque era con la misma intención de engañar», opinó Rosales.
Abrir la puerta al FMI
En su mensaje, el presidente dijo que reduciría el gasto público, que no vendería el Instituto Costarricense de Electricidad, ni el Instituto Nacional de Seguros, ni los bancos públicos. Pero, no se refirió a demandas de grupos sociales como eliminar los beneficios tributarios a las zonas francas ni a la evasión y elusión fiscal.
También está en la agenda del FMI, los proyectos de venta de la estatal Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), que opera en Panamá.
Para Carmen Caamaño, quienes podrían beneficiarse de esta crisis son sectores vinculados al comercio exterior. Ella prevé que una nueva propuesta del Gobierno ante el FMI eliminará las medidas que significaban poner impuestos a dichos sectores.
En eso coincide Rotsay Rosales, quien apuntó a los sectores empresariales más poderosos que han participado con el Gobierno en el bloque de poder.
“Los sectores corporativos, financieros, económicos y de comercio exterior adosados al capital transnacional. Entiéndase quienes han gobernado en Casa Presidencial a través de Horizonte Positivo y de un sindicato empresarial llamado Uccaep”, aclaró el investigador citado en el reportaje.
Al respecto añadió que “todo encaja dentro de la concepción de Gobierno corporativo que tiene AED (Alianza Empresarial para el Desarrollo). Y además tienen como el gran coordinador, como el gran ministro de este gobierno, a André Garnier”.
Para ellos, explicó Rosales, es una amenaza inaceptable la propuesta de gravar capitales de manera progresiva a las empresas y gravar las zonas francas. Eso simplemente “abriría la puerta para buscar mayor recaudación donde a ellos no les conviene”.
Según analiza Rosales, grupos como el Movimiento Rescate Nacional encontraron propicio hacer una alianza específica de “no a los impuestos” con el resto de la ciudadanía. “Son absolutamente estratégicos”.
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