Frenan pago de Gendarmería a empresa indagada en posible caso de corrupción

Los coletazos de la hermética investigación por supuestos delitos relacionados con la adjudicación de obras en el Poder Judicial no detienen al empresario Samuel Levy Benveniste, un importante miembro de la Comunidad Israelita Sefaradí. La firma de la cual es gerente, Cosal S.A., que fue denunciada en 2009 por licitar con presunta información privilegiada, sigue ofreciendo negocios al Estado.

Últimamente lo hizo con Gendarmería. A mediados de este año, el organismo encabezado por Jaime Rojas Flores -quien ya está siendo cuestionado por la compra del nuevo sistema telemático-, determinó que el procedimiento adecuado para hacer reparaciones en Colina I era contratando el servicio de forma directa, es decir, con la oferta de un solo proveedor.

La empresa escogida fue la de Levy, pero no llegó muy lejos. Según documentos obtenidos por El Ciudadano, la Contraloría General de la República optó por detener la compra el pasado 2 de octubre, absteniéndose de dar curso a la resolución que autorizó y aprobó la contratación directa de Cosal en el proyecto «Mejoramiento Torre 5-B del C.C.P. Colina I».

De acuerdo al pronunciamiento, Gendarmería no justificó «que los trabajos… constituyan obras de conservación, reparación o mejoramiento habituales que, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 86, letra d), del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, puedan ser objeto de trato directo por parte de esa repartición pública».

Agregó que «si bien se aprecia que en esta oportunidad el monto de la contratación de que se trata disminuyó de $1.376.557.796 a $1.337.333.259 -ello, en razón de haberse excluido algunas obras exteriores del proyecto-, no se han acompañado al instrumento en análisis elementos de juicio que permitan dar por subsanada la observación formulada en relación a la modalidad de contratación de las obras en comento».

Fuentes de la institución plantearon que el caso ha generado un nuevo dolor de cabeza en el entorno jurídico del director Jaime Rojas, ya que es segunda vez que el contrato se cae.

Consultado al respecto, el ex subalterno de Mahmud Aleuy no quiso emitir declaraciones. Tampoco devolvió nuestro llamado la oficina del abogado Luis Ortiz Quiroga, cuyo estudio defiende a Samuel Levy en la causa por supuestas irregularidades en la construcción de tribunales.

SOSPECHA DE COIMA

El proceso penal que involucra a Cosal aparece vigente en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. De ahí es posible extraer a querella interpuesta en agosto de 2013 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que imputa un supuesto delito de fraude al Fisco a dos ex directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: Miguel Sánchez y Gonzalo Díaz.

Tal como recuerda CIPER, el caso «estalló cuando CNN Chile reveló una grabación en la que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, expresaba su parecer contrario a que las posibles irregularidades en la construcción de los edificios en San Antonio, Limache, Iquique, Buin y Peñaflor, fueran investigadas por el Ministerio Público. Para Juica, se trataba de un tema administrativo y no penal».

Levy ha declarado en la causa como imputado, pero no ha sido formalizado. Según el CDE, a comienzos de 2009, Sánchez y Díaz negociaron a puerta cerrada con su empresa y otorgaron a ésta la construcción de un juzgado en Iquique. Ello pese a existir una napa subterránea en el terreno, circunstancia que fue ocultada «deliberadamente al Consejo Superior de la CAPJ».

«La participación de la empresa Cosal S.A. a través de la Inmobiliaria Centro Iquique, creada con la sola finalidad de participar en la construcción de Tribunales en Iquique mediante la modalidad de construcción con arriendo, da cuenta de un hecho relevante… la concentración en la referida empresa de la construcción de inmuebles» , indicó el querellante.

El guardián del Fisco apreció este hecho en la actuación de «Inmobiliaria e Inversiones El Vergel S.A., Inmobiliaria Juan XXIII S.A., e Inmobiliaria Centro Iquique S.A., las que subcontratan a la misma empresa, esto es, a constructora Cosal»; sociedad de Levy cuyos trabajos en el Poder Judicial, obtenidos «sin licitaciones y sin que exista constancia de otras ofertas», suman «más de 40 mil millones».

«El mencionado Samuel Levy señaló que su empresa ya había participado en varios proyectos con la CAPJ bajo la modalidad de arriendo con construcción (igual que en Iquique). Esto en Colina, en San Antonio y en Limache», relató el CDE.

El proceso partía con la llegada de «una carta de oferta a la unidad de infraestructura, (que) se analizaba y se presentaba al Consejo… De acuerdo a los dichos de las distintas personas que han prestado declaración, se desconoce de qué forma el oferente que enviaba la carta (es decir, Cosal) se enteraba de la necesidad que tenía la Corporación de construir algún inmueble determinado».

Lo más relevante es que al no existir más empresas en competencia, «no había forma de determinar si la oferta estaba dentro de los valores de mercado», lo que podría haber llevado a la Corporación a pagar «un mayor valor por el bien adquirido».

Cabe indicar que Cosal también ha mantenido litigios con el Estado. En 2014, de acuerdo a CIPER, se habían cerrado tres de ellos: dos multas del Servicio de Salud de Arica y el Serviu Metropolitano por atrasos en la entrega de obras, y el archivo de una denuncia por extracción ilegal de áridos en el río Cautín, la cual provocó mortandad de peces.

MÁS QUE UN SÍNTOMA

Este martes, la Asociación Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (ADIPTGEN) concurrió nuevamente a la Contraloría General de la República para complementar una presentación efectuada el 11 de octubre pasado, en la cual cuestionaron la adjudicación del sistema de tobilleras electrónicas a la empresa Global Systems S.A., conformada por el ex oficial del Ejército israelí Avram Fritch Vaturi.

El nuevo escrito pide investigar afirmaciones contenidas en un reportaje de El Ciudadano que abordó las sospechas sobre el contrato de $22.500 millones otorgado a la firma del Grupo Rebrisa. Cabe recordar que en la evaluación, ésta solo consiguió ganar el tercer lugar del promedio (4,4) frente a Pegasus S.A. (6,05) y Track Group (4,92), las que ahora solicitan impugnar la licitación.

En opinión de los funcionarios, la Dirección Nacional adoptó «una decisión que parece bajo todo punto de vista atentar contra la normativa, fundamentalmente el artículo 10 inciso segundo de la Ley de Compras Públicas: el principio de estricta sujeción de las bases».

Y es que al interior del servicio también sonó con estridencia la información que apuntó a un posible lobby en favor de Global Systems por los diputados Gabriel Silber y Daniel Farcas, la posibilidad de que el mandamás de Gendarmería Jaime Rojas hubiera tomado contacto indirecto con el oferente ganador en España, y la reunión no desmentida que, según el portal ANIN.cl, habría juntado a Rojas y al embajador de Israel en pleno proceso licitatorio.

Tan solo ayer el diario El Mostrador reveló el vínculo familiar entre Álvaro Güell Villanueva, gerente y mano derecha del ex militar Fritch en Rebrisa, y Pedro Güell Villanueva, «actual director de Contenidos de la Presidencia de la República y, posiblemente, después de Ana Lya Uriarte, el inquilino de mayor peso en el funcionariado de La Moneda».

Paralelamente, el diputado Farcas reconoció su interés de que «el sistema funcione para que los presos con tobilleras no salgan a hacer portonazos, como ha estado ocurriendo. Si por esto tengo que ir mil veces (a Gendarmería), mil veces voy. Y me da lo mismo que digan que voy a hacer lobby».

En este sentido, ADIPTGEN pidió que la Contraloría «promueva una investigación acerca de estos hechos, considerando las bitácoras del vehículo fiscal asignado a la máxima autoridad; los motivos y agenda de las actividades realizadas en la comisión de servicios realizada en España» y «las reuniones efectuadas con congresistas o grupos que promuevan intereses privados».

Los dirigentes representaron además «el volumen de contrataciones directas, efectuadas en el último tiempo, y la insistencia de utilizar este mecanismo» por servidores que también se han visto relacionados con casos de persecución a funcionarios, con terminaciones anticipadas de contrata, disolución de Departamentos y traslado de líderes gremiales.

EL BAÑO DEL DIRECTOR

Carolina Donoso Moreno es arquitecta del Departamento de Infraestructura de Gendarmería. Está a cargo de supervisar los contratos directos que generan ruido en el edificio de calle Rosas. Fue subalterna del director de Gendarmería, Jaime Rojas, en la municipalidad de Lo Espejo, y también durante un breve paso por la Subsecretaría del Interior de Aleuy.

Su jefe es Nelson Morales Lazo, quien depende del subdirector de Administración y Finanzas subrogante, Sergio Palma Sepúlveda. Tal como señalamos en un reportaje anterior, Palma llegó al ente penitenciario acusado de filtrar información del caso SQM a La Moneda, obtenida en su condición de ex asesor del SII.

Fue precisamente Morales quien, el 4 de abril, recomendó contratar de forma directa a la empresa GyR Construcciones SpA a fin de resolver una «emergencia sanitaria por filtración de aguas servidas en el sector norte del edificio (de Rosas), inhabilitando los servicios higiénicos de sector». Para ello envió una cotización única por $22.967.753 a Logística.

El Ciudadano revisó los documentos de la compra y detectó que los informes detallados sobre el caso, tanto en el área de Salud como Infraestructura argumentando a favor de la urgencia, fueron remitidos a Logística el 5 y 7 de abril, es decir, de manera posterior a que la empresa revelara su oferta a Morales.

Según constató este medio, la empresa GyR, que inició su actividad tributaria el 27 de julio de 2016, y que figuraba sin experiencia en el portal de Mercado Público antes del negocio con Gendarmería, pertenece al ex administrador municipal de La Florida, Daniel Reyes Morales. El abogado, que según LinkedIn asesora a distintos «servicios públicos y empresas», figura además como ex coordinador de la Subsecretaría de Prevención del Delito entre enero y julio de 2012.

Fuentes confirmaron que posterior a abril, GyR logró conseguir otro trato directo con Gendarmería, esta vez por $49.999.122, y con la intervención directa de la arquitecta Carolina Donoso, quien esgrimió la causal de confianza en el proveedor.

«Considerando -escribió Donoso- que la empresa que efectuó los servicios de reparación en los baños de la Dirección Nacional y Subdirección Operativa conoce las deficiencias que adolecen los sanitarios y cañerías de los baños de los funcionarios del edificio de Rosas… es que se aconseja que sean ellos (GyR) quienes realicen las reparaciones del área de servicios higiénicos de los funcionarios».

Uno de los abogados que reclamó por la escasa argumentación del trato directo -según la nueva denuncia de ADIPTGEN- terminó siendo perseguido con traslados y, finalmente, con el cese anticipado de su relación con Gendarmería.

«Si nos colocamos en la posición de un observador ajeno… cuesta entender cómo previamente, cuando se efectuó la reparación del baño del Director Nacional, no se haya también visualizado que eran necesarias otras reparaciones, es decir, eventualmente se podría estimar que estamos fragmentando una contratación», señaló el jurista en un correo enviado a Fernanda Montoya, asesora jurídica del subdirector Sergio Palma.

El afectado -quien también relató su caso a la Contraloría, en un escrito al que accedió este medio- planteó que la situación fue «más que una simple reprimenda por no obedecer una orden, sino más bien, permite dejar en evidencia el real objetivo perseguido por la Autoridad, esto es: humillar, degradar, atropellar, insultas y deshonrar a uno de sus funcionarios».