En enero de 2020, P.M* interpuso una querella criminal en contra de Gastón Pinochet Donoso, por los delitos de abuso sexual infantil y amenazas, presuntamente cometidos hacia su hija de 5 años. Lo anterior, habría quedado al descubierto mediante un informe realizado por el Programa de reparación en maltrato y abuso sexual infantil PRM “San Clemente Maule”, el cual da cuenta de hechos graves y constitutivos de delitos -el que incluiría pornografía infantil-.
Sin embargo, esta acción judicial no sería la única interpuesta en contra de Pinochet. La Corporación de Asistencia Judicial (Mi Abogado), presentó una querella criminal en contra de Gastón Pinochet y su cónyuge, María Aubele, por los delitos de violación impropia, producción de material pornográfico infantil y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar (en el caso de Pinochet); mientras que Aubele por abuso sexual -al igual de Pinochet-.
Según información del Tribunal Electoral de la Región del Maule (TER), está conformado por Carlos Carrillo (presidente y ministro), Gastón Pinochet (primer miembro), y Olga Morales (segundo miembro). Lo anterior también fue corroborado a través de la página web del TER y por la Acta de Sesión Extraordinaria N°295, en donde se menciona la presencia de Pinochet -diciembre de 2021-, a pesar de ser investigado por Fiscalía por abuso sexual infantil.
Incluso, existe otro antecedente que alerta: Gastón Pinochet fue representante legal de la Corporación de Ayuda a la Familia, organismo colaborador acreditado del Servicio Nacional de Menores, quienes en conjunto han llevado a cabo el proyecto «Residencia de vida familiar Liliana Donoso” ubicado en Linares, y el que consiste en “acoger a 20 niñas vulneradas gravemente en sus derechos, proporcionándoles la satisfacción de sus necesidades biopsicosociales, en un ambiente protector, reparatorio, empático y seguro” -como se lee en el convenio firmado entre Pinochet y Blas Becerra, ex director regional Maule Sename-.
Además, Gastón Pinochet es padre del ex seremi de Economía del Maule (2019-2022), Matías Pinochet, quien fue nombrado por el exministro subrogante de Economía, Ignacio Guerrero, durante el gobierno de Sebastián Piñera, y quien actualmente es el representante legal de la Corporación de Ayuda a la Familia.
No obstante, el pasado 26 de diciembre y ante el Tribunal Constitucional, la abogada querellante Rocío Henríquez, presentó un requerimiento por inaplicabilidad de precepto legal, es decir, por aplicarse impunidad en la investigación en contra de Gastón Pinochet. Lo anterior, debido a que pesar de existir una declaración videograbada por la niña -relatando los hechos-, el fiscal de la causa, Alberto Gallegos, hizo el uso de no perseverar.
Incluso, los abogados querellantes del caso solicitaron a Fiscalía formalizar a Pinochet, puesto que, existirían los antecedentes suficientes para su formalización, pero aquello no ocurrió. Por lo que este requerimiento, busca que no solo el Ministerio Público tenga la facultad de formalizar.
Hasta el cierre de este artículo, se logró corroborar que tanto el fiscal Gallegos y la abogada de Pinochet, Grace Salazar, fueron notificados de este requerimiento, que ya fue declarado admisible.
Es necesario recordar, que hace un par de días se reveló que el padre del presidente de la UDI, Eduardo Macaya, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, para que en caso de ser condenado por el delito de abuso sexual infantil, no cumpla su condena en la cárcel.