«Gatillo fácil»: Una tragedia que se repite en San Antonio, el olvidado caso de Ramón Duarte ocurrido en octubre de 1988

La noche del sábado 29 de octubre de 1988, Ramón Duarte Reyes, conocido por sus amigos y familiares como 'Ramucho' fue asesinado vilmente con un disparo en el pecho por un Carabinero que lo detuvo sin justificar.

Ronald Ángel

18/04/2023 9:10am

Que un agente de carabineros protagonice un crimen o un asesinato contra un civil a raíz de un caso de ‘gatillo fácil’ no es algo nuevo en Chile y peor aún, parece ya no sorprender. Sin embargo, en un momento histórico como el actual, donde las grandes mayorías del país pretenden y aspiran a darle un cambio radical al modelo político, social, económico, jurídico y constitucional chileno, que aún se sigan cometiendo crímenes relacionados al abuso policial y de la fuerza pública, llama a capítulo y debe encender las alarmas de toda la sociedad.

Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 los homicidios crecieron 33,4% respecto al año anterior, la segunda mayor variación en América Latina detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80%. Ante el incremento sostenido de los delitos y la inseguridad en Chile, la semana pasada el país observó como desde el propio Congreso se aprobó la polémica ley «Naín-Retamal», conocida también «gatillo fácil», una norma que establece la «legítima defensa privilegiada» para los cuerpos de policía en medio del actual contexto de seguridad, y que permite atacar a la delincuencia con mayor proporción del uso de la fuerza letal, pero sobre todo, poner en el entrecejo del prejuicio a la población más vulnerable, los pobres y especialmente a los inmigrantes indocumentados.

Es decir, la ley parece convertirse, aunque desde el parlamento lo niegan, en una carta blanca para una especie de ‘apartheid’ que le da el espaldarazo a los uniformados de calificar a su antojo quien es o no un criminal y actuar en consecuencia, algo que más allá de procurar generar un clima de mayor seguridad, parece dar piso a un escenario más peligroso, donde el manto de la impunidad se torna más oscuro y deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento, algún ciudadano pueda caer en una trampa procesal o hasta incluso perder la vida por algún carabinero que en una situación conflictiva decida, sin más ni menos, presionar el gatillo.

En menos de una semana de haberse promulgado la ley del gatillo fácil, que establece que en caso de que un policía o militar utilice sus armas de servicio se presumirá que «han sido correctamente empleadas» cuando actúen en defensa propia, ya ha surgido un controversial y lamentable suceso, el asesinato del joven de 19 años David Toro en un caso poco claro ocurrido en una parada policial de Carabineros. Todo esto sucede tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, así como otros hechos en el que la delincuencia ha atacado a los agentes de la fuerza pública que aceleraron la aprobación de la polémica normativa. La sargento Olivares fue acribillada al bajar del automóvil policial mientras acudía a un procedimiento.

Clima de «inseguridad»

Sin embargo, cuando se trata en el uso proporcional y diferenciado de la fuerza, siempre es necesario recordar que son los agentes que tienen el poder de saber administrar el uso de sus armas y evitar a toda costa que el resultado de una operación termine en un evento fatal, lo que hace la verdadera diferencia con los métodos que utilizaron las dictaduras militares en el pasado y que en Chile tienen un amplio prontuario de crímenes de lesa humanidad que especialmente deben ser tomados en cuenta por los funcionarios para evitar la repetición de ese tipo de sucesos.

El tenso clima sobre la seguridad en Chile en el contexto actual pareciera mostrar indicios del inicio de una guerra civil sin precedentes que podrían encabezar las bandas criminales que operan en el país contra la fuerza pública, pero que además generaría una especie de alarma, especialmente en Carabineros que crisparía las tensiones con la ciudadanía y llevar la cuestión al punto de que la presunción de inocencia se convierta en sospecha de culpabilidad contra cualquier transeúnte.

Las presiones han llegado a tal punto que el propio presidente Gabriel Boric ha convertido el tema de la seguridad en un punto central de su Gobierno, algo inesperado, teniendo en cuenta que su bandera electoral apuntaba más hacia los cambios requeridos en las demandas sociales que se propagaron durante el estallido social, sobre todo, el anhelado cambio de la Constitución.

La situación incluso ha llevado a que el mandatario tenga roces con varios países de la región, como Bolivia y Venezuela por nombrar algunos, en principio por el tema de la migración irregular, a la que se señala de insertar presuntos delincuentes en la sociedad chilena que serían responsable del alza de la criminalidad.

En medio de las tensiones, Boric llamó a no discriminar a los migrantes en medio de la crisis de seguridad que sufre el país, tras ser consultado sobre la polémica decisión de la Fiscalía de pedir prisión preventiva como medida cautelar contra personas detenidas (nacionales y extranjeros) cuya identidad no pueda comprobarse.

«No confundamos a todos los migrantes con delincuentes, eso es importante decirlo, aunque a veces sea impopular», afirmó Boric en conferencia de prensa. «No miremos a la persona que migra como un enemigo, un adversario, sino a la persona que delinque como tal».

El asesinato de David Toro en manos de Carabineros

Todo ese escenario de tensiones en torno al tema de la seguridad en Chile, que incluso marca las relaciones geopolíticas del país, han generado que la peligrosa ley del gatillo fácil sea apoyada por una parte del país que desea el cese de la criminalidad, pero que por otra parte también causa alarma y rechazo, porque pone en peligro los derechos fundamentales de la ciudadanía y hace recordar las deleznables acciones que perpetraban los agentes de carabineros en la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Esta semana arrancó con la terrible noticia de la extraña muerte del joven David Toro en lo que parece ser un caso de abuso policial extremo que podría amparar la recién promulgada ley de gatillo fácil. Según la versión oficial, el chico de 19 años habría intentado evadir un control de Carabineros en el sector de Lloleo, comuna de San Antonio, y en la acción atropelló a un uniformado, sin matarlo, lo que generó la reacción armada de los funcionarios que mataron en el acto al ciudadano con una ráfaga de ametralladora.

Sin embargo, para el padre del joven, Álvaro Toro, su hijo era un estudiante tranquilo, no violento, que ni siquiera consumía drogas. Él presume que el joven pudo haberse asustado ante la presencia policial y quizá una situación irregular durante el procedimiento, por lo que habría decidido arrancar el auto en medio de los hechos.

El padre comentó al diario Líder de San Antonio que su hijo «no andaba cometiendo delitos» y que había comprado su «autito» producto de su esfuerzo. «No tenía papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que carabineros usara una UZI contra las personas, menos contra mi hijo, porque luego de darle un disparo en la cara, bajaron del auto y lo remataron«.

El joven le había comentado a su padre que quería reparar el vehículo porque tenía problemas en el arranque. «Así que niego todas las acusaciones que se están haciendo porque mi hijo no tenía antecedentes penales. Tenía 19 años, estaba estudiando y trataba de hacer algo de plata manejando como Uber para no molestar en la casa porque no nos pedía nada. No consumía drogas, nada», agregó.

La familia Toro va a tomar acciones legales contra Carabineros porque desean esclarecer la terrible muerte de su hijo. «Queremos llegar al final de todo esto, que se aclare todo porque es a mi hijo al que mataron, es mi hijo, y a los amigos les dieron una golpiza brutal, porque son mayores golpeando niños y queremos que Carabineros no tape el sol con un dedo y que digan que el carabinero se pasó en su condición de oficial con lo que hizo».

Caso parecido en la dictadura de Pinochet

La noche del sábado 29 de octubre de 1988, Ramón Duarte Reyes, conocido por sus amigos y familiares como ‘Ramucho’ fue asesinado vilmente con un disparo en el pecho por un Carabinero que lo detuvo sin justificar, relata un reportaje de la época divulgado por el periódico La Era.

El lamentable e injustificado crimen sucedió cuando el joven de apenas 18 años de edad y estudiante cuarto año del Liceo Fiscal de San Antonio caminaba entre risas por las calles junto a un par de amigos más, Paolo y Víctor. Era casi la medianoche.

Cuando los tres chicos se disponían a ir a un bar, un par de Carabineros se bajaron abruptamente de un colectivo y se les acercaron de forma violenta. «¡Alto!», gritaron los policías, y de inmediato procedieron a insultarlos y a empujarlos hacia la pared. Uno de los funcionarios tomó por un brazo a Ramón y le dijo: «¡Ya camina!, negro» y le puso su metralleta apuntando al pecho. En pocos segundos, Paolo escuchó un disparo y Ramucho cayó al suelo.

En ese momento, el otro Carabinero exclamó mirando al que había disparado: «¡La cagamos, vámonos!» y salieron corriendo al colectivo que se alejó rápidamente del lugar, donde Paolo, Victor y Ramón habían sido víctimas de la brutalidad policial.

Cuando Paolo y Víctor, en medio del desasosiego y la desesperación, con las manos manchadas de sangre para intentar salvar a Ramón, buscaron auxilio y consiguieron montarse en un colectivo. Sin embargo, a mitad de camino, una patrulla de Carabineros les impidió el paso por la vía y ellos se bajaron a pedir auxilio. La respuesta de los uniformados fue que ellos no eran ambulancia ni enfermeros, y de inmediato los volvieron a revictimizar al incriminarlos como supuestos ladrones de carros.

Los carabineros se llevaron detenidos a los tres jóvenes, incluyendo el mal herido Ramón, a quien llevaron a una estación policial, lo tacharon de delincuente, no le prestaron los debidos auxilios médicos y murió. Fue uno de tantos lamentables casos de gatillo fácil del cuerpo policial, una práctica histórica que tiene sus más profundas raíces en la dictadura de Pinochet.

La familia de Ramón buscó esclarecer el crimen pero el caso se había tornado en un cangrejo y el manto de la impunidad ocultó cualquier resquicio de justicia. Los padres de Ramón solo volvieron a ver a su hijo cuando lo misma policía fue a su casa a informarles que su hijo había muerto y que el cadáver estaba en una estación policial donde habían llevado detenido a Ramucho.

Las similitudes entre aquel caso del joven Ramón y la del chico David, 35 años después, dejan claro que el poder de la metralleta y el dedo que dispara con facilidad el gatillo sigue vivo en el alma de los carabineros.

Los vicios y dictámenes de la dictadura militar, más allá de seguir inscritos en el texto constitucional también forman parte de la violencia insertada en la sociedad, no justamente por la creciente criminalidad, sino por un modelo de seguridad que requiere cambios y de unas leyes que como la recién promulgada por el Congreso, en plena era democrática y de cambios, ponen en peligro la vida de cualquier ciudadano, que sin mayores evidencias, puede ser sitiado por un enemigo que debería ser garante de su vida y su seguridad.

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