Gendarmería blinda a cuestionada jefa de auditorías

La Ley de Transparencia no se está aplicando rigurosamente en Gendarmería. En noviembre, la institución debió informar las medidas disciplinarias que aplicó a dos familiares del ex director nacional, coronel Tulio Arce, por diversas irregularidades: a su hermano, destituido a fines de 1998 por otorgar facilidades a internos vinculados al narcotráfico, y a un sobrino, multado en 2012 tras «desatender» la jefatura de una unidad de alta seguridad.

Esto sucedió luego que el Consejo para la Transparencia acogiera un reclamo presentado por El Ciudadano – que se fundó en un dictamen de la Contraloría General de la República que obliga a los servicios públicos a revelar sumarios administrativos afinados, para que la ciudadanía ejerza un control social sobre los mismos -, porque Gendarmería se negaba a proporcionar copia de los antecedentes.

Recientemente, en un procedimiento avalado por el nuevo director, Jaime Rojas, la encargada de la Unidad de Auditoría Interna del servicio penitenciario, Gemma Paillao, negó acceso a las sanciones e investigaciones internas que la involucran. El organismo dio fe de las palabras de Paillao, que en una carta enviada a este medio señaló: «Considero que se ven afectados mis derechos, esencialmente en lo que dice relación con antecedentes personales y datos sensibles».

En la solicitud de origen requerimos la entrega de un proceso abierto contra Paillao en la cárcel de Colina, cuando varios kilos de carne fueron hallados en el portamaletas de su vehículo. En sintonía con lo anterior, este medio corroboró que la funcionaria cercana a la administración piñerista del servicio bajo el ex director Marco Fuentes, tuvo que cumplir una sanción de «multa» en el año 2008, tras ser involucrada en irregularidades administrativas, reglamentarias y contables.

Pero esa no fue la razón más importante que llevó a funcionarios a cuestionar su llegada a la cumbre de Auditoría Interna: en 2013, el psicólogo Iván Salgado presentó una denuncia a la Contraloría, señalando que fue desvinculado arbitrariamente por negarse a adulterar documentos para lograr que Paillao asumiera el cargo sin aprobar sus exámenes psicológicos.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Salgado era encargado de recursos humanos de la Unidad de Reinserción Social de Sistema Abierto cuando le ordenaron evaluar la personalidad de los postulantes a cargos del denominado «tercer nivel jerárquico de Gendarmería» en las áreas de informática, jurídica, salud y auditoría.

Según el escrito que dirigió en noviembre de 2013 al entonces contralor Ramiro Mendoza, la jefa de Recursos Humanos del ente carcelario, Silvia López, y el jefe de gabinete del director nacional de la época, Christian Alveal, lo citaron al edificio de calle Rosas Nº 1264 para revisar los test psicológicos de los candidatos que habían sido calificados como «no aptos», instancia en que se le habría ordenado que cinco de esas evaluaciones se modificaran a «aptos con reservas».

López habría tomado de las manos de Salgado una hoja con la tabla de los resultados, borrando el «no» a la observación de «no apto» para el caso de Gemma Paillao (ver documento aquí), mientras el coronel Alveal se jactaba de conocer de cerca a la actual jefa de auditorías, con quien había compartido piso en la Dirección Regional Metropolitana.

Posteriormente – relató en la denuncia – se le obligó a firmar las evaluaciones con los resultados cambiados, lo que consintió por temor a ser desvinculado del servicio. Sus temores, sin embargo, se cumplieron tiempo después: la Dirección Nacional instruyó un sumario en su contra por supuestas amenazas proferidas a la jefa de RRHH.

El cabecilla de Gendarmería, Marco Fuentes, viéndose en la obligación de atender también a los dichos de Salgado, nombró como fiscal del sumario a Luis Camino Farías, subdirector operativo de la institución que al retirarse obtuvo la pensión ilegalmente «trucha» más alta de todas – seis millones de pesos y fracción -, algo que el Consejo de Defensa del Estado interpretó este año como fraude al Fisco.

El 23 de noviembre de 2013, Iván Salgado inhabilitó a Camino por «aparecer involucrado en los hechos denunciados» y, momentos después, recibió la noticia de que su contrato no sería renovado.

El sumario solo se cerró en septiembre de 2016, casi tres años más tarde, cuando el director que reemplazó al coronel Tulio Arce, Jaime Rojas, decidió, mediante la Resolución Exenta Nº 8342 del día 23 – descargar aquí -, que «no fue posible concretar y fundamentar los hechos denunciados (las amenazas contra Silvia López de RRHH), ya que solo existen declaraciones de la denunciante y el denunciado», por lo cual liberó de toda responsabilidad al psicólogo.

En cuanto a la presunta adulteración de documentos, la Fiscalía Administrativa determinó que «no existen antecedentes para formular cargos respecto a la materia», porque Salgado no habría hecho saber en tiempo y forma el acto «ilegal», y porque la Contraloría desestimó la denuncia al no existir «elementos objetivos que den certeza a los hechos reclamados», según el dictamen Nº 65.665 del 28 de agosto de 2014.

Cabe señalar que en julio de 2016, el nuevo contralor Jorge Bermúdez removió de ese ente, por «falta de confianza», al jefe de la División de Personal de la Administración del Estado, Hernán Fonseca, unidad que visó las millonarias jubilaciones de Gendarmería – entre ellas, las de Camino y el ex director Fuentes, superior a los cinco millones de pesos – bajo la administración fiscalizadora de Mendoza.

TODO QUEDA EN FAMILIA

Llama la atención que en el resumen del expediente que indagó la acusación del psicólogo Iván Salgado no figuren declaraciones del coronel Christian Alveal, oficial cercano a Paillao que habría estado presente en la reunión del «borrón», ni tampoco alusión a otros documentos que el profesional remitió a la Contraloría: tres actas firmadas por el ex subdirector de Administración y Finanzas, Carlos Esteffan, en las que éste manifestó por escrito que «el informe psicológico dice ‘no apto’ y está corregido» para el caso de cuatro postulantes además de Paillao (descargar documentos aquí).

Fuentes de El Ciudadano sostuvieron que detrás del cierre del capítulo Salgado-Paillao está la mano de Maurice Grimalt, actual subdirector operativo de la institución. A él se le cuestiona por tener a dos primos trabajando en el servicio: el primero, un subalterno directo, Mario Espinoza Grimalt, es jefe administrativo de la Unidad Penal de San Miguel; el otro, Hugo Espinoza Grimalt, ex director nacional vinculado al PS, labora como profesor de la Escuela de Gendarmería con sueldo Grado 5, lo cual – indican – no corresponde, ya que su cargo no es de jefatura.

Hugo Espinoza gobernaba las cárceles chilenas cuando el hermano de la ex jefa de Comunicaciones de Gendarmería, Myriam Olate – esposa del diputado Osvaldo Andrade que recibió un «jubilazo» de cuatro millones de pesos -, fue involucrado en la falsificación de documentos para la compra a sobreprecio de extintores de la institución, caso que motivó su expulsión de la misma. Según archivos del sumario obtenidos por El Ciudadano, Héctor Olate se jactó de tener la protección del primo del coronel Grimalt.

«(…) el jefe administrativo me notificó que pasaría a cumplir funciones como encargado de adquisiciones, eso de acuerdo a lo dispuesto por el jefe del Departamento de Personal de la Dirección Nacional de Gendarmería, en razón de una orden del Director Nacional, esto lo supe por parte de mi hermana, Myriam Olate, manifestándome que el Director Nacional me puso allí, porque él tenía sus razones», declaró el acusado en julio de 1998.

Más adelante, negándose a ser notificado de la sanción propuesta en su contra, e informado que la última decisión recaía en el director nacional Hugo Espinoza – de acuerdo a lo escrito por Luis Díaz Pino y Luis Ponce Véliz, fiscal y actuario del sumario, respectivamente – Olate habría señalado de forma altanera: «mejor aún».

El Ciudadano solicitó una entrevista con el actual subdirector operativo Maurice Grimalt, pero fue negada.

Tampoco pudimos conversar con Gemma Paillao, quien no quiso emitir declaraciones. Se solicitó una explicación por escrito a la Unidad de Comunicaciones sobre tal determinación, pero no hubo respuesta.

Un indicativo – comentan fuentes de la institución – de que los vientos podrían no haber cambiado al interior de Gendarmería tras la salida del ex director Tulio Arce, es la nueva concesión de asignaciones críticas autorizadas a través de la Resolución Exenta Nº 8398 de fecha 27 de septiembre de 2016 por el nuevo director, Jaime Rojas, en cuya lista aparece el nombre de Paillao (ver documento completo aquí).

Recordemos que la fórmula para aumentar las pensiones era tomar de referencia, en la fijación del monto de jubilación, el sueldo de un mes inflado por asignaciones críticas.