La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), fue condenada ayer martes a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, al terminar un juicio que duró tres años y medio y que estuvo rodeado de escándalos y denuncias de parcialidad e irregularidades.
El Tribunal Oral Federal número 2, conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, encontró a la expresidenta culpable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Sin embargo, la absolvieron del delito de asociación ilícita que le habían imputado los fiscales de la causa, y cuya pena máxima era de 12 años de cárcel.
De esta forma concluyó un proceso en el que hubo 13 imputados que recibieron sentencias que van desde la absolución hasta los seis años de prisión, y en el que participaron más de 100 testigos.
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Fernández de Kirchner estaba acusada de haber encabezado una asociación ilícita que, durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien era amigo y socio de la pareja.
En su alegato, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron una pena de 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y decomiso de sus bienes. Al final, el Tribunal optó por una condena menor, reduciéndola a la mitad.
Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 9 de marzo, cuando se sabrán los argumentos judiciales que tomaron en cuenta para dictar las sentencias.
«La condena estaba escrita»
Tras conocerse el fallo, la vicepresidenta desde su despacho en el Senado ofreció un mensaje en el que rechazó ser culpable de defraudación a la Administración pública y anticipó que apelará el fallo.
Indicó que la condena responde a la «mafia judicial» y a «un sistema paraestatal» dominado por el «poder económico y mediático» que le condena por su «compromiso con los derechos del pueblo»
Al respecto, recordó las múltiples irregularidades procesales que tuvo el caso.
«La condena estaba escrita (…) Está claro que la idea era condenarme como finalmente lo hicieron», dijo.
Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseveró que Cristina Fernández de Kirchner resultó «condenada una persona inocente», que además fue estigmatizada por los poderes fácticos en los medios de comunicación y perseguida «a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana».
En su cuenta de Twitter, Fernández aseveró que resultó «condenada una persona inocente», que además fue estigmatizada por los poderes fácticos en los medios de comunicación y perseguida «a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana».
Un fallo empañado de macrismo
Desde Página/12 señalaron que «no había otra decisión posible de un juez, Rodrigo Giménez Uriburu, que jugaba al fútbol en el mismo equipo que el fiscal Diego Luciani, en la quinta de Mauricio Macri».
El medio independiente ya había revelado la trama detrás del polémico fallo iba a prosperar la recusación de ese equipo porque los que decidieron fueron camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos «que lo visitaban clandestinamente en la Casa Rosada y Olivos».
Página/12 también hace mención al viaje a Lago Escondido «pagado por el grupo Clarín, y con los jueces y funcionarios macristas evaluando cómo falsificar pruebas y esconder delitos».
Allí estaban Julián Ercolini, el juez que instruyó la causa Vialidad-es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los consideró suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y pública- y el padre del fiscal Ignacio Mahiques, uno de los dos que impulsó la acusación original.
De hecho, la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare pidió a la Justicia que se investigue por el delito de aceptación de dádivas al grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia por el delito de «aceptación de dádivas», que habrían asistido al viaje.
«La condena estaba cantada cuando la Corte Suprema -en guerra con el Poder Ejecutivo y alineada con el macrismo- dictó un fallo feroz sobre la causa Vialidad cuando justito estaban por alegar Luciani y Mola rechazando todos los recursos de las defensas. Por ejemplo, los defensores habían sostenido que no se podía hacer un juicio sin las más elementales pericias o con la intervención de magistrados visitantes de Casa Rosada y Olivos. Los cortesanos no aceptaron nada y pegaron un golpe que fue una especie de vía libre para condenar», planteó Página/12.
Objetivo: Sacar de la cancha a CFK
Al no haber condena por asociación ilícita, los jueces tienen que probar el vínculo de cada uno de los condenados con el fraude.
Sin embargo en el juicio se comprobó que Cristina Fernández no tuvo comunicación con ninguno de los otros acusados.
«No hay una sola comunicación de Cristina, no hay una instrucción, no hubo un solo testigo que afirmara que ella tuvo alguna intervención», destacaron desde Página 12 y planteó que el fallo tiene una única explicación: «sacar de la cancha a la principal referente del peronismo» y apuntar a la proscripción.
«Para esto tuvieron que redactar un texto contradictorio, que destila odio ausente de toda prueba. Al final, la asociación ilícita fue el tribunal y todo el estado paralelo que tuvieron detrás». señalaron.
La propia CFK sostuvo que la condena «real» no es la pena a prisión, sino la inhabilitación para ejercer cargos públicos para alguien que, como ella, accedió dos veces a la Presidencia y una a la Vicepresidencia por el voto popular. Un escenario que recuerda el «lawfare «perpetrado contra Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
La vicepresidenta argentina anunció que no presentará candidatura alguna en los comicios generales de 2023 porque no va a «someter» al peronismo a que lo «maltraten» por una «candidata condenada».
Cabe recordar que en su tramo final, el juicio se vio sacudido por el ataque que sufrió Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidenta en el proceso judicial.
«Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre (cuando termine su período como vicepresidenta), siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Eso es lo que quieren: presa o muerta», aseguró Fernández.
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