El grupo de ‘hacktivistas’ Guacamaya obtuvo y filtró millones de documentos clasificados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile, México, El Salvador, Colombia y Perú, lo que ya ha provocado una serie de escándalos por la falta de ciberseguridad de los Estados, así como la persecución a periodistas, ambientalistas, feministas, defensores de derechos humanos y todo tipo de organizaciones sociales.
Guacamaya, nombre de una de las aves oriundas de América Latina, se dio a conocer en marzo pasado, cuando difundió datos sobre la persecución a ambientalistas en Guatemala, pero en las últimas semanas saltó a la fama al revelar archivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México.
En Chile, el escándalo generó la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, Guillermo Paiva, mientras que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador ha restado importancia a las primeras informaciones que se han referido a su estado de salud y ha negado la compra del programa Pegasus, que según una investigación periodística sirvió para espiar a dos periodistas y un defensor de derechos humanos, explica la periodista Cecilia González para RT.
Hasta la fecha, se conocen dos sitios web donde se comparten las filtraciones de este grupo: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivist. En este último, anticipan que también se infiltraron en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de El Salvador; el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia; y en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en el Ejército de Perú, por lo que se prevé que en los próximos días darán acceso a esa información.
«¡No somos defensores de la vida, somos vida!», titulan en un comunicado, en el que explican su lucha contra el colonialismo, el capitalismo que ha degradado a la naturaleza y la creación de ejércitos represores en América Latina.
«Bajo el pretexto de garantizar el orden interno, la libertad y el bienestar (…) entidades como la policía con sus derivados de civil, militar, local, nacional, de tránsito, etc. empiezan a ejercer el control y el monopolio de la violencia a nivel intra-estatal», señalan.
Guacamaya en pie de guerra
El resultado, según afirman los hackers, es una paradoja, ya que la independencia de los Estados, la democracia, los derechos, la justicia social y la paz ha sido eclipsada por la creación de los entes y aparatos militares armados.
«Es de suponer que son necesarios porque el país está en continuo riesgo de invasión, porque la población se va a organizar en delincuencia y van a haber grupos que atenten contra el Estado. Se ve que a pesar de todo lo beneficioso que puede ser el modelo del Norte Global, los estados suponen que la personas se organizarán por naturaleza para crear malestar y violencia. Algo absurdo», denuncian.
A los gobiernos, añaden, no les interesa la población ni el «respeto sano hacia la Madre Tierra», ya que son funcionales a los intereses del capitalismo basado en el extractivismo.
«Por ello, necesitan de una fuerza de choque. Necesitan de fuerzas armadas que garanticen el apaciguamiento de cualquier vestigio de descontento. La creación de los ejércitos como entes institucionales, como fuerza armada organizada y profesional, es la garantía de los estados para mantener presos a sus habitantes», explican.
En este contexto, afirman, la Policía minimiza el riesgo de que los pueblos ejerzan su digno derecho a la protesta y «a destrozar el sistema que les oprime», en tanto que el Ejército desdeña las tensiones sociales y la guerra, ya sea dentro del estado o entre estados-nación, y la considera apenas como una válvula de escape.
«El ejército es una fábrica de asesinos, violadores y personas paranoides. Ninguna persona que haya pasado por sus filas, vuelve a ser una persona sana a nivel mental», acusa al impugnar el servicio militar obligatorio, la corrupción en las fuerzas de seguridad y el intervencionismo de EE.UU., que ha impulsado golpes de Estado en la región y apoyado a dictaduras.
«Para que quede claro, los ejércitos militares y las fuerzas policiales de los Estados de Abya Yala (el nombre más antiguo de un territorio en América) son la garantía de dominio del imperialismo norteamericano, son garantía de la presencia extractivista del Norte Global. Son fuerzas represoras violentas, criminales en contra de los propios pueblos y sus organigramas piramidales internos de poder también son repudiables», señalan.
A todo ello se debe la filtración de millones de documentos, aseguran, ya que esperan que ayude a «remover la digna rabia, para que las que no hayan visto, vean», así como para pensar y repensar métodos de resistencias y «liberación de los pueblos y de la Madre Tierra».
«Guacamaya invita a los pueblos de Abya Yala a que hackeen y filtren estos sistemas de represión, domino y esclavización que nos domina, y que sean los pueblos los que decidan buscar la manera de liberarnos del terrorismo de los Estados», concluyen.
Lucha poética
En su presentación, los ‘hacktivistas’ incluyen un poema titulado ‘Resistencia’, en el que recuerdan los 529 años de invasión de los pueblos americanos y que explica la adopción del nombre de un ave.
«En las esquinas y los rincones de esta, nuestra casa grande
aunque el dolor sea abundante
y las risas congeladas por la mueca de la muerte,
traemos nuestras manos de arcilla llenas de semillas;
con la fuerza y el hechizo de la naturaleza
símbolo de la matria común: Abya Yala.
Traemos esa audacia elocuente en el misterio secreto
de las piedras: abuelas que nos cuentan,
nos hablan con su resistir inmutable aunque fluido.
Así mismo traemos nuestro canto de Guacamaya,
nuestra inteligencia conectada,
nuestra resistencia ancestral atravesada en la piel,
y ahora en los cables que antaño nos mataban».
El resto de los versos rememora horrores de la guerra, invasiones, violencias, saqueos y sometimientos, para aclarar que, a pesar de todo, los pueblos están resistiendo y floreciendo de nuevo para luchar por la libertad y detener la destrucción de la naturaleza, ya que su victoria será la vida.
Filtraciones Guacamaya
El pasado 19 de septiembre, el Gobierno de Gabriel Boric en Chile enfrentó una crisis, luego de que Guacamaya revelara más de 400.000 correos confidenciales del Estado Mayor Conjunto que abarcan el periodo que va del 2012 al 2022.
La filtración permitió conocer gastos exorbitantes de los militares y confirmar su seguimiento a organizaciones sociales.
Sin embargo, también incluye información clasificada, secreta o ultrasecreta, que podría poner en riesgo la seguridad del país, como el sistema de monitoreo de comunicaciones satelitales en las fronteras, programas para almacenar bases de datos de inteligencia, informes confidenciales y datos de los agregados de defensa en todo el mundo.
La crisis por el hackeo obligó a que la ministra de Defensa, Maya Fernández, volviera de urgencia al país desde Nueva York, en donde se encontraba de gira. Más tarde, renunció el jefe del Estado Mayor, Guillermo Paiva, pero el escándalo no ha terminado, ya que el Congreso debate los alcances de la filtración mientras la prensa sigue publicando información que encuentra en los millones de correos.
En México, la difusión recién comienza, pero ya tiene secuelas.
Además de confirmar las enfermedades que padece López Obrador, y de las cuales el Gobierno no había informado, los documentos filtrados revelaron una serie de abusos sexuales cometidos en el Ejército que presuntamente no se han investigado ni sancionado, por lo que las soldados que han sido víctimas permanecen en el desamparo.
También recogen que el Ejército mexicano compró el software Pegasus, que sirve para intervenir comunicaciones y que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se utilizó para espiar de manera ilegal a todo tipo de opositores.
Una investigación colectiva de diferentes medios denunció que el Ejército usó este sistema para espiar a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos que estaban investigando presuntas violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas.
López Obrador negó el martes que se hayan realizado estas intervenciones ilegales y advirtió que, en todo caso, la Secretaría de la Defensa Nacional realiza «inteligencia» no «espionaje».
Las víctimas ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República pero, al igual que pasa en Chile, los escándalos recién comienzan porque la filtración implica millones de correos que están siendo revisados.
Y todavía falta que Guacamaya ponga a disposición los documentos de El Salvador, Perú y Colombia.
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