Como si no bastara con los escándalos de corrupción de agentes de confianza de Juan Guaidó en Cúcuta, Colombia, el entramado que gira en torno a la refinería Citgo -filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos-, la empresa Monómeros -filial de Pequiven en Barranquilla, Colombia-, entre otros relacionados con paramilitarismo, narcotráfico, prostitución, enriquecimiento ilícito, abuso de drogas y más; ahora se suma un nuevo capítulo al ya amplio prontuario de la extrema derecha venezolana y su supuesto Gobierno interino: el negocio de la importación de alimentos.
Ya es sabido que gente de confianza de Guaidó actúa en Estados Unidos contra los intereses de Venezuela al mantener secuestrados -con apoyo y complicidad del Gobierno de Donald Trump- más de 34.000 millones de dólares en bienes y activos de Pdvsa y Citgo en ese país. Lo hacen al usurpar cargos públicos del Estado venezolano al autoproclamarse miembros de la directiva de Citgo designados por el «gobierno interino».
Igual ocurre con Monómeros, secuestrada por el grupo de Guaidó con apoyo y complicidad del Gobierno de Iván Duque, quien ha permitido que la industria dedicada a producir -como refiere su sitio web- «caprolactama, materia prima para la producción de Nylon 6, productos industriales que son transformados en calidad de vida, fosfatos de calcio que se convierten en vitalidad para los animales, y fertilizantes que enriquecen los suelos y nutren los cultivos”, esté siendo llevada a la bancarrota.
Las cifras de producción de Monómeros en 2018 estaban alrededor del 92 % de su capacidad instalada, es decir 860.000 toneladas de fertilizantes, mientras que en 2019 -tras la usurpación y secuestro del grupo de Guaidó- cayó a 170.000 toneladas, aunque según el autoproclamado «la junta directiva de Monómeros (…) conformada por profesionales calificados, comprobados, sin afiliación partidista y expertos en su área (…) ha logrado en tiempo récord una recuperación de la producción».
Esta no es la primera vez que grupos cercanos a Guaidó protagonizan escándalos de corrupción, teniendo en cuenta las denuncias sobre el robo multimillonario ocurrido en Cúcuta, Colombia, con los recursos obtenidos por el concierto «Venezuela Live Aid», del que se robaron al menos tres millones de dólares, sin contar el dinero y los insumos enviados como «ayuda humanitaria» por empresas privadas y personas que creyeron que su aporte llegaría a la población venezolana.
El escándalo de Cúcuta no fue suficiente
El escándalo de Cúcuta, además del robo de recursos, agrega al prontuario de Guaidó y sus cercanos temas relacionados al despilfarro de dinero, contratos de servicios de prostitutas, abusos de drogas, paramilitarismo, narcotráfico y hasta un asesinato, el de Carlos Salinas -primo y asistente personal de Freddy Superlano- quien falleció tras ser envenenado por una de las prostitutas que contrataron el pasado 23 de febrero de 2019.
El más reciente caso sobre la nueva trama de corrupción descubierta, que involucra a Guaidó y su entorno, ahora tiene que ver con el negocio de la importación de alimentos desde el extranjero hacia Venezuela, esto de acuerdo a un reportaje publicado el domingo 1° de diciembre de 2019 por el portal Armando.info.
Dice el reportaje que al menos 12 diputados de la Asamblea Nacional -institución parlamentaria que se encuentra en desacato al orden constitucional desde el 6 enero de 2016- estarían involucrados en delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, al utilizar sus cargos de elección popular para participar en redes delictivas para beneficio propio.
Los diputados involucrados estarían usando recursos de dudosa procedencia con capital extranjero de empresarios provenientes de Colombia para -supuestamente- importar alimentos a Venezuela.
Los diputados, integrantes de los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Vente Venezuela, pertenecen en su mayoría, justamente, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y estarían señalados de ser articulistas de esta red de corrupción que incluso tocaría a una empresa privada de distribución de alimentos en Venezuela.
¿Quiénes son los diputados de Guaidó implicados?
La lista de diputados de Guaidó involucrados en este nuevo escándalo se extiende hacia al menos 12 parlamentarios que están vinculados a negocios sucios.
Del total de implicados, cuatro diputados son de Primero Justicia, agrupación controlada por Julio Borges, prófugo de la justicia venezolana por participar en el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018 y actualmente residenciado en Estados Unidos.
Otros tres parlamentarios pertenecen al grupo Voluntad Popular, instancia creada por Leopoldo López, también prófugo de la justicia venezolana tras fugarse de su beneficio de casa por cárcel y con un amplio prontuario sedicioso con varios intentos de golpe de Estado en los años 2002, 2014, 2017 y 2019. Actualmente está protegido por el Reino de España y vive dentro de su embajada en Caracas.
Uno de los implicados en este nuevo escándalo es el propio titular de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional: Freddy Superlano de Voluntad Popular, el mismo diputado que estuvo a punto de morir en Cúcuta tras ser envenenado por un par de prostitutas que contrató la noche del 23 de febrero tras el intento fracasado de invadir Venezuela.
A Superlano esa noche le robaron 250.000 dólares en efectivo así como prendas de lujo. En ese mismo hecho fue que terminó asesinado su compañero de habitación, primo y asistente personal, Carlos Salinas. La policía colombiana informó que en la habitación se encontraron restos de alcohol y estupefacientes que habían consumido los participantes de la orgía.
Superlano también participó en el intento fallido de golpe de Estado el pasado 30 de abril en Caracas. Estuvo al lado de Juan Guaidó y Leopoldo López desde el lugar donde aparecieron con una decena de militares para tratar de impulsar una rebelión que terminó en fracaso.
Otros miembros de Voluntad Popular implicados en esta red corrupta son Richard Arteaga y Guillermo Luces, ambos integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
En el caso de Primero Justicia, aparecen involucrados Luis Parra Rivero, titular de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático -quien sería el presunto coordinador del grupo delincuencial-; Conrado Pérez, vicepresidente de la Comisión de Contraloría, José Brito y Emilio Fajardo, también miembros de la Comisión de Contraloría.
Otro partido implicado es Un Nuevo Tiempo, fundado por el otrora excandidato presidencial opositor Manuel Rosales, quien también fue gobernador del estado Zulia (oeste), una de las más importantes regiones petroleras del país.
Por ese partido aparecen tres diputados, todos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento de Guaidó, ellos son: Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos.
Los otros dos implicados en el caso también pertenecen a la Comisión de Contraloría. Uno de ellos es José Pirela del grupo extremista Vente Venezuela que dirige María Corina Machado, quien promueve una invasión militar extranjera para derrocar a Nicolás Maduro.
El otro es Adolfo Superlano, actualmente independiente, pues antes de conocerse su implicación en la red de corrupción fue expulsado del partido Cambiemos por incumplir los principios éticos de la organización.
Monómeros, otro escándalo de corrupción
Monómeros, la petroquimica propiedad de Venezuela en Colombia, es otro de los escándalos de la corrupción enquistada en la «administración» de Guaidó. Desde que fue secuestrada por el grupo de confianza de Guaidó, la empresa ha perdido 90% de su participación en el mercado internacional y 15% del mercado local colombiano.
Además, el volumen de ventas hasta noviembre de 2019 ha caído a 700.000 toneladas métricas frente a 1.100.000 toneladas en 2018, de acuerdo con un informe de inteligencia comercial al que ha tenido acceso la plataforma de periodismo de datos La Tabla.
De acuerdo con el informe, la petroquímica ubicada en Barranquilla, a menos de un mes para que termine el año, apenas ha logrado cumplir con poco más del 50 % de sus metas presupuestarias y operativas y ya acumula pérdidas por más de 20 millones de dólares.
La caída de las ventas ha impactado sobre el flujo de caja (el cual es negativo), y ha generado atrasos en el pago de proveedores que superan los 30 días. Mientras que en el caso de los suplidores de materias primas las deudas acumuladas pasan de los 30 millones de dólares.
El efecto del manejo administrativo del complejo (a cargo de antiguos gerentes de PDVSA que participaron en el sabotaje petrolero de 2002) se expresa operativamente en que tres de cinco plantas se encuentran paradas de acuerdo con el reporte de fecha 27 de noviembre.
Las planta de tricalfos, solunkp y mezclas están totalmente inoperativas. Mientras que la de fuerza está al 50 % y la de NKP al 90 %. Además, la instalación de Buenaventura opera al 30 % y los muelles tienen 60% de ocupación.
En lo administrativo, el informe destaca que actualmente no se está usando el sistema empresarial SAP, lo que impide tener la trazabilidad y la disponibilidad interna de la información. Esa situación se ve agravada por la presencia de una diversidad de gerentes y directivos que operan en un esquema de «multinstrucción», es decir, todos mandan simultáneamente.
Asimismo, su incorporación a Monómeros ha implicado asumir un conjunto de gastos como sueldos, viajes, hoteles, alquiler de viviendas, alimentación, transporte, vehículos y escoltas, por un monto que superará los tres millones de dólares en 2019.
Por otra parte, la percepción de Monómeros en la comunidad se ha visto severamente afectada por prácticas como la realización de «reuniones» en bares y restaurantes de gerentes y directores con diputados de la AN para «cuadrar» contratos.
Los escándalos de Guaidó relacionados a la investigación del «Cucutazo» de la que salió salpicado Humbero Calderón Berti, la corrupción en Citgo, Monomeros, la discoteca comprada en Madrid, España, por un testaferro de Guaidó, el robo mil millonario de dólares por «ayuda humanitaria», las denuncias de corrupción dentro de la misma oposición, los nexos con narcoparamilitares, narcotráfico y otros excesos, son apenas un ápice del prontuario que se abre en torno a la administración de Guaidó en tan solo 11 meses bajo el cargo autodesignado de «presidente interino».
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