Primero Honduras, seguido Paraguay, al tiempo Brasil, después Argentina, luego nuevamente Brasil, para continuar Colombia y Ecuador -por ahora-. Lo llaman «lawfare» o guerra judicial, pero no es otra cosa que una estrategia política de persecución diseñada para erradicar a todos los liderazgos exitosos del progresismo en Latinoamérica que durante las últimas dos décadas trajeron justicia social y desarrollo a los pueblos de la región y pusieron en jaque la hegemonía estadounidense.
El primer experimento de persecución judicial se produjo -no de forma muy clara- en Honduras, durante el proceso que enfrentó al entonces presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, en torno a la legalidad de una Cuarta Urna para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente.
Aquel proceso en vez de convertirse en un debate nacional, fue aprovechado por la oposición para desprestigiar la imagen de Zelaya, acusarlo de traidor, de querer perpetrarse en el Poder y de esa manera crear un ambiente sobre su supuesta «ilegitimidad» como Jefe de Estado, que luego culminó con el golpe militar del 28 de junio de 2009, cuando fue secuestrado y sacado del país.
El antecedente de Zelaya, quien no pudo volver al poder y tampoco entrar al país que había sido tomado por un régimen dictatorial que encabezó Roberto Micheletti, apoyado por la Fuerza Armada, el Congreso y el Poder Judicial; fue un referente fundamental para aplicar la misma receta, esta vez bajo la vía del golpe de Estado parlamentario, en Paraguay el 22 de junio de 2012.
Se trataba de otro líder que era sacado a la fuerza del poder, esta vez con el argumento de que había violado la ley paraguaya. Era Fernando Lugo quien fue sacado de la presidencia, sin manera que pudiera defenderse.
A Lugo se le ejecutó un juicio político. Los «justicieros» fueron los integrantes de la Cámara de Diputados, quienes acusaron al Presidente -electo en 2008- de supuestamente hacer «mal desempeño de funciones y -entre otras cosas- de tener «responsabilidad política» por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, hecho que dejó un saldo de diecisiete muertos.
Aquella acusación fue suficiente para que 115 parlamentarios de cinco partidos políticos diferentes, de un total de 125 congresistas, decidieran destituirlo de su cargo.
Pero Lugo no fue el único en ser ajusticiado por el «lawfare». Cuatro años después llegó el turno del senado brasileño. El 1° de septiembre de 2016 fue destituida la presidenta, Dilma Rousseff, en un “juicio político” en el que resultó condenada por supuestamente haber manipulado el presupuesto público.
De inmediato se impuso un régimen de facto que asumió el empresario Michel Temer, implicado en distintos casos de corrupción, y quien entregó el poder al ultraderechista Jair Bolsonaro.
La próxima en la lista fue la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Entre el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la actual candidata a la Vicepresidencia recibió tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994. Hasta la fecha, el Gobierno de Mauricio Macri -principal promotor de esta persecución- no ha podido condenar a Fernández.
Sin embargo, en Brasil el gobierno de facto de Temer sí logró atar de manos al expresidente y para entonces candidato a ganar la Presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva.
El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil terminó por condenar a Lula, en un juicio infundado y manipulado ampliamente, sin ningún tipo de pruebas que demostraran su culpabilidad, para evitar que volviera a la primera magistratura, pues contaba con los números más altos para volver a la Presidencia. A Lula lo condenaron a 12 años de prisión por corrupción y se encuentra encarcelado desde abril de 2018.
Traición en Ecuador y más guerra para Colombia
La derecha en Ecuador siguió los pasos. El régimen de Lenín Moreno, quien traicionó a Rafael Correa y a su equipo de gobierno que lo llevó a ganar la Presidencia, logró que el 3 de julio de 2018, un tribunal de Ecuador dictara una orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Correa.
La persecución contra Correa vino precedida el 14 de diciembre de 2017, cuando fue condenado a seis años de prisión el vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de gobierno de Correa. Al excanciller Ricardo Patiño también pretenden inculparlo.
Otro caso a resaltar, fue el que terminó por romper el tratado de paz en Colombia, suscrito en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno, en aquel momento dirigido por Juan Manuel Santos.
Una vez que asumió la Presidencia el pupilo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, el 9 de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos contra el senador electo por el partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz, Jesús Santrich.
A Santrich lo persiguen por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos. Lo encarcelan, hasta que sale en libertad por un dictamen de la Justicia Especial implementada en los acuerdos de paz. Sin embargo, Santrich y un grupo de excombatientes, al ver que si vida corre peligro, deciden volver a la clandestinidad y a la lucha armada, alegando que Duque y los uribistas violaron las condiciones acordadas en La Habana, Cuba.
Todo esto ha desatado que la guerra en Colombia vuelva a su punto cero, con un tratado de paz mellado y violentado y con el resurgir de los movimientos guerrilleros que buscan crear un cambio político y social dentro del Estado.
Así actúa la guerra jurídica o ‘lawfare’, una nueva especie de Plan Cóndor, amparada en la doctrina Monroe y el macartismo, que en la década de los 70, 80 y 90 se dedicó a erradicar a las fuerzas de izquierda y comunistas de la región con la aplicación de masacres, torturas, asesinatos, sicariatos, desapariciones forzadas entre otros delitos.
El así como el ‘lawfare’, una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras “ley” (Law) y “guerra” (warfare), que describe una forma de guerra asimétrica, se ha convertido en el nuevo modelo de exterminio de las fuerzas progresistas en Latinoamérica, una “guerra jurídica” que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos.
El “Informe del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y sus consecuencias”, del año 2010, describe el ‘lawfare’ tal y cual como se ha aplicado con toda su intensidad en Latinoamérica durante la última década. Su planificación comenzó hace años mientras en América Latina los liderazgos progresistas ponían en marcha sistemas democráticos más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente.
El documental que aborda la judicialización política en Latinoamérica
Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el “restablecimiento” estadounidense diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la población. Esta es la principal narrativa del documental “Lawfare in the Backyard – La Guerra Judicial en Latinoamérica”, una pieza audiovisual que fue estrenada este 2019 y ya ha llegado a distintos festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine Político (FICiP).
La obra nació como un proyecto de investigación audiovisual inédito que profundiza en la situación socioeconómica, la degradación institucional en general y la pérdida del Estado de derecho, a través de tres ejes temáticos: el jurídico, el mediático y el político, así como en sus consecuencias nacionales y en la región.
El trabajo, dirigido por el argentino Leandro Carvalho, tuvo su preestreno en el Congreso de su país a finales de abril, lugar desde donde la diputada Araceli Ferreyra lo definió como un documental «de una enorme actualidad», pues muestra como la guerra jurídica «es lo que está socavando los estados democráticos».
El filme reúne medio centenar de entrevistas y testimonios a fiscales, abogados, periodistas, investigadores, exfuncionarios, diputados, organizaciones sociales entre otras personalidades provenientes de diversos países; aunque está focalizado principalmente en Argentina, Brasil y Ecuador.
La narrativa de la pieza audiovisual de carácter periodístico e histórico, muestra los focos de guerra judicial ejecutados en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, en Brasil contra Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y en Ecuador contra Rafael Correa y Jorge Glass.
El abordaje de los creadores busca, principalmente, desarrollar una síntesis integral sobre los procesos de persecución judicial, prisión política y linchamiento mediático que configuran el concepto de ‘lawfare’ a nivel global y regional, como una de las estrategias que, junto a los golpes blandos y parlamentarios, se vienen aplicando sistemáticamente en el continente, hechos que además dejan claro la fuerte injerencia de potencias extranjeras y corporaciones financieras en los asuntos internos de los países de la región.
“Nosotros sentimos que este es un documental en tiempo real. Generalmente los documentales tratan cuestiones que ya sucedieron, pero con este proyecto es tan actual, que aún estamos trabajando y recibiendo información”, dijo en una de las entrevistas el director del documental, Leandro Carvalho.
La pieza tiene tanta importancia sobre la realidad actual latinoamericana, que un grupo de parlamentarios del Congreso argentino, pertenecientes al Movimiento Evita, introdujeron un proyecto para declarar el documental como una obra de interés cultural.
Te puede interesar…
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
Relacionados
Justicia argentina condena a Cristina Fernández a seis años de cárcel por administración fraudulenta de fondos públicos
Hace 1 semana
