POR JOSEFA BARRAZA Y MARCEL SAN MARTÍN
Entre discusiones por un hervidor e histriónicas coreografías de Zumba, se ha desarrollado la estadía de Cathy Barriga en la Cárcel de Mujeres de San Miguel. Para su suegro, Joaquín Lavín, es un acto de injusticia mientras que para el exfuncionario de la Municipalidad de Maipú, Guillermo Daguerresar, es el resultado de una serie de eventos que cayeron por su propio peso, con un claro punto de inicio: Joaquín Lavín León.
-Lavín era la persona más déspota que había en la Municipalidad-, comienza diciendo Daguerresar, quien solicita que su identidad aparezca en este artículo. Ya no tiene miedo. Para él lo peor ya pasó.
En reiteradas ocasiones su nombre ha aparecido mencionado en el denominado Caso Barriga, pero por primera vez quiere describir y relatar el rol del diputado Lavín al interior del municipio, que supuestamente era dirigido por su esposa, Cathy Barriga.
-Joaquín Lavín jamás hizo alguna cosa si no fuese por la gente que tenía metida dentro de Recursos Humanos. Tenía a muchas personas quienes controlaban la Municipalidad. Estaba el jefe de Personal, y también un muchacho que era del partido de la UDI Juvenil al interior de Recursos Humanos, para poder hacer desvinculaciones-.
¿Cómo es eso?
-O sea si uno habla mal respecto a la gestión, se decía algo o quería hacer algo con respecto a lo que era estrictamente por Estatuto Administrativo, se encargaban de desvincular a la gente. Con respecto a Joaquín Lavín y Luis Japáz quien era el brazo derecho de Cathy Barriga, eran los que controlaban la Municipalidad de Maipú. Incluso, en un momento llegó Carlos Fairlie, como director de jurídico quien era el brazo derecho de Joaquín Lavín, por lo que junto a Luis Japáz, podían desvincular a más de 1.000 personas dentro del municipio.
Al revisar antecedentes sobre Carlos Fairlie, es posible constatar que estuvo involucrado en el año 2017, en una investigación por una serie de asesorías emitidas a senadores de la UDI por su empresa Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada, la que estaba a cargo de él y su esposa Claudia Toro. Lo anterior, tras detectarse una copia de sus informes respecto a información extraída de la página del Senado. Es más, durante el 2012 y 2013 la empresa de Fairlie fue una de las entidades que más cobraba por servicios de esta naturaleza.
Pero si Barriga era quien dirigía la Municipalidad, ¿o era una «pantalla»?
-Lavín en la Municipalidad de Maipú era el amo y señor de lo que se hacía o lo que no se hacía. Él tenía siempre un emisario que todo conocíamos como el Nano. El Nano era el que por instrucciones de Joaquín Lavín desvinculaba, o no desvinculaba dependiendo de que si se hacía lo que él pedía, como en Recursos Humanos, Jurídico, SECPLA, DIDECO. O sea, Lavín mandaba a su emisario que se le conocía dentro de la Municipalidad como Nano, pero se llama Arnaldo Domínguez.
Según el registro de Personal de Apoyo del Congreso del año 2024, Domínguez es asesor del diputado Lavín, recibiendo un sueldo de $3.283.573. Sin embargo, al revisar el periodo parlamentario predecesor de Joaquín Lavín León -2018-, es posible confirmar que Arnaldo Domínguez también prestaba asesoría al diputado.
Incluso, Domínguez fue mencionado recientemente en la investigación de las facturas falsas requisadas en el allanamiento de la oficina y domicilio del diputado. No obstante, según antecedentes recabados por un medio, se vincula a Domínguez con una imprenta de Santiago Centro, que podría haber servido como mecanismo para la creación de documentos tributarios fraudulentos.
Respecto a Lavín León, ¿es cierto que manipulaba a los funcionarios del municipio para inscribirlos a la UDI?
-Con respecto al caso de inscripciones de la UDI, el periodo 2017 y 2018 que eran las elecciones parlamentarias de diputados, Joaquín Lavín envió una cantidad grande de talonarios de inscripción al partido. La idea de Lavín era poder, obviamente, tener la mayor cantidad de funcionarios inscritos a la UDI. Cuando nos llama Luis Japáz, o sea el jefe gabinete Cathy Barriga, llamó a muchos funcionarios, para que nos acercáramos a la sede parlamentaria que tenía Joaquín Lavín, ubicada en calle Libertad 520 en Maipú e inscribirnos para militar en el partido.
¿Y si no lo hacían?
-Obviamente el que no se incluía o no militaba en ese partido, era mirado con ojos para desvincularlo. La idea era hacerle la vida imposible al interior del municipio. Joaquín Lavín nos exigía inscribirnos a la UDI, o si no nos desvinculaban.
En cuanto a su fugaz «militancia», Daguerresar relata que asistió a la sede parlamentaria en cinco ocasiones, divisando a muchos militantes activos de la UDI, a quienes se le entregaban talonarios de inscripción del partido, con el propósito de que se lo llevaran a sus domicilios y pudiesen hacer inscripciones supuestamente puerta a puerta.
-Me tocó ir dos días seguidos y vi a personas que llegaban con cinco talonarios de 50 hojas llenas. Me parecía raro. A una persona, no recuerdo su nombre, le pregunté, «¿cómo lo hizo?», y me dijo que se metía al Rutificador, sacó los datos de las personas y después firmó el talonario-, explica Daguerresar.
¿Quién recibía las planillas de desvinculación? ¿Era alguien de la Municipalidad?
-Al Nano se le pasaban las planillas, además de ser el encargado de recibir las instrucciones de Joaquín Lavín en el municipio. Eso lo sabíamos todos. Estas personas (Japáz y Nano) eran parte del séquito que tenía Lavín.
Eras parte de la Dirección de Seguridad de Maipú, ¿te solicitaron desvincular personal?
-Puedo decir con ciencia cierta que Nano me envió planillas con más de 90 personas para poder desvincular en la Dirección de Seguridad. Mientras que Lavín siempre decía que dentro de la Municipalidad había que tener solamente gente UDI, ya que había que sacar a todos los rojos de la Municipalidad de Maipú y poner solo personal a contrata y planta a gente que fuese del partido.
Es importante precisar que en enero del año pasado, El Ciudadano tuvo acceso a una querella interpuesta por Guillermo Daguerressar, exjefe de Operaciones del Municipio de Maipú, en contra de Cathy Barriga y Luis Japáz por los delitos de injurias y amenazas. El exfuncionario declaró haber recibido malos tratos por parte de la exalcaldesa de Maipú y haber sido reasignado a un puesto menor, del cual finalmente fue despedido sin justificación alguna. Según el testimonio del denunciante, el acoso por parte de Barriga, habría iniciado porque Daguerressar se negó a instalar cámaras de seguridad en la oficina de una funcionaria que la denunció por malos tratos.
Además, la exalcaldesa Cathy Barriga seguirá cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que su esposo, el parlamentario Joaquín Lavín, es investigado por el Ministerio Público por diversos delitos; investigación que es de carácter reservada.