La violencia contra las comunidades indígenas de América Latina ha recrudecido en 2020. En buena medida, la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en un factor determinante en el incremento de los índices de este flagelo.
Las restricciones que ordenaron los gobiernos para detener la expansión del coronavirus han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen los territorios indígenas y acallen a sus líderes.
En primer momento, el riesgo de muerte se mantiene latente y cercano por la obligación del confinamiento. En el caso de la población indígena, las probabilidades de muerte son mayores, pues no sólo está la necesidad de reducir la movilidad para evitar el contagio; ya que también aparecen otras amenazas: los asesinatos selectivos y las masacres.
Un trabajo publicado por Mongabay Latam reúne varios testimonios de líderes indígenas y especialistas en casos de derechos humanos,. Todos abordan la vulneración de los pueblos originarios perpetradas en Colombia, México, Guatemala, Honduras y Perú.
El coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Gregorio Mirabal, considera que el coronavirus es la catástrofe más grande para los pueblos originarios de la Amazonía en los últimos 100 años.
Sin embargo, Mirabal precisa que hoy se vive una pandemia dentro de otras, igual de graves los indígenas: extractivismo, incendios forestales, contaminación y la persecución generada por los asesinatos que se producen en las invasiones a sus tierras.
“No se necesita un estudio científico para saber que este es un proceso de exterminio por diferentes causas”, subraya.
Colombia y México encabezan la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales, según el último informe de 2019 de Global Witness. Esta ONG señala que 40 % de las víctimas reportadas en el mundo durante ese año —212 en total— pertenecían a pueblos originarios.
Colombia: asesinatos a indígenas a niveles récord
La violencia se agudiza durante la pandemia en varios de los países que figuran entre los más afectados de la región. El clamor principal de las comunidades afectadas por esta escalada de criminalidad es el respeto de sus derechos ancestrales y la atención de sus gobiernos.
El pasado 19 de agosto, Miguel Caicedo, gobernador del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, en Nariño, Colombia, confirmó el asesinato de tres indígenas de la etnia awá en la remota comunidad de Aguacate.
Al gobernador le tomó un día recorrer el escabroso camino para llegar a aquel pueblo, el más lejano de los 10 que hay en el resguardo. Los cadáveres de los tres indígenas evidenciaban que el crimen había sido perpetrado al menos 10 días atrás. Es decir, casi por la misma fecha en que el líder de esta etnia, Francisco Cortés, fuera atacado a balazos en el sector de La Vaquería.
En medio de la pandemia, el pueblo awá también ha llorado los asesinatos del dirigente de Aguacate, Ángel Nastacuas; del exgobernador del resguardo Ñambi Piedra Verde, Fabio Guanga; y del gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala, Rodrigo Salazar.
Algunos líderes awá han tenido que huir para no morir acribillados. En tanto, otros permanecen amenazados en sus casas sin posibilidad de movilizarse por las restricciones que acarreó la pandemia.
Las causas de esta violencia contra los awá convergen principalmente en las disputas por el control del territorio. Esta situación se disparó en Colombia durante los meses de cuarentena. “Los están matando brutalmente”, declaró Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del programa Somos Defensores.
Nariño: capital de la coca, tráfico de armas y minería ilegal
El departamento de Nariño, al que pertenece este pueblo indígena, está en la frontera de Colombia con Ecuador. Es uno de los sectores con mayor extensión de cultivos de coca, unas 36.964 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Por su ubicación, Nariño se ha convertido en un importante corredor del narcotráfico y zona estratégica para la salida de cocaína hacia Estados Unidos, para el tráfico de armas y la explotación legal e ilegal de minería.
Allí confluyen distintos grupos paramilitares al servicio de intereses económicos del narco colombiano. También está la Fuerza Pública colombiana, así como la organización indígena awá que intenta ejercer su autonomía y defender su territorio.
Explica el reportaje que lo que ocurre en Nariño es la realidad a pequeña escala de lo que ocurre en otras comunidades indígenas en Colombia, sobre todo de los pueblos asentados en las zonas fronterizas.
Este es el caso de los emberá, en el Chocó; o de los wayúu, en La Guajira; además de los awá, en Nariño. Diana Sánchez explica que los territorios llamados zonas de frontera agrícola son epicentros de la conflictividad armada, debido a la incesante actividad extractiva de madera, minerales, carbón y petróleo, aún en época de pandemia.
El narcotráfico, señala la representante de Somos Defensores, los ha convertido en enclaves para laboratorios de producción de cocaína y en zonas de tránsito para los insumos de la droga.
Indígenas son visto como un estorbo
La también directora de la Asociación Minga sostiene que a las empresas les incomoda mucho el proceso de consulta que deben realizar para intervenir los territorios indígenas.
“Los indígenas son vistos como un estorbo para las economías legales e ilegales. El Estado no les da las garantías como pueblos ancestrales y protegidos por la constitución”, señala.
En los últimos meses, la grave desatención sanitaria obligó a que muchas comunidades conformen sus guardias indígenas. El objetivo de estos grupos es el control diario de las entradas y salidas a sus territorios.
La intención era evitar la propagación de la COVID-19. Pero, la restricción de movilidad puso a los indígenas en la mira de los grupos armados que no han dejado de operar en la cuarentena. Algunas de las muertes en Nariño tuvieron este trasfondo, también en el Cauca y Chocó.
El mandato de cuarentena obligatoria que arrastró la pandemia ha sido otro factor letal para los indígenas. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Indepaz declaró a Mongabay Latam que no pueden movilizarse de sus casas. Los líderes de las comunidades son amenazados y están expuestos a los grupos armados que pueden encontrarlos en cualquier momento.
Esto les pasó a los indígenas awá, Fabio Guanga y Sonia Bisbicus, quienes fueron asesinados el pasado 28 de julio en el resguardo Ñambí Piedra Verde. También a los pobladores emberá Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, en Chocó, departamento fronterizo con Panamá y el mar Caribe.
Masacres y COVID-19: Amenazas graves para los indígenas
En Colombia, las industrias extractivas legales e ilegales, el narcotráfico y los grupos armados no han detenido sus operaciones durante la pandemia.
Los indígenas, en cambio, junto con el desafío diario de sobrevivir en sus territorios deben asumir la imposibilidad de protestar o reunirse para hacer visibles sus problemas.
Además, los procesos judiciales de algunos indígenas que denuncian ser criminalizados, o que incluso están presos, permanecen congelados. Sin embargo, la escalada de violencia es avasalladora y parece ir de la mano con los contagios.
Hasta la primera semana de septiembre, Indepaz contabilizaba 10.062 casos de coronavirus en 70 de los 120 pueblos indígenas en Colombia. Casi 8.600 indígenas habían superado la enfermedad y 339 habían fallecido.
Indepaz también reporta que 74 indígenas, quienes fueron líderes sociales o defensores de derechos humanos, han sido asesinados en lo que va del año.
Leonardo González detalló que al menos 45 de estos crímenes se perpetraron durante la pandemia. La ONG registra más de 60 masacres en el curso de 2020, varias de ellas contra poblaciones indígenas.
Sobre esto, Gregorio Mirabal recuerda que de los 98 líderes indígenas asesinados en la Amazonía durante 2019. Según el último informe de Global Witness, 64 eran colombianos.
Mirabal proyecta que los resultados para los indígenas de la cuenca amazónica en 2020 serán mucho más devastadores. “Están asesinando a nuestra gente y desplazándola de sus territorios para la imposición de actividades mineras y petroleras”, denunció.
Desplazamientos forzosos
De acuerdo con el expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Armando Valvuena, el desplazamiento, producto del despojo de tierras, perjudica históricamente a indígenas, mestizos y afros en suelo colombiano.
Detalla que más de seis millones de personas han sido desplazadas de sus territorios en Colombia. Ese fenómeno, al parecer, cobra un nuevo impulso en el contexto de la COVID-19, con el incremento de amenazas y asesinatos en pueblos nativos.
“Luego va el Estado a esos lugares donde nunca estuvo, se posesiona de la peor manera y vienen los procesos de explotación minera y de hidrocarburos”, subraya Valvuena.
Mientras que Diana Sánchez agrega que «debido a las masacres, la gente ha tenido que salir de nuevo de sus comunidades”.
Ben Leather, responsable de campañas de Global Witness, puntualiza que los comuneros que huyeron ahora ya no pueden retomar sus tierras. Resulta que en su regreso encontraron a empresas extractivas y grupos armados controlándolas.
El desplazamiento, añade Leather, siempre implicará que la labor de un defensor para su comunidad sea más complicada, y a eso apunta el crimen.
En la siguiente entrega de este reportaje se abordará la situación relacionada a los miedos, despojos y criminalización que sufren las comunidades indígenas de México, Perú, Honduras y Guatemala.
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