Indígenas de la Sierra Norte en la SCJN exigirán la derogación de la ley minera

Mañana 19 de enero se cumple el plazo para que magistrados declaren si ley minera es inconstitucional por violar derechos humanos y atentar contra el territorio

Kara Castillo

18/01/2022 3:31pm

Esta mañana, habitantes de la Sierra Norte emprendieron el viaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exigiendo la derogación de la Ley Minera violatoria de los derechos humanos; y así cancelar las concesiones de la Minera Gorrión –filial de la canadiense Almaden Minerals-, en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

“Con la emocionante compañía de esta hermosa luna, viajamos 70 personas de las comunidades de Ixtacamaxtitilán y Zautla a la SCJN para exhortar a los ministras y ministros que hagan justicia a Ixtacamaxtitilán cancelando las concesiones mineras y así como a los pueblos indígenas de México declarando la inconstitucionalidad de la ley minera”, escribió Alejandro Marreros.
Vocero del Colectivo Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua

Mañana, 19 de enero se cumple la fecha que jueces habían concedido a indígenas de la comunidad de Tecoltemi ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, para estudiar a fondo la ley minera y dar el fallo a favor o en contra de la comunidad que ha luchado contra la imposición de los proyectos de Almaden Minerals en su territorio.

Colectivo Cha Cha Cha muestran su apoyo a los activistas de Ixtacamaxtitlán. Foto: *Twitter.*

Activistas, defensores del medioambiente, ecologistas y habitantes de zonas afectadas por la minería esperan que se declare inconstitucional e inconvencional la Ley Minera que da preferencia a esta actividad, que devasta el medio ambiente, el agua y la salud de las personas por encima de cualquier otro uso del territorio.

La comunidad indígena interpuso en 2015 un juicio de amparo contra la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden Minerals, que pretende instalar una mina de oro y plata a cielo abierto.

Tecoltemi solicitó a la Justicia Federal –con el acompañamiento jurídico del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar– cancelar las concesiones otorgadas sobre su territorio que se habían llevado a cabo sin consulta y sin consentimiento, por violar sus derechos como comunidad indígena y ejido.

La demanda también incluía la exigencia para que se revisara la Ley Minera, que da preferencia a minas por encima de comunidades, territorios y personas.

Directivos de Almaden Minerals, cuando advierten la dimensión del amparo, intentan desistirse de las concesiones, devolviéndolas para que el juicio terminara sin sentencia y la ley minera no fuera revisada.

Sin embargo y tras una batalla legal, un tribunal colegiado dio la razón a los habitantes de Tecoltemi, dando continuidad para que llegue a juicio la ley minera.

El Juzgado federal determinó la violación al derecho a la consulta y al consentimiento indígena, declarando ilegales las concesiones, sin embargo, dejó intacta la discusión y revisión de la Ley Minera.

Tecoltemi presenta un recurso de inconformidad.

El caso llega al Tribunal Colegiado, que se declara incompetente para analizar la inconstitucionalidad de la Ley Minera y envía el caso a la SCJN.

Hoy, los habitantes de Tecoltemi y de la Sierra Norte, argumentarán ante magistrados no sólo lo que representa una mina a cielo abierto en su territorio, sino la inconvencionalidad de la Ley Minera que determina que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra.

Así como las facilidades que da la ley a los concesionarios, pues por tener una concesión minera, se otorga el derecho a su titular para obtener la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para la minería, así como para aprovechar las aguas para las actividades mineras, e incluso para actividades más allá de la minera.

También se exhibirá el artículo 15, que fija en 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por un tiempo igual; es decir, la Ley Minera pone a las comunidades, su vida, tierras y territorios a disposición de las empresas mineras hasta por 100 años; un siglo de violaciones a derechos perpetuadas por la Ley.