La figura del «A Favor»: La trama judicial que mantiene a Katherine Martorell imputada por fraude al Fisco

Ajetreados días ha vivido la exsubsecretaria de Prevención del Delito y excomisionada experta, Katherine Martorell, quien asumió un liderazgo clave en la propaganda por el «A Favor», para el Plebiscito Constitucional del próximo 17 de diciembre. Incluso, en una reciente entrevista a El Mercurio afirmó que «la Constitución del 80 no enfrenta la situación delictual que vivimos hoy día».

Pero, a través de un reportaje de Bío Bío -del año 2021-, se reveló que un informe de Contraloría confirmó que «no existe constancia ni “evidencia” sobre los antecedentes tenidos a la vista por la comisión evaluadora de la subsecretaría para adjudicar la licitación a Motorola -cámaras corporales-, responsabilizándose la exsubsecretaria de aquello.

El Ciudadano tuvo acceso a la querella criminal interpuesta por la empresa The Pegasus Group Company S.A en contra de Katherine Martorell -y otros funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera-, por los delitos de prevaricación administrativa, fraude al Fisco, y falsificación de Instrumento Público; en la que se relata que la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante Resolución Exenta N°123 del 29 de enero del año 2020, aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y anexos para adquirir un sistema de cámaras corporales de alta resolución, adjudicándose dicha licitación Motorola Solutions Chile S.A.

«Este proceso licitatorio, absolutamente viciado, sólo buscaba esconder un trato directo, en perjuicio del erario nacional, disfrazando o simulando una licitación pública (…) Contiene una falsedad en sus dichos, con el objeto de entregar una apariencia de legalidad a un proceso encubierto de trato directo, a un costo mayor para el Estado, con el sólo ánimo de defraudarlo (…) Por lo que a la exigencia de “post recording” (post grabación) el oferente adjudicado no dio cumplimiento, siendo causal de exclusión de la oferta presentada por Motorola Solutions Chile S.A. Sin embargo, la Comisión evaluadora, integrada por cuatro de los querellados, recomendó, pese a este incumplimiento, la adjudicación a Motorola Solutions Chile S.A., lo que fue recogido en la Resolución de adjudicación, suscrita por la subsecretaria de Prevención del Delito, la querellada Katherine Martorell Awad, validando la decisión carente de fundamento legal», se lee en la acción judicial.

Incluso, también se menciona que tras detectar estas irregularidades, Pegasus interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución impugnada, a lo cual, se respondió que se debía «googlear» un archivo de la empresa adjudicada. Pero, al revisar dicho link, Pegasus se percató que el documento al que la resolución hizo mención -recurso de reposición- y el que se analizó para adjudicar y que, contiene la información omitida en la oferta de la empresa adjudicada, fue creado el 25 de marzo de 2020. Lo que significa, que el archivo al cual hace referencia la Subsecretaría de Prevención del Delito para justificar el cumplimiento técnico de Motorola Solutions Chile S.A., fue creado posterior al acta de evaluación técnica -6 de marzo de 2020-, y a la adjudicación -11 de marzo de 2020-, lo que haría evidente que fue creado para justificar el presunto trato directo.

«La oferta que resultó adjudicada es $131.138.000 – más cara que la de mi representada, que sí cumple con todos los requisitos estipulados en las Bases de Licitación. Es decir, un 50% más cara que la oferta presentada por mi representada (…) la oferta de THE PEGASUS GROUP COMPANY S.A. fue superior en términos económicos (mejores condiciones económicas para la Subsecretaría de Prevención del Delito) y de plazo de entrega (menor plazo de entrega) (…) No se entiende el motivo por el cual podría preferirse una oferta efectuada por un proveedor, que no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de Licitación y que, por lo demás, resultaba más onerosa para el Estado», se detalla en la querella.

Debido a la investigación judicial liderada por la Fiscalía Centro Norte, Katherine Martorell declaró en calidad de imputada el 17 de marzo pasado, sosteniendo que no se pudo cumplir con los plazos por un «tema exógeno, que se vinculaba con el poco conocimiento que Carabineros tenía de la tecnología, las complicaciones para la implementación y el uso de las cámaras por temas de infraestructura y temas que más bien no eran imputables a la empresa”. Además, de insistir en su inocencia.

Este medio consultó a la Fiscalía Centro Norte respecto a este caso, quienes confirmaron que sigue vigente y en etapa de diligencias, sin una fecha próxima de formalización.