Ecuador registra casi 50.000 casos de COVID-19, pero pudieran ser miles más, debido a la falta de realización de pruebas de diagnóstico. El país meridional está en emergencia sanitaria desde hace casi tres meses, en los cuales se han registrado focos masivos de contagios familiares, algunos están en grave peligro y aún restan muchos por detectar.
La situación es crítica en Quito, porque no hay insumos suficientes para procesar los resultados de las pruebas de detección, ya que el único laboratorio activo está desbordado y cientos de personas esperan para saber si se contagiaron o no con coronavirus.
Algunos análisis sugieren que el Gobierno de Lenín Moreno opta por no hacer test a la población más necesitada, como una medida para ocultar casos y muertes por coronavirus. En términos sencillos: si una persona no da positivo en vida, entonces la muerte no puede atribuirse a la COVID-19.
Este drama lo experimentan dos familias de la capital. Cada una de ellas denunció que tienen 17 contagios posibles entre sus miembros, quienes presentan síntomas de la enfermedad, pero no han podido despejar sus sospechas ya que tener un diagnóstico ha sido toda una odisea.
Incluso, después de haber acudido repetidamente a las autoridades para que les brinden acceso a una prueba, no han tenido éxito hasta el momento.
En declaraciones a la agencia EFE, Nicol Márquez, integrante de una de las familias afectadas, indicó que tiene la sintomatología del virus, al igual que su esposo, quien perdió el gusto y el olfato y se encuentra en una situación más grave.
Una doctora que la atendió en un centro de especialidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), «ni siquiera la revisó al enterarse que tenía fiebre desde hacía cuatro días«, y se limitó a expedir una solicitud para la prueba, pero «ya han pasado 10 días y nadie ha llamado», denunció la mujer.
En una visita posterior a un hospital del IESS, le realizaron una tomografía y los doctores determinaron que el pulmón estaba afectado. Sin embargo, en esa oportunidad tampoco le practicaron la prueba de COVID-19, ni la dejaron hospitalizada, usando como argumento el hecho de que no había camas disponibles.
Angustiada, Márquez relató a EFE que tanto ella, como su esposo, hijo, suegros y cuñado, quienes viven en la misma vivienda, sufren los síntomas de una enfermedad que en Ecuador se ha cobrado las vidas de casi 4.000 personas. Además, hay más de 2.600 fallecidos como casos probables de coronavirus, que hasta ahora no han podido ser constatados.
La situación de la familia de Márquez puede ser aún más grave, ya que otros once miembros, que habitan en casas contiguas, también se encuentran en la misma condición y presentan síntomas.
La mujer recordó que cuando comenzó la pandemia, las autoridades habilitaron una línea telefónica especial para el COVID-19, pero que al llamar a pedir ayuda no obtuvo ninguna atención.
«Nos dijeron que por la cantidad de personas debíamos llamar al 911 y ellos, a su vez, contestaron que no estaban autorizados a tratar estos casos”, relató.
Luego de múltiples llamados y solicitudes, un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud finalmente acudió a su domicilio para verificar el estado en que se encontraban sus familiares.
«Solo nos tomaron la pulsación y nos recordaron las medidas de higiene que debemos realizar y nada más», relató Márquez entre sollozos por la muerte de una familiar política de su marido, quien había fallecido el mismo día de la entrevista con EFE.
En el núcleo familiar de la mujer fallecida, que reside en el mismo sector de Quito, se pudo confirmar un caso de COVID-19, porque entre todos reunieron dinero para poder hacer una prueba en un laboratorio privado.
El caso relatado por Márquez no es aislado, ya que se reportó otro similar en circunstancias y número: el de los Cuesta, quienes residen en el barrio de Carapungo.
Los miembros de esta familia también llamaron a la línea del COVID-19 y nadie les respondió, mientras que en ECU-911 les indicaron que los especialistas acudirían a su hogar, pero luego de semanas ninguno de ellos ha tocado su puerta.
Entre los posibles contagiados por coronavirus figuran un bebé de tres meses, una niña de tres años y uno de siete. Tres de los adultos presentaron síntomas y se dirigieron a un hospital cercano, donde uno de ellos fue internado porque su estado era grave y luego se confirmó el positivo.
Sin embargo, el resto de los integrantes de este núcleo no han tenido acceso a una prueba y han tenido que recurrir a tratamientos caseros para enfrentar el virus.
Su situación se ve agravada también por la falta de trabajo que les impide obtener ingresos económicos para comprar alimentos.
«Dijeron que no tienen pruebas, ni siquiera quisieron hacer el seguimiento«, expresó a EFE Ibeth Cuesta, representante de la familia, después de que la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunciara su caso.
Consultada por la agencia por el caso de las dos familias de Quito, la Secretaría Metropolitana de Salud dijo que esta semana se les realizarían las pruebas de COVID-19 a los Márquez y se contactaría a los Cuesta para coordinar una ayuda.
Asimismo, la Secretaría de Inclusión Social del Municipio, que entrega donaciones a personas vulnerables, se comprometió a analizar la situación para brindarles alimentos.
Sin embargo, las familias Márquez y Cuesta están en peligro de correr la misma suerte que la periodista ecuatoriana Paulina Carvajal, quien debido a la falta de atención oportuna, perdió a sus padres, esposo y hermano en apenas cinco días, como consecuencia del coronavirus.
Falta de pruebas
La falta de acceso a pruebas de diagnóstico de COVID-19 en Ecuador ha causado alarma en la prensa y en la población.
Desde que se informara del primer caso el 29 de febrero, se han recogido casi 135 mil muestras para el coronavirus SARS-CoV-2, entre PCR y pruebas rápidas.
Una cifra muy baja según los expertos, tomando en cuenta que en ese país habitan más de 17 millones de personas, por lo que sólo 0,8 % de la población ha tenido acceso a una prueba de despistaje.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reconoció la falta de capacidad y los «diversos inconvenientes” que ha sufrido en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), encargado de procesar los test.
Los medios han reseñado que la venta de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 se ha extendido en las últimas semanas en el país, pese a que la confiabilidad de estos test es muy baja.
Sin insumos en Quito
La agencia AP reportó que «la capital de Ecuador dispone de más de 94.000 pruebas para detectar el COVID-19, pero no tiene insumos suficientes para procesarlas en el único laboratorio con el que trabaja, el cual, además dejará de realizar esos análisis”.
El ayuntamiento de Quito enfrenta además un desafío adicional: evitar que esas miles de pruebas caduquen a inicios de octubre.
Mediante un convenio, el municipio pactó con el laboratorio del Instituto de Biotecnología de la Universidad Central para que procese las muestras, pero hasta ahora se han analizado menos de seis mil.
La directora del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central, Lucy Baldeón, informó a AP que “el laboratorio está cerrado y hasta ahora no hemos recibido nada del municipio, dejamos de procesar las muestras y ni podemos hacer nada más”.
Afirmó que “fue una falla técnica del municipio que no calculó bien cuál era la capacidad y cuánto se podía procesar, no tenían idea o alguna asesoría técnica”.
En ese laboratorio las últimas dos semanas los técnicos trabajaron con materiales obtenidos en una colecta realizada en las distintas facultades de ese centro educativo, después de que el municipio no atendiera sus requerimientos de insumos.
Al respecto, el concejal Bernardo Abad denunció la falta de planificación e ineficacia del gobierno regional. «Tenemos las pruebas y no podemos realizarlas. Es terrible, se compraron pruebas pero no se prepararon en el municipio para que se puedan realizar. Eso se llama ineptitud”.
“Me parece que la energía estuvo puesta en comprar (las pruebas), en adquirirlas, en recibirlas, pero la logística para procesar el número adecuado que requiere la ciudad no se hizo”, dijo por su parte la concejal Luz Elena Coloma, citada por La Razón.
Pese a estas denuncias, el presidente Lenín Moreno aseguró el pasado 10 de junio que en su país “se hacen 6.000 pruebas diarias para COVID-19”.
Saturación de los hospitales
El problema de la saturación hospitalaria en la capital ecuatoriana, donde hay registrados 4.650 casos de contagio, ha sido reconocido por las autoridades. En la segunda semana de junio había disponibilidad de solo 48 camas, de un total de 730.
En las unidades de cuidados intensivos (UCI) existen 234 camas, de las cuales sólo una decena se encontraban disponibles, según datos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
Quito, que tiene más 4.700 personas contagiadas, entró en una fase inicial de flexibilización el pasado 3 de junio, por lo que sus habitantes dejaron de cumplir una rigurosa cuarentena, con una sola salida a la semana para comprar alimentos y un toque de queda de 15 horas diarias
Desde entonces, la ciudad ha acumulado más de 780 contagios, por lo que la curva no da signos de reducirse y la crisis sanitaria podría empeorar.
Pese al sesgo informativo del régimen de Lenín Moreno, el mundo se escandalizó frente al infierno que vivió Guayaquil, epicentro del coronavirus en Ecuador, cuando entre marzo y abril colapsaron su sistema de salud y los servicios fúnebres por miles de positivos y fallecimientos.
En esta ciudad se evidenció la falta de fondos para la salud pública, la ausencia de protocolos para el levantamiento de los cadáveres que inundaron las calles e, incluso, el extravío de fallecidos, cuyos familiares aún desconocen su destino final.
En una entrevista con EFE, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que no se prevé una situación parecida en la capital ecuatoriana. Sin embargo, en declaraciones anteriores llegó a asegurar que el «60 % de la población ecuatoriana será contagiada (…) Tenemos que tener presente esta realidad».
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