Luis Lacalle Pou se convirtió el pasado domingo en Presidente de Uruguay. Tiene 46 años de edad, es titulado en Derecho, exdiputado, exsenador e hijo de expresidente. El derechista llega al poder para dar un giro al modelo progresista desarrollado en los últimos 15 años por el Frente Amplio (FA), hacia una agenda de corte neoliberal.
Miembro del tradicional Partido Nacional (PN), también conocido por Partido Blanco, en noviembre de 2019 Lacalle Pou logró una pírrica victoria en segunda vuelta ante el frenteamplista Daniel Martínez, por apenas 40.000 votos.
Para ello, se vio obligado a pactar una coalición con los otros cuatro partidos conservadores que se presentaron a los comicios, incluido el ultraderechista Cabildo Abierto, liderado por el controvertido excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos, quien fue destituido en marzo de 2019 por el expresidente Tabaré Vázquez, tras sus declaraciones contra el Ejecutivo y cuestionamientos a la actuación judicial y el pase al Tribunal de Honor de militares acusados por violación de derechos humanos en la dictadura (1973-1984).
Gracias a esta alianza, posee mayoría en ambas cámaras: 17 de 30 senadores y 56 de 99 diputados. Mientras que el Frente Amplio cuenta con 13 senadores y 42 diputados.
La consecuencia de este pacto es el reparto de ministerios y altos cargos dentro del Gobierno, lo que supone una lucha de poderes e intereses dentro del Ejecutivo y también un reto para la unión y supervivencia de la alianza.
«Es un grupo apenas unido políticamente que se formó tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales», por lo que, aunque es cierto que «sus partidos comparten una ideología conservadora, aún se ven como rivales«, explicó el think tank Global Americans.
Por tal motivo, luego del balotaje, Lacalle Pou se dedicó repartir las carteras, que incluye al líder colorado, Ernesto Talvi, como Ministro de Exteriores, mientras que el jefe del Partido Independiente, Pablo Mieres, se hará cargo del Ministerio del Trabajo.
Aunque Cabildo Abierto aún no cuenta con asientos en el Consejo de Ministros, se quedará con un gran número de cargos públicos, lo que hace prever un giro militarista.
El Uruguay que recibe Lacalle Pou
Como nuevo Presidente de Urguay, Lacalle Pou tendrá el reto de generar políticas que permitan seguir reduciendo la pobreza y la inseguridad, y atender las áreas de salud, educación e infraestructura, en una situación regional compleja por la ralentización económica en América Latina.
Recibirá un país que durante 15 años vivió una serie de transformaciones sociales que mejoraron la calidad de vida de sus habitantes. Los tres gobiernos de la coalición de izquierda, Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José “Pepe” Mujica (2010-2015), han estado marcados por las conquistas sociales y sacaron a un millón de personas de la pobreza. El índice pasó de 34 % al 8 %, y la desocupación bajó del 20 % al 9 %.
En esas administraciones se aprobó una ley que reconoce el fuero sindical, la libertad sindical, una ley de negociación colectiva, y se produjo un 53 % de recuperación salarial.
El Frente Amplio acompañó la lucha feminista y la agenda de derechos igualitarios y otorgó derechos como aborto legal, matrimonio igualitario, ley del peón rural, ley de personas transgénero, ley antitabaco y regulación del cannabis. Todo ello, además de un sistema integrado que brinda el derecho a la salud universal y el desarrollo en telecomunicaciones e informática.
En el campo productivo es donde Uruguay enfrenta su mayor desafío. Aunque la economía nacional crece sostenidamente desde hace 16 años de forma ininterrumpida, en las últimas mediciones el incremento ha sido modesto. En 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1,6 %, pero el Banco Central estima que se incrementó solo 0,4 % en 2019.
Esta situación se debe en buena parte a la baja en los precios de las materias primas y al escenario convulsionado en Suramérica, como consecuencia de las medidas neoliberales aplicadas por Jair Bolsonaro en Brasil y al escenario de Argentina, envuelta en una profunda crisis cambiaria y financiera, heredada por la desastrosa gestión del expresidente Mauricio Macri.
“En estos 15 años en el país se avanzó muchísimo», destacó Ruben Suárez, secretario internacional de Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular (Conaicop).
«Se consolidó una política económica que llevó a un crecimiento muy grande de Uruguay, para posicionarlo como uno de los países con mejor índice salarial de América Latina, y con la mayor cantidad de leyes aprobadas en beneficio de las clases más necesitadas».
¿Qué se puede esperar del Gobierno de Lacalle?
El regreso de la derecha al poder de la mano de Lacalle Pou genera muchas incógnitas sobre cuál será el futuro de Uruguay, y qué políticas neoliberales aplicará.
En su discurso de investidura como nuevo Presidente afirmó que, personalmente, será el responsable de todo lo que ocurra durante su Gobierno.
“Si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado, la responsabilidad será exclusivamente del Presidente de la República”, enfatizó.
El analista Pablo Kunich advirtió que Lacalle Pou podría imponer en Uruguay una serie de medidas neoliberales que atentaría contra los logros sociales alcanzados durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio
“Probablemente implemente una política de ajustes económicos y tocará ver si alcanzan los consensos necesarios para hacerlo por la vía del shock o gradual” señaló Kunich, en declaraciones a TeleSur.
Kunich recordó que el Mandatario proviene de una tradición de políticas represivas y neoliberales. Por ello, durante su actividad como senador no voto ninguna de las políticas que ampliaban los derechos de los uruguayos, por lo que se intuye que las medidas que tomará serán antipopulares.
Como buen conservador, la gestión de Lacalle Pou podría enfocarse en aplicar reformas como la tributaria, laboral y seguridad social, las cuales son propias del sistema neoliberal.
Neoliberalismo económico
En los últimos años, Uruguay ha crecido a una media anual del 2 %, pero al mismo tiempo ha acumulado un déficit fiscal del 4,8 %, por lo que durante la campaña electoral Lacalle prometió adelgazar el Estado con una política de austeridad que permitirá, a su juicio, ahorrar 900 millones de dólares.
Su oferta se basó en una agenda económica centrada en la competitividad, típica de las agendas neoliberales.
“El país necesita es un “shock de competitividad”, señaló al presentar su programa de gobierno, explicando que se debían concretar, “en un plazo razonablemente breve, un conjunto de cambios”, entre los que figura el aliento a la inversión privada.
Según Gabriel Oddone, investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), para cumplir el plan de austeridad, el Gobierno derechista podrá aplicar una estrategia fiscal agresiva, que incluye una reforma de la seguridad social.
Asimismo, sostiene que posiblemente Lacalle implemente también medidas antipopulares, “como una nueva tasa de reemplazo y una nueva edad de retiro en pensiones”, reseñó La Tercera.
Polémica Ley urgente
Otra de las consecuencias de la alianza con el resto de partidos conservadores es la elaboración y presentación ante el Congreso de un proyecto de “Ley de urgente consideración”, que incluye 457 artículos que modifican aspectos de seguridad, educación, economía, empresas públicas y relaciones laborales, entre otros.
El proyecto ha despertado críticas por parte de movimientos y organizaciones sociales, ya que restringe el derecho a huelga, limita la negociación colectiva, criminaliza la protesta social y monopoliza la importación, exportación y refinación de combustibles.
El Frente Amplio denunció que este instrumento legal es parte del intento de llevar a cabo la privatización del Estado, por lo que impugnara el proyecto al considerar ilegal su tramitación por no tratarse de medidas urgentes.
El sindicato de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) anunció que iniciará una “batalla social” contra la “Ley urgente”, a la que considera «el núcleo duro del proyecto político neoliberal«.
En un comunicado, el gremio advirtió que «es una ley que refuerza el rol punitivo del Estado, propone penas más duras para la delincuencia sin ofrecer soluciones de fondo que aborde el desafío de mejorar la convivencia ciudadana asociada a la seguridad. Además, genera la lógica del gatillo fácil en la policía, desconociendo las experiencias fallidas en este sentido, como por ejemplo en Río de Janeiro, donde la militarización de las calles ha producido mayor inseguridad y ha elevado de considerablemente el número de asesinatos por parte del aparato represivo del Estado».
Fancap asoció el proyecto con viejas recetas neoliberales, como la reforma laboral y de la seguridad social, privatizaciones, recortes de derechos sindicales, reforma de la educación, acumulación de medios de comunicación, instrumentos de evasión fiscal y lavado de activos.
Asimismo, denunció que la desmonopolización de la importación, exportación y refinación del petróleo es «un objetivo histórico” de la derecha, por lo que advirtió que «ante un nuevo intento de desmonopolización de los combustibles (piedra fundamental de la privatización o desaparición de ANCAP) la Federación Ancap dará lucha».
Por su parte, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) anunció que realizará varios paros en rechazo a la “ley de urgencia”, a la que catalogan como un “retroceso para la educación pública de nuestro país”.
Los representantes de la Federación consideran que de los 457 artículos del proyecto, 68 refieren a educación, anticipando la “privatización y mercantilización que confirma su carácter regresivo y que profundiza como nunca antes en propuestas intrínsecas al neoliberalismo”.
Mercosur y política exterior
Lacalle Pou ha dejaro claro que es partidario de impulsar tratados de libre comercio y del acercamiento a potencias en busca de inversión.
En el documento “Compromiso por el País”, que acordó con los partidos conservadores, se incluyen los lineamientos que tendrá la política exterior, cuyo objetivo será “la inserción internacional para abrir mercados y hacer alianzas”.
El derechista ha hecho especial énfasis en la necesidad de fortalecer el Mercosur y “al mismo tiempo (…) flexibilizar el bloque para que cada socio pueda avanzar en procesos bilaterales con otros países”.
Por tal motivo, se prevé que impulsará transformaciones de fondo en el Mercosur, para que Uruguay pueda firmar acuerdos bilaterales de libre comercio con otros países que hoy le están vedados por las restrictivas normas del bloque comercial que integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay.
Esta postura es clave en un momento en el que su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, da señales de querer firmar un TLC con Estados Unidos por su cuenta.
“Para afianzar nuestros intereses en común debemos dejar de lado las diferencias ideológicas. Si dejamos estas cuestiones ideológicas que nos pueden diferenciar, el bloque se fortalecerá en el concierto internacional”, comentó el nuevo Presidente de Uruguay.
La política exterior del Gobierno de Lacalle Pou también está clara: Montevideo se alineará a la agenda marcada desde Washington.
De hecho, en su toma de posesión participaron los abanderados derechistas de América Latina: Jair Bolsonaro (Brasil), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguay) e Iván Duque (Colombia).
Estados Unidos, por su parte, estuvo representado por el director de la Agencia de Protección Ambiental, Andrew Wheeler.
El giro en la política exterior fue evidente en su decisión de no invitar a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel; Nicaragua, Daniel Ortega; y Venezuela, Nicolás Maduro, por considerar que sus gobiernos “no son democracias plenas”.
El Mandatario ya anticipó que se sumará al Grupo de Lima, cuyo único ‘leitmotiv‘ es la alianza con Estados Unidos para impulsar el derrocamiento de Nicolás Maduro.
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