Las escandalosas denuncias contra Carabineros que indaga la Fiscalía Militar de Coyhaique

La Fiscalía Militar de Coyhaique investiga por cuerda separada la presunta participación de oficiales de Carabineros en los delitos de prevaricación, falsificación de documentos y detención ilegal, denunciados por un ex funcionario de la institución desde 2015. Los antecedentes fueron aportados por el sargento segundo Miguel Riveros Maldonado, quien vestía uniforme hasta julio del año pasado.

De momento, el uniformado está imposibilitado de volver a las filas. Ello mientras no se tome la decisión de sancionar a personal de mayor rango involucrado en el procedimiento que motivó su irregular salida ante un supuesto accidente que protagonizó en estado de ebriedad.

En marzo de 2016, el Ministerio Público cerró dicha causa por falta de evidencias, sin aclarar la identidad de la persona que aparentemente sustrajo el vehículo desde la vivienda de Riveros y lo impactó en las rejas del Gimnasio Municipal coyhaiquino.

El resultado preliminar de la investigación que se instruyó para aclarar qué sucedió esa noche genera incomodidad en la XI Zona. Según documentos obtenidos en exclusiva por El Ciudadano, esto ocurre porque el expediente destapó una serie de contradicciones y faltas administrativas de altos funcionarios, quienes privaron de libertad al sargento sin pruebas ni orden judicial.

GESTICULACIONES AUTORITARIAS

De acuerdo a las fuentes policiales que El Ciudadano consultó en un viaje efectuado a la Región de Aysén, el sargento Miguel Riveros comenzó a «pisar callos» en 2013, cuando se negó a dar de baja a un colega que trabajaba en Fuerzas Especiales, en plena vía pública.

Su nombre era José Martínez, quien tiempo antes había denunciado un complot urdido por agentes con placa para exculpar al comandante Victor Follert por los disparos que dejaron sin visión de un ojo al pescador Teófilo Haro en el contexto de las protestas del movimiento «Aysén, tu problema es mi problema», ocurridas en 2012.

Luego de ser citado a declarar por el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique para atestiguar sobre las presiones y hostigamientos alegados por el sargento Martínez, Riveros comenzó a ser víctima de maltratos similares.

Fue en ese contexto que acusó al teniente Nicolás Calderón, encargado en esa fecha de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales, por «recargar sus turnos» y «ser indiferente» con la situación económica que enfrentaba su familia, específicamente los problemas de salud que padecía su hijo. Uno de los hechos que contó fue que el superior había rechazado sumarle cinco días de feriado para viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia, Argentina, con el propósito de tratar a su pequeño por astigmatismo y otras dolencias.

La Prefectura Aysén abrió un sumario que dio espacio a Calderón para defenderse. En primer lugar, el teniente negó que hubiere una «mala intención» hacia Riveros, argumentando que los servicios nocturnos habían sido ordenados para responder a una contingencia relacionada con el robo de cajas fuertes. Por otra parte, aseguró que nunca se había referido en malos términos al suboficial.

«No sé de qué materia versaba la conversación, pero en un momento determinado mi teniente Calderón ordenó a dicho sargento 2º (Riveros) que se retirara de su presencia. En lo personal, puedo decir que la forma en que lo hizo resultó déspota e irrespetuosa en contra de un subalterno, ya que eso fue acompañado con gesticulaciones verbales autoritarias», declaró en cambio el sargento Bernardo Schoenfeldt.

Lo que complicó al teniente Calderón fue la insistencia de Riveros en poner ojo a las tablas que disponían los respectivos servicios. Algo extraño había.

LAS PLATAS PERDIDAS

«A este respecto cabe agregar que la profesional que suscribe no se encuentra totalmente conteste con la diligencia realizada por la teniente Daniela Rojas, ya que no indica si efectivamente visualizó las tablas de servicio en original, que deben encontrarse en un archivador con una antigüedad de dos años… o si (en) el formato digital al que hace mención, se encuentran los originales de las tablas escaneados», observó en marzo de 2014 la asesora jurídica Vanesa Vásquez.

Mediante el Oficio Nº 78 de la Prefectura Aysén, que constituía una revisión de la investigación que se desarrolló para ahondar en los dichos del sargento Riveros, la abogada cuestionaba la claridad de las diligencias realizadas en la carpeta por la hija del general (r) Jorge Rojas Langer, ex director de Logística que hoy es indagado penalmente por los recintos policiales defectuosos de la Constructora CGM en Aysén.

El teniente Nicolás Calderón.

Tuvo que pasar más de un año para que los antecedentes de las tablas fueran enviados a la Justicia Militar. Así quedó estampado en el Oficio Nº 169 de la Fiscalía Administrativa Aysén, de fecha 8 de abril de 2015, suscrito por la capitán Marioli Fortunatti, quien luego de enumerar los tropiezos de sus predecesores, entre ellos la teniente Rojas, efectuó una comparación acabada de los documentos.

Fue de esta manera que la rubia oficial constató la existencia de un «desorden administrativo, reflejado en una variación de los antecedentes proporcionados por la referida Unidad Especializada (de Fuerzas Especiales), con la finalidad de ser insertos en la pieza investigativa, detectando además una alteración de las firmas y pie de firma en las Tablas de Servicio, ya que al comparar los antecedentes requeridos en tres oportunidades por parte de esta Fiscalía Administrativa, sumado a la última diligencia de inspección ocular, éstos no son coincidentes entre sí».

En conversación con El Ciudadano, el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Aysén, Carlo Montti Merino, señaló que la entidad no se ha hecho parte en la causa que actualmente sustancia la Fiscalía Militar sobre estos hechos, y que tampoco ha mirado el expediente.

Por su parte, el juez militar subrogante, coronel de Ejército Alberto Rivera, confirmó que de aparecer antecedentes que apunten a una eventual malversación de fondos públicos, el fiscal debiese abrir una causa nueva, cosa que hasta el momento no ha ocurrido.

Funcionarios policiales que hablaron con este medio ratifican que hubo dinero pagado en exceso por asignaciones de rancho (alimentación) producto de las tablas que fueron adulteradas. Esto sin duda comprometería recursos del erario fiscal. De igual forma mencionaron asados y fiestas privadas de algunos oficiales que habrían usado esos fondos de manera indebida, exhibiendo numerosas fotografías colgadas en Facebook.

LA INTERVENCIÓN DEL PREFECTO

Eran cerca de las 3:00 AM cuando la cabo Nicole Beltrán recibió un llamado del sargento Miguel Riveros a la CENCO, alertando sobre la desaparición de una camioneta negra de su propiedad que había estacionado esa tarde en las afueras de su casa, en la villa Mutucar de Coyhaique. Lo que partió inicialmente como una denuncia por robo se convirtió en algo más truculento, con ribetes de montaje.

A esas horas, el teniente Diego Maturana controlaba a un taxista pirata cuando se escuchó por radio el encargo del vehículo emitido por la cabo Beltrán. De acuerdo a la versión que el oficial entregó en el proceso interno que se abrió para investigar el procedimiento, el conductor del taxi oyó la descripción del automóvil de Riveros e inmediatamente recordó haber visto colisionar a un sujeto montado en un carro de esas características en las rejas de un gimnasio. Presuntamente agregó que, por versión de un tercero, se trataba de un «carabinero».

El coronel Sergio Alarcón.

La capitán Soledad Escobar, esposa del encargado de Finanzas de la misma Prefectura y actual jefa de la Sección de Inteligencia local (Sipolcar) de Aysén, se constituyó en el lugar como oficial de ronda y tomó contacto inmediato con el prefecto Sergio Alarcón Torreblanca. Hoy Alarcón está en Santiago, encabezando el cuestionado Departamento de Cuarteles.

«Mi capitán Escobar me informó telefónicamente que por orden de mi Coronel se dispusiera la concurrencia de la SIP (Sección de Investigaciones Policiales), y eso fue cuando ella se encontraba en el sitio del suceso donde estaba el vehículo del ex Sargento Riveros, y este aún en su domicilio», declaró el suboficial José Rivera en el sumario.

Como se lee en los archivos, el prefecto Alarcón no contaba con ninguna autorización de la Fiscalía para disponer la intervención de unidades especializadas. La cabo primero Carolina Norambuena, integrante de la SIP, no tuvo más opción que cumplir lo dispuesto primeramente. Sin embargo, la molestia fue evidente.

Según lo declarado por la cabo en el proceso interno, la capitán Escobar le ordenó revisar las cámaras del Hotel Dreams de Coyhaique a fin de «poder ver o establecer desde éstas si mi sargento Riveros se encontraba transitando por el exterior del casino». Escobar admitiría más tarde que recién «llamaría al fiscal para ponerlo en conocimiento de todas estas diligencias que se estaban realizando, quedándome claro que con esto se judicializarían nuestras actuaciones».

La cabo Norambuena señaló además que el teniente Maturana, en presencia del prefecto Alarcón, le ordenó sacar fotografías a las vestimentas de Riveros para ubicar al testigo que supuestamente había visto el choque y exhibirle las imágenes. Ante eso, precisó, «me negué a dar cumplimiento… en razón a que me encontraba imposibilitada de realizar este tipo de diligenciamientos sin una orden previa emanada del juez de garantía».

SÓLO POR TELÉFONO

«Ni en los momentos de acogerle la denuncia (del robo de la camioneta) ni después de ésta percibí olor a alcohol en mi sargento Riveros», testificó el suboficial Cristian Iturra, dando a entender que la privación de libertad a la que posteriormente fue sometido su compañero de armas no tenía justificación.

Lo anterior adquiere mayor fuerza si se toma en cuenta que la alcoholemia que se le practicó a Riveros arrojó sólo 0,23 gramos de alcohol, es decir, no se cumplían los supuestos necesarios para disponer su detención bajo la hipótesis de flagrancia. Pese a esto, Riveros fue detenido esa madrugada.

La capitán Soledad Escobar.

Según lo señalado en la carpeta por el teniente Diego Maturana, la capitán Escobar dispuso la aprehensión del sargento porque así lo había ordenado el fiscal de turno. Sin embargo en el expediente, en un hecho sin precedentes, también se le tomó declaración al persecutor José Moris, quien señaló que éste nunca ordenó la detención de Riveros porque carecía de facultades, y que nadie le informó si el resultado de la prueba respiratoria había confirmado la presunta ebriedad aludida por Carabineros.

Instada a aclarar estos puntos, la capitán Escobar manifestó que el entonces prefecto Sergio Alarcón estuvo informado de todo, y que incluso la instó a que «los comunicados fueran de forma telefónica y no radiales, para mantener la reserva del procedimiento». De hecho, algunas fuentes apuntan a que llegó a las 6 de la mañana de ese día a la comisaría, cosa totalmente fuera de lo normal.

Según el abogado Lorenzo Avilés, la clara intervención del prefecto Alarcón y la aparente predisposición a hallar culpable a Riveros tiene una sola explicación: que al sargento «le querían pasar la cuenta».

“En algún momento, él denunció a un teniente (Nicolás Calderón) por una falsificación de tablas de servicios, teniente que era del círculo inmediato del coronel, de sus favoritos. Cuando lo afectaron, se generaron todas estas cosas”, planteó el ex fiscal en una entrevista que dio a El Ciudadano respondiendo a una carta enviada a este medio por el ex jefe de Prefectura.

En Aysén ubicamos a la asesora jurídica Vanesa Vásquez, quien representa a Alarcón ante la Fiscalía Militar. No obstante, la abogada se abstuvo de emitir declaraciones en defensa del coronel. Información extraoficial apunta a que Alarcón ya presentó voluntariamente su expediente de retiro.

También marcamos directamente el anexo telefónico de la Sección de Inteligencia para ubicar a la capitán Soledad Escobar y dejamos nuestros datos de contacto con su cónyuge, el mayor de finanzas Hans Picón. Sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna para obtener su versión.

«HEMOS SUFRIDO COMO FAMILIA»

El Ciudadano intentó ubicar al sargento Miguel Riveros, pero sólo fue posible conversar con su esposa. «Creo en las instancias reglamentarias que tiene Carabineros, pero ha sido una espera larga para que esto se resuelva. A mi esposo lo están dando de baja injustamente», señaló Marisol Puentes.

En el breve contacto, la mujer dijo que la irregular detención del uniformado ocurrió muy cerca del fallecimiento de su madre, y que pese a ello, «no hubo respeto, no me aplicaron ninguna red de apoyo, no fue la asistente social ni nada a la casa».

«Hemos sufrido como familia, yo personalmente he tenido crisis de pánico. Mi marido lleva un año sin goce de sueldo. Él quiso servir a la comunidad y fueron indiferentes con él. Ni siquiera le permitieron velar a mi madre. El general director (Bruno Villalobos) no debe estar enterado de todo nuestro problema. Yo sólo espero que se haga justicia», concluyó.