La vieja herida del abuso sexual contra las indígenas colombianas se ha reabierto en Colombia con las denuncias de violaciones contra niñas y adolescentes de dos comunidades étnicas en Guaviare, uno de los departamentos donde el conflicto armado ha dejado huellas imborrables.
Frente a esta acusación, que involucra a miembros del Ejército colombiano y a un soldado estadounidense, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el pasado viernes que se abriera una investigación de inmediato. Hasta ahora han respondido la Procuraduría General y el Ministerio Público.
Por su parte, John Rhatigan, agregado de prensa y portavoz de la Embajada de EE.UU. en Bogotá, dijo a W Radio que no tenían conocimiento de alguna investigación.
Los abusos sexuales han sido principalmente contra menores de edad y mujeres de la comunidades indígenas de Nukak y Jiw, ubicadas en el Amazonas colombiano. Sin embargo, este no es un tema nuevo porque desde hace por lo menos cinco años las víctimas han alertado sobre las violaciones y prostitución forzada que sufren en sus territorios por parte de soldados, organizaciones armadas y «colonos».
Las investigaciones en Colombia
Tras este exhorto presidencial, el fiscal general, Francisco Barbosa, informó en un video institucional que hay 378 casos de abuso sexual –recogidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)–, contra integrantes de las comunidades indígenas de Guaviare entre 2018 y 2020. Indicó que corresponde ahora cotejar si cada uno fue enviado a la Fiscalía y establecer si hubo omisión o vacío, lo que implicaría el inicio de procesos penales contra los responsables.
Barbosa negó que algún militar estadounidense estuviera vinculado al abuso de una menor, a la que habrían ofrecido alimento para después violarla en 2019, según la denuncia que aparece en el reportaje del periodista Gerardo Reyes para Univision, cuya difusión causó conmoción y el inicio de estas investigaciones.
El titular de la Fiscalía indicó que se fortalecerán en San José del Guaviare «los actos urgentes con fiscales e investigadores dedicados exclusivamente a atender este tipo de delitos».
Por su parte, la Procuraduría Regional del Guaviare anunció en un comunicado de prensa que abrió una «investigación disciplinaria» contra el director regional del ICBF en esa entidad, Joaquín Mendieta Silguero, porque «al parecer, sabía de los abusos sexuales contra menores de edad indígenas y pese a ello, no habría desplegado las medidas de protección necesarias».
Esta decisión se tomó luego de que se difundieran las declaraciones del jefe departamental del ICBF en un reportaje de Univision. En el registro, Mendieta Silguero dice tener conocimiento de los casos de abuso sexual, pero afirma que «en este momento no son tan preocupantes«.
Además de este proceso que se inicia, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública comenzó una indagación previa contra militares, «que busca identificar otros hechos de abuso o violencia sexual contra niñas indígenas de Guaviare», entre los años 2019 y 2023.
Para ello, se le pidió a la Inspección General del Ejército y al Batallón de Infantería de Selva No. 18 ‘José Joaquín París’ que proporcione información referente a «quejas contra militares por este tipo de conductas» o sobre investigaciones disciplinarias en ese aspecto, en los últimos cuatro años.
Una herida abierta en Colombia
Los Nukak son una etnia nómada que apenas tuvo contacto con los pueblos no indígenas en 1988, refiere un video hecho por la Comisión de la Verdad. En ese entonces, sus integrantes, que han sido diezmados en un 60 %, según la ONU, no sabían que en su país había un conflicto armado de larga data. Pasarían pocos años para que también se encontraran entre sus víctimas.
En la pieza audiovisual, una voz femenina afirma que las mujeres han sido violadas y prostituidas por causa del abandono estatal y la falta de oportunidades, característicos de las zonas rurales colombianas.
En los lugares más apartados del país, las comunidades étnicas han quedado al merced de los grupos armados, de las organizaciones criminales y de las empresas que explotan los recursos naturales, lo que ha causado su desplazamiento, merma, reclutamiento forzado y utilización en actividades ilícitas.
Como parte de esa deuda histórica, el pueblo Nunak, compuesto por ‘Los últimos nómadas verdes’ fue incorporado al capítulo étnico del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016.
Denuncia e informe sobre violaciones
En 2018, un grupo de mujeres Nukak se atrevió a dar el primer paso para hacer públicos los casos de violencia sexual que habían padecido. Estos relatos fueron conocidos durante su participación en el Tribunal Simbólico contra el Patriarcado, en Bogotá.
Tras este inicio, se comenzó a sistematizar cada experiencia y, luego de dos años de trabajo, se le entregó un informe a la Comisión de la Verdad, en San José del Guaviare.
En el documento hay más de 20 testimonios que reflejan la violencia sistemática que ha existido contra las niñas y adolescentes, como una forma de despojo territorial.
«Nos violentan casi diariamente. Soldados, guerrilleros, paramilitares, policías y ‘colonos’: todos lo han hecho alguna vez. Muchas no encontramos salida de esa situación y pensamos, incluso, en quitarnos la vida», dice una de las mujeres que declaró ante la Comisión de la Verdad.
Para la comisionada Patricia Tobón Yagarí, las mujeres de este grupo indígena «han sido despojadas hasta de sus propios cuerpos y de su autonomía«, en medio de la dinámica de violencia del conflicto armado.
Prostitución para sobrevivir
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cataloga a los Nukak como «los más vulnerables» del mundo, ante la rápida extinción de su población en apenas tres décadas.
En el texto ‘Tiempos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia’, elaborado por el Centro de Memoria Histórica, se habla de la prostitución forzada de algunas mujeres de ese grupo étnico «presionadas por la necesidad de sobrevivir».
«Nos amenazaron los mismos tipos que se enamoran de una porque querían tener relaciones sexuales obligadas«, cuenta ‘Rocío‘, una mujer Nukak que fue abusada a los 11 años, publicó Pacifista.
Kelly Peña, de la organización feminista Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, asegura que los cuerpos femeninos pasaron a ser botín de guerra. «Las Nukak, como otras mujeres indígenas de la Amazonia, se pueden comprar para llevarlas a trabajar o tener sexo».
Entre las prácticas comunes de agresores contra sus víctimas está el proporcionarles bebidas alcohólicas o sustancias químicas para cometer los abusos. Del mismo modo, hay raptos, esclavización sexual, trabajos forzados y se ofrece dinero o alimentos a cambio se encuentros sexuales, según varios testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad.
Investigaciones abiertas
En la Fiscalía hay doce procesos abiertos por violencia sexual contra niñas y adolescentes del pueblo Nukak. De esta cifra, en cuatro casos la acusación recayó sobre militares del batallón ‘José Joaquín París’ del Guaviare, según Revista Raya.
Pero no todos los expedientes de abuso sexual provienen de la misma comunidad étnica. En septiembre de 2021, la Justicia colombiana condenó a siete soldados del Ejército que estuvieron involucrados en la violación múltiple de una niña indígena de 12 años en el departamento de Risaralda, en el centroccidente del país.
Otra condena que trascendió el prensa fue la de un hombre al que se le dictó prisión preventiva luego de que embriagara y abusara de una menor indígena, de 14 años, en el departamento de Antioquia.
En 2021 se registraron 2.106 casos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres indígenas. El 44,5 % se relacionó con violencia física; el 30,3 %con violencia sexual; el 18,9 % con negligencia y abandono; y el 6,3 % con violencia psicológica, según el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (Sivige).
Por su parte, el DANE apunta que en ese mismo año las mayores víctimas de violencia sexual fueron las niñas y adolescentes indígenas de entre 6 y 17 años, por lo que pareciera la vieja herida abierta en Colombia está lejos de cerrarse.
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