La situación política en Ecuador no es nada estable y el gobierno de Guillermo Lasso se tambalea. En medio de esto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya metió las manos y se hace parte del juego. Sin embargo, la postura de este «diplomático» se muestra radicalmente distinta a situaciones parecidas ocurridas en países como Perú, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Qué pasa?
Todo ahora tiene que ver con la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción de la Asamblea Nacional de Ecuador, que investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas, y aprobó un informe que recomienda un juicio político en contra del presidente Lasso.
El sábado pasado, el pleno del Parlamento dio el visto bueno al informe, con 104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones. En la sesión, la legisladora Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional, consideró que Lasso incurrió en delitos que van en contra de la administración pública y la seguridad del Estado y que se encausan en el artículo 129 de la Constitución del país suramericano.
Al respecto, detalló que el juicio político sería por «la comisión por omisión», lo que implicaría que el jefe de Estado, conociendo los actos de corrupción en las empresas públicas, habría preferido callar y no actuar, reseña RT.
Entre las conclusiones del informe, se establece la falta de acciones por parte del Ejecutivo para impedir la comisión de delitos como cohecho, peculado y concusión.
El caso contra Lasso
El caso que llevó a la petición de juicio político contra Lasso explotó a principios de enero pasado, cuando el medio digital local La Posta reveló una presunta trama de corrupción en las empresa públicas de Ecuador, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
El caso se conoció mediáticamente como ‘El Gran Padrino’, pero luego la Fiscalía General del Estado (FGE), que abrió una investigación al respecto, lo bautizó como ‘Encuentro’.
La supuesta red de corrupción estaría operando principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); aunque también se habría extendido a la estatal Petroecuador.
Según la investigación periodística, a pesar de no tener ningún cargo en el Gobierno, Carrera maneja las empresas públicas y es quien decide qué firmas privadas trabajan con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas.
Asimismo se informó que él y su operador de confianza, Rubén Cherres, habrían tenido influencia en la designación de cargos en distintos puestos en el Gobierno.
Además, el Gobierno ecuatoriano, a través de Cherres, tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa.
¿Qué sigue?
El informe aprobado por el pleno del Congreso no es vinculante, por lo que es apenas el inicio del proceso contra Lasso. Según la Constitución de Ecuador, el proceso de juicio político contra el mandatario debe iniciar con una solicitud por escrito de un asambleísta y tener el apoyo de al menos un tercio de la Asamblea (46 firmas).
La bancada izquierdista de Unión por la Esperanza (Unes) ha adelantado que serán ellos quienes inicien el pedido del proceso contra Lasso.
En la solicitud del proceso deben estar por escrito los cargos que se le atribuyen al presidente y las pruebas que se adjuntarán. Luego de la presentación de la solicitud, hay un plazo máximo de tres días para que el presidente de la Asamblea Nacional la entregue al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para verificar los requisitos.
El CAL debe enviar la solicitud a la Corte Constitucional (CC) para que emita el dictamen previo de admisibilidad, en un lapso máximo de seis días.
La CC revisará si la solicitud está elaborada según la Constitución, si la infracción imputada y la tipificación jurídica se incluyen como causales de juicio político; y, con base en ello, determinará si procede o no iniciar el proceso.
Si la CC emite un dictamen en contra, el caso se archiva; pero si el dictamen es de admisibilidad, el presidente de la Asamblea Nacional tiene un plazo de tres días para regresarlo al CAL.
El CAL debe enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización, instancia que debe decidir si recomienda o no el juicio político. Tiene un plazo de 30 días para actuar: 10 días para que el presidente ejerza su derecho a la defensa; otros 10 días para la actuación de pruebas y 10 más para la elaboración del informe.
Con el informe, el presidente del Parlamento convoca al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión, el mandatario tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos).
De momento, tras la votación del pasado sábado, el Congreso remitirá el informe aprobado a la FGE y a la Contraloría General del Estado (CGE) para que, en el marco de sus competencias, inicien las investigaciones penales y administrativas respectivas y se adopten las medidas pertinentes.
Respuesta del Ejecutivo de Lasso
El Gobierno ha negado la existencia de la supuesta trama de corrupción y el propio Lasso ha salido en defensa de su cuñado, arremetiendo en contra del medio que hizo las revelaciones.
Tras la aprobación del informe en el pleno de la Asamblea Nacional, el mandatario señaló que el documento «carece de sustento lógico, probatorio y jurídico».
En una carta enviada a la fiscal general, Diana Salazar, Lasso le pidió que «desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita».
«He dispuesto contestar con absoluta transparencia y celeridad todo requerimiento de la Fiscalía para esclarecer cualquier duda», manifestó el mandatario ecuatoriano.
Asimismo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, calificó de «sainete» y «mamotreto» lo resuelto por los legisladores.
«En el fondo es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también, a su antojo y conveniencia, han dejado afuera a personajes que debían ser investigados […] No es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización», expresó en un video difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República.
Apoyo de la OEA
Quien también se expresó en la misma línea del Gobierno fue el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien dijo que su oficina «ha venido siguiendo los últimos acontecimientos» en Ecuador.
«Al respecto, en el marco de los instrumentos jurídicos interamericanos, la Secretaría General expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales«, expresó en un comunicado, publicado un día después de la aprobación del informe en el Parlamento ecuatoriano.
Almagro llamó a los actores políticos y sociales de Ecuador a «enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional» y reiteró su disposición «a la cooperación con el país».
Ante ese pronunciamiento, Lasso agradeció al titular de la OEA. «Los ecuatorianos quieren estabilidad para prosperar», expresó.
Todo este escándalo en torno al juicio político se produce a apenas un mes del revés electoral que tuvo Lasso, cuando la ciudadanía rechazó las preguntas de un referéndum constitucional impulsado por el Ejecutivo y se inclinó mayoritariamente por candidatos de tendencia progresista para las prefecturas provinciales y las alcaldías.
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