Lasso y el juicio político: los puntos claves para entender lo que le espera

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó continuar con el proceso de juicio político al presidente del país, Guillermo Lasso, señalado por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos).

La decisión de continuar o no con el proceso quedó en manos de todos los legisladores del Congreso, después de que la Comisión de Fiscalización y Control Político del Parlamento, encargada de elaborar el informe sobre el juicio político que luego pasaría al pleno, no lograra aprobar su documento.

Ese informe, según había adelantado el pasado viernes el titular de esa Comisión, Fernando Villavicencio, recomendaba no avanzar con el juicio, al concluir que el mandatario no habría incurrido en el presunto delito de peculado del que se le acusa, reseña RT.

1.- ¿Cuándo será el juicio contra Lasso?

Las fechas que se determinen tras la decisión alcanzada el martes son un tanto discrecionales, debido a que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla que se apruebe el llamado a juicio político mediante resolución del pleno, sino siguiendo el trámite que considera la presentación de un informe por parte de la Comisión de Fiscalización.

Por tanto, dependerá del presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, fijar los plazos.

Previamente, Saquicela había comentado que continuaría con los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, como si se hubiese presentado el informe por parte de la Comisión de Fiscalización.

Entonces, el titular del Congreso de Ecuador tiene tres días como máximo, en este caso hasta el viernes 12 de mayo, para difundir entre los 137 asambleístas la resolución aprobada por el pleno.

Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe, el presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de cinco días, deberá convocar al pleno e incorporar el proceso de juicio político en el orden del día.

Entonces, la oposición política ecuatoriana calcula que este proceso acabará entre el 17 o 18 de mayo, o máximo el 23 de mayo, un día antes de que Lasso cumpla dos años en la Presidencia.

2.- El juicio

El día que se lleve a cabo el juicio político, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas.

A continuación, el mandatario, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo respectivo.

Posteriormente, establece la normativa, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora.

Una vez finalizada la intervención del presidente, se retirará del pleno y comenzará el debate en la Asamblea Nacional, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por un tiempo máximo de 10 minutos, sin derecho a réplica.

Posteriormente, según la ley, en el plazo de cinco días de concluido el debate, Saquicela debe convocar a la sesión del pleno para resolver el juicio político. Para la aprobación de la moción de censura, se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada, es decir, al menos el pronunciamiento a favor de 92 asambleístas.

3.- La acusación

Este proceso arrancó formalmente el pasado 16 de marzo, con la presentación de la solicitud del juicio político ante el Parlamento por parte de legisladores de varias bancadas.

Los asambleístas acusaron a Lasso de los presuntos delitos de concusión y peculado, causales previstas en el artículo 129 de la Constitución de Ecuador.

La acusación de concusión estuvo relacionada con la supuesta corrupción en empresas públicas, tras unas revelaciones hechas desde enero pasado, en las que se involucró a Danilo Carrera, cuñado de Lasso; mientras que el señalamiento de peculado está vinculado a un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que es dueña de buques para transporte petrolero.

Ante las acusaciones, la Corte Constitucional de Ecuador —por donde pasó el trámite— emitió un dictamen de admisibilidad parcial, dejando de lado las incriminaciones sobre el cargo de concusión y solo avalando el caso por el presunto delito de peculado.

Esta causa se remonta a 2018, cuando Lenín Moreno aún era presidente. Bajo su administración, Flopec y la empresa Dragun USA LLP firmaron un contrato para la transportación de barriles de crudo, pero en 2020 acordaron una adenda con la que Amazonas Tanker Pool se sumó al convenio.

Un año más tarde, en noviembre de 2021, cuando ya Lasso había llegado a la Presidencia, la Contraloría General del Estado emitió un informe señalando que las operaciones con Amazonas Tanker Pool generaron un perjuicio para el Estado y recomendó evaluar «la conveniencia y pertinencia de continuar» con la asociación.

La acusación de los asambleístas señala que, pese a ello, en julio del año pasado se habría firmado un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool. Sin embargo, cuando el caso llegó a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Villavicencio dijo que los acusadores no presentaron «ni una sola prueba» de la firma de un nuevo documento.

«Ese contrato no existe», manifestó Villavicencio el viernes de la semana pasada. Por tanto, indicó el parlamentario, se concluyó que el mandatario no habría incurrido en ningún delito y por ello la Comisión que dirige había determinado no llamarlo a juicio; no obstante, ese informe no se aprobó y por eso la decisión de continuar o no con el proceso escaló al pleno.

En la sesión del martes, la asambleísta Veloz insistió en que sí hay un nuevo documento firmado durante el actual gobierno con Amazonas Tanker Pool. Especificó que es una adenda o contrato complementario, que habría sido firmado en octubre del año pasado y que tendría «dos clausulas contractuales gravísimas».

Asimismo, en la resolución aprobada por los parlamentarios se establece que el mandatario «conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec».

También se detalla que «se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual»; y se sostiene que el jefe de Estado, junto con otro funcionario, «definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado».

4.- ¿Qué ha dicho el Gobierno de Lasso?

Luego de la aprobación de la resolución el martes, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que la Asamblea Nacional ha decidido continuar con el juicio «en un proceso ilegítimo que nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales».

«Nos mantenemos firmes en la defensa del derecho de los ecuatorianos a vivir en democracia», añadió en su mensaje, que publicó en su cuenta en Twitter.

El pasado 30 de marzo, luego de que la Corte Constitucional admitiera parcialmente la solicitud del juicio político, Lasso ofreció un mensaje a la nación en el que se declaró inocente de la acusación que le hacen.

«Soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político, que huele muy mal», expresó entonces.

5.- Nueva directiva en la Asamblea

Toda esta situación en torno al proceso contra Lasso se da a pocos días de que la Asamblea Nacional renueve a sus autoridades para los próximos dos años. La sesión para realizar estos cambios se llevará a cabo el próximo domingo 14 de mayo.

Los legisladores elegirán al nuevo presidente del Parlamento, dos vicepresidentes y a cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para los dos próximos y últimos años de la actual legislatura.

El martes, la bancada de izquierda Unión por la Esperanza (UNES) se pronunció al respecto e indicó que apoyará la reelección de Saquicela como titular del Congreso.

«Hemos decidido ceder en nuestras legítimas pretensiones de alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional con un solo objetivo: fortalecer la mayoría legislativa de cara al juicio político de Guillermo Lasso«, dice el comunicado de esa bancada parlamentaria.

La semana pasada, el bloque del Partido Social Cristiano (PSC), movimiento con el que llegó Lasso a la Presidencia, pero luego se distanciaron, acusó al Gobierno de «compra de conciencia» en el Parlamento.

En las últimas semanas, en medio del proceso contra Lasso, cuatro legisladores del PSC han abandonado su bancada. El martes, la asambleísta Geraldine Weber anunció que deja el bloque supuestamente por presiones y mal manejo, sumándose así a Javier Ortiz, Elina Narváez y Karen Noblecilla, quienes, según el partido, habrían cedido a ofrecimientos del Ejecutivo.

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