La fiscalía del Tribunal Supremo de España anunció que investigará si existe responsabilidad penal por parte de Juan Carlos I de Borbón en el caso de comisiones otorgadas por Arabia Saudí al monarca por la construcción el proyecto del sistema ferroviario de alta velocidad AVE a La Meca—Medina.
La justicia investiga el caso desde 2018, pero únicamente el Tribunal Supremo tiene potestad de indagar directamente en las presuntas responsabilidades de Juan Carlos, aunque sea por los hechos cometidos después de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.
Ahora, la fiscalía del alto tribunal reconoce que asume la investigación ya que «una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces rey, hoy rey emérito, Juan Carlos de Borbón» y es necesaria «la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente» a su figura.
«Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad», indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Comisiones millonarias
La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones de la Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, examante de Juan Carlos I, quien aseguró que el llamado rey emérito habría cobrado más de 120 millones de dólares, como parte del pago de unas comisiones por convencer a compañías españolas de bajar los costos de sus proyectos en la península arábiga, específicamente el del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina.
«Se trataría de un posible delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales cometido por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional», indicó en esa oportunidad la fiscalía.
De acuerdo con los reportes, esa gran suma de dinero se encuentra depositada en cuentas de bancos ubicados en paraísos fiscales como Suiza, y que son manejadas por testaferros.
Fortuna oculta y escándalos
Durante los últimos años han surgido informaciones sobre la fortuna oculta de Juan Carlos de Borbón, construida gracias a sus lazos con las monarquías del Medio Oriente.
The New York Times reveló en 2012 que el monto de la fortuna del monarca supera los 1.800 millones de euros (más de dos mil millones de dólares).
El escándalo se hizo más grande, cuando medios británicos, como The Telegraph, sacaron a la luz que el actual Jefe del Estado, Felipe VI, es el segundo beneficiario de la fundación a través de la cual Juan Carlos percibió el pago de las comisiones por parte de Arabia Saudita.
Para tratar de quedar bien ante la opinión pública, Felipe aseguró que no tenía ni idea de la procedencia de ese dinero, y que renunciaba a cualquier beneficio que podría recibir de ella.
Asimismo, Felipe anunció que renunciaba a la herencia de su padre, al que también le retiró la asignación de la Casa Real, que según medios españoles, ascendía a más de 194.000 euros anuales (unos 219.000 dólares).
Cargos contra Juan Carlos
Después de la abdicación del trono en favor de su hijo, en 2014, Juan Carlos I de Borbón perdió la “inviolabilidad” judicial que le otorgaba la Constitución y ha pasado a tener la condición de aforado.
Esto hace que el Tribunal Supremo sea la instancia que tiene que instruir la posible imputación del rey emérito. De entrada, y en espera de conocer el alcance exacto de su fortuna escondida, parece que hay indicios sólidos para imputarle un fraude fiscal continuado.
Según La Vanguardia, diversas fuentes del Ministerio Público dicen que hasta el momento no se ha determinado por cuáles delitos sería perseguido Juan Carlos, en caso de que finalmente se actúe penalmente contra él.
No obstante, entre los hechos que se investigan figuran el presunto blanqueo de capitales y delitos fiscales por no declarar unos ingresos obtenidos y escondidos en Suiza.
Complicidad de la derecha
Entre las reacciones ante la noticia, existe una marcada diferencia entre los grupos progresistas y los partidos de derecha.
Varios dirigentes de Unidas Podemos celebraron la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó que es “gravísimo para la democracia” que existan “sospechas de corrupción sobre la casa real”.
“Es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional y constitucional de nuestro país”, subrayó.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, la CUP, PNV, BNG, MasPaís, Compromís y EH Bildu anunciaron que solicitarán al Congreso la creación de una comisión para investigar el caso del monarca.
Asimismo, Unidas Podemos se sumó a la petición, en coherencia con lo que ha mantenido en otras ocasiones.
Por parte del gabinete del presidente Pedro Sánchez, se pronunció la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien en una entrevista en La Sexta aseguró que “la Justicia es igual para todos”.
Según Montero, se deben “investigar a todas las personas” a las que los tribunales “consideren conveniente en el marco del desarrollo de sus actividades financieras”.
Por tal motivo, dejó claro que el Gobierno “no va a interferir y colaborará con todo aquello que sea necesario para que los tribunales” puedan “desarrollar sus cuestiones en las mejores condiciones posibles”.
Estas declaraciones llaman la atención ya que, según El Confidencial, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Sánchez, tiene previsto sumarse al derechista Partido Popular (PP) y al ultraderechista Vox para bloquear la petición de que se abra en el Congreso una comisión de investigación sobre el rey emérito. Ciudadanos también está en contra, pero no forma parte de la Mesa del Congreso.
“Fuentes socialistas explicarán que, salvo cambio no previsto, volverán a bloquear la petición en la Mesa del Congreso, amparándose en informes de los letrados del Congreso y, sobre todo, en una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta vez, sumarán el argumento del arranque de una investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo”, indicó el portal.
La Mesa del Congreso tiene nueve miembros y sólo los tres de Unidas Podemos defenderán que se tramite la petición y se vote en el pleno, mientras que el resto de miembros pertenecen a PSOE, PP y Vox.
De este modo, sería la cuarta vez que esta instancia rechaza abrir una investigación contra el padre de Felipe VI.
De acuerdo con el periodista Fernando Garea, se espera que el Ejecutivo no saldrá del argumento del respeto a las resoluciones judiciales. No obstante, eso no impediría que una parte del Gobierno, la que representa a Unidas Podemos, pueda mantener su posición de crítica a la actuación de Juan Carlos I.
¿Qué decidirá Felipe VI?
Ante el complicado escenario que supone la investigación al monarca, los ojos de España están atentos a qué decisiones tomará la Casa Real. Felipe VI puede caer en la tentación de intentar enterrar el escándalo que afecta a su padre.
Según el periodista, Jaume Reixach, esto sería un grave error, puesto que la opinión pública española “no lo aceptará de ninguna forma y supondría, más temprano que tarde, la muerte de la institución monárquica”.
“Si Felipe VI aspira a conservar el trono, su padre tiene que explicar motu proprio, con pelos y señales, el volumen y el origen de este “tesoro” familiar. Y, por supuesto, pagar la multa tributaria que le corresponde por evasión fiscal desde el año 2014 y reintegrar el dinero que tiene en el exterior a España. O la familia Borbón hace este ejercicio de transparencia o Felipe VI pagará las consecuencias”, aseguró en un artículo publicado por El Triangle.
Destino: República Dominicana
Lo cierto es que los daños para la monarquía pueden ser mayores. Varios medios han reseñado que ante las investigaciones en curso, tanto en Suiza como en España, para determinar el origen de su enorme fortuna, el rey emérito se sentiría cercado y optaría por abandonar la nación europea.
Según Diario 16, diferentes fuentes en República Dominicana han revelado que el monarca escogería al país caribeño como su nueva residencia.
En concreto, habitaría en una lujosa mansión situada en una de las zonas más exclusivas de la isla: La Romana, “un lugar privilegiado donde podrá compartir charlas, asueto, sol y alguna copa con grandes amigos que también tienen propiedades allí: Felipe González, Jesús Barderas, Carlos Slim, la familia Clinton, e, incluso, familiares del actual candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden”, señaló el portal.
“Un ambiente muy propicio para el rey emérito, donde podrá disfrutar de su fortuna sin que nadie le moleste”, subrayó.
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