Los bienes comunes de la discordia: la batalla de pequeños agricultores de Isla de Maipo contra el agroempresario Ariztía

En la década del 70, la familia de Álvaro Sánchez, al igual que miles de familias que trabajaban los campos chilenos, fue beneficiada en el contexto de Reforma Agraria iniciada en 1962. Los Sánchez recibieron tierras de lo que era la antigua Hacienda San Vicente de Naltagua en Isla de Maipo. Pasando así a formar parte del asentamiento «Brillo del Sol», un conjunto de 75 parcelas dirigidas a los campesinos de la zona, el mismo que hasta hace algunos años se mantenía como una de las parcelaciones con mayor cantidad de asignatarios y familias originales beneficiadas por la Reforma Agraria.

El Proyecto de Parcelación “Brillo de Sol” además de volver propietarios a los campesinos que hace años habitaban esas tierras, a través de títulos de dominio, contempló una serie de derechos sobre bienes comunes colindantes, que como su nombre lo dice, corresponden a bienes entregados para el uso comunitario, y de manera excepcional, a los campesinos dueños de las parcelas para su gestión, pero que al final del día pertenecen al Estado.

Entre los bienes comunes que contempló la adquisición de dichas tierras en Isla de Maipo por parte de las familias agricultoras, se encontraban los derechos sobre el bien común bosque, el bien común cerro y el bien común caja de río, entre otros. Este último, el epicentro del actual conflicto que viven alrededor de seis familias campesinas con un gran empresario del agro chileno, Ricardo Ariztía de Castro, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, quien durante varios años se ha dedicado a comprar los derechos sobre este bien común, con intenciones no del todo claras.  

Caja de Río podría definirse como toda zona que está desocupada por el cauce de un río, que por procesos geológicos, de crecidas y recogidas de los cauces hídricos se encuentra en algún momento desprovista de agua. En el fondo, es el terreno que deja el río cuando los niveles de agua varían.

Álvaro pertenece a una sucesión de 10 hermanos, y cuenta que desde aproximadamente los años 90, con la llegada de la democracia, la municipalidad accedió a entregar «permisos» a los campesinos de la zona para explotar esas tierras, correspondientes a bienes nacionales de uso público, pero sobre las que tenían derechos. Así, se desarrollaron siembras y otras actividades. 

Estos permisos que se le han entregado a Sánchez y a otros campesino se llaman precarios. Un Permiso Precario es aquella autorización de carácter temporal, en este caso entregada por la municipalidad, que no transfiere el dominio de los espacios en bienes nacionales de uso público o municipales, sino sólo su uso y goce.

Antes de los 90, durante la dictadura militar, pese a las solicitudes persistentes de los pequeños agricultores, la administración castrense en los municipios era reticente a tomar decisiones que potenciaran el tipo de tenencia de la tierra dictado por la Reforma Agraria.

Dentro de todo, los Sánchez, al igual que el resto de vecinos agricultores que conformaron Brillo del Sol, tuvieron suerte, pues durante la Contrarreforma Agraria iniciada con la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, que buscaba traspasar la administración de las tierras expropiadas por la Reforma Agraria a nuevos capitalistas, la parcelación Brillo del Sol formó parte de ese 33% de tierras que no fueron devueltas a los latifundistas originales ni subastadas al mejor postor.

“A mi papá le dieron la parcela en el 75. Y después nosotros empezamos a ocupar todo lo que es caja del río pero con permiso municipal, autorestringiéndonos en algunas cosas, porque no todo es llegar y hacer cuando el municipio da los permisos. Pero después de que Ariztía comprara los derechos sobre la caja del río, la Municipalidad ya no podía hacer nada, nos decían ‘es que compró Ariztía’, dejándonos de brazos cruzados. No podíamos sembrar, llevamos como 3 años sin poder sembrar lo que sembrábamos antes en la caja de río. Ahí está, todo brotado, y no podemos hacer nada», cuenta Álvaro.

El agricultor relata que, antiguamente, sus padres desarrollaban la ganadería de vacunos y equinos en la zona riverana. Utilizaban el río para mantener a esos animales, para darles de beber y comer. Pero las cosas irían cambiando con el tiempo. «Cuando nosotros empezamos a ir a Gobernación (durante la dictadura) a pedir permisos para limpiar y sembrar pasto paro los animales nos ponían trabas y nos decían que no, que no se podía. Después, con el tiempo (en los 90), y tras mucho pedir, nos empezaron a dar algunos permisos, por ejemplo para ocupar el espacio (caja de río) con siembras periódicas como papas, maíz, porotos, todas esas cosas, no plantaciones permanentes», señaló Álvaro. Fue entonces que el agricultor, su familia y resto de campesinos empezó a entender lo que significaba tener derechos sobre bienes comunes, y que esos derechos implicaban poder usar, siempre que fuera con permisos y de forma respetuosa, parte de ese territorio que, en fin último, es un bien nacional del Estado de Chile.

Jorge Gutiérrez es el abogado Álvaro Sánchez y de dos de sus hermanos. «Con la vuelta de la democracia, mis representados, empezaron a pedir permisos al municipio para gestionar esas tierras, y a la larga todo funcionó bien con los precarios. Aunque fuera un bien común, pedían permiso, y aquí viene lo jurídico, detrás hay un bien nacional de uso público que es la caja de río, que solo de forma excepcional por la Reforma Agraria se le otorgó a ellos, a nadie más, y a quienes compren derechos, obviamente. Pero ahí viene el otro problema, que se entiende que si yo compro este tipo de derechos es para la agricultura, que es la discusión que se da ahora, no puede ser utilizado para hacer otro tipo de negocios», explica Gutiérrez, cuestionando las intenciones con las que el megaempresario del Agro compró estos derechos.

Pese a ya no poder ocupar la Caja de Río con animales como lo hacían antiguamente sus padres, Álvaro y sus hermanos que todavía viven en la parcela estaban conformes, pues por lo menos podían realizar siembras de estación de manera legal y sin molestar a nadie, en una pequeña parte de la caja de río, que históricamente había sido usada por su familia. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la compra de derechos por parte de Ricardo Ariztía en 2018.

«Nosotros habíamos estado ocupando ese lugar desde siempre, desde que se le otorgó la parcela a mi papá. Después que compró Ariztía quedamos de manos cruzadas. Este año quisimos volver a sembrar, dejamos arado, y ahí está la tierra arada, no pudimos hacer nada más, Ariztía no nos deja», señaló Álvaro, relatando que trabajadores de Ariztía, incluso han ido con máquinas y demás a romper los alambrados que marcan el límite de la parcela 63, de la que son propietarios los Sánchez.

«Nosotros ya no le podemos aguantar tanto a este caballero», comenta el agricultor, quien señala además que junto a su familia se encuentran cansados e intranquilos debido a la serie de acciones que ha emprendido Ariztía contra ellos, que con el pasar del tiempo parecieran volverse cada vez más contundentes.

Demanda por compra venta forzosa

El panorama actual, que acompleja a Álvaro y algunos campesinos más de Brillo del Sol empezó en 2017. En aquel entonces, Ricardo Ariztía de Castro, presentó una demanda de compra forzosa y/o enajenación de derechos sobre el bien común Caja de Río del Proyecto de Parcelación Brillo del Sol, que colinda al norte con el Río Maipo.

La demanda fue ingresada al Segundo Juzgado de Letras de Talagante, dirigido por el juez Gerardo Mena Edwards.

En dicha demanda, Ariztía, que se caracterizó a sí mismo como «agricultor» y actuó como representante de AT Inversiones Limitada, empresa que en aquel entonces reunía 32 de los 75 derechos sobre el bien común de la caja de río antes señalado. La propiedad sobre estos derechos responde a una operación que se empezó a gestar desde hace aproximadamente dos décadas atrás, a través de otra de sus empresas: Inversiones Naltahua Limitada, que en 2006 le «vendió» los derechos recolectados a su hermana, AT Inversiones.

Sin embargo, esta vez, Ariztía quería asegurarse de que la totalidad de los derechos sobre el bien común fuera suya. Con este ánimo, solicitó comprar el resto de derechos, es decir los 43 que le faltaban (58% del total) por $1.000.000. cada uno.

Algunos de los argumentos que aludió la defensa de Ariztía para apropiarse de los derechos sobre esas tierras fueron que dicho bien común estaba «absolutamente abandonado» y que «ningún comunero realiza explotación alguna» en esas tierras, argumentos que Álvaro desmintió tajantemente. «Cuando dice que está desocupado yo le puedo mostrar con documentos que nosotros estamos desde hace más de 30 años ahí trabajando, sembrando, y con alambrado, con cercos que son super antiguos», señaló el campesino de San Vicente de Naltagua.

Sin embargo, la ley en la que se amparó el empresario es la ley N° 19.386, que establece normas especiales para la enajenación, a título oneroso o gratuito, de bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria. La ley señala que se debe citar a los comuneros dueños de los derechos que se demandan para discutir el asunto. Y, pese a que la citación se produjo, el pronunciamiento de los comuneros no fue vinculante, por lo menos no el de todos: no el de quienes se opusieron.

A finales de noviembre de 2017, Álvaro, a través de su abogado, presentó un escrito en el que estipulaba categóricamente que se oponía a la solicitud de enajenación presentada por AT Inversiones. La defensa se basó en un hecho específico y fundamental, y ese es que debido a la naturaleza de dichas tierras y a las crecidas periódicas del río, aquellos sitios por los que Ariztía se encontraba demandando, corresponderían a bienes nacionales de uso público, pues cabrían dentro de la categoría de cauces de río.

Gutiérrez además argumentó que en 1997, a su representado, entre otros, se le había otorgado, a través de una resolución de Bienes Nacionales, la autorización para hacer uso de esas tierras para plantaciones agrícolas no permanentes y árboles para formar un sistema de defensas naturales contra eventuales crecidas. Además, argumentó que según decreto del Ministerio de Obras Públicas, era la municipalidad la encargada de otorgar el permiso correspondiente para el uso de ese suelo, que forma parte del cauce natural del Río Maipo.

Quizás el argumento más contundente que usó la defensa de Álvaro fue que, pese a que las parcelaciones de Brillo del Sol hayan sido entregadas a los campesinos de la zona con derechos sobre un bien común, como lo son las 108 hectáreas del bien común caja de río, esto «no les otorga a los parceleros NINGÚN DERECHO DE PROPIEDAD sobre dichos suelos», que son un bien fiscal común. Siguiendo esa lógica, bajo ninguna circunstancia podría un particular apropiarse de esos terrenos.

Sin embargo, el juez Mena Edwards no opinó de la misma forma. Pues, en abril de 2018, le concedió a Ariztía la demanda, tras haberse realizado la audiencia que juntó al 54% de los comuneros con derechos sobre el bien común caja de río, pese a que el 42% por sí solo era representado por Ariztía.

«Se autoriza la enajenación del bien común especial Caja de Rio del Proyecto de Parcelación Brillo del Sol, Naltagua, comuna de Isla de Maipo», señaló el fallo de 2018.

En Chile para tener claridad de dónde está una casa, departamento o terreno es necesaria la existencia de un plano. Los planos son almacenados por los conservadores de bienes raíces en un registro especial: un registro de planos.

Un plano permite esclarecer y solucionar dudas sobre deslindes y límites de la propiedad, sin embargo, los derechos que compró Ariztía no gozan de un plano, uno de los problemas principales para establecer límites claros.

«Faltan dos planos que son fundamentales, el de caja de Río completo y el plano de los bienes comunes caja de río, que son 108 hectáreas. Sin embargo, desde el Conservador y Servicio de Impuestos Internos nos dicen que es imposible que haya plano, por la características de esas «tierras», y porque hablamos de derechos sobre bienes comunes, que es una tipificación más abstracta, sin coordenadas específicas de cada derecho. Y ahí viene un tema administrativo que tiene que ver con Bienes Nacionales, Contraloría y otros organismos públicos, sobre la esencia del uso y goce de bienes nacionales de uso público y si corresponde su uso a una empresa privada en desmedro de agricultores de la zona», señala el abogado.

«Cuando hablamos con nuestro topógrafo, y viendo fotos satelitales que él toma desde su dron, te deja súper claro hasta donde llegaba el agua. La caja de Río también va a depender si el agua del río crece o no crece. Entonces la caja río puede ser más chica o más grande, dependiendo del clima. Ese es otro factor que no sé si Ariztía lo toma en consideración, no sé si el tribunal lo habrá tomado en consideración. Yo creo que no, pues la sentencia no dice nada al respecto«, explica el abogado.

Cuando se obtiene la sentencia a favor de la venta forzosa, el comprador deposita el pago pactado y los tutelares de derechos sobre el bien común empiezan a retirar ese dinero, se da por entendido que la compra se realizó y los derechos deberían adjudicársele al nuevo dueño. Sin embargo, tras el fallo recurrido en 2018 ya han pasado cuatro años y el certificado en el Conservador de Bienes Raíces de Talagante no se ha actualizado, denuncia el abogado de Álvaro.

«Por un lado está el proceso de venta con sentencia. Por otro lado está el tema del millón. Y por otro lado, la información actual del conservador que todavía no se actualiza. La pregunta es ¿se podrá actualizar? ¿El conservador dejará que la propiedad pase a dominio único y exclusivo de Ariztía? Lo que nos dicen al interior de las instituciones públicas es que no van a permitir eso, porque no se puede, si es un bien nacional de uso público no lo puede tener una empresa. Tú no sacas nada con comprar algo que sabes que está viciado», explica el abogado quien señala que desde el SAG y Conaf le han explicitado lo señalado.

Álvaro y Jorge están convencidos de que el actuar del tribunal y de Ricardo Ariztía no corresponde, que no se ajusta al espíritu de la Reforma Agraria con que se concedieron esos espacios: «la tierra para quienes la trabajan», y que se salta varios puntos importantes que deberían considerarse al tratarse de un bien nacional, de uso público. Pero incluso así, señalan, que si tan solo existieran límites claros para establecer desde qué punto hasta qué punto se cuentan las 108 hectáreas que corresponden a los derechos sobre el bien común caja de río estarían tranquilos. Pues se podría trabajar con información específica, y sin las  «arbitrariedades» con las que se ha obrado hasta ahora.

«La pregunta es ¿hasta dónde llegan los derechos que tendría don Ricardo Ariztía en Caja de Río Maipo? Y ahí se generan los problemas, porque puede desalojar a todas las personas que se pongan dentro de algo que se llame Caja de Río«, como ya ha empezado a hacer, según advirtió el abogado.

Desalojos

En 2021, Ariztía se querelló solo contra Rolando Sánchez -hermano mayor de Álvaro- con el fin de prohibirle la entrada a la caja del río, argumentando que el hombre de edad avanzada hacía quemas de basura al interior y cortaba madera de los árboles, dos actividades, que aunque ecológicamente cuestionables, son bastante comunes en los distintos sectores rurales de Chile. En un movimiento que el abogado, Jorge Gutiérrez, señaló como el afán de encontrar un chivo expiatorio, explica que la querella terminó dándole el favor al agroempresario, en desmedro de su representado, y hoy funciona como un cheque en blanco.

«Se condena mi cliente a que él, solo él, no vaya a la Caja de Río a realizar estos actos. Pese que apelé la sentencia sin éxito dentro de todo estábamos tranquilos. El problema es que cuando baja la causa nuevamente al Tribunal de Talagante, los abogados empiezan a pedir el cumplimiento, porque dicen que don Rolando sigue en el lugar. Y ahí el tribunal, en una resolución muy extraña, dicta una resolución que es genérica: váyanse todos los que estén pisando caja de río, porque si no van a ser desalojados. Pero resulta que la caja de río es muy grande y no hay plano, entonces se desconoce dónde podemos o no pisar… Hoy si tu vas a la caja de río te expones a que te echen o los trabajadores de Ricardo Ariztía o con una sentencia judicial, porque fue un cheque en blanco esa sentencia», explica Gutiérrez. Dicho y hecho, los desalojos no tardaron en llegar.

Rolando Sánchez tiene un hijo, también se llama Rolando, quien en diálogo con este medio comenta lo que ha significado para su familia este enfrentamiento contra Ricardo Ariztía, simplemente por no ceder a la presión y querer defender lo que ellos consideran les corresponde.

«Mi padre tiene en total 9 hermanos, con el son 10. Pero de los nueve solo se entiende con 3 los otros 7 no hablan con mi padre ni con los otros 2. Es algo que llevan de hace muchos años. Una distancia que llevó a los 7 hermanos restantes a aliarse a Ricardo Ariztía en la querella de amparo que le hizo a mi padre el año pasado y que le permitió de alguna manera desalojarnos», señaló Rolando Hijo.

El Segundo Juzgado de letras de Talagante emitió el 21 de octubre de este año una orden de desalojo, a favor de Ricardo Ariztía, que tenía como objetivo deshabitar las casas que se ubicaban entre el límite de la parcela 63 y la caja de río, sobre la cual, como ya se ha expresado antes, no existe plano alguno para guiarse a ciencia cierta, una operación de desalojo a tientas, casi a ciegas. Sin embargo, la familia Sánchez afirma que las casas estarían dentro de los límites de lo que corresponde a su tierras.

La casa que se logró desalojar fue una que se encontraba en los límites obtusos entre el bien común y la parcela 63 que pertenece a los Sánchez. Esa casa era de Carlos, un hombre mayor, de 62 años, a quien los Sánchez llevaban décadas permitiéndole vivir allí, pues el hombre no tenía otro lugar. Bien se sabe que en Chile el derecho a la vivienda es más teórico que práctico. «Carlos estaba ahí hace más de 30 años, con permiso nuestro, sin molestar a nadie y le desalojaron su casita, 30 años, pero no importó nada», cuenta Álvaro.

«Él (Carlos) se encariñó con el lugar donde estaba su casa, todos los días viene a darle comida a sus mascotas que son perros, y cuando converso con él se me pone a llorar, le bajá la pena y no se imagina la importancia mía, lo único que le digo es que hay que esperar», relata con pesar Álvaro.

Carlos no fue el único que tuvo que sufrir el desalojo aquel 21 de octubre. Gabriel Sánchez, hijo de Álvaro sufrió la misma suerte. Sin embargo, de una manera incluso más «injusta», pues según cuenta Rolando Hijo y Álvaro la casa de Gabriel se ubicaba sin duda en la parcela 63, en una parte de bosque sobrante que les correspondía a los Sánchez, que escapa a los límites que estaría disputando Ariztía, pues su compra fue solo de derechos sobre el bien común caja de río. En aquella casa no vivía solo Gabriel, sino también su hija pequeña y su pareja, la madre de la niña, quienes tuvieron que vivir aquella tarde el desalojo. 

Aproximadamente en 2002 la parcela 63 se dividió, con el servicio de un topógrafo, entre los 10 hermanos por partes iguales para evitar futuros conflictos. «Se les dividió a todos lo mismo, por ende sobró algo de terreno y ese sobrante es el bosque. Y es ahí donde estaba una de las casas que tomó Ariztía, como propia de la caja de río, pero no, es un sobrante de la parcela 63″, explica el abogado.

Aquel 21 de octubre, hasta el lugar se dirigió un equipo de Fuerzas Especiales de Carabineros con entre 30 y 40 funcionarios, acompañados del receptor judicial Lucio Rojas Varela. En aquella oportunidad, lo único que lograron fue que Carabineros no destruyeran las casas ni los objetos que se encontraban dentro: si hacían el desalojo ellos mismos podían ganar algo de tiempo y evitar así que se arruinaran todas las pertenencias de Gabriel y Carlos. La actitud de los uniformados fue pacífica según cuentan los Sánchez, les sorprendía que se haya convocado tal operativo para un tema como aquel.

«A punta de amenazas el administrador nos advertía que igual entraría y que todo era propiedad absoluta de su patrón Ricardo Ariztía. Gracias a la ayuda de carabineros, que ellos mismos llamaron, evitamos al menos esa semana que nos destruyera todo», agregó Rolando Hijo.

Al lugar se apersonaron, además, trabajadores de Ariztía, según cuenta Rolando Hijo, quienes pese a estar desalojadas las casas realizaron de todas formas grandes forados en el terreno para asegurarse que las casas no sean habitadas de nuevo.

Pese a que las casas están vacías, ninguna se puede habitar, la amenaza de llevarlos detenido es inminente. «El receptor judicial nos iban a llevar detenidos si las volvíamos a habitar. En estos momentos las estamos tratando de recuperar a través de recursos de protección y distintas acciones legales«, señaló Rolando Hijo.

«Días después eran recurrentes las visitas de los trabajadores en camionetas. Donde pasaban se detenían en los cercos. Nos cortaban los alambrados y arrancaban… Eso sucedió por 2 semanas al menos unas 5 veces», cuenta Rolando Hijo.

El 16 de noviembre las acciones contra los Sánchez se intensificaron. «Llegó el administrador de Ricardo Ariztía acompañado del receptor judicial Lucio Rojas Varela, el abogado Gerzon Gallardo, otros abogados más, personal de carabineros, policía de investigaciones y tres camionetas de la empresa de Ariztía con trabajadores. Traían maquinaria pesada«, cuenta Rolando Hijo.

«Finalmente, después de innumerables conversaciones con mi tío Álvaro, lograron de manera injusta, destruirnos los cercos, y romper todo. No pudimos oponernos debido a que nos advirtieron que nos llevarían detenidos si eso ocurría», añadió el sobrino de Álvaro.

«Él (Ariztía) dijo que nosotros le estábamos cerrando el río. Cosa que no es cierta, porque nosotros llevábamos años poniendo cercos, no es que le estuviéramos cerrando a él. Entonces, cuando él venía lo hacía con la máquina, porque esto no lo hizo solo una vez, lo hizo como tres veces, fue como en el 95 y en el 2002 si no me equivoco. Yo fui a Obras Fluviales, en ese tiempo, y llamaban a este caballero, para decirle que no le habían dado permiso para que limpie ahí. Entonces tenía que retroceder y salir con la máquina del lugar. Hizo dos intentos de hacer esa pega. Y no le resultó. Pero con este juez sí le resultó, le ha resultado todo con este juez», señaló Álvaro.

En tanto, el abogado señala que si un tribunal analiza la escritura, que es un plano relativamente antiguo, puede ser que presente alguna duda sobre los deslindes de la parcela respecto a la caja de río, es válido, pero es una gestión que ni siquiera se ha hecho por parte de los tribunales. «Si fue así, nosotros estaríamos tranquilos, pero ese análisis todavía no se hace. Y es por eso que nosotros vamos a generar una demanda de deslinde en contra de Ariztía por la Caja de Río, para que dividamos bien hasta dónde llegan las parcelas y dónde comienza la caja de Río», comenta el abogado quien califica todo el proceso como extraño e irregular.

Mientras tanto la incertidumbre para los Sánchez abunda, y pese a mantenerse firmes contra el megaempresario, el desgaste producto de la pugna legal y el amedrentamiento constante en las tierras que habitan hace décadas les ha empezado a pasar la cuenta. El estrés producto de toda la situación ha afectado de distintas formas la salud de la familia.«Psicológicamente, cuando desalojaron la casa, mi nieta, que es niña, y mi nuera quedaron mal, super afectadas, no lo podían creer, veían el hoyo en la tierra y el candado en la puerta y les daba pena, si era su casa», contó Álvaro.

«Mi padre no duerme más de dos o tres horas por noche. Lo hemos tenido que llevar tres o cuatro veces al médico por úlcera nerviosa», compartió Rolando Hijo, quien de primera fuente conoce los problemas de salud de su padre, pues vive con él en la parcela 63, pese a eso, y con un optimismo difícil de explicar señala que no se rendirán. «Ariztía no nos va a ganar y vamos a recuperarlo todo», sentencia.

Tala ilegal del bosque

Como ya se ha señalado antes, la totalidad de los derechos sobre la caja de río Parcelación Brillo del Sol corresponden a 108 hectáreas. Sin embargo, según denuncian diversas fuentes, el empresario estaría apropiándose de más hectáreas de las que le corresponde, y pasando a llevar otros bienes comunes, como el bien común bosque.

Dicho bien es otro de los bienes comunes sobre los que tienen derechos quienes fueron beneficiarios del proyecto de parcelación, el cual contempla alrededor de 7,10 hectáreas. Pese a solo estar comprando derechos sobre el bien común caja de río, el empresario es acusado de arrasar con alrededor de 4 hectáreas de bosque común, sobre las que no tendría injerencia.

En respuesta a esto, Álvaro y su abogado presentarán una querella de amparo por el daño provocado en aquel ecosistema. «Este caballero arrancó más de 4 hectáreas del bosque, e hizo un alambrado al lado derecho diciendo que hasta ahí no más llegaba el bien común bosque, sabiendo que el plano señala que es más. Hace como dos años, él sacó todos los eucaliptus y los hizo tierra, con la intención de trabajar el terreno. Su excusa fue que él, supuestamente, se había juntado con dos vecinos parceleros y estos le habían regalado ese pedazo, nombró a dos personas, entonces yo le dije que me trajera los papeles que acreditaban que esas personas le habían cedido sus derechos, para estar tranquilo», señaló Álvaro, sin embargo, esos papeles nunca llegaron y entre evasivas le habrían señalado que habría sido «un error, que se habrían equivocado». Me dijo, «no creas que soy ambicioso», contó incrédulo Álvaro.

«Lo denuncié en el SAG de Melipilla, después pasó al Tribunal de Isla de Maipo, a la Policía Local, y sale un documento donde él se compromete a reforestar esa parte que hizo tira pero nunca lo hizo. Ahí quedó», señaló Álvaro, quien dice que estos actos se llevaron a cabo entre 2020 y 2021, y que fueron veloces, de un día para otro. De repente habían cuatro hectáreas de bosque menos. «A lo choro, se tiró no más, Ricardo Ariztía está haciendo tira el bosque y después salió con que le robaban a él y que por eso tuvo que limpiar», cuenta Álvaro.

Lo denunciado por el parcelero coincide con otra denuncia realizada al SAG por otro vecino de la comuna, durante noviembre de 2020, documento al que tuvo acceso esta redacción. En él se denuncia al empresario por realizar «corte y destrucción de bosque nativo de borde de río Maipo en el sector de San Vicente de Naltagua, a través de maquinaria pesada (retroexcavadora) por una extensión de 2 a 3 kilómetros», también se señala que para llegar al lugar donde se llevó a cabo la infracción hay que tomar la «autopista del Sol, salir en peaje Isla de Maipo hacía Isla de Maipo, doblar por puente Naltagua, hasta San Vicente de Naltagua hacía la derecha».

La situación empeora si se tiene en cuenta que Ariztía podría no solo haber arrasado con eucaliptus, sino también con bosque nativo, recurso de especial protección ecosistémica debido a la gran cantidad de servicios que provee a la sociedad este tipo de floresta, tales como  la regulación hídrica, la formación y conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad y la fijación de carbono, entre otros. La denuncia de 2020 señala que se habría afectado bosque nativo, matorrales, suelos y recursos hídricos como cursos de agua.

«En los bosque siempre salen árboles nativos entre medio, pero a él le da lo mismo, arrasó con todo no más, dejó limpiecito. Tiene como 160 hectáreas limpias, y se supone que las hectáreas de los derechos de caja de río son solo 108, saque la cuenta, no calza», apuntó Álvaro.

«Yo pago los impuestos»

Más allá de la discusión técnica sobre la propiedad que puede o no existir sobre bienes comunes, tanto Álvaro como su abogado problematizan la manera autoritaria en que se han llevado las gestiones para adquirir la Caja de Río por parte de Ariztía, que sin un plano claro, quienes transiten el lugar o colinden con él se exponen a desalojos arbitrarios. Pues pese a que Ariztía compró solo los derechos sobre el bien común de una parte de la caja de río, pareciera que su intención es otra. «Él quiere tenerlo todo, no le importa invadir bosque, tomarse más hectáreas de las que le corresponden, no le importa desalojar gente a diestra y siniestra, el busca ser dueño y señor de toda la caja de río Maipo, que debe ser gigante, y eso es inaceptable», argumenta Álvaro.

La poca intención de ceder o llegar a consenso que ha mostrado el empresario le preocupa soberanamente al agricultor, pues él sabe que hay otras maneras de hacer las cosas. Para ejemplificar y diferenciar, Álvaro cuenta sobre otra venta de derechos sobre bienes comunes que se realizó en la parcelación Brillo de Sol, aquella vez sobre el bien común cerro, donde comprador y vendedores lograron llegar a un acuerdo que dejara conforme a ambas partes.

«Hay un cerro que también era un bien común. El señor Barros compró el 51% de los derechos y decía que era dueño de todo el cerro. Cuando vio que muchos parceleros se opusieron a eso. ¿Qué hizo? juntó todos los derechos que había comprado y habló con todos nosotros para decirnos cuál era la parte que le interesaba usar a él, y el resto lo repartió, de manera legal con escritura y corriendo él con los gastos, para que nosotros, los parceleros, también tuviéramos acceso a parte del cerro», relató Álvaro.

El parcelero, señaló que la última vez que conversó con el señor Ariztía este le habría señalado que él pagaba los impuestos de la caja de río. «Me dijo ‘si yo pago los impuestos’, y eso es una mentira, porque el señor Barros es el que paga las contribuciones que corresponden a los bienes comunes, a cerro y a caja de río», acusó Álvaro,

En la actualidad, la mayoría de las familias originales a las que se les entregó dominio sobre aquellas tierras en 1975 han vendido, no solo sus derechos sobre bienes comunes, si no también la totalidad de sus parcelas, muchos, sin mayores conocimientos o asesoría, han prácticamente regalado el patrimonio agrario que les dejó un Chile pasado: 22 hectáreas por un millón de pesos, 10 hectáreas por $300.000, se han hecho ventas hasta por sacos de papas según cuenta Álvaro.

«Nosotros los agricultores somos pajarones a veces. Cuando este caballero (Ariztía) llegó con todo el tema de la compra forzosa, había un parcelero que quería cerrar una pequeña parte de lo que correspondía a caja de río, y fue a pedirle permiso a Ariztía, siendo que el parcelero era propietario riverano todavía. Pero ahí fue, a pedir permiso a Ariztía para cerrar un pedacito de la caja de río para tener un animalito, ¿y qué le dijo Ariztía?: ‘lo voy a ver’, cuando él sabía que era lo mínimo que le correspondía. A otro le pedimos que fuera testigo nuestro, y nos dijo que no porque después podía necesitar pedirle trabajo a Ariztía, y el caballero tiene como 80 años, ¿cómo iba a trabajar?, pero igual. El miedo que genera este caballero, con toda su plata y sus empresas es importante, y yo entiendo que le puedan temer, pero nosotros no nos vamos a rendir, vamos a recuperar lo que es nuestro», sentenció Álvaro.

Ya es poco lo que queda de la original comunidad de campesinos que fueron beneficiados con esas tierras y derechos sobre bienes comunes. Y como ya ha dicho Álvaro, él y su familia no darán el brazo a torcer, sin embargo, el panorama no es del todo alentador. Una demanda por deslindes es el plan que tienen a corto plazo, sin embargo, con un juzgado que ya ha mostrado simpatía por la postura del agroempresario no saben cómo les irá, lo único que saben es que seguirán luchando.

*Esta redacción intentó establecer contacto con Ricardo Ariztía a través de sus distintas empresas y consultando por distintos medios, pero no tuvo suerte en entablar una línea directa*

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