Los secretos de la unidad de inteligencia implicada en la Operación Huracán

Por Matías Rojas

Alex Smith Leay, titulado ingeniero forestal con discutibles credenciales de informático, ex integrante de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros de Temuco y presunto creador de una herramienta capaz de interceptar mensajes de WhatsApp, exhibía su marcada dentadura de fumador compulsivo al detective que lo interrogaba.

Era octubre de 2018, varios meses después de que su “Antorcha”, en septiembre del año anterior, ofreciera antecedentes supuestamente fiables al Ministerio Público para imputar a comuneros mapuche delitos de incendio y asociación ilícita terrorista en atentados contra camiones, todas acusaciones que pronto recibieron paños fríos de la Corte Suprema, la cual cuestionó los informes, no solo dejando en libertad a los acusados sino que también arrastrando a miembros de todo el aparato judicial a perseguirse unos a otros en una espiral sin retorno llamada “Caso Huracán”.

“En primera instancia me pidieron hackear redes sociales, pero yo rechacé ese ofrecimiento”, partió contando Smith sobre el inicio de su labor en la policía verde oliva, esa misma cuya imagen había sido golpeada por el Pacogate y que intentó recuperar credibilidad a través de la fallida operación digitada por la UIOE con el respaldo original del fiscal de Temuco, Luis Arroyo.

¿Quién diría que el visor de la misma unidad que montó la rimbombante detención y traslado en helicóptero del líder de la CAM, Héctor Llaitul, iba a ser apuntado en contra de una asistente de Arroyo, la abogada Mónica Palma? Dentro de las conversaciones presuntamente “pinchadas” con tecnologías que a la postre Smith se negaría a demostrar al FBI, Llaitul decía tener acceso a información privilegiada desde el propio órgano persecutor, indicándose a Palma como sospechosa. En sus contactos también estaba, según Carabineros, un misterioso personaje llamado “Marcos ANI”, descrito como posible enlace con la Agencia Nacional de Inteligencia.

Una de esas primeras denuncias, poco después de la Operación Huracán, fue a parar al fiscal nacional Jorge Abbott, quien pidió más detalles. En el intertanto hubo un correo electrónico que hoy es fundamental. Lo envía el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, otrora persecutor de La Araucanía, a Patricio Marín Lazo, jefe operativo de la UIOE.

En él, Moya sugiere el modo correcto para acusar a Palma por filtraciones ante Abbott y analizar los teléfonos que se incautaran durante la indagatoria. Así, reconociendo tácitamente el origen espurio de los antecedentes, Moya le dice a Marín que el peritaje debe hacerlo Carabineros y no la PDI, ya que éstos se percatarían de que no era posible intervenir WhatsApp.

¿Se supo siempre que las conversaciones aportadas por la UIOE en las distintas investigaciones eran falsas? ¿Se armaban parte de ellas con escuchas telefónicas o métodos intrusivos que no han sido revelados a la opinión pública por su carácter ilegal? ¿Hubo diálogos verdaderos por esa vía y otros falsos, manipulados para dar muestras de eficiencia policial y cargar la culpa a otros servicios públicos envueltos en la persecución de la violencia rural? ¿Cuántos en la línea de mando sabían del invento de conversaciones? ¿Quiénes en la Fiscalía o la ANI?

A Smith, de todas estas preguntas, se le consultó directamente qué sabía de pláticas ficticias entre las víctimas de lo que hoy ha sido calificado como un montaje. «Por mi parte no participé en eso y tampoco vi que otros inventaran conversaciones, no obstante unas semanas antes de que se realizaran las detenciones de la Operación Huracán, escuché una conversación que tenían el mayor Marín y el capitán Osses (se refiere a Leonardo Osses, a cargo de la sección de Informática Forense) en su oficina, en la cual el mayor Marín le dice a Osses textualmente ‘que le pusiera conversaciones a Héctor Llaitul, que no importaba el método, ya que todos sabían que era culpable'», dijo.

Smith planteó así, por primera vez, que solo había utilizado “malwares de Google Drive” con un 25% de eficacia para obtener información. Nada de la “Antorcha” que había hecho filmar al periodista Emilio Sutherland de Canal 13 durante los primeros días del escándalo, apoyado por el Departamento de Tecnologías de la Información (TIC) para crear un logo e interfaz a la medida de la estación de Luksic a fin de dar verosimilitud a la herramienta.

El contacto con Sutherland, según declaró Marín, se habría coordinado directamente por los generales Daniel Tapia, hoy panelista de La Red; Gonzalo Blu, que actuaba como jefe de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, y el entonces director Bruno Villalobos. El único que está en prisión preventiva es Blu.

Respecto a posibles implantaciones en contra del resto de los mapuches detenidos por la UIOE, Smith comentó que algo similar debió ocurrir con ellos, “ya que tuvieron equivocaciones burdas, como colocar conversaciones de otras personas y no de los imputados, las extensiones de los archivos, entre otros».

Si bien lo expresado coincide con lo declarado por Marín, este ha sindicado al propio Smith como la persona que pudo haber implantado mensajes en la memoria de algunos celulares incautados en la redada, tratando de hacerlos coincidir con los chats que ya aparecían dentro de los informes falsos. Como sea, el punto final del testimonio de Smith ilustra nítidamente las aristas que han surgido a partir de la ruptura de un grupo de inteligencia previamente hermético que tejió durante meses vínculos de amistad y complicidad:

«En la madrugada del 27 de enero del presente año, el mayor Marín, el capitán Osses y yo, nos reunimos en el Hotel Trizano, y en ese momento el mayor Marín recibió un llamado y nos dijo ‘es el uno’, y luego se fue a hablar al baño. Al volver nos dijo que teníamos que entregar los discos duros, refiriéndose al de mi notebook personal y al que utilizaba el capitán Osses, ante lo cual se los entregamos y en nuestra presencia los destruyó. Días después el coronel Caneo nos compró otros discos duros, los cuales compraron con gastos reservados. Los discos duros contenían información sobre todos los blancos investigativos de la UIOE, más de 800 fichas con datos… Presumo que cuando el mayor Marín se refería al uno, era el general Villalobos”.

ESLABÓN PERDIDO

Villalobos, un hombre cercano a Michelle Bachelet que fungió como su escolta, está en la mira de varios intervinientes. Lo anterior se desprende incluso de los argumentos utilizados por la defensa de Gonzalo Blu, quien solo firma los documentos que dan fe de los chats cuestionados.

Cercanos a Blu plantean que no ha delatado directamente a Villalobos por decisión personal, desoyendo consejos de amigos que apuntan a dejar las lealtades mal entendidas que tanto daño han hecho a Carabineros.

Las declaraciones de Blu en torno a la responsabilidad que cabría a su ex jefe son poco precisas, según ha indicado el representante del Consejo de Defensa del Estado, Claudio Jara, lo que contrasta con la postura de los propios abogados de Blu en orden a insistir que Villalobos tomó un papel preponderante en Huracán, desde el inicio, cuando viajó a La Araucanía para ofrecer varios meses antes “importante información de inteligencia” a fiscales, además de las conversaciones que mantuvo con el mayor Marín, casi en tiempo real, durante las detenciones de septiembre.

Otras huellas que dirigen sospecha a Villalobos tienen que ver con la conformación y control, casi en línea directa con la Dirección General, que existía sobre la UIOE. Su timonel, Marcelo Teuber, dependía de un oficial menos antiguo, el jefe del Departamento I “Análisis” de la Dirección de Inteligencia Policial, coronel Raúl Peña. “Esto fue una decisión del mando institucional, desconozco cuál es el motivo de esta situación, no obstante, a mi parecer esto no debiese ocurrir», subrayó Peña a la PDI.

El aterrizaje de Marín a La Araucanía también fue ordenado por Villalobos ante petición expresa del fiscal Luis Arroyo, cuya esposa fue contratada por la institución.

La Fiscalía, desde agosto del año pasado, cuenta además con la declaración del ex director de Justicia, Juan Carlos Gutiérrez, quien habría tomado distancia con Villalobos por la actitud que tuvo en las horas previas al comunicado entregado el 26 de enero de 2018 por Blu, donde se acusó al Ministerio Público de amparar la violencia al tomar acciones contra la UIOE.

Gutiérrez dio cuenta de una reunión mantenida la noche anterior en la Escuela de Carabineros que buscaba definir, en palabras de Villalobos, las “ideas fuerza” del documento que sería expuesto al día siguiente, de modo tal de enfatizar que había “manos negras” para agudizar la confrontación con Fiscalía.

«Blu nunca fue empoderado, en esa oportunidad tampoco… era Bruno Villalobos quien tenía la actitud desafiante y pretendía un discurso agresivo», reveló Gutiérrez. Fue en medio de eso, añadió, que Villalobos ordenó a Blu y a Marín, otro participante del improvisado cónclave, hacer una “operación de inteligencia”: visitar la casa del fiscal Sergio Moya para retornar al cabo de unas horas con un par de anotaciones.

Según ha expresado el abogado de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, existe la presunción de que Moya fue el “asesor jurídico” de la asociación ilícita que operó en Huracán. Igualmente ha calificado como un “insulto” que Moya reconozca haberse reunido con Villalobos en varias ocasiones a lo largo del caso para “hablar de motos”, como explicó el persecutor en una reciente declaración judicial.

También se ha ventilado el lazo que une a Moya con el actual relator de la Corte de Apelaciones de Temuco, Roberto Herrera, quien habría jugado un papel fundamental dentro de las autorizaciones de inteligencia del ministro Aner Padilla, incluso de forma retroactiva, para legitimar la operación.

En mayo de este año, las desconfianzas con Moya provocaron que su casa fuera allanada por la PDI. El nuevo e improbable imputado respondió con un recurso que fue desestimado por la Corte de Rancagua. Dentro de ese expediente, el fiscal que engloba las investigaciones de Huracán, Carlos Palma, denunció un hecho no menor: si bien Moya permitió la diligencia en un comienzo, posteriormente salió del domicilio para reclamar por teléfono a la jueza que había dado el vamos a la incursión policial.

En esas horas vitales, Moya también se contactó con el abogado Angel Valencia, el mismo jurista que ha defendido a Villalobos en las investigaciones por gastos reservados y torturas al estudiante Patricio Manzano. En su comparecencia, Moya explicó que tomó esa defensa porque Valencia, quien fue considerado en la última terna para encabezar la ANI, ha representado históricamente a los miembros de la Asociación Nacional de Fiscales.

PANDORA MÓVIL

La información contenida en el teléfono incautado al mayor Patricio Marín, y que el Ministerio Público guarda hace más de un año, tiene parangón con las últimas versiones entregadas por Alex Smith. “(Marín) era más cercano a Villalobos (que a Blu). Es más, me dijo que éramos la guardia republicana de Villalobos y cada vez que alguien publicaba algo en su contra, nosotros teníamos que investigarlo”, señaló.

En los archivos figuran numerosas presentaciones que aluden a notas periodísticas y de redes sociales contra Villalobos, y aunque también se ha puesto en duda la efectividad de los métodos utilizados por Smith para establecer la autoría de los contenidos, su reiteración podría dar cuenta del uso con fines particulares de recursos que el Estado destina al cumplimiento de objetivos de inteligencia muy distintos a los que allí aparecen, como diligencias en beneficio de familiares del director.

Según Smith, los temas relacionados con Villalobos iban desde “problemas de su hijo” -el médico Bruno Villalobos Coz, investigado por Contraloría al prestar servicios paralelos en el Hospital Militar y en el HOSCAR- a “un parte que le filtraron a su hermana”, Matilda Brunella. En la ficha elaborada por la UIOE se intentó perjudicar por este último incidente a la carabinera Ninoska Villegas de Concepción. También se armaron tarjetas con fotografías de ex carabineros que denunciaban malas condiciones laborales en Facebook.

Otro blanco de la UIOE fue el ex suboficial Esteban Infante, quien denunció a Villalobos en 2010 por presuntas escuchas telefónicas ilegales. “(Smith) me indicó que en el mes de julio de 2017, el general Villalobos llegó a la UIOE con una carpeta con la finalidad de que se me monitoreara de todas formas posibles, en razón a una publicación que hice… relativa a una fotografía en la que aparecían Javiera Blanco, un senador de apellido Araya, el general de Carabineros González Theodor y el propio Villalobos, todos en aparente estado de ebriedad”, declaró Infante a la PDI.

El ex funcionario también aparece involucrado falsamente en una investigación por robo de armas en Iquique. Chats de Marín con Osses revelan claros intentos de perjudicarlo. “Carabinero Felipe Machuca (imputado por el armamento) recibió nro. telefónico de Infante en reporte de la mañana… quizás se podría incluir en esa causa al Infante”, recomendó Osses al jefe operativo de la unidad el 1 de noviembre de 2017. Al día siguiente, el capitán remitió copias del chat falso que después se incluiría en el informe a la Justicia Militar nortina.

El resto de los intercambios develan más operaciones de inteligencia, como una interceptación telefónica de enero de 2017 al abogado Nelson Miranda, actual representante de la familia Catrillanca, donde conversa con el periodista y corresponsal de la Revista Proceso de México, Francisco Marín, quien lo entrevista sobre el conflicto del Estado con el pueblo mapuche.

Las carpetas digitales contienen otros seguimientos al reportero gráfico Felipe Durán por un viaje que realizó en 2017 a Quellón. A lo anterior se añade un estrecho monitoreo a las actividades del cineasta independiente Vicente Montecinos, incluyendo como información de interés para Carabineros su participación en protestas contra la construcción de una central hidroeléctrica en el Río Pilmaiken, Región de Los Lagos.

Así como hubo diligencias realizadas por la UIOE que tuvieron el aval de fiscales y generales, hay otras donde todavía no existe claridad de quién las permitió. Esa es la pregunta que se hace la familia de Santiago Maldonado, quien fue encontrado muerto luego de participar en una protesta mapuche en Chubut, Argentina.

Según Página/12, ya se ha solicitado a la justicia trasandina pedir a Chile los chats de WhatsApp que reflejan contactos mantenidos entre el mayor Patricio Marín y funcionarios de la inteligencia argentina para “colaborar” en el caso Maldonado. Lo que no queda claro es quién autorizó entregar insumos secretos de Chile a un país extranjero.

La segunda pregunta es cuánto sabía la ANI sobre las operaciones que efectuaba la UIOE. En el teléfono de Marín existe una conversación que tuvo con un miembro de la agencia en Temuco, cuya identidad correspondería al analista Mario Basualto.

En junio de 2018, a los pocos meses de derrumbarse la Operación Huracán, el nuevo director de la ANI, Luis Masferrer, despidió a Basualto, aduciendo motivos reservados. El agente, que trabajaba en el organismo desde el año 2006, presentó un recurso de protección. Hoy el caso está en manos de la Corte Suprema.

Reportaje publicado en la edición 235 de la revista El Ciudadano, agosto 2019.