Esta semana, el diario El País de España confirmó que la Comunidad de Madrid censura al personal sanitario, docentes y directores de centros públicos. En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, se les prohíbe declarar a los medios de comunicación sin un permiso previo.
El gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso envió al personal sanitario un comunicado interno. Allí, se les insta a “nunca actuar por su cuenta” y obtener primero una autorización cuando tengan una solicitud de entrevista o reportaje.
La advertencia llega porque el personal de salud ha denunciado irregularidades dentro del sistema sanitario en medio de la pandemia por el COVID-19. Por ello, ahora es el Gobierno de Ayuso el encargado de designar qué profesionales «puedan representar a la institución en las mejores condiciones».
En el caso del gremio docente, el gobierno madrileño «utiliza otra táctica: llamados de atención contra quienes han declarado ante la prensa sin su consentimiento».
«El jefe de prensa de la Consejería de Educación instó a este periódico, vía WhatsApp, a preguntar a la administración antes de hablar con un director», reseñó El País.
Y agrega el mensaje: ‘Te rogamos que utilices los cauces habituales, que ya conoces por otro lado». Además, recriminaron que se intentara hablar con una directora sin burocratismo.
El protocolo de censura
El protocolo de censura utilizado por Madrid se creó en 2003. Sin embargo, hoy se aplicará tras las declaraciones de un médico del Hospital de Fuenlabrada a la Cadena Ser.
«Con más frecuencia, el personal del sistema de salud madrileño se encuentra con trabas a la hora de hablar con los medios de comunicación. Incluso, en algunos casos, con advertencias más o menos serias desde las gerencias», explica El País.
Añade el rotativo que la intención de esta norma, jamás actualizada desde su aprobación, es promover ‘una imagen positiva’ y amortiguar ‘cualquier impacto negativo’.
En el comunicado, Madrid pide seguimiento a la norma, para conocer el “tratamiento dado a la información” y su “alcance” en la opinión pública. Ahora, todas las gestiones corren a cargo del Responsable de Comunicación, quien se encargará de contactar con los profesionales autorizados para declarar.
Además, los equipos de censura serán los que elijan “la hora y el lugar adecuados” para realizar la entrevista. Pero, de no haber acuerdo, primará “la opinión de la institución sanitaria para no perjudicar el normal funcionamiento del centro”.
En esos casos, siempre se le comunicará al periodista el motivo por el cual no puede celebrarse el encuentro. Asimismo, se le debe proporcionar información adicional “cuando se estime necesario”.
¿Prensa libre?
Adicionalmente, cuando el periodista no siga el “cauce adecuado” e intente contactar directamente al profesional, éste deberá “reorientarle” hacia el Gabinete para gestionar la entrevista. Incluso, estará obligado a hacerlo “lo antes posible (…) a efectos de orientar y adecuar la actividad informativa”.
Cuando se trate de una entrevista o reportaje meramente técnico, se determinará su ‘conveniencia o no’, conjuntamente con la dirección del centro y el personal sanitario. Si la información solicitada rebasa el ámbito de la institución, la decisión será tomada por la dirección, con apoyo del responsable de comunicación. Luego, este último la remitirá al Instituto Madrileño de la Salud y, si procede, con la propia Consejería de Sanidad y la Dirección General de Medios de Comunicación», explica El País.
Finalmente, el comunicado advierte que el centro sanitario involucrado «no puede hacerse responsable ni respaldar declaraciones a los medios” de profesionales sanitarios, si estas se produjeron “al margen de los canales” del protocolo.
Antecedentes de la decisión
La Comunidad de Madrid también hace referencia a una sentencia emitida por el Tribunal Supremo del 7 de enero de 1988. Esta concluye que “los facultativos deben solicitar autorización del director del centro para intervenir en un medio de comunicación”.
Al respecto, Madrid niega vía Twitter que aplique censura previa o impida a los funcionarios hablar con la prensa sin obtener antes su visto bueno. Incluso, califica la noticia de El País como falsa.
Sin embargo, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras denuncia que cada día son más los profesionales que llaman pidiendo ayuda o consejos ante las presiones que reciben de la administración.
«Algunos se deciden a hablar sin miedo cuando ya están a punto de jubilarse. Es muy llamativo que lo hacen cuando ya no tienen nada que perder ni miedo a represalias”, dijo Isabel Galvín, representante de la sindical. De hecho, añade, en la huelga de maestros que los sindicatos convocaron los días 22 y 23 de septiembre pasados, “a los directores les dijeron que no hablaran con nosotros”.
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