«Sombras en la lluvia», continuación de la novela escrita por el poeta Eleodoro Sanhueza «Almas en el río» (Ñire Negro, 2013), vuelve a poner en el tapete los presuntos vínculos de las extrañas muertes de jóvenes de Puerto Aysén ocurridas entre 1997 y 2001, con episodios de abuso policial, eventuales redes de narcotráfico y actos de corrupción al interior del Poder Judicial, cruzadas por los misteriosos incendios que afectaron a los tribunales de Coyhaique en 2002.
El denominado «caso Aysén» provocó no solo cuestionamientos a la magistratura – que insistió en catalogar como suicidios los fallecimientos de Víctor Hugo Barría, Leandro Morales Pérez, Juan Carlos Machuca, Roberto Lagos Flores, Fabián Díaz Nahuelquin, Paulina Gómez Gómez, Rodrigo Barichivich y Yenni Yefi Calderón, entre otros -, sino que también arrastró al mundo político.
A petición de la Corte Suprema, la ministra en visita del tribunal de alzada de Coyhaique, Alicia Araneda, tuvo que reabrir los expedientes que cerró, sin conclusión satisfactoria para la comunidad, el juez del crimen de Puerto Aysén Carlos Klapp, cuya fama sufrió un remezón cuando medios nacionales filtraron fotografías en las que aparecía desnudo compartiendo con dos prostitutas bajo los efectos del alcohol.
Pese a que cada muerte había ocurrido en circunstancias distintas, el factor común en dos de ellas era el testimonio del bodeguero Jorge Corona, persona que aseguraba conocer la identidad de los autores del presunto asesinato de Roberto Lagos, un ex conscripto amigo de dos menores de edad que corrieron la misma suerte y fueron hallados, sin vida, en las aguas del río Aysén.
En una entrevista concedida a TVN, el testigo reveló que Lagos, supuestamente, era usado por funcionarios del Ejército para transportar cargamentos de droga que llegaban periódicamente a Puerto Chacabuco por vía marítima, ocultos en cajas de materiales de construcción que luego eran – siempre de acuerdo a esta versión – trasladadas a Argentina por los pasos fronterizos, con el propósito de inundar el mercado europeo de sustancias ilícitas desde Chile.
A pocos meses de iniciada la investigación, la ministra Araneda puso una lápida a la querella presentada por familiares de las víctimas del caso Aysén, sometiendo a proceso a Corona por delitos de falso testimonio y dictando la prisión de Carlos Alvear, procurador de una organización compuesta por profesionales de Santiago que ayudó a reactivar los procesos.
El conflicto aumentó a niveles insospechados cuando el Obispo Luis Infanti declaró a un medio de comunicación que “hay jueces corrompidos por el narcotráfico que algo tienen que ver con este tema y en algún momento se sabrá”.
Tras pasar días recluido en la cárcel pública, la Corte Suprema revocó la medida impuesta a Alvear y emitió un llamado de atención a la magistrado. Casi tres años después, la ministra archivó los casos más emblemáticos, sin aclarar si fueron suicidios u homicidios. El único condenado fue Corona.
EL PELO DE LA DISPUTA
«Aquí hay un montaje salvaje», declaró en el programa «Impacto Comunal» de Radio Milenaria el alcalde de Puerto Aysén, Óscar Catalán, frente al entonces concejal y empresario de la comuna, Pablo Barattini, con quien discutía sobre el rumbo que tomaba la investigación del ‘caso Aysén’.
Corrían los últimos meses de 2002 y ya empezaban a filtrarse los primeros antecedentes que la organización patrocinadora de la querella por homicidio, asociación ilícita y delitos conexos, había aportado a la justicia como puntapié inicial para aclarar las muertes en nombre de los familiares de cinco de las víctimas.
Catalán, profesor pinochetista de la Región del Biobío que seis años antes había ganado la alcaldía (la mantuvo hasta 2008, la recuperó en 2012 y actualmente busca reelegirse) desmentía en ese instante un presunto consumo de drogas de su parte, defendiendo a un topógrafo de la municipalidad involucrado por el «testigo clave» en el caso de la adolescente Paulina Gómez, cuyo cadáver fue encontrado en el río Cisnes luego de ser abusada sexualmente.
«Nunca he estado en una situación así (consumiendo drogas). ¿Entonces tengo que quedarme callado y decir que el testigo está diciendo las cosas bien? Perdón, pero yo también tengo mi dignidad… Él está tratando de mostrar que las autoridades somos parte de una mafia, incluso nos tiene a todos peleando aquí por una situación que no hemos creado», señalaba el alcalde.
En el mismo espacio, la autoridad calificaba de inaceptable «que se diga que la señora gobernadora (de Aysén) está en orgías con dos abogados de reconocido prestigio en Coyhaique, porque es una madre que tiene cuatro hijos y eso es de gravedad absoluta«, aludiendo así a Paz Foitzich, que en la actualidad ocupa el mismo cargo, y que en declaración prestada ante la ministra Araneda – en esa época – desmintió las imputaciones, relacionando la mayoría de los casos de los jóvenes con «un excesivo consumo de bebidas alcohólicas».
«El día jueves personalmente concurrí hasta el Instituto Médico Legal a hacerme no sólo el examen de pelo… usted dijo que la gente llevaba el pelo y las cosas para allá», le reprochó repentinamente Catalán a Barattini, aumentando el volumen de su voz.
«Puedes gritar todo lo que quieras, y acuérdate el otro día…«, respondió el concejal, sin poder terminar la frase.
Ante la estupefacción del conocido locutor radial de Aysén, Arnoldo González, Catalán se abalanzó contra el otro entrevistado. «(…) ha intentado acallarnos con amenazas. A mí me agredió y de eso existen muchos testigos, pero no lo logrará porque no me silenciará con amenazas», expresaría más tarde Barattini en la edición del 13 de enero de 2003 en El Diario de Aysén, acusando faltas de «transparencia en la gestión comunal» de ese entonces.
(Escucha el audio de la agresión pinchando aquí)
SELLOS VIOLADOS
No sólo Catalán debió someterse a exámenes para detección de drogas. También lo hicieron magistrados que actualmente siguen formando parte del Poder Judicial, como el actual presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Sergio Mora Vallejos. Los informes descartaron consumo en ambos.
Cabe mencionar que una causa de 1998, tramitada en el Consejo de Defensa del Estado por el actual fiscal adjunto de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, Mora también fue mencionado por un testigo como presunto consumidor. La pesquisa recayó en el OS7 de Carabineros de Santiago, pero no arrojó resultados.
En septiembre de este año, El Ciudadano pidió una entrevista con el fiscal Contreras para ahondar en los antecedentes, ya que el CDE manifiesta que el expediente en cuestión «se quemó» en el incendio de abril de 2002 que consumió el edificio de tribunales ubicado en calle Baquedano, esquina Victoria, en la ciudad de Coyhaique. Desde la Fiscalía indicaron que «sería más apropiado preguntar al propio Consejo de Defensa del Estado respecto de la investigación iniciada», agregando que el fiscal Contreras no «recuerda detalles» de la misma y por lo mismo «declina emitir comentarios».
Este medio accedió al cuaderno separado de la causa caratulada «Asociación ilícita para el narcotráfico», investigada en el Juzgado de Letras de Puerto Aysén por la ministra Alicia Araneda, que motivó exámenes de drogas a distintas autoridades en el contexto del ‘caso Aysén’, entre ellas el alcalde Catalán y la gobernadora Foitzich.
En el expediente figura una declaración que generó dudas sobre a la idoneidad del procedimiento. El 10 de julio de 2003 compareció ante Araneda el director regional del Servicio Médico Legal de Aysén, Jaime Ceballos Vergara, para hacer entrega del Oficio Nº 630 del Laboratorio del SML de Coyhaique, «por medio del cual se remiten los resultados de los exámenes solicitados en esta causa y a las personas que allí se detallan» y que fueran remitidas desde Santiago.
Sorpresa causó en la ministra que los informes se entregaran «en forma abierta, pese a su carácter reservado». Inmediatamente consultó al doctor Ceballos sobre dicha irregularidad. El interrogado afirmó que la secretaria que recibió la correspondencia desde la capital le había manifestado que el sobre que contenía los documentos venía «sin timbre de Reservado», motivo por el cual procedió a romper los sellos para dar curso al ingreso de los papeles.
«¿Es normal esta práctica en el Servicio Médico Legal de Santiago?», preguntó Araneda. «No… y por lo que ha pasado he tomado la determinación de consultar a Santiago para establecer si es efectivo lo que me dice la secretaria», contestó el médico.
En el expediente no hay constancia de averiguaciones posteriores efectuadas por Ceballos.
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