De pocas masacres se habla y se escribe tanto como de la que la Fuerza Armada de El Salvador ejecutó en El Mozote, que en estos días conmemora 40 años. Casi mil civiles desarmados asesinados, niños y niñas la mayoría. Se habla y se escribe mucho, pero en cuatro décadas no hay ni un solo condenado por aquella matanza infame: ni un soldado, ni un capitán, ni un general.
«Algo así sólo se explica por la nula voluntad política de los gobiernos que hemos tenido en estos 40 años, y aquí no se salva ninguno, ni el actual», dice Ovidio Mauricio, abogado de 62 años, que comenzó a trabajar en el caso El Mozote a finales de los ochenta, antes de que finalizara la guerra civil, explica el periodista Roberto Valencia para RT.
Otro abogado salvadoreño muy involucrado es David Morales, de 55 años, quien llama sin tapujos «institucionalización de la impunidad» a lo ocurrido en estas cuatro décadas: «Hay una posición política de negar y de encubrir a los responsables de violaciones de derechos humanos de la Fuerza Armada, quizás con el falso criterio de proteger la institución».
Mauricio y Morales son los abogados que representan a la Asociación Promotora de Derechos Humanos de Víctimas de El Mozote (APDHEM) en el juicio que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, reabierto en 2016. Pero su acompañamiento a las víctimas se remonta mucho más atrás.
Los dos trabajaron para María Julia Hernández, colaboradora cercana del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, y quizá la persona que más y mejor se involucró en la defensa de los derechos humanos en la guerra y en la posguerra, como directora de la extinta Tutela Legal del Arzobispado.
En 1990, tras recopilar testimonios de sobrevivientes, María Julia Hernández tuvo el valor infinito de denunciar la masacre en un tribunal, cuando lo sucedido en diciembre de 1981 oficialmente seguía negándose, minimizándose o atribuyéndose a la guerrilla del FMLN.
Ella falleció en marzo de 2007, con El Mozote como sinónimo de impunidad. Poco ha cambiado desde su muerte.
«Todos los gobiernos después de los acuerdos de paz [1992] han sido militaristas, y defienden los privilegios que tiene el poder militar«, dice David Morales. «Aunque sé que es una posición muy difícil de comprender fuera de El Salvador», agrega.
Lo más incomprensible quizá sea que los dos quinquenios de la exguerrilla del FMLN no alteraran los privilegios de la Fuerza Armada. Los abogados coinciden en el porqué: aunque menos que el Ejército, la guerrilla también tenía cadáveres en sus armarios.
En los 40 años transcurridos desde que el Batallón Atlacatl irrumpió en El Mozote y poblaciones aledañas, en El Salvador se han sucedido gobiernos de derecha (el partido ARENA, entre 1989 y 2009), de supuesta izquierda (el partido FMLN, 2009-2019), y el actual, liderado por Nayib Bukele, marcado por una fuerte deriva autoritaria.
Lo más incomprensible quizá sea que los dos quinquenios de la exguerrilla del FMLN al frente del Ejecutivo no alteraran los privilegios de la Fuerza Armada. Los abogados Mauricio y Morales coinciden en el porqué: aunque menos que el Ejército, la guerrilla también tenía cadáveres en sus armarios por excesos durante la guerra, y optaron por la complicidad.
«La estrategia es dilatar, dilatar y dilatar. ¿Cuántos de los militares que participaron en la masacre no han muerto ya tranquilos, en sus casas? ¿Y cuántas de las víctimas y sobrevivientes?», se pregunta Alejandro Díaz, de 45 años y presidente de Tutela Legal María Julia Hernández, la oenegé que trata de mantener vivos los ideales de la activista.
Ovidio Mauricio es parte de esta asociación, una de las dos que actúan como acusación particular en el caso El Mozote. La otra es Cristosal, de la que el abogado David Morales es el jefe de la Unidad de Justicia Transicional.
«El sistema de justicia en El Salvador, tanto los tribunales como la Fiscalía General, ha sido cómplice en la impunidad», remata Morales.
Episodios de esperanza después de la masacre
Cuarenta años son muchos años. Si bien la impunidad sigue marcando a fuego el caso El Mozote, ha habido dos momentos en los que pareció que podría ser diferente. El primero se dio a finales de 2012, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por el encubrimiento.
La sentencia obligó al Estado a aceptar que la Fuerza Armada cometió la masacre, a pedir perdón a las víctimas, a hacer inversiones para mejorar las condiciones de vida en El Mozote, y a pagar indemnizaciones a los sobrevivientes.
El segundo momento llegó en julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada un año después de finalizar la guerra, en marzo de 1993, precisamente para evitar que se juzgaran las violaciones a los derechos humanos cometidas.
Cinco años después de reabierto el caso, la polémica reforma a la carrera judicial que aprobó la Asamblea Legislativa afín al presidente Bukele desembocó en que el juez Guzmán fuera separado del caso.
Esa resolución es la que permitió al juez Jorge Guzmán reabrir el caso en San Francisco Gotera, la cabecera de Morazán, el departamento en el que se ubica El Mozote. Por primera vez, generales y coroneles del Ejército salvadoreño se sentaron en el banquillo de los acusados y tuvieron que mirar a los ojos a los sobrevivientes de la masacre.
Sin embargo, cinco años después de reabierto el caso, la polémica reforma a la carrera judicial que la Asamblea Legislativa afín al presidente Bukele aprobó el pasado 1 de septiembre desembocó en que el juez Guzmán fuera separado del caso.
Bukele tenía cinco meses cuando ocurrió El Mozote y su ministro de Defensa, René Merino Monroy, apenas 17. Los abogados de las víctimas creen que era el escenario idóneo para pasar página y acabar con la impunidad, pero eso no está ocurriendo.
«Bukele ha negado información, ha negado las inspecciones de los archivos militares, y ha atacado políticamente al juez Guzmán, al que finalmente el régimen ha destituido. Ha sido un gobierno que se radicalizó en su posición de no colaborar y encubrir, a pesar de que ni el presidente ni el ministro vienen de generaciones activas de la guerra», valora David Morales.
Este año 2021 está ocurriendo lo mismo que en los años anteriores, acentuado quizá por lo redondo del aniversario. Reportajes conmemorativos en medios internacionales, sobrevivientes volviendo a narrar el infierno vivido, visitas de funcionarios y organismos internacionales al caserío, y palabras bonitas, promesas. Pero lo cierto es que son ya 40 años y no hay ni un solo condenado. Cuesta entenderlo. Cuesta más explicarlo.
«Usted lleva más de 30 años en este caso. ¿Hay razones para el optimismo? ¿Habrá justicia?», pregunté al abogado Ovidio Mauricio para cerrar la entrevista. «Yo ya no tengo ese optimismo, pero a las víctimas no puedo trasladarles eso que siento, porque hay frustración. La lucha hay que seguirla hasta el final», respondió.
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