Se habla mucho en los medios sobre la virulencia del coronavirus COVID-19, el impacto negativo que causa en la economía mundial, hay saturación de información sobre cómo prevenir los contagios, sus síntomas, cuántas personas hay infectadas, cuántas han muerto y qué países lo sufren más. Pero en medio de esa solidaridad que representa quedarse en casa para bajar las probabilidades de que el virus se expanda, ¿Dónde queda la población vulnerable, los que viven en la calle, los migrantes que trabajan ilegalmente por no tener papeles, los que aún viajan hacia lo que ellos consideran un destino mejor?; ¿Qué está pasando con ellos?
En medio de la escalada de contagios a nivel internacional, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y el líder de la Agencia de Refugiados, Filippo Grandi, advirtieron de manera conjunta sobre los riesgos específicos que padecen los migrantes en condiciones de irregularidad, así como los solicitantes de asilo.
Y es que la expansión del COVID-19 deterioró aún más las condiciones de las personas que huyen de sus países por motivos políticos, económicos, conflictos armados e incluso por interés personal.
Un trabajo de la periodista Cecilia González para RT destaca que desde que comenzó la pandemia del coronavirus 2019, en la misma magnitud se ha recrudecido la crisis migratoria internacional, esto a pesar de los llamados de las Naciones Unidas.
Aunque el organismo ya llamó a que migrantes y refugiados sean incluidos en los planes integrales de prevención y atención de la emergencia de salud, la respuesta ha sido el cierre total de fronteras, anuncios de deportaciones masivas y la falta de atención médica en centros de detención o campamentos, por lo menos en la gran mayoría de los países; es decir, impera un discurso egocentrista y la empatía ha quedado totalmente en el olvido.
Migrantes: Un riesgo para sí mismos y su entorno
Muchas familias, hombres, mujeres y niños que mantienen estatus de migrantes se encuentran en lugares con servicios de salud sobrecargados o inaccesibles. Un informe de la ONU estableció que hay 272 millones de migrantes en el mundo y la cifra sigue en aumento.
Estos millones de personas alrededor del mundo se mantienen en situaciones de extrema vulnerabilidad, en su gran mayoría con escasos recursos y obligados a estar confinados en campamentos y asentamientos, o vivir en barrios marginales urbanos en donde el hacinamiento y el saneamiento con pocos recursos aumentan el riesgo de exposición a la pandemia.
Es precisamente ese escenario el que ha instado a las organizaciones de derechos humanos a recurrir al apoyo internacional y la conciencia, pues es fundamental ayudar a los países de acogida para que puedan intensificar los servicios migratorios y así poder incluir a las personas en esta situación en los acuerdos nacionales de vigilancia, prevención y respuesta.
De no ser así, los migrantes quedarán totalmente expuestos, y no sólo se pondrá en peligro la salud de ellos sino la de todos, pues aumentará la hostilidad, la xenofobia y el estigma contra cualquier persona considerada extranjera.
En ese sentido, tanto Bachelet como Grandi consideran que también es vital que cualquier ajuste de los controles fronterizos, restricciones de viaje o limitaciones a la libertad de movimiento no impidan que las personas que huyan de la guerra o la persecución puedan acceder a la seguridad y la protección; pues ni el pánico ni la discriminación han resuelto nunca las crisis.
Estigmatización: Los anti migrantes
Sin embargo, en la coyuntura actual la estigmatización se impone; de hecho, no es solamente contra los extranjeros, también se redirige hacia todo aquel connacional que se encuentre fuera de su país y desee regresar; pues la mayoría de las personas consideran que representan un peligro y amenaza porque podrían traer el COVID-19 con ellos y ser entonces potenciales focos de infección para otras personas.
Por ejemplo, el diario estadounidense The New York Times reveló que el presidente Donald Trump planea deportar de inmediato a México a las personas indocumentadas, incluidas las solicitantes de asilo, sin que medien procesos legales.
El pretexto es impedir que los trabajadores de los centros migratorios se expongan a un contagio, aunque en realidad ellos también podrían ser portadores y contagiar a los migrantes.
Esta situación contrasta con lo que venía ocurriendo hasta ahora, pues las expulsiones no eran automáticas e incluso se salvaguardaban derechos que, de ejecutarse estas medidas de Trump, ya no se cumplirían.
Por su parte, en México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantizó medidas para prevenir contagios masivos en las estaciones migratorias y advirtió que la protección a estos ciudadanos en situación de vulnerabilidad seguirá ejecutándose como se ha venido haciendo desde que asumió la presidencia.
Ante la embestida de Trump, organismos de derechos humanos presionan por mecanismos de protección.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Washington, el Proyecto para los Derechos del Inmigrante del Noroeste, y los Servicios Legales de Columbia enviaron una carta al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) para solicitarles la liberación de inmigrantes detenidos en una prisión en Washington y que, por el hacinamiento, son más vulnerables al contagio, en particular embarazadas, mayores de 60 años y personas con enfermedades previas.
La Red Jesuita con Migrantes, en tanto, apeló en un comunicado a actuar con solidaridad y evitar medidas que estigmaticen o culpen a la población migrante, desplazada o refugiada.
Recordó, además, que la migración forzada conlleva realidades que suelen ser dejadas de lado para responsabilizar a quienes huyen de sus países o negarles servicios básicos indispensables, situación que puede agravarse por la pandemia.
El temor de vivir en la clandestinidad
La misma Red Jesuita con Migrantes insiste en que es necesario y urgente frenar las deportaciones y cualquier otra medida que ponga en riesgo a las personas migrantes, ya que no se garantiza su resguardo sanitario.
«Quienes viven en la clandestinidad se sienten más atemorizados de consultar en los centros de salud cercanos” por temor a ser deportados, advierten.
“A ello hay que sumar la desprotección de las personas deportadas, al ingresar al territorio del que son nacionales, lo que reduce la posibilidad de realizar un distanciamiento social correcto, según las medidas urgentes que nos han solicitado implementar en muchos de los países de América», añade la Red.
Con respecto a los inmigrantes detenidos en cárceles de Estados Unidos, consideran indispensable liberarlos y reforzar las condiciones de seguridad sanitaria en los centros de detención y estaciones migratorias o similares, además de proveer recursos de salud a los centros de migrantes, desplazados y refugiados.
Pero a pesar del esfuerzo de los organismos de derechos humanos, los llamados para atender y proteger a los migrantes no surten efecto.
Por ejemplo, los Gobiernos de Honduras y de Guatemala decidieron suspender los vuelos de sus connacionales que intentaron migrar a Estados Unidos o que lo alcanzaron, pero finalmente fueron deportados por la administración Trump.
Una vez expulsados de Estados Unidos, estos migrantes son enviados a México, desde donde son enviados a sus países de origen, pero la decisión de no permitir estos vuelos migratorios de retorno pone a esta población vulnerable y abatida,a sufrir más temores y condiciones sanitarias precarias, mientras se mantienen en centros que deberían ser de paso.
Europa cerrada, extremismo de derecha y xenofobia
Esta situación se repite también en Europa, donde la crisis migratoria desde hace ya varios años se ha venido agravando, aún cuando había normalidad en el mundo. Ahora, con el cerco que ha impuesto la pandemia, se ha recrudecido con casi la misma gravedad que se producen contagios en el viejo continente.
En Europa, el campamento más grande de refugiados se encuentra en Moria, Grecia. Este centro fue hecho para 2.800 personas, pero en la actualidad se encuentran hacinadas más de 15.000. No sólo es un foco latente de contagios por COVID-19, sino por otras muchas enfermedades, pues la escasez de agua y la poca atención médica es imperante.
A esto se suma el extremismo de derecha y el ultranacionalismo, como las corrientes neonazis que aún se niegan a morir, y que radicalizan los ya extendidos brotes de xenofobia y grupos antimigrantes que están en la comunidad europea.
Por ejemplo, en Hungría, Istvan Hollik, director de Comunicaciones del partido gobernante Fidesz, recurrió de nuevo a la xenofobia y advirtió que los inmigrantes ya no sólo representan una amenaza en materia de terrorismo, sino también de contagio de coronavirus, porque miles de ellos vienen desde Irán, uno de los principales países afectados por la pandemia.
Este discurso fue tomado en cuenta por el Gobierno húngaro, que con base en ese alegato, decidió paralizar todos los trámites de asilo.
La medida más drástica fue el cierre total de fronteras anunciado por la Unión Europea tanto desde fuera, para impedir el ingreso de extranjeros, como desde dentro, ya que se puso fin a la libre circulación fronteriza intracomunitaria que regía desde 1995 en los 26 países que forman este bloque.
Ante la creciente pandemia, extendida en la gran mayoría de regiones y países, ¿a quién pueden recurrir los migrantes? ¿podrá la ONU y los Gobiernos de los cinco continentes fijar acuerdos y planes de atención especial a esta población dispersa en el planeta y que se traduce en millones de personas en completa vulnerabilidad?
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